Ángela Robledo se pronuncia sobre el marco jurídico para la Paz

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Fiasco, la columna de Ricardo Silva sobre el Partido Verde

Eso es el Partido Verde: un fiasco. Hace apenas dos años, que parecen diez, en los días inverosímiles de la pasada campaña a la presidencia, tenía cara de protagonista de la historia de Colombia: era el milagroso partido inventado por sus partidarios, el valiente intérprete del malestar de una sociedad resignada a pasar por encima de todos y de todo, la insólita candidatura que en el clímax de la espeluznante era uribista, cuando el lema bajo el escudo era "Presidente: haga lo que tenga que hacer pero que yo no me entere", había conseguido convencer a los electores de que el fin no justifica los medios. Eso era el Partido Verde. Eso fue. Hoy es un triste personaje secundario que trata y trata de venderse, pero que ni siquiera se logra alquilar. Su consigna ha dejado de ser "la vida es sagrada". Su consigna es "así es la vida".

Es cierto que la decepción es mérito del decepcionado: que nunca estamos demasiado viejos para caer en la esperanza. Y sin embargo hay que reconocerle al Partido Verde una inquebrantable vocación a defraudar: su desprecio por las ideas aparentemente simples pero fundamentales de Antanas Mockus, que le dieron 3'587.975 votos en las elecciones del 2010, demostró que no era el cándido partido de los indignados, sino otra fallida conspiración para alcanzar el poder; su penosa campaña a la alcaldía de Bogotá, una larga y deprimente entrega de principios a aquel Álvaro Uribe que la bendita 'ola verde' tanto combatía, dejó claro que sus políticos son tan modernos que sólo se representan a sí mismos; su deslucida entrada a la 'Unidad Nacional', una peregrinación de rodillas en busca de un puesto para el pobre Lucho Garzón, probó que lo único que encarna es la historia que se repite.

Eso es el Partido Verde: otro Partido Liberal, otro Partido Conservador, otro Partido de la U.

Lo único que lo diferencia hoy es su persecución, de tiempos peores, a los dos congresistas que les siguen siendo fieles a los principios de la agrupación: lo único que lo distingue es su encarnizado acoso, de tiempos de toque de queda, al senador John Sudarsky y a la representante Ángela María Robledo. El comité de ética del Partido, atendiendo una queja presentada por no sé cuántas firmas borrosas, a esta hora investiga si los coherentes Sudarsky y Robledo cometieron actos de "sabotaje, desobediencia e indisciplina" cuando se negaron a respaldar la alianza de Enrique Peñalosa con Álvaro Uribe durante las elecciones para la alcaldía. Yo me hice la misma pregunta cuando supe la noticia: y no, no es un mal chiste.

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"Los viejos verdes". Columna de Daniel Coronell

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Si negarse a una alianza con Uribe es un acto de desobediencia, hoy repito: ¡ME NIEGO!

La Representante a la Cámara Ángela Robledo se pronunció hoy sobre la apertura de una investigación por supuesta “desobediencia e indisciplina” durante el Congreso del Partido Verde que se realizó el 28 de septiembre del año pasado. 

Robledo se declaró  sorprendida y decepcionada pues considera que su Partido no está haciendo un juicio ético sino político: “Me quieren pasar la cuenta de cobro por la derrota de Enrique Peñalosa en Bogotá, cuando en realidad los que se equivocaron fueron ellos al aceptar una alianza con el ex presidente Álvaro Uribe, contraviniendo los principios del Partido y la confianza de la Ola Verde. La dirección nacional no nos perdona nuestro origen mockusiano ni nuestra coherencia con los principios del Partido Verde”.

“Esto muestra que en este Partido no hay espacio para la deliberación, el pluralismo y el disenso tal como quedó establecido en la reunión del 12 de mayo del 2011, prácticas contrarias a la obediencia, propias de los autoritarismos”, aseguró Ángela Robledo.

En relación con la apertura  de la investigación por supuesta “desobediencia”, Ángela Robledo dijo que no se imagina al recién conformado Comité de Ética de los verdes investigando a Enrique Peñalosa por su participación en el lanzamiento de la campaña al Concejo de Cali del hijo de Roy Barreras (Partido de la U) (VER VIDEO), cuando aún no se habían definido las alianzas en el Partido. Así mismo aseguró que tampoco se imagina un proceso en contra de la Senadora Gilma Jiménez, que decidió apoyar en Medellín (VER VIDEO) al candidato a la Alcaldía Federico Gutiérrez (Partido de la U), contrariando las directivas del Partido que apoyaban la alianza entre Sergio Fajardo y el hoy Alcalde Aníbal Gaviria del Partido Liberal.

La parlamentaria aseguró que "si el Partido decide seguir adelante con la equivocada idea de instalar un tribunal ad-hoc para investigar mi conducta por supuesta desobediencia, espero que sus integrantes actúen con total apego a la ley y que brinden todas las garantías, que hasta el momento no han existido,  para nuestra defensa. Espero también que actúen con total imparcialidad al investigar las conductas de mis compañeros de Partido”. 

En ese mismo sentido, Ángela Robledo solicitó que se hagan públicas las pruebas y los mecanismos mediante los cuales se tomó la decisión de los miembros que firmaron la solicitud para que se iniciara la investigación dado que hay incoherencias entre los que firmaron la proposición y el listado de asistencia.

“He hecho una práctica política transparente, acorde a mis principios y a los lineamientos verdes, apegada a la verdad, al no todo vale, al respeto de los derechos humanos y al convencimiento de que la vida es sagrada. Una y mil veces diré ME NIEGO a una alianza con Álvaro Uribe”, puntualizó Ángela Robledo.

Información Prensa: Margarita Sarmiento

Teléfono: 3202343806

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¿Cumbres borrascosas?

Más que evocar ese clásico de la literatura inglesa de mediados del Siglo XIX escrito por Emily Brontë y publicado bajo el seudónimo de "Currer Bell", única forma de romper los prejuicios machistas de la época, esta columna tiene como propósito hacer un balance tentativo de las cumbres de mandatarios de las Américas, incluyendo la que se celebró en nuestra bella Cartagena de Indias.

Las reuniones de altos dignatarios hacen parte de una larga tradición en materia de relaciones diplomáticas. Convocadas generalmente alrededor de un tema específico, deberían convertirse en escenarios privilegiados para que los Estados debatan sus posiciones y busquen consensos, o hagan explícitas sus divergencias.

Un poco de memoria a propósito de las Cumbres resulta necesario: durante los últimos 17 años los mandatarios de esta región del mundo se han reunido en seis ocasiones. La primera de ellas en 1993, a instancias del recién elegido Bill Clinton. Tras el derrumbe del socialismo soviético, se vivían los días felices del "consenso de Washington", esto es, la creencia de que lo que los países del hemisferio necesitaban para superar su situación de pobreza, inequidad y estancamiento económico abrazar la economía de mercado e insertarse más profundamente en las redes del comercio globalizado.

Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, y se han producido muchos cambios en el panorama económico, político y social de nuestro continente. Las grandes líneas de ese proceso podrían resumirse en la pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en lo que durante décadas fue su patio trasero; el surgimiento en varios países de procesos políticos que promueven modelos de integración más horizontales y diversificados que buscan servir de contrapeso al poder norteamericano; y un alto nivel de desencanto con el capitalismo que ha sumido a Europa, y a los propios Estados Unidos, en una crisis que está lejos de ser superada.

La segunda cumbre, reunida en Santiago de Chile en 1998, trató de ampliar la agenda para incorporar temas sociales y libertades democráticas. En Quebec (2001) se sintieron los vientos helados que no soplaban del norte, sino que venían de un sur que mostraba su desacuerdo con una apertura indiscriminada de sus economías en tanto los países ricos se aferraban a sus políticas proteccionistas, particularmente en el sector agrícola.

Pasarían cuatro años para hacer posible otra cumbre. Los atentados del 11-S cambiaron las prioridades de la agenda de los Estados Unidos y sirvieron para darle oxígeno a las visiones dominantes en algunos países, incluido el nuestro, que buscaron resolver por la vía de la seguridad militar los profundos conflictos sociales de la región más desigual del planeta.

Mar del Plata, Argentina (2005) y Puerto España (2009) fueron marcando el rumbo reciente de estos eventos: mucho ruido y pocas nueces. Los latinoamericanos nos acostumbramos a ver con desesperanza reuniones que tienen mucho protocolo y poco fondo. Declaraciones de buena voluntad, de buenas intenciones, que naufragan luego en el mar de la desidia y de la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos por los países asistentes.

La cumbre de Cartagena parecía ser más de lo mismo. Un escenario decorado para que el presidente Santos mostrara su talla de líder regional y convirtiera a Colombia en ‘bisagra’ entre el norte y el sur. Pero el gran evento social se salió de las manos por cuenta de la inclusión de dos temas calientes: la presencia de Cuba en el concierto de naciones americanas; y el clamor cada vez más fuerte por encontrar una salida al fracaso rotundo de la política prohibicionista en materia de drogas.

Aún es demasiado pronto para saber cuánto cambiará en relación con este último tema. El daño que el narcotráfico y sus aliados han causado a nuestras sociedades exige cambios de fondo a una política que nos ha impuesto tantos sacrificios. Amanecerá y veremos.

Y mientras tanto, queda celebrar la convocatoria de actores sociales que buscan Cartagena para hacer sentir la voz de la sociedad civil. Y reconocer la labor de Socorro Ramírez, feminista y luchadora social a quien correspondió la tarea de organizar esta parte del evento, quizás el único del cual podamos esperar resultados importantes en el futuro.

Columna de opinión para el periódico La Patria

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Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley.

Constancias y Proyectos.

En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.

Foros regionales

El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional.

Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate. 

Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un "buen gobierno" del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá. 

Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública. 

Continúo como columnista en el periódico La Patria.

Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.

En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.  

Apuntes políticos 

También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer. Pueden ver la entrevista haciendo. En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.  

Pregunta Yamid y HORA 20

Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes

En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.

Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"

La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes. El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva. 

Representante Angela Robledo rinde cuentas del primer trimestre 2012

Haz clic aquí para leer el Boletín de Noticias del trabajo político y legislativo que realicé entre enero y marzo de 2012.

Violencia sexual como crimen de lesa humanidad

El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, presentamos nuestro proyecto de ley, dirigido a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. La iniciativa legislativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) que existe en relación con estos crímenes, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.

La iniciativa, presentada con el Representante Iván Cepeda, incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso de la República, está siendo consultado con expertos, organizaciones de mujeres y de víctimas, las cuales han hecho aportes enriquecedores y pertinentes.

Conversatorio "NO más IMPUNIDAD"

En los últimos diez años, unas 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia. Convocamos este año el Conversatorio NO más IMPUNIDAD, evento que se realizó en el Congreso de la República y contó con la asistencia de unas 150 personas, en seguimiento al control político que realizamos el año pasado a propósito de la violencia sexual en el conflicto armado.

Audiencia sobre el sistema de justicia para jóvenes

Muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo; han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social. En casos de conflicto con la ley, sabemos que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas. El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, la desarticulación de las instituciones encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la inmensa impunidad que existe en relación con estos delitos. Por ello, con el Representante Germán Navas, el pasado 16 de febrero convocamos la audiencia pública "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad para los chicos malos", con el fin de discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Pregunta Yamid y HORA 20

En marzo participé como panelista en el programa radial HORA 20, de Caracol Radio. Con Andrés Hoyos, Aurelio Suárez y Eduardo Pizano discutimos sobre el uso de Twitter como herramienta de Gobierno.

También estuve en el programa "Pregunta Yamid", del noticiero CM&, hablando sobre las violencias contra la mujer.

Apuntes políticos

    * En mi condición de integrante del Partido Verde, he advertido sobre la necesidad de avanzar en la institucionalización y democratización de nuestra colectividad. Además, en los primeros días de enero de este año, le escribí a Lucho Garzón una comunicación, que compartí con todos los integrantes de la Dirección Nacional, en la cual planteaba la urgencia por trabajar en torno a la justicia social como el nuevo nombre de la Paz, propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación.
    * Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he venido planteando la urgencia por el establecimiento de un diálogo para salir de esta guerra cruel y degradada. También vengo participando en la iniciativa de Colombianas y Colombianos por la Paz porque creo firmemente que la Paz no se decreta, sino que se construye. La Paz es posible, es urgente, es un derecho y un deber.
    * Continúo como columnista en el periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.
    * Con un grupo de congresistas proponemos despenalizar la dosis mínima. En el año 2009, por iniciativa del gobierno anterior, el tema de la dosis personal desapareció como figura legal. Se prohibió el consumo pero se creyó que se estaba penalizando, cuando son cosas distintas. Eso desestimó que el país asumiera el tema como un problema de salud pública.
    * Desde la independencia deliberativa, realicé un llamado público a la ciudadanía capitalina para que le apostáramos a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, como una manera de respaldar la esperanza de una mejora en la calidad de vida y desarrollo de Bogotá.

Seguimiento al debate sobre el ICBF

El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, nos confirmó recientemente que fruto de nuestro debate de control político sobre un presunto carrusel en la contratación de alimentos por parte de ese instituto, algunos programas de alimentación escolar, en especial aquellos que van dirigidos para los niños indígenas, volverán a ser contratados directamente con las comunidades indígenas, con el debido acompañamiento institucional. Además, la Contraloría ya inició una auditoría contra 13 programas nutricionales del ICBF, al considerar que no están siendo efectivos. Actualmente, la Fiscalía, la Procuraduría y las Superintendencias también investigan las denuncias que hicimos públicas en nuestro debate.

Foros regionales

En coordinación con la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República y con lideresas locales, he participado en una serie de foros regionales (Medellín, Tunja, Bogotá y Valledupar), con el fin de socializar y discutir con funcionarios, líderes, organizaciones de mujeres y jóvenes, la normatividad relacionada con las violencias contra la mujer y sus decretos reglamentarios sobre salud, educación, empleo y justicia. En eso consiste la Pedagogía Legislativa y Política.

Constancias y Proyectos

A comienzos del presente período legislativo, que empezó en marzo, dejé una constancia con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por el Director del ICBF. Adicionalmente, con mi equipo de trabajo estamos estudiando algunos Proyectos de Ley, los cuales pueden consultar en www.angelarobledo.com


Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.

Para más información, visita www.angelarobledo.com
En Twitter @angelamrobledo

Angela Robledo dijo NO a la "Ley Lleras 2"

Dije NO a la “Ley Lleras 2”. Se aprobó en el Congreso a “pupitrazo limpio”, sin debate ni deliberación. Inadmisible que aparezca la cárcel como la solución para regular el uso de los medios de comunicación alternativos. Celebro que la ciudadanía exija su derecho al libre acceso a la información y al conocimiento. Ese proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad. 

VER VIDEO. 

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“Co-dividir el dolor”, un paso hacia la paz

Colombia es un país de víctimas. Décadas de duración de un conflicto interno armado han dejado una lista interminable de hechos de violencia y han poblado el lenguaje cotidiano de palabras tan duras como masacre, secuestro, desplazamiento, desapariciones o minas "quiebrapatas". En desarrollo de las hostilidades y enfrentamientos entre los distintos actores armados de nuestro prolongado conflicto, se han causado lesiones y muerte a miles y miles de personas, y se han destruido bienes individuales y colectivos valiosos. Ese es el propósito de la guerra, y así lo reconoce el Derecho Internacional Humanitario que tiene como fin acotar su crueldad, restringir los medios que en ella pueden emplearse, evitar daños y pérdidas innecesarias. La guerra en Colombia muy pocas veces se ha librado con sujeción a estos principios del Derecho que le es propio. Nuestro conflicto hace ya mucho tiempo que se degradó y de esa degradación no escapa nadie: el Estado que reclama el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, no ha sido capaz de romper los lazos que unen sectores de las Fuerzas Armadas, del gobierno, del Congreso, con esa máquina de horrores que ha sido el paramilitarismo de viejo y nuevo cuño. Tampoco ha sido capaz, de elevar el nivel de vida de la mayoría de su población, a la que mantiene en condiciones de precariedad en su existencia material, y negada en su condición de ciudadanía tanto política como social. Las guerrillas, por su parte, incurren de manera permanente en crímenes que ofenden el sentimiento mínimo de humanidad: reclutan, muchas veces mediante engaño o fuerza, a niños y niñas; utilizan armas con enorme capacidad de daño, y en más de una ocasión han convertido a la población civil que dicen defender, en víctimas directas de sus acciones. Y sobre los crímenes del paramilitarismo apenas sí empiezan a conocerse informaciones por boca de sus jefes militares. Falta aún identificar sus promotores, financiadores, encubridores y beneficiarios.

Frente a las acciones criminales de los actores del conflicto, las normas nacionales y las correspondientes al Derecho Internacional, exigen investigaciones eficaces y castigos justos. Es de suponer que el sentido moral impondrá sobre los perpetradores el castigo de la culpa ¿Pero, y los ciudadanos y ciudadanas de este martirizado país, no tenemos culpa alguna en relación con este estado de cosas? ¿No nos corresponde también nuestra dosis de responsabilidad en relación con estos hechos de violencia que han truncado los proyectos de vida, no solo de quienes los han padecido directamente, sino de las comunidades a las cuales pertenecen, o pertenecían, quienes sufrieron el rigor de esta violencia desatada?

Podríamos señalar que nunca hemos hecho parte ni apoyado a las guerrillas ni a los paramilitares. Y que en cuanto al Estado, quizá hemos cumplido con la obligación de pagar impuestos, de respetar las leyes y de atender otros deberes ciudadanos. Pero debemos recordar, como lo señalaba el filósofo alemán Karl Jaspers al hablar de los crímenes del nazismo, que existe una solidaridad entre los hombres que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, de todos los crímenes que se cometen en nuestra presencia o con nuestro conocimiento.

Mi propósito no es, claro está, causar malestar. Es más bien abrirnos un camino, una esperanza para sanar esta culpa. Como decía mi viejo maestro Carlo Federici, en Colombia necesitamos "co-dividir" el dolor de las víctimas. Ponernos en su lugar para experimentar la verdadera compasión, el sentir con el otro, con la otra. Esa es la invitación que hace la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras cuando consagra el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, que se conmemorará por vez primera el próximo 9 de abril. Invito a mis lectores, y me insto a mí misma, a dejar de lado la indiferencia, la indolencia con la que hasta ahora hemos actuado frente al dolor de nuestros compatriotas víctimas de tantos años de guerra. Que nadie se quede en casa. Vamos a comenzar a co-dividir ese dolor para aliviar un poco a quienes lo han experimentado por muchas décadas, y a construir entre todos una sociedad en Paz.

Una Fiscalía con mirada de mujer

Hace muy pocos meses, cuando en una decisión histórica la Corte Suprema de Justicia eligió a la Doctora Viviane Morales como Fiscala General de la Nación, expresamos nuestra alegría por saber que una mujer llegaba por primera vez a ese cargo cuya responsabilidad consiste, nada menos, que en combatir la delincuencia que azota nuestro país, incluida la de cuello blanco que campea en todos los órganos del Estado. Hicimos entonces pública nuestra esperanza de que una mujer con una trayectoria como la que registraba la Doctora Morales fuera capaz de cumplir a cabalidad con sus tareas, al igual que de conectar sus emociones con su razón para dar la batalla en contra de la discriminación de que hemos sido objeto ancestralmente las mujeres.

Hoy cuando una decisión del Consejo de Estado, discutible y discutida pero obligatoria como lo son todas las sentencias pronunciadas por los Jueces, puso fin al ejercicio de la Fiscala Morales, debemos registrar con complacencia que no nos equivocamos en nuestra apreciación de sus calidades personales y profesionales. Con excepción de algunos críticos interesados y vociferantes, la inmensa mayoría de los expertos, analistas y formadores de opinión coinciden en señalar que bajo el liderazgo de Viviane Morales la Fiscalía supo responder a las expectativa que tenía la ciudadanía de que siguieran avanzando las investigaciones en relación con graves casos de corrupción que sucedieron tanto en el Gobierno Distrital como en el Nacional.

Algunas decisiones tomadas en el ámbito de su vida privada hicieron mella en la credibilidad de la Fiscala. Y pesaron, a no dudarlo, en una decisión que si bien tuvo fundamento jurídico – recordemos que la decisión del Consejo de Estado fue bastante dividida – no deja de tener claras implicaciones políticas a las cuales no pueden ser ajenos los operadores judiciales. Me queda el mal sabor de boca al constatar que el mismo rasero para evaluar el impacto de decisiones en el ámbito íntimo , no se aplica en relación con los hombres que ejercen responsabilidades públicas. El punto es claro: No se recuerda el caso de un funcionario público de cuya idoneidad, imparcialidad y transparencia se haya dudado por el simple hecho de tener una relación sentimental, abierta o velada, con una mujer sobre cuya conducta existan cuestionamientos éticos o legales. Y la historia política reciente registra algunos casos que por respeto a la intimidad de las personas no se deben ventilar.

El patriarcado subsiste con fuerza entre nosotros, y la lucha para desterrarlo de nuestras vidas será larga y difícil. Por eso resulta igualmente importante el hecho que la Doctora Morales haya decidido adoptar, durante su breve paso por la Fiscalía General de la Nación, una política de igualdad y no discriminación en la entidad, y tuvo particular interés en impulsar las investigaciones relativas a actos de violencia sexual en contra de las mujeres, entre otras las correspondientes a los 183 casos que la Corte Constitucional le remitiera en cumplimiento del Auto 092 de 2008, dictado dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia 025 de 2004, verdadero hito en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado, y especialmente de la población desplazada como consecuencia del mismo.

A Viviane Morales la reemplazó en el cargo, de manera interina, otra brillante jurista: Martha Lucía Zamora, a quien hemos visto actuando en casos difíciles y quien ha demostrado sus capacidades profesionales tanto en la Rama Judicial como en el Ministerio Público. No entiendo por qué el Presidente Santos no la incluyó en la terna recién conformada para la provisión de un Fiscal en propiedad. ¿Eco a la censura de Álvaro Uribe Vélez?

La terna conformada contempla dos nombres de mujer. Los de las Doctoras Mónica de Greiff y María Luisa Mesa. La trayectoria académica de ambas resulta prenda de garantía sobre su idoneidad profesional. Resta saber si sus cuerpos de mujer están habitados por un alma femenina, una que sea capaz de seguir adelante con la tarea emprendida por Viviane Morales; capaz de devolver a los colombian@s la confianza en la investigación en materia penal, y de luchar denodadamente en contra de este patriarcalismo que tanto daño hace a nuestra sociedad y a la justicia.

Columna de opinión para el periódico La Patria

De fueros y desafueros

Sepultada bajo el alud de noticias que produce a diario un país en crisis permanente, conviene rescatar una, positiva para nuestras instituciones: la decisión del gobierno Santos de retirar el tema del fuero militar de la reforma a la Justicia que discute el Congreso.

Para los lectores menos familiarizados con el tema cabría señalar que el fuero es una institución del derecho que cobija a determinadas personas, en atención a circunstancias especiales que ameritan que ellas reciban un trato especial de parte de la ley. Se habla por ejemplo del fuero que en materia de juzgamiento gozan los altos funcionarios del Estado y de cuyas faltas y delitos conocen las cabezas de los órganos de control o los más altos tribunales.

En el caso de los militares en servicio activo, existe desde la antigüedad una figura que establece que el juzgamiento de las faltas y delitos que ellos cometan será responsabilidad de un cuerpo especial de jueces, que no hacen parte de la jurisdicción ordinaria, y a quienes corresponde adelantar las investigaciones e imponer las penas correspondientes.

Las razones que se aducen para mantener este tratamiento especial en materia penal tienen que ver con la naturaleza de la vida militar, con las reglas de conducta que debe seguir el personal en armas, la disciplina a que están sometidos, los sacrificios que les impone su régimen y los peligros que la sociedad les pide asumir en la defensa de la soberanía y de las libertades.

El tema del fuero que en una sociedad en paz no da lugar a mayores discusiones, resulta muy polémico en una sociedad, como la colombiana, afectada por décadas de violencia política y en medio de un conflicto armado interno de las dimensiones y efectos del nuestro.

Bajo el régimen de la Constitución de 1886 se hizo costumbre que una vez decretado el Estado de Sitio, situación cuasi-permanente, la Justicia Penal Militar adquiría competencia para conocer de los delitos políticos de rebelión, sedición y asonada y los conexos con ellos, además de otros delitos "contra el orden público". La historia de abusos es larga y está bien documentada llegando incluso a casos probados de torturas en calabozos militares, desapariciones, detenciones arbitrarias y desaparecimiento forzado de personas.

También están documentados casos aberrantes de impunidad de delitos cometidos por militares. El sistema está limitado por el hecho que el juzgamiento se hace dentro de una organización jerárquica con fuerte sentido de cuerpo.

En vigencia de la Carta de 1991, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo que el fuero militar constituye "una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria". En todo caso ha resaltado que, como es apenas obvio en un sistema que se dice democrático, el fuero militar cobija únicamente a los hechos y actos que son objeto de regulación penal militar, es decir, aquellos que se encuentran subordinados a "reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil que marcan una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria", de manera que se establecen claras diferencias de tratamiento en lo relativo a las responsabilidades y deberes que se predican de las y los ciudadanos del común, frente a las de un integrante de la Fuerza Pública, particularmente en lo que atañe a las consecuencias penales.

Corresponderá al Congreso establecer, mediante ley, las normas relativas al estatuto penal militar tanto en lo sustancial como en lo procesal. Así lo hará una vez el gobierno presente el proyecto que prepara con la asesoría de expertos. 

Frente al interés expresado por el gobierno de desarrollar a través de los cambios al Sistema de Justicia Penal Militar los principios del Derecho Internacional Humanitario -Derecho de la guerra- y de reforzar las garantías procesales de los miembros de las Fuerzas Armadas presuntamente responsables de la comisión de delitos, los y las demócratas estaremos vigilantes para impedir que dicha reforma vaya en contravía de la defensa efectiva de los Derechos Humanos, y de la protección de los derechos de las víctimas de tales violaciones.

Fuero sí, para lo que el mismo se justifica. Desafueros, como los que se han cometido en el pasado ¡nunca más!

ANGELA ROBLEDO/ Representante a la Cámara

WWW.ANGELAROBLEDO.COM

Columna de opinión para el Periódico La Patria

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"Denunciamos el horror que significa para miles de mujeres vivir en medio de la guerra": Ángela Robledo

Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo e Iván Cepeda y la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, Pilar Rueda, presentaron a consideración de las organizaciones de mujeres y de víctimas, una iniciativa legislativa dirigida a buscar mayor eficacia en la justicia en los casos de violencia sexual en el conflicto armado.
 
La iniciativa propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, con fortalecer la celeridad y eficacia de la justicia, al igual que otras disposiciones y medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, formación e integridad sexual.
 
"(…) En Colombia, pese a algunos avances normativos y a la nutrida existencia de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los cuerpos de las mujeres son territorios de guerras, trofeos para los combatientes y carnada entre enemigos, a causa del conflicto armado que vivimos. Violencia sistemática, invisible, generalizada que ejercen todos los grupos  armados, como un medio efectivo para torturar, humillar, como forma de terror  o de castigo dirigido de manera específica a mujeres", aseguró Robledo.
 
La iniciativa propone modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Violencia contra las mujeres (1257 de 2008) con el fin de reducir el alto índice de impunidad (98%) en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la protección, atención y restablecimiento de sus derechos y ajustar los mecanismos de investigación, sanción y reparación efectiva.
 
Robledo explicó que el Proyecto pretende armonizar la legislación nacional con las normas y tratados internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que han sido ratificados por Colombia. "De acuerdo con Amnistía Internacional, el Código Penal colombiano no refleja las definiciones de los crímenes de derecho internacional en aspectos clave que afectan los derechos de las sobrevivientes de la violencia sexual", explicó la parlamentaria. 
 
De igual manera la iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual en el escenario del conflicto, se constituye en un crimen de guerra y de lesa humanidad, o sea, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe, no tiene vencimiento y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento. 
 
La iniciativa incluye la revisión de los procedimientos para valorar las pruebas en los casos de violencia sexual ya que como están en la actualidad, además de ser un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia, las humilla y revictimiza. Robledo aseguró que la respuesta de la justicia en estos casos es ineficiente y no se compadece con la gravedad de la situación. El proyecto contempla también medidas de atención, protección y acceso efectivo al derecho a la salud.

Robledo demandó del Gobierno Nacional un mayor compromiso frente a la problemática e instó al Presidente Santos a ocuparse de las víctimas mujeres. "El Presidente debe acoger las recomendaciones formuladas por organismos internacionales y hacer viables los tratados que el país ratificó. Urge además,  de la visita de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de las Naciones Unidas, una política eficaz por parte del Ministerio de Defensa para actuar frente a los casos de violación por parte de miembros de la Fuerza Pública".

El Representante Iván Cepeda, calificó de grave el alto número de agresiones cometidas en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado, y llamó la atención del gobierno nacional por la falta de registros serios y detallados sobre la realidad de las denuncias de agresiones sexuales a mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares y de los grupos armados ilegales.

"Estamos ante un crimen de lesa humanidad, y por eso con este Proyecto de ley, buscamos que sea juzgado como tal. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra quienes dan la vida", agregó Cepeda.

Finalmente, Ángela Robledo dijo que la ley se constituye en un hecho jurídico pero también en una acción política orientada a llamar la atención sobre la total impunidad de la violencia sexual: "Las mujeres siguen enfrentando barreras culturales propias de la cultura patriarcal como la persistencia de imaginarios sexistas que permean los sistemas judiciales, en donde la violencia se ve como un asunto secundario y de poca monta. Este grado de permisividad tiene estrecha relación con el alto índice de impunidad y configura un círculo perverso, ya que la impunidad a su vez perpetúa la aceptación social del delito y el sentimiento de inseguridad y desconfianza de las mujeres en la justicia".

El Proyecto de Ley se presentó en el Conversatorio ¡NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres en el conflicto armado, realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y al que asistieron la Magistrada María Victoria Calle, Olga Amparo Sánchez, Directora de la Corporación Casa de la Mujer, Claudia Mejía de la Corporación Sisma Mujer y Cecilia Barraza de la Corporación Humanas Colombia, con los testimonios de Giovanna Sáenz y la periodista Jineth Bedoya.
 
La cifras de la impunidad
 
En los últimos diez años, unas 500.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza y porque además no confía en la justicia. En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales hay dos en proceso de juzgamiento. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito.
 
En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.

De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009).

Acción Social afirmó que 1534 personas solicitaron reparación por vía administrativa a causa de violencia sexual. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado (Julio de 2007 y junio de 2008), 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.  Las mujeres (73%) consideran que los integrantes de los grupos armados (guerrilla y paramilitares) son un obstáculo para que haya justicia.

De los 57 mil crímenes confesados por los paramilitares desmovilizados, apenas 86 corresponden a violencia sexual. Lo anterior apunta a evitar el juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que conoce los crímenes de guerra. De éstos hay una condena.

Proyecto de Ley contra la impunidad en casos de violencia sexual

Ángela Robledo e Iván Cepeda, Representantes a la Cámara, presentan Proyecto de Ley que busca reformar la legislación vigente con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

El Proyecto, que será presentado el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, propone la adopción de una serie de disposiciones que tienen que ver con la tipificación de los delitos de violencia sexual, con las normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento de tales conductas, al igual que otras disposiciones que tienen que ver con medidas administrativas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a su libertad, integridad y formación sexuales.

Los parlamentarios, que han venido trabajando con la Defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres, Dra.  Pilar Rueda, y con organizaciones sociales de mujeres, proponen modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal con el fin de reducir la impunidad existente en relación con los delitos sexuales, garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y restablecer sus derechos.

“Algo no está funcionando bien cuando a pesar de ser un delito fuertemente normado, la impunidad en este delito está por encima del 98%”, afirmó Angela Robledo. 

La parlamentaria, que ha venido trabajando en la denuncia de este crimen de lesa humanidad, dijo que “En los últimos diez años, unas 400.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82% no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia”.

En el 2008 la Corte Constitucional ordenó a las Fiscalía investigar 183 casos de los cuales no se conoce aún ninguna condena. Amnistía Internacional ha advertido que el permanente silencio del Estado y la ausencia de acciones de justicia efectivas son mensajes de tolerancia y fomento del delito. 

En Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado y un número similar (80%) junto con sus hijos e hijas son desplazadas. La información disponible para el año 2008 señala que el 16% de las mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia sexual.
 De éstas 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad. (INML 2009). 

De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.

El Proyecto de Ley será presentado este jueves 8 de marzo en el Conversatorio !NO más IMPUNIDAD! contra las mujeres víctimas del conflicto armado que se realizará a partir de las 8:30 de la mañana en el Congreso de la República.

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Fecha: Jueves 8 de marzo de 2012

Hora: 8:30 a.m. - 11:30 a.m. 

Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. 

Edificio Nuevo del Congreso. Carrera 7 No. 8-68. Bogotá

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Conversatorio NO más IMPUNIDAD, 8 de marzo

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Angela Robledo hará pedagogía de la ley contra las violencias en Tunja, Boyacá

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Ángela Robledo estará este jueves 1 de Marzo en el Concejo de Tunja con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.

En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.

La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.

“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Angela Robledo.

La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El 16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".

Angela Robledo aseguró que si bien los Decretos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del programa de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.

La visita de Robledo a Boyacá se suma a la estrategia mediante la cual mujeres congresistas de la Bancada de Mujeres visitarán diversas regiones para debatir los alcances y limitaciones de la nueva normatividad. La parlamentaria verde estuvo en días pasados en Medellín con la idea de continuar la labor en defensa de los derechos de las mujeres en el país y en la prevención de la violencia contra ellas que constituye un intolerable social. Este encuentro se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Lugar: Calle 19 No. 9-95 Concejo Municipal de Tunja Segundo Piso Edificio Alcaldía Mayor.

Fecha: jueves 1 de marzo de 2012 

Hora: 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

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Al tablero responsables de justicia juvenil

Los Representantes a la Cámara Ángela Robledo (Partido Verde) y Germán Navas (Polo Democrático) realizan mañana jueves 16 de febrero en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la audiencia pública "Justicia Juvenil: por una segunda oportunidad", para discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

“Nos convoca la problemática de la justicia juvenil, un asunto crucial para el presente y futuro de los adolescentes y por supuesto del país. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) hoy en día no está operando.  De acuerdo con el informe de la Comisión, que se hará público mañana, el sistema presenta todo tipo de fallas no sólo en la articulación sino en la aplicación”, aseguró Ángela Robledo.

El objetivo de la audiencia es discutir esta evaluación con los agentes, ante todo estatales, operadores y organizaciones sociales que trabajan derechos de niños y jóvenes, con el fin de que se tomen los correctivos del caso y se dé viabilidad no sólo a la Ley de Infancia y Adolescencia, en lo relacionado con justicia juvenil, sino a la Ley de Seguidad y Convivencia que aprobó el Congreso en la legislatura pasada. 

“En Colombia muchos de los 17 millones de niños, niñas y adolescentes, tienen la vida como castigo: Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia  y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, es decir 14 mil menores de edad, sufren de este intolerable, generalmente al interior de sus propias familias. El ICBF recibió el año pasado 46.329 denuncias por maltrato físico, psicológico, negligencia y descuido, mientras que Medicina Legal reporta que 17.628 niños fueron víctimas de delitos sexuales en el 2011. Sabemos que 3 de cada 10 jóvenes de 16 años no están hoy en el sistema educativo y que 7% (Un millón) tiene que trabajar, por ejemplo”, dijo la parlamentaria.

Angela Robledo ha insistido en que muchos de los jóvenes que terminan en la delincuencia no han tenido oportunidades de estudio o trabajo y más bien han sido víctimas de la pobreza y la exclusión social: “La tasa más alta de desempleo la tienen los jóvenes entre 14 y 26 años con un 17% (DANE).  Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo aún más alta: 23%.  La tasa de desempleo del país es del 9,8%. Es decir, el desempleo de las mujeres jóvenes es más del doble que el desempleo promedio de Colombia”.

La parlamentaria verde dijo que la solución no está en enviar a los adolescentes a las cárceles y aumentar las penas: “El punto crítico que hay que solucionar es la inoperancia, desarticulación e inmensa impunidad que existe”.

Angela Robledo aseguró que existe una profunda debilidad del Sistema empezando porque no existe un ente específico que responda y lidere las multiples articulaciones que se requieren para que opere.  El país no cuenta con sistemas de información, profesionales capacitados para atender la problemática, infraestructura y recursos destinados a atender la complejidad que implica un sistema pedagógico y de justicia restaurativa que no puede terminar en la impunidad.

La vida de nuestros jóvenes ya no sólo en Latinoamérica sino en muchos lugares del mundo se desarrolla entre drásticas reformas a las políticas sociales, la precarización del trabajo, la desregulación de las políticas económicas,  la privatización de recursos estratégicos  de los países, la imposición de los intereses de las grandes multinacionales, el predominio del dinero,  pero al mismo tiempo , y  en especial en los últimos años,  su vida se desarrolla  también en medio de  luchas políticas por la educación, la salud, el trabajo y la cultura.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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Información Prensa: Margarita Sarmiento. 3202343806

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Yo no pido puestos, dice Angela Robledo

"Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido Verde estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre acuerdos programáticos y  no burocráticos. Obviamente, NO PEDI, NI ESTOY PIDIENDO CUOTAS. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan", afirmó la Representante a la Cámara en una declaración pública.


Declaración de Ángela Robledo
Representante a la Cámara - Partido Verde
Bogotá, febrero 13 de 2012
 

De manera contundente quiero informar a la opinión pública en general y al Partido Verde en particular que pese a que no he sido consultada ni convocada a las reuniones distritales en las que se ha discutido la posición frente a la Alcaldía de Bogotá, me he acogido a las declaraciones de su Presidente Vocero, Luis Eduardo Garzón, en el sentido de mantener la independencia deliberativa: apoyar los asuntos de interés general que nos beneficien a tod@s en la ciudad y oponerse a los que consideremos afecten el bien común. Es, en desarrollo de esa postura, que en días pasados hice un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un buen gobierno del Alcalde Gustavo Petro y se le dé un compás de espera al mismo, respaldado con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta.

Mi posición y actuación en el escenario distrital están guiadas por los mismos principios que el Partido estableció frente a su participación en la Mesa de Unidad Nacional sobre ACUERDOS programáticos y NO burocráticos. Obviamente, NO PEDI, ni estoy pidiendo cuotas. Ni nadie me las ha ofrecido. No es mi práctica, ni mi estilo de hacer política. Los valores que han guiado mi vida en los escenarios de servicio público están intactos: La vida es sagrada, los recursos públicos son sagrados y los derechos humanos se respetan.

En mi calidad de Representante a la Cámara por Bogotá, solicité una audiencia con el Alcalde Gustavo Petro para conversar sobre temas de política social y desarme en Bogotá, los cuales son de mi absoluto interés. Dicha audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 16 de febrero y es un asunto que he manejado con total transparencia.

En el marco de los principios que hemos defendido, como integrante del Partido Verde y en desarrollo del mandato ciudadano que recibí en marzo del 2010, continuaré trabajando activamente por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos humanos en mi país y por supuesto en Bogotá.

 

Información Prensa: Margarita Sarmiento/ 3202343806

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Los jóvenes son, en sentido literal, sobrevivientes, dice Angela Robledo

El calendario avanza rápidamente. Estamos ya en el segundo mes de este año que ha estado marcado por un cierto estancamiento. Todos los días leemos anuncios de cosas importantes que luego parecen caer en el olvido. Los asuntos de la paz y la guerra, el inicio de las nuevas administraciones locales y regionales, noticias que desaparecen en medio de nuevos anuncios, muchas veces contrarios a los anteriores, que tampoco parecen llegar muy lejos. O al menos por ahora. 

En medio de este clima de incertidumbre y aparente parálisis, se echa de menos la voz, la presencia, el entusiasmo, la fe en el futuro y la determinación de los miles de jóvenes, hombres y mujeres, que marcharon por nuestras calles el año pasado para reclamar una educación de calidad. Con sus cortos años, estos muchachos han tenido que superar ya muchos obstáculos en la vida, para llegar al lugar desde el cual nos interpelan. En primer término porque el nuestro es un país en donde existen niveles muy altos de maltrato y desatención infantiles. Un millón de niños menores de cinco años no tiene acceso a la atención de primera infancia. Y noventa de cada cien mil son víctimas del maltrato, generalmente al interior de sus propias familias que reproducen así su propia experiencia. Una cadena difícil de romper, más aún si la sociedad no brinda el apoyo necesario.

Un 7% de nuestros niños y niñas tiene que trabajar. Este porcentaje, alto de por sí, esconde el hecho que la cifra en las zonas rurales, con los más altos niveles de pobreza, es el doble que en las zonas urbanas, en donde vemos a diario cuadros dramáticos que parecen salidos de una novela de Dickens. Por supuesto la necesidad de trabajar les impide en muchas ocasiones acceder o mantenerse en el sistema educativo. Además, tres de cada 10 jóvenes de 16 años no están en el sistema educativo. Trabajos y costos educativos, explican más del 30% de esta situación. La falta de pertinencia y la baja calidad de la educación impartida explican otro tanto. Las diferencias en la calidad educativa explicadas por la situación económica y las variaciones regionales contribuyen a ahondar esa inequidad. Resultados regionales en las pruebas del ICFES son muy desiguales. Las regiones peor clasificadas Magdalena, Bolívar y la Guajira. Las regiones mejor clasificadas Boyacá, Santander y Bogotá. Los resultados obtenidos por los estudiantes de colegios privados son tres veces mejores que los que asisten a los colegios públicos.

Los jóvenes que han tenido acceso a la educación superior son, en sentido literal, sobrevivientes. Han conservado sus vidas a pesar de las amenazas tan serias que gravitan sobre su existencia. Al punto que en algunas de nuestras ciudades como Cali, ha habido necesidad de decretar un toque de queda para los y las jóvenes con el fin de ponerlos a salvo de los crímenes que a diario se cometen en su contra, especialmente en las comunas más pobres. Conservar la vida al precio de perder la libertad de ser y habitar en la ciudad.

En medio de un panorama tan difícil, reflejo de la incapacidad del Estado, de la sociedad y de las familias para brindarles las oportunidades que necesitan, no debe sorprendernos que algunos de ellos estén hoy en conflicto con la ley. Los delitos que cometen están claramente relacionados con la situación de exclusión y marginalidad en que viven: siete de cada diez son delitos de hurto o de microtráfico.

Para responder a esta situación, Colombia cuenta con un Sistema de Responsabilidad para Adolescentes - SRPA cuyo diseño y operación merecen atención urgente. A pesar de que en el papel se declara el propósito restaurativo y resocializador, las cifras muestran un marcado incremento en la imposición de sanciones privativas de la libertad. Nuevas cadenas que amarran a nuestros jóvenes.

El 16 de febrero llevaremos a cabo una audiencia en el Congreso de la República para evaluar la manera como funciona el SRPA y proponer mejoras al mismo. Invito para que sumemos nuestras voces, nuestra presencia y nuestras acciones para reclamar que los jóvenes en Colombia, incluidos aquellos a quienes yo llamo coloquialmente "los chicos malos", tengan una segunda oportunidad en esta tierra.

Más información: www.angelarobledo.com

@angelamrobledo en Twitter

Columna de opinión para el periódico La Patria

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Apostémosle a un buen gobierno de Petro

La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, hizo hoy a través de las redes sociales un llamado a la ciudadanía capitalina para que le apueste a un “buen gobierno” del Alcalde Gustavo Petro. "Apostarle a un buen gobierno de Petro, con una ciudadanía empoderada, informada, deliberante, vigilante y alerta, es apostarle al desarrollo de esta Bogotá que tanto queremos", dijo.

La parlamentaria sostuvo que el Alcalde se ha comprometido con principios que tocan el corazón del Partido Verde, como combatir la corrupción, disminuir la segregación y discriminación social, política y económica, priorizar la educación y trabajar por una ciudad sustentable y sostenible.

Ángela Robledo aseguró que hay que estar alertas a las coaliciones de la política tradicional que buscan arrebatarle al gobierno distrital, que apenas empieza, su posibilidad de cumplir con los compromisos de una Bogotá humana e incluyente.

“No vamos a permitir que muchos de los partidos de la Unidad Nacional se conviertan en un palo en la rueda para Petro. Algunos esos partidos y concejales tienen mucho que explicar por las prácticas de carruseles de contratación que le arrebataron los recursos públicos a la ciudad”.

Así mismo, dijo que propuestas como el desarme son fundamentales para la convivencia, así como trabajar  por los niños y las niñas de la ciudad: “Creo que trabajar de manera prioritaria por la primera infancia buscando una cobertura total para niñ@s de 0 a 5 años, es decir, un comienzo justo, es viable e importante. Crear mil jardines es factible”.

La Representante a la Cámara invitó a la ciudadanía a “solidarizarse con aquellas iniciativas en las que todos vamos a sumar y a que seamos críticos con aquellas que vayan en contra de los intereses de Bogotá”.

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Angela Robledo está en Antioquia defendiendo los derechos de las mujeres

Ángela Robledo inicia hoy en Medellín su visita a diferentes regiones del país con el fin de socializar y discutir con líderes y organizaciones de mujeres, los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, que tiene como objetivo erradicar las violencias contra las mujeres.

En desarrollo de su estrategia de Pedagogía Legislativa y Política, Angela Robledo aseguró que luego de un cambio legal tan importante “se requiere ahora interiorizar la Ley, generar un cambio cultural, un cambio en los hábitos, creencias y consciencias de la sociedad”.

La parlamentaria aseguró que se necesitan políticas sociales contundentes, un compromiso decidido de todos los sectores gubernamentales y cambios profundos en los imaginarios culturales para realmente avanzar en los objetivos de la Ley 1257, que pasan por prevenir, proteger y atender las violencias, asimetrías y discriminaciones de que son víctimas miles de mujeres por cuenta de una cultura patriarcal y machista.

“En Colombia, una de cada tres mujeres (39%) ha sido agredida físicamente por su pareja o ex pareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física no asistieron a ninguna institución a denunciar el maltrato del que fueron objeto. 6% de las mujeres reportó haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. El 66% de las mujeres afirman que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, según la Encuesta de Demografía y Salud”, dijo Robledo.

La violencia en el marco del conflicto armado presenta cifras alarmantes: “El16% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. De éstas, el 18% identificó la violencia sexual como causa directa del desplazamiento. El mayor riesgo se dio entre las mujeres jóvenes. El 39 % de las víctimas de violencia sexual reportadas se encontraban entre los 10 y 14 años de edad".

Angela Robledo aseguró que si bien los Decrectos que reglamentan la Ley 1257 son muy importantes, falta precisar por ejemplo en educación las rutas de atención en los casos de violencia contra niñas y jóvenes en el sistema educativo; urge armonizar los decretos referidos a justicia y salud en lo relacionado con la protección integral a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, en particular los temas de hotelería y refugios, y precisar los alcances del progama de equidad laboral con perspectiva de género que ha creado muchas expectativas.

Ángela Robledo inaugura la socialización de la normatividad para defender los derechos de las mujeres en todo el país y en la prevención de la violencia contra las mujeres que constituye un intolerable social.

DESCARGUE AQUI LAS PRESENTACIONES: 

La violencia contra la mujer: un intolerable. 

Decretos reglamentarios de la Ley 1257

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Una agenda social para la paz

El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana en los medios de comunicación, de la mano del paro armado decretado por los "Urabeños". Este hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser muy débil la presencia institucional del Estado, alianzas entre paramilitares, empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares. De manera errónea, se ha querido suplir esta ausencia de Estado con el despliegue masivo de tropas, que en ocasiones se comportan como un verdadero ejército de ocupación. Me pregunto ¿cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de servicios públicos esenciales, las de la protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados a lo largo y ancho de Colombia? ¿Cuándo se garantizarán plenamente a todas las colombianas y colombianos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?

Y mis preguntas continúan ¿y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy llamadas "bacrim"?

Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la "lógica" de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas de la mano de organizaciones y los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia. 

Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en paz. La paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la paz requiere, para que sea verdadera y durable, ir más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales. La paz exige que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad. Exige un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La paz requiere de garantías de no repetición, lo cual solo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.

La paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas; a los distintos caminos para alcanzar la paz. La construcción de esa sociedad democrática pasa no solo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque de la pobreza y la miseria a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión de generación en generación. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, nuestras deudas con los más pobres y desposeídos de sus tierras, sus herramientas de trabajo, sus territorios ancestrales son enormes. Desarrollar una agenda social para la paz de manera corresponsable con las y los actuales gobernantes, los partidos políticos, los movimientos sociales, es una tarea que no da más espera.

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Angela Robledo pide a los Verdes un acuerdo programático con el gobierno nacional en torno a la Paz

La Representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela Robledo, envió este miércoles una comunicación a la Dirección Nacional del Partido en la que invita a avanzar en la institucionalización y democratización de su colectividad y contribuir en la búsqueda de la paz en el país; propuesta que pasa por una agenda social con una apuesta radical frente a la educación. “(…) aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una paz negociada en Colombia”, dijo Robledo.

La parlamentaria reiteró a los verdes que “la justicia social es el nuevo nombre de la paz” y que el Partido puede contribuir en gran medida a este propósito.

Angela Robledo afirmó que el Verde no puede caer en prácticas clientelistas y resaltó las declaraciones de su Presidente Vocero: "En la Unidad Nacional, pero sin misterios y sin ministerios”.

TEXTO DE LA CARTA DE ÁNGELA ROBLEDO AL PRESIDENTE Y VOCERO LUIS EDUARDO GARZÓN Y A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO VERDE

Bogotá, D.C., Enero 16 de 2012

Señor

LUIS EDUARDO GARZÓN

Presidente Vocero

PARTIDO VERDE        

Ciudad

Apreciado Lucho:

Aunque ya han transcurrido 18 días de este año 2012, esta semana  puede considerarse, por razones culturales, la primera  del año. Muchos  colombianos y colombianas hemos regresado de unos días de descanso en compañía de nuestras familias y seres queridos, de la celebración de las fiestas de la Navidad y el Año Nuevo,  nos aprestamos para retomar nuestras actividades  y para enfrentar los  retos que en lo personal,  social y político, nos plantea una realidad tan compleja como la de  nuestro país.

Quiero aprovechar entonces este momento tan lleno de significado para expresar a Usted, y por conducto suyo a los demás directivos de nuestro Partido Verde, un especial saludo y mis mejores deseos por su bienestar. Deseo que este año esté lleno de realizaciones en todos los campos. También en  nuestro quehacer como organización que aspira a  orientar el futuro de esta Colombia que tanto queremos.

Claro está que muchas personas han tenido que continuar con sus actividades profesionales y con sus oficios, tan  necesarios para garantizar el bienestar de quienes hemos podido tomar un breve descanso que ahora termina. Y no se me escapa que las autoridades locales, muchas de las cuales encabezan   mujeres  y hombres afiliados o apoyados por el Partido Verde, han estado haciendo enormes esfuerzos por integrar los equipos de gobierno, por definir las líneas que orientarán su gestión, por asumir sus tareas de representación ciudadana y por contribuir en la elección de las autoridades encargadas del control fiscal y disciplinario en los niveles territoriales de la Administración.

Señalaba que la realidad de nuestra ciudad, de Colombia y del mundo está marcada por signos de problemas que merecen atención y debate públicos. La situación económica mundial parece empeorar a medida que bajan las calificaciones de riesgo que las firmas especializadas dan a la deuda de los países, en especial los  de la zona euro. La caída de las bolsas, los despidos masivos y las proyecciones a la baja en el crecimiento económico surgen como consecuencias directas de tales pronunciamientos. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a nuestras costas el impacto de este “tsunami” económico? ¿ Cómo vamos a enfrentar las posibles caídas en la demanda de nuestros productos de exportación, o la realidad del desempleo de los millones de colombianos que viven en Europa como migrantes económicos? En países vecinos como el Ecuador el gobierno ha puesto en marcha una fuerte política de apoyo al retorno de los migrantes.  Me pregunto de nuevo : ¿Será necesario que nosotros avancemos en esta misma dirección?

El tema de la seguridad y la gobernabilidad en amplias regiones de Colombia llegó a la primera plana de los periódicos de la mano del paro armado decretado por los “Urabeños”. Este  hecho ha puesto de presente la realidad estructural que viven amplias regiones del territorio nacional en donde además de ser  muy débil la presencia institucional del Estado,  alianzas entre paramilitares ,empresarios, políticos y en ocasiones miembros de las Fuerzas Armadas, han querido sustituir sus funciones y hacer reinar la ilegalidad en estos lugares.   También considero que de manera errónea, se ha   querido suplir esta ausencia de Estado, con el despliegue masivo de tropas que en ocasiones  se comportan como  un  verdadero ejército de ocupación. ¿Cuándo, y de la mano de quién llegarán a estas regiones apartadas de nuestra geografía las instituciones de atención a la salud y la educación de la población, las de  servicios públicos esenciales, protección de la niñez, la familia y la tercera edad? ¿Cuándo se harán realidad las obras de infraestructura que conecten gentes y mercados? ¿Cuándo se garantizarán plenamente  a todas las colombianas y colombianos el  derecho a la Vida, a la integridad y libertad personales, a los Derechos Humanos?

De los hechos esbozados en el párrafo anterior surge también el interrogante  ¿quién habrá de garantizar la aplicación de la Ley de Reparación de víctimas y de restitución de tierras en las amplias regiones que permanecen aún bajo el dominio de las fuerzas paramilitares que hicieron del desplazamiento y del despojo de la tierra un arma en su lucha contrainsurgente y por el control del territorio y sus riquezas? Y cuál es el Estado que habrá de asumir el enorme reto de mediar en los conflictos a que da origen la explotación de los recursos minerales, forestales, paisajísticos, entre otros que existen en abundancia en las zonas bajo el control de facto de las hoy  llamadas “Bacrim”.

Un Partido como el nuestro, el Partido Verde, que nace como alternativa a los partidos tradicionales que han monopolizado por décadas el control de los niveles centrales de gobierno tiene el deber de plantear alternativas de solución a éstos y otros problemas no menos apremiantes.

Lamentablemente la cultura política en Colombia propicia que el debate sobre los grandes problemas de la sociedad, incluidos los del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la degradación medioambiental, etc. no se debatan con fuerza sino al ritmo de los calendarios electorales. Ya hace décadas que los partidos tradicionales perdieron su identidad ideológica, aplastada por la “lógica” de la transacción burocrática y el cogobierno sin responsabilidades claras. Considero que los  partidos alternativos tenemos el deber y la oportunidad de contribuir a la búsqueda de soluciones a tan graves problemas, acudiendo en nuestro caso  a los conocimientos y  experiencia de muchos de los integrantes del Partido Verde,  a las organizaciones y  los movimientos sociales, quienes con su compromiso indeclinable con los principios de equidad, transparencia y ética pública, contribuyen a hacer realidad el Estado Social de Derecho en Colombia.

Para fortuna de todos y todas, los pronunciamientos hechos tanto por el Gobierno como por la comandancia de un importante sector de la insurgencia hacen albergar esperanzas de que algún día podamos los colombianos y colombianas vivir en un país en donde la violencia política generalizada sea tan sólo un recuerdo de tiempos idos. La Paz en Colombia es posible. La paz en Colombia es urgente. Pero la Paz requiere, y usted lo sabe muy bien,   que para que  sea verdadera y durable, debe ir  más allá de unos acuerdos entre el Estado y los grupos armados ilegales . La Paz exige, como lo estamos viviendo hoy, que haya conocimiento sobre las responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad cometidos en medio de los horrores de la guerra. Requiere un compromiso indeclinable con las víctimas, con el restablecimiento pleno de sus derechos. La Paz requiere de garantías de no repetición, lo cual sólo será realidad si se enfrenta con decisión todas las formas de violencia en Colombia, en especial todas las formas de violencia armada.

La Paz en Colombia no puede ser entendida como ausencia de conflictos. En una sociedad plural habrá siempre conflictos en torno al acceso, uso  y preservación de los recursos; a la expresión de las identidades; a los valores de las distintas culturas ; a los distintos caminos para alcanzar la paz. Pero los conflictos en una sociedad verdaderamente democrática, esto es en la cual el Estado busca ser el garante de los derechos y protector de los intereses de la mayoría de la población, no tienen porque desbordarse en violencia que destruya vidas. La construcción de esa sociedad democrática en sentido auténtico pasa no sólo por el respeto a las reglas de juego electoral, sino que conlleva la puesta en ejecución de una profunda agenda social que saque  de la pobreza y la miseria,  a miles de familias y poblaciones que han vivido en la exclusión  de generación en generación.

Mi invitación entonces, Lucho y demás compañeros de la Dirección Nacional del Partido Verde es que a la par de avanzar en el proceso de institucionalización de nuestra organización en el nivel regional y municipal, aprovechemos las enormes capacidades de nuestros dirigentes, afiliados y simpatizantes para definir una agenda programática, centrada en lo social, que sirva de hilo conductor y de terreno fértil a la búsqueda de una Paz negociada en Colombia. Esa agenda que tendríamos que construir con otros sectores sociales y políticos haría posible definir con  mayor claridad, la participación de los Verdes en el gobierno de Unidad Nacional de Santos. Ella ayudaría también a delimitar las responsabilidades políticas derivadas de tal hecho.

La justicia social es el nuevo nombre de la Paz. Y nuestro partido, el Partido Verde, ha dicho y hecho mucho en este campo. Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales elegidos a nombre o con el apoyo de nuestro partido habrán de contribuir en este propósito. Y nosotros, como directivos de una organización que aspira a orientar el destino de esta compleja y hermosa sociedad de la que hacemos parte, tenemos el deber y la oportunidad de impulsar un debate amplio, serio, documentado, democrático y propositivo en torno de los temas que aquí se mencionan y de otros que podamos acordar en las instancias apropiadas.

Reciban entonces, Lucho y demás compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Partido Verde, un especial saludo y esta propuesta para avanzar en la construcción de una alternativa política para una Colombia en Paz.

Sinceramente,

ÁNGELA ROBLEDO

Representante a la Cámara por el Partido Verde

@angelamrobledo en Twitter

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Rindo cuentas: Control político, un deber legislativo.

Control político, un deber legislativo

El control político es una de las funciones fundamentales de todo parlamentario. Éste no debe estar condicionado a impactos mediáticos, ni a chantajes, ni a presiones. Una democracia sin control político, que omite la crítica, fácilmente puede caer en la corrupción. Desde mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política, he centrado mi labor en defender los Derechos Humanos, principalmente de niños, niñas, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto. Ha sido desde el control político como he logrado tener un marco de incidencia desde el Congreso de la República. A continuación les rindo cuentas sobre lo más importante que hemos hecho en ese sentido:

A la Directora del ICBF

Denuncié un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF y otras irregularidades relacionadas con la concentración en la contratación que realiza este instituto. La hoy ex Directora del ICBF, Elvira Forero, convirtió al instituto en un monstruo contratista en el que se favorecen monopolios, no se garantizan los derechos de los niños y queda en tela de juicio la transparencia. La gestión de Elvira Forero, quien renunció tres días después de nuestro control político, fue calificada en un reciente informe de la Contraloría como DESFAVORABLE. La salida de Forero es una oportunidad para pasar de una política asistencialista a una verdadera política social. A "Las Polas" y otros ciudadanos valientes que nos colaboraron con las investigaciones, ¡GRACIAS!

Seguimiento: Le entregué copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF. Posteriormente, le envié una carta abierta al nuevo Director del Instituto, el señor Diego Molano, preguntándole por las acciones que se adelantarán durante su gestión para superar estas irregularidades, y así garantizar los derechos de los niños y las familias más pobres del país. Tras la renuncia de Elvira Forero, han empezado a surgir cantidades de denuncias y hechos irregulares que merecen toda la atención de las autoridades competentes. Se requiere de un ICBF transparente, que rinda cuentas, que garantice los derechos. Espero que el Instituto retome el rumbo y seguiré trabajando para que cumpla su misión. Ver más.

Sobre Educación

Frente al tema educativo, realizamos un debate de control político sobre Educación Superior en Colombia, al que asistió la Ministra María Fernanda Campo. Logramos que el Gobierno eliminara la propuesta de crear instituciones con ánimo de lucro, iniciativa contemplada en la propuesta de Reforma a la Ley 30, que finalmente fue retirada gracias a la presión social y el trabajo académico ejercido por el movimiento estudiantil. Previo a este debate, realizamos el Foro "Diálogo democrático para pensar la Educación", con la idea de contribuir a la discusión sobre el sentido y las perspectivas de la Universidad en Colombia y dar los primeros pasos para un gran acuerdo nacional sobre la educación. El Foro convocó unas 400 personas y logramos reunir a destacados rectores, expertos, profesores, al gobierno y a líderes políticos y estudiantiles.

Seguimiento: Acompañamos con emoción, convicción y razones al movimiento estudiantil en las marchas y trabajamos con los representantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Los estudiantes nos dieron una lección: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político; lograron frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud. Además, con el Polo Democrático organizamos tres audiencias públicas en el Congreso y estamos dispuestos a participar en la construcción colectiva de una nueva propuesta de Reforma a la Ley 30. Le llegó la hora al Presidente y a la Ministra de tomarse en serio el diálogo con la comunidad educativa. Ver más.

No violencia sexual contra las mujeres

Citamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político a los Ministros del Interior, de Defensa y al de Protección Social sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y señalamos el incumplimiento reiterado del Estado colombiano con las obligaciones nacionales e internacionales de atención, protección y reparación de los daños físicos y psicosociales ocasionados. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en territorios de guerra, y estos crímenes permanecen ocultos, silenciados y en la impunidad.

Seguimiento: Hemos sostenido reuniones con directores de medios de comunicación y periodistas para darle visibilidad el tema. Tuvimos una reunión con la Consejera para la Equidad y la Mujer, Cristina Plazas, y le expusimos la urgencia de formular una política pública pertinente para acabar con este intolerable. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, con Iván Cepeda denunciamos la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja, por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios. Ver más.

Sobre la Ola invernal y el medio ambiente

Con mis colegas de bancada del Partido Verde, preparamos un debate de control político para exigir del gobierno Santos soluciones concretas frente a la emergencia invernal, la minería en zonas protegidas y la falta de articulación y planeación entre las diferentes instituciones responsables de las políticas ambientales. Este debate no se realizó por la inasistencia de todos los ministros citados: Carlos Rodado Noriega, Juan Camilo Restrepo, Beatriz Uribe y María Fernanda Campo. Ver más.

Control político a las autoridades encargadas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Realicé un debate de control político a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), al que fueron citados: el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, para que rindieran información en relación con sus funciones referidas a este tema. Solicité al Gobierno cumplir con lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, al tiempo que insté al Instituto de Bienestar Familiar para que asumiera el liderazgo que le corresponde. No hay políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia ni de la pobreza, existe falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF, quien tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de dicho sistema, que no está operando.

Seguimiento: Estamos trabajando en una Comisión de Evaluación del SRPA, que tiene como fin evaluar y realizar recomendaciones para evitar la impunidad y garantizar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes. Ver más.

Frente a la desnutrición de la niñez indígena y la explotación laboral de a trabajadoras de comedores escolares

Sobre la garantía de los derechos de la niñez indígena en Colombia, advertimos la grave situación de exclusión y abandono en que vive esta población, que se encuentra en condiciones de pobreza, desnutrición y carece de políticas públicas diferenciales para su atención. Según ACNUR, 35 pueblos indígenas están en peligro de extinción en Colombia. Entre 2002 y 2010, más de 1500 indígenas fueron asesinados. Por cada 1.000 niños del Pueblo Yukpa, mueren al año 200. El debate se realizó en el marco del Foro “Niñez indígena: entre la exclusión y el exterminio”, que organizamos con el Representante Hernando Hernández. El evento contó con la participación de organizaciones como la ONIC, FUCAI y DNI y el nuevo Director del ICBF, Diego Molano. Seguimiento: Un compromiso público que surgió al finalizar el debate, fue la creación de una mesa de evaluación e implementación de la política pública con componentes diferenciales para la niñez indígena. Ver más.

Con el Senador Alexander López habíamos preparado un debate al Director del ICBF, pero fue aplazado. Sin embargo, denunciamos que recibimos cerca de 550 quejas provenientes de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, que evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras de comedores escolares. Hay mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen contratos, no están afiliadas a la seguridad social ni tienen prestaciones sociales. Ver más.

Constancias y proyectos

Durante este último trimestre (de octubre a diciembre 2011), dejé tres constancias en el Congreso de la República sobre los siguientes temas: 1) A propósito de la carta dirigida al nuevo Director del ICBF. 2) Construcción colectiva de una nueva reforma a la Educación Superior. 3) El Presupuesto General de la Nación no garantiza derechos. Adicionalmente, soy ponente de 6 Proyectos de Ley, que pueden consultar haciendo clic en los siguientes enlaces:

Ver Proyectos de Ley 
Ver Constancias

Apuntes políticos

*Por la vida y la libertad, marché el pasado 6 de diciembre en contra de todas las formas de violencia. Hay que asumir la Paz como un acto de resistencia, de exigencia a un Estado que por décadas no ha hecho apuestas radicales para frenar la industria rentable de la guerra. La indignación es un motor cultural y político para la Paz. Ver fotos.

*Continúo siendo columnista del periódico La Patria. Pueden leer todas mis columnas haciendo clic aquí.

*La fuerza de los argumentos logró vencer al populismo penal y, de esa manera, se hundió el referendo de cadena perpetua y el proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto en cualquier circunstancia. Me llama la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros problemas es bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal General y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. No más impunidad.

Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas (diciembre 2011).

Consulta todos mis informes de rendición de cuentas haciendo clic aquí.  

Para más información, visita www.angelarobledo.com

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¡Estudiantes en Colombia: las nuevas voces ciudadanas!

Las movilizaciones estudiantiles de los últimos días me hacen recordar aquella estrofa de Bertolt Brecht que cita Silvio Rodríguez en su canción "Sueño con serpientes": 

Hay hombres que luchan un día

y son buenos.

Hay otros que luchan un año

y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años

y son muy buenos.

Pero hay los que luchan toda la vida:

esos son los imprescindibles.

Los estudiantes lucharon días, semanas, meses y lograron frenar el retiro del proyecto de ley que buscaba reformar la educación superior en nuestro país. Sus argumentos: el proyecto no había sido construido democráticamente; privatizaba la universidad pública; convertía los jóvenes en deudores que por años debían asumir créditos enormes y finalmente no promovía una educación superior de calidad.

Los estudiantes, una vez radicado el proyecto por el gobierno, siguieron luchando. Si bien se modificaron algunos artículos de la propuesta inicial y se eliminaron otros, como el que autorizaba la creación de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, el espíritu privatizador seguía vivo tanto en un nuevo artículo sobre Instituciones Mixtas, como en la ampliación de los fondos para estimular la demanda vía créditos educativos. De igual forma la financiación de las universidades públicas era insostenible y su concepción ilegítima. Insostenible porque no se podía atar la financiación de las universidades al crecimiento económico, lo cual introducía un alto margen de incertidumbre para el funcionamiento de las instituciones. Ilegítima porque no se discutió con la comunidad universitaria, no se escucharon e incluyeron las miles de voces argumentadas y sólidas de rectores, estudiantes, profesores y trabajadores. Solo se hicieron talleres de socialización de la reforma en universidades que no tenían una posición crítica.

Bajo este escenario los jóvenes siguieron luchando, marchando, generando ideas creativas en las calles, construyendo relaciones de empatía con las familias, con la policía, con la ciudadanía a través de acciones colectivas de carácter cultural y académico. Convocaron talleres, audiencias públicas, carnavales, vigilias donde las únicas armas eran los libros, las velas, los pitos, las consignas y las canciones. Movilizaron al menos medio millón de estudiantes en todo el país. Las calles de Cali, Medellín, Popayán, Pereira, Manizales se llenaron de vida, de voces juveniles. El árbol de Navidad de la plaza en Bogotá, se convirtió en un árbol de esperanza, lleno de consignas comprometidas con la educación, con el futuro de este país. 

Esta acción colectiva nos dio una lección vital: la movilización social tiene sentido, pertinencia y poder político. Por medio de estas movilizaciones los jóvenes, pusieron a discutir al país, durante semanas sobre un tema que es crucial: la educación. El mensaje fue claro: ¡con educación todo se puede! Como si esto fuera poco, se logró, por primera vez en este gobierno, frenar un proyecto de reforma que era perversa para la educación superior y en especial para la universidad pública. Se logró frenar un proyecto de reforma que imitaba el fracasado modelo de la Ley 100 para la salud.

Todo parece indicar que los estudiantes seguirán luchando para construir una propuesta democrática, incluyente y en donde el sentido de la educación superior como derecho fundamental se garantice para las generaciones presentes y futuras. Seguirán luchando por una educación superior pública que sea gratuita. No es un sueño, o mejor, es un sueño que puede modificar realidades. No es un incentivo perverso que subsidia la educación de los ricos, o mejor, es un incentivo para que la educación se convierta realmente en un derecho y no en una mercancía. El gobierno y algunos economistas ortodoxos dicen que no hay recursos ¿No hay recursos? Lo que no hay es voluntad política, lo que hay son grandes exenciones al capital (cerca de 6 billones de pesos); apuestas irracionales a la minería (uno de cada cinco pesos del plan de desarrollo está dedicado a la minería: 97 billones de pesos) y un enorme presupuesto para la guerra, no olvidemos que ésta pesa 13 veces más en el PIB que la educación superior.

Nuestros estudiantes han dicho que quieren una universidad del tamaño de sus sueños, si hay voluntad política y apoyo ciudadano podrán lograrlo.

Columna de opinión para el periódico La Patria

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ICBF explota a trabajadoras de comedores escolares, dice Angela Robledo

La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció nuevas irregularidades por parte de los operadores del ICBF, específicamente en el caso de las mujeres que los consorcios y uniones temporales “emplean” para “manipular” y distribuir alimentos.

Robledo dijo que pese a que los contratistas del ICBF están obligados por la ley a emplear personal con todas las garantías establecidas (afiliación y aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y parafiscales), muchas mujeres son explotadas por los consorcios y uniones temporales contratados para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

De acuerdo con denuncias recibidas por la parlamentaria, las empresas contratadas para desarrollar el PAE, programa que en 2010 tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos y cubre a 4 millones de niñ@s en todo el país, no cumplen con las obligaciones de seguridad social y ni siquiera les pagan a las trabajadoras el salario mínimo establecido, también por la ley.

Angela Robledo aseguró que a pesar de las denuncias de las mujeres sobre los reiterados incumplimientos y la evasión de las obligaciones con el sistema de seguridad social y pagos de parafiscales, el ICBF ha realizado desembolsos a los operadores del PAE, contraviniendo las normas legales y los derechos de las trabajadoras.

Una muestra de cerca de 550 quejas recibidas por la legisladora provenientes de los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras del PAE (2010-2011): “Encontramos quejas y derechos de petición de mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen ningún tipo de prestación social, no reciben dotación, ni cuentan con capacitación, entre otras irregularidades”, dijo Angela Robledo.

Adicional a las quejas laborales muchas mujeres y comunidades deben también asumir costos por el transporte, aseo de los restaurantes y servicio de gas para la preparación de los alimentos.

Estos hechos han sido denunciados también por la Contraloría, que encontró, entre otros, los siguientes hallazgos: “(…) las manipuladoras no tienen contratos firmados, les adeudan pagos, no están afiliadas a la seguridad social, (…) no les han entregado dotación de uniformes (…)”.

La parlamentaria aseguró que es inaudito que el ICBF con  presupuesto de casi 4 billones de pesos no cuente con los controles suficientes sobre sus operadores para evitar que hechos así sucedan.

A principios de noviembre Angela Robledo adelantó un debate de control político a la entonces Directora del ICBF, Elvira Forero, de quien aseguró sólo se ocupó de contratar y contratar, desconociendo la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables del país.

La parlamentaria ha insistido en que la concentración de recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, y debilita el papel de las 33 regionales.

En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”.

Las denuncias fueron presentadas por Ángela Robledo en una constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes. 

PRENSA ANGELA ROBLEDO

Margarita Sarmiento/ 3202343806

Tags: Angela María Robledo Código de Infancia y Adolescencia Angela robledo Niños

ICBF explota a trabajadoras de comedores escolares

La Representante a la Cámara, Ángela Robledo, denunció nuevas irregularidades por parte de los operadores del ICBF. específicamente en el caso de las mujeres que los consorcios y uniones temporales "emplean" para "manipular" y distribuir alimentos.

Robledo dijo que pese a que los contratistas del ICBF están obligados por la ley a emplear personal con todas las garantías establecidas (afiliación y aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar y parafiscales); muchas mujeres son explotadas por los consorcios y uniones temporales contratados para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

De acuerdo con denuncias recibidas por la parlamentaria las empresas contratadas para desarrollar el PAE, programa que en 2010 tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos y cubre a 4 millones de niños y niñas en todo el país, no cumplen con las obligaciones de seguridad social y ni siquiera les pagan a las trabajadoras el salario mínimo establecido, también por la ley.

Robledo aseguró que a pesar de las denuncias de las mujeres sobre los reiterados incumplimientos y la evasión de las obligaciones con el sistema de seguridad social y pagos de parafiscales, el ICBF ha realizado desembolsos a los operadores del PAE, contraviniendo las normas legales y los derechos de las trabajadoras.

Una muestra de cerca de 550 quejas recibidas por la legisladora provenientes de los departamentos de Putumayo, Cundinamarca, Santander, Nariño y Boyacá, evidencian la vulneración de derechos laborales y la explotación de las trabajadoras del PAE (2010-2011): "Encontramos quejas y derechos de petición de mujeres a las que les deben casi un año de trabajo, no tienen ningún tipo de prestación social, no reciben dotación, ni cuentan con capacitación, entre otras irregularidades", dijo Robledo. 
 
Adicional a las quejas laborales muchas mujeres y comunidades deben también asumir costos por el transporte, aseo de los restaurantes y servicio de gas para la preparación de los alimentos.

Estos hechos han sido denunciados también por la Contraloría que encontró, entre otros los siguientes  hallazgos: "(…) las manipuladoras no tienen contratos firmados, les adeudan pagos, no están afiliadas a la seguridad social, (…) no les han entregado dotación de uniformes (…)" 
La parlamentaria aseguró que es inaudito que el ICBF con  presupuesto de casi 4 billones de pesos no cuente con los controles suficientes sobre sus operadores para evitar que hechos así sucedan.

A principios de noviembre Robledo adelantó un debate de control político a la Directora del ICBF, Elvira Forero, de quien aseguró sólo se ocupó de contratar y contratar, desconociendo la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables del país. 
 
La parlamentaria ha insistido en que la concentración de recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, y debilita el papel de las 33 regionales. 
 
En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: "No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional".
 
Las denuncias fueron presentadas por Ángela Robledo en una constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Carta abierta de la Representante Angela Robledo al nuevo Director del ICBF

Doctor

Diego Andrés Molano Aponte

Director General ICBF

La ciudad

Ref.-  Saludo de Bienvenida y seguimiento a la gestión del ICBF

Respetado Director, 

Reciba usted un saludo especial de bienvenida a la Dirección del ICBF, una Institución tan querida por todos y todas los colombianos, desde cuando fue creada por el Presidente Carlos Lleras Restrepo. Una institución que está soportada en el apoyo de cientos de ciudadanos y ciudadanas y que sentimos como nuestra. Esperamos, por el bien de la Institución y de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias, que durante su gestión se cumpla a cabalidad con las obligaciones constitucionales y legales que le han sido asignadas y se logre estar a la altura de los retos que tiene esta institución.

Misión del ICBF según Código de Infancia y Adolescencia

Como usted sabe, doctor Molano, los lineamientos fundamentales de la tarea del ICBF quedaron estipuladas en la llamada Ley Cecilia (Ley 75 de 1968). Ahora bien,  las funciones actuales de dicha institución las especifica el artículo 11 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) así:

Artículo 11.- Exigibilidad de los derechos.- Parágrafo: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7/791) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.”

Pero la misión del ICBF se ha perdido, así lo confirma el Informe consolidado de auditoría gubernamental con enfoque integral de la Contraloría General de la República, adelantado en el año 2010 u publicado en Agosto de 20111. El informe señala: 

“No existe una política de niños, niñas y adolescentes - NNA que garantice una adecuada atención integral de esta población, solo se asignan recursos (alimentación) a programas independientes que no se articulan para tener una atención integral de los NNA.”

Los recursos públicos más sagrados del país son los recursos del ICBF.

Una de las instituciones estatales con mayores recursos para el año 2012 según el Presupuesto General de la Nación es el ICBF. Para el 2011 cuenta con casi 4 billones de pesos (3,9 billones). De 2011 a 2012 este presupuesto creció un 30%, tres veces más que el presupuesto nacional. Los aportes nacionales al ICBF crecieron en 1.700%. El problema, y es una de las razones de esta carta, señor director, no es que el ICBF tenga esta cantidad de recursos públicos, son necesarios y bienvenidos. El asunto que queremos poner sobre la mesa es cómo se van a invertir dichos recursos: con qué criterios, bajo qué garantías y procedimientos de transparencia se van a ejecutar, teniendo en cuenta que, como es bien sabido, la administración de estos recursos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la ciudadanía en general. 

En otras palabras, señor director, qué estrategias se tienen pensadas para garantizar el uso transparente de estos recursos y la garantía que van a atender a las poblaciones y territorios que más necesitan de ellos. Me pregunto si centralizando, concentrando y alimentando presuntos carruseles se va a cumplir con estos objetivos. 

El debate del ICBF: un debate sin garantías. 

Como ha sido de público conocimiento el pasado 1º de noviembre se llevó a cabo el Debate de Control Político a la ex directora del ICBF denominado “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación”, luego de ser aplazado cinco veces, cuestión del todo anómala en la historia del Congreso. El debate se desarrolló con presencia de las parlamentarias y parlamentarios de la Comisión Séptima, la Contralora General de la República Sandra Morelli, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia Ilva Myriam Hoyos y la ex directora del ICBF Elvira Forero. Dicho debate se desarrolló sin ninguna garantía: no se respetaron los tiempos ni los procedimientos establecidos en la Ley 5ta, también hubo irrespetos hacía las dos citantes del debate, de igual manera,  y la ex directora del ICBF no respondió ninguna de las preguntas que se le formularon durante el mismo (Le recomiendo el video del debate en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/vJndAz ).

Doctor Molano, espero que bajo su dirección, el ICBF recobre su sentido y se superen el sinnúmero de irregularidades que se han identificado bajo la administración de la ex Directora Elvira Forero, quien “renunció” al cargo después de la realización del debate de control político “ICBF: De sistema garante de los derechos de la niñez a una máquina de contratación” ( Cfr. http://bit.ly/vJndAz ) que hicimos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y de la presentación de los informes de La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que confirman la información que por más de un año veníamos trabajando con mi equipo. 

 Algunas inquietudes no resueltas en el debate

-Se requiere que el ICBF vuelva a funcionar como sistema de bienestar familiar y social en todo el territorio nacional. Es urgente lograr una gran coordinación con las entidades territoriales, de lo contrario, seguiremos teniendo un Sistema de Bienestar Familiar fallido.

-Sobre la misión perdida del ICBF, está usted ante la oportunidad de re orientar esta entidad para que cumpla la función establecida en el marco normativo colombiano.

-Se requiere, como lo ordena la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar fortalecido en todos y cada uno de los Departamentos y Municipios del país, debidamente articulado en el territorio con toda la institucionalidad del sector social para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el restablecimiento, de acuerdo con los principios de interés superior (art.8), prevalencia de los derechos (art.9) y protección integral consagrados en el Código con el acompañamiento del ICBF, en cabeza de quien se encuentra la Rectoría del Sistema. 

-Se requiere de un ICBF transparente del cual nos sintamos orgullosos todos los colombianos. Un ICBF que rinda cuentas, que responda preguntas, que garantice los derechos de las poblaciones que tiene bajo su responsabilidad. Un ICBF que maneje los recursos como recursos sagrados y no como “una piñata”, como ha ocurrido en los últimos años.

-Se requiere que se brinden todas las garantías necesarias para que se adelanten todas y cada una de las investigaciones que se están desarrollando en los diferentes organismos de control y la Fiscalía General de la Nación que permitan concluir en la definición de responsabilidades y las sanciones a que haya lugar.

Teniendo en cuenta las anteriores inquietudes le pregunto:

¿Cuáles serán las medidas que se adoptarán para desarrollar un Sistema de Bienestar Familiar de tal manera que aplique, de manera transparente,  el mandato constitucional y legal( Código de Infancia y Adolescencia) con el fin de garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia, la tercera edad y las familias en Colombia?

No podemos tapar el sol con las manos. 

Es claro que el ICBF no está en sus mejores épocas. El debate que realicé en la Comisión Séptima y los últimos hechos así lo demuestran, de igual manera las denuncias que recibí de diferentes partes del país y las columnas de opinión y noticias que han publicado los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales, también lo comprueban. Al respecto considero que son fundamentales los siguientes puntos:

-Analizar la responsabilidad que le cabe a la Junta Directiva que ha acompañado   los últimos cinco años de la gestión del ICBF la cual no impidió que muchas irregularidades se presentaran:

-346 hallazgos por parte de la Contraloría General de la República.

-Alertas de la Procuraduría General de la Nación  como las siguientes “Para esta Procuraduría Delegada no se entiende cómo el ICBF desde el año 2006 contrata para algunos de sus programas con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra la función misional de la Entidad Contratante”.

La pregunta que nos hacemos es ¿se van a producir algunos cambios a raíz de lo ocurrido en la junta directiva?

-¿Qué va a suceder con los supuestos “carruseles de la contratación”?

-Al menos en 2010 uno de cada cuatro pesos de la contratación del Programa de Alimentación Escolar  se concentró en un mismo grupo familiar. A su vez, cuando éstos incumplían un contrato la cesión del mismo quedaba, en muchos casos, en manos del mismo grupo empresarial. 

-Estas empresas, como lo muestra la Procuraduría, no cumplieron con sus compromisos contractuales. Una cuestión más grave aún, no garantizaron los derechos a la alimentación de las niñas y niños de algunas regiones del país. 

-De 2007 a 2009 la contratación con Alma Mater creció en un 2.200% y las contrataciones no responden al objetivo que la misma ex directora el ICBF afirmó públicamente que “Convenios de Alma Mater son para fortalecer los equipos psicosociales con profesionales de las áreas de psicología(7%), nutricionistas(3%) y trabajadores sociales(4%) a las Defensorías de Familia”. Sin embargo, más del 60% de los contratos, según el convenio No. 024 de 2010, son para ingenieros, administradores de empresa y abogados. ¿Qué medidas se van a establecer para subsanar estas irregularidades?

La Organización Internacional de Migraciones contrata con el ICBF a finales de cada año. Esto podría constituirse en una presunta irregularidad. De igual manera, la OIM está asumiendo responsabilidades misionales del ICBF ¿Dadas estas circunstancias, el Instituto qué medidas va a adoptar para evitar este tipo de situaciones a todas luces irregulares?

EL ICBF puede dar una lección de probidad. 

Dadas las denuncias, hallazgos de la Contraloría, las evidencias de la Procuraduría y los interrogantes formulados en nuestro debate, queremos preguntarle ¿Qué medidas se aplicarán de tal manera que las pruebas otorgadas en este tiempo no se ocultarán? ¿Qué medidas va a tomar para garantizar que los denunciantes, dentro y fuera del ICBF, puedan aportar pruebas que permitan sanear la Institución que usted dirige, teniendo en cuenta que muchas personas no han denunciado o aportado pruebas por temor a represalias?

¿Dónde quedan los derechos de la niñez indígena en Colombia?

Hay niñ@s indígenas que se están muriendo de hambre. Según datos imprecisos que nos da la ENSIN (un sondeo que se hizo porque no se quiso hacer encuesta) la desnutrición  global de l@s niñ@s indígenas del país es la más grave (más del doble del promedio nacional) ¡Esta situación es intolerable! Le preguntamos de nuevo: 

¿Se va a aplicar una encuesta, robusta estadísticamente y con todos los criterios técnicos, que permita analizar rigurosamente la situación de desnutrición de la población indígena del país y en especial de l@s niñ@s, sin importar qué tan dispersa esté esta población por todo el territorio colombiano?

¿Qué acciones de política pública focalizada se piensan tomar para mejorar esta situación de esta población?

Las niñas y niños indígenas han sido y siguen siendo víctimas de una guerra centenaria, que hoy en día los tiene en el límite de su extinción. 

Señor director estamos ante la oportunidad de transformar el ICBF y reorientar tan querida Institución de tal manera que cumpla su misión y su mandato legal. Estamos ante la oportunidad de garantizar cabalmente los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mayores de edad, y las familias de este país.

Si hay políticas transparentes e incluyentes a favor de este objetivo, no dude que las vamos a respaldar.

Quedo atenta a su respuesta.

Cordial saludo, 

Ángela Robledo

Representante a la Cámara

www.angelarobledo.com

@angelamrobledo en Twitter

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Angela Robledo e Iván Cepeda denuncian violación de mujeres en María La Baja, Bolívar

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, los congresistas Ángela Robledo e Iván Cepeda denunciaron la violación de 11 mujeres en el Municipio de María La Baja por parte de integrantes de grupos armados, al parecer como una estrategia de terror en contra de las comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

En un comunicado los parlamentarios dijeron que: "Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres".

Los congresistas exigieron al Gobierno Nacional reglamentar de manera inmediata la Ley 1257 de 2008 y destinar los recursos suficientes para poder en marcha políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Robledo y Cepeda saludaron el 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que reúne por estos días en Bogotá a unas 1500 mujeres de América Latina y convocaron a la movilización de esta tarde para exigir la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

VER COMUNICADO COMPLETO

30 AÑOS DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Este año se cumplen tres décadas, desde que se realizó el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, lugar desde donde se impulsó el establecimiento del 25 de Noviembre como Día Internacional de la No violencia Contra las Mujeres.

En Colombia, la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres son todavía una deuda pendiente, la cual se incrementa en el marco del conflicto armado, muestra de ello, es la situación que se viene presentando en el Municipio de María la Baja desde el 14 de septiembre de 2011, donde han sido abusadas sexualmente 11 mujeres por parte de integrantes de grupos armados (quienes no han logrado ser identificados), presuntamente como parte de una estrategia de terror contra comunidades campesinas que exigen su derecho a la permanencia en sus territorios.

De igual forma, son las violencias que enfrentan mujeres líderes de población desplazada en Bogotá, quienes han sido víctimas de violencia sexual, de amenazas y agresiones reiteradas contra su vida e integridad personal en los últimos dos años. Hace una semana una de estas líderes quien participó en el debate de control político que realizamos en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en el mes de agosto, quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH, fue víctima de un atentado, en el cual resultó herido su guardaespaldas.

Mientras los hechos violentos continúan presentándose, el Estado sigue sin garantizar el acceso a la justicia, la constante son investigaciones que no avanzan, que no logran identificar a los responsables, reproduciendo así una cultura de impunidad y tolerancia frente a las violencias contra las mujeres. Sea esta una oportunidad para hacer un reconocimiento a las mujeres víctimas del conflicto armado que han convertido su dolor en un motor de social y ejemplo de fortaleza y dignidad

Aprovechamos esta fecha para requerir al Gobierno Nacional a  que reglamente de manera inmediata la ley 1257 de 2008 y destine los recursos suficientes para terminar de formular y poder en marcha la política pública de equidad de género para las mujeres

Esta semana se lleva a cabo el décimo segundo Encuentro Feminista en la ciudad de Bogotá con la participación de cerca de 1.500 mujeres de distintas partes de Latinoamérica y el Caribe. Sea esta la ocasión para saludar y hacer un acto de reconocimiento al movimiento feminista, el cual  ha tenido dentro de sus apuestas políticas la defensa de una vida digna, libre y autónoma para las mujeres en la región.

Sea este el momento para continuar cuestionando y desacatando los mandatos del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo, la homofobia y de continuar en la búsqueda de una verdadera democracia, de nuevas lógicas de poder y de relacionamiento entre los seres humanos.

Invitamos también a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarnos este 25 de noviembre para exigir la erradicación total de las violencias contra las mujeres, la movilización saldrá a las dos de la tarde del Planetario de Bogotá

Bogotá, 25 de noviembre de 2011

ANGELA MARÍA ROBLEDO                       

IVÁN CEPEDA CASTRO

Margarita Sarmiento/ 3202343806

Prensa - Angela Robledo

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Angela Robledo entregó a los organismos de control los documentos sobre presunto carrusel de la contratación en el ICBF

La Representante Ángela Robledo envió copias a los organismos de control de todos los documentos y videos sobre presuntas irregularidades en materia de contratación en el ICBF. 

El envío de la información se da justo después del debate de control político que la parlamentaria Robledo le hizo el 1 de noviembre de 2011 a la entonces Directora del ICBF, quien tres días después renunció a su cargo. 

La Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Economía Solidaria deberán ahora analizar la información y tomar las medidas que correspondan. 

“Por cuenta de la gestión de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión. Hago entrega a las autoridades de la información y de las quejas que he recogido desde hace más de un año sobre presuntas irregularidades en el Instituto para que se investigue a fondo, se hallen responsabilidades y, lo que es más importante, se garanticen y restablezcan los derechos de los niños y las familias más pobres del país”, concluyó Ángela Robledo. 

DESCARGUE AQUI UNA DE LAS CARTAS ENVIADAS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 

Prensa: Margarita Sarmiento/3202343806

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Tres días después de este Debate de Control Político, la Directora del ICBF presentó su carta de renuncia.

Haz clic aquí para ver el video del Debate de control político de la Representante Angela Robledo a la Directora del ICBF. Tres días después de este debate, Elvira Forero presentó su carta de renuncia. 

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Directora convirtió al ICBF en un “monstruo” contratista, dice Ángela Robledo

Estas son las principales conclusiones de las presuntas irregularidades encontradas por la Representante Ángela Robledo en la investigación sobre el ICBF para un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. (Vea el comunicado completo con videos haciendo clic aquí)

La Representante a la Cámara, Ángela Robledo pidió a la Directora del ICBF renunciar a su cargo debido a su incapacidad para fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en cambio, converitirlo en un “monstruo que sólo se ocupa de contratar, contratar y contratar mientras que la garantía de derechos de las poblaciones más pobres y vulnerables está en veremos”.

Elvira Forero llegó al ICBF de la mano del ex presidente Álvaro Uribe en 2006 y su gestión, que la Procuraduría califica de desfavorable y la Contraloría evalúa de ineficiente, se ocupó de duplicar y concentrar 80% de un presupuesto que hoy llega a los casi 4 billones de pesos (3.9 billones).

Es decir, que Forero decide directamente sobre 3 billones y medio destinados a “alimentar” una serie de empresas, grupos, consorcios y hasta organismos internacionales que tanto la Procuraduría como la Contraloría investigan por cuenta de múltiples irregularidades que van en contravía de los principios de transparencia y probidad impulsados desde el gobierno Santos.

Mientras Forero opina que ha mejorado la gestión disminuyendo los procesos contractuales (pasó de unos 150 programas a 12 proyectos concentrados), Robledo denuncia que esta concentración de los recursos en la Dirección General del ICBF acarrea problemas de transparencia, aumenta los costos de transacción, favorece los monopolios, homogeniza la producción y la alimentación, debilita el papel de sus 33 regionales (Las alcaldías y las regiones no tienen ninguna incidencia en esta institución, en términos de presupuesto y aplicación de políticas públicas). Es decir, que la descentralización que promueve la Constitución Nacional no se aplica, y lo que es más grave, la garantía de derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, se ve seriamente afectada.

A cuenta de la “gestión empresarial a gran escala” de Elvira Forero, el ICBF perdió su norte y se convirtió en una empresa contratista que no cumple su misión de garantizar y restablecer los derechos de las familias más pobres del país. Los recursos que destina el ICBF para alimentar a niños y viejos en mayor situación de vunerabilidad, van a los bolsillos de contratistas como el Grupo Torrado, Cooperativa Colanta, Red Alma Máter y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otros.


El Grupo Torrado ¿Un carrusel nacional de alimentos?

El Grupo Torrado (Cooperativa de Trabajo Asociado –COOPROSPERAR-, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva SurColombiana de Inversiones, Alfaba, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales –Empsenal- y Fundeal, entre otras. COOPROSPERAR y EMPSENAL comparten bodega en Santander) monopolizó la contratación de los programas alimentarios dirigidos a niños y viejos pobres que atiende el ICBF en todo el país: Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Programa de Alimentación del Adulto Mayor (PNAAM). Entre 2006 y 2011 los contratos con empresas de este Grupo, ascendieron a 81 mil 700 millones.

El Grupo Torrado de 2006 a 2011 en estos dos programas PAE y PNAAM obtuvo casi 82 mil millones de pesos (81.711 millones de pesos) del ICBF, sin contar los recursos de cofinanciación. En promedio de 2009 a 2011 el PAE tuvo 26% de los contratos por concesión y uniones temporales. Es decir, 1 de cada 4 pesos de los consorcios y uniones temporales contratados por el ICBF de 2009 a 2011 se fueron al Grupo Torrado. El total de este tipo de contratos en este período fue de 191 mil millones, o sea, se contrató con éstos un total 49 mil millones de pesos.

Para el caso del programa PNAAM, en el 2009 uno de cada tres pesos se fueron de nuevo al Grupo Torrado (38%).  Vale la pena destacar que en el 2006 obtuvieron el 92% de los recursos de los contratos por concesión y uniones temporales.
También ganan por la vía de la contratación directa: en el 2010 el Grupo Torrado concentró, por medio de contratación directa, 1 de cada tres pesos del PNAAM. Es decir, 4.200 millones de un total de 12.000 millones de pesos.
De acuerdo con información reportada por el ICBF, COOPROSPERAR contrató directamente unos 56 mil millones en los últimos 4 años en todo el país; Según la Procuraduría, a pesar de múltiples irregularidades en sus servicios  firmó 11 contratos de manera directa para PNAAM, en el último año (Diciembre de 2010 y enero de 2011). 

Es de público conocimiento que el Grupo Torrado estuvo involucrado también en el carrusel de la contratación de Bogotá y que contrató con la Secretaría de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones, pese a sus múltiples incumplimientos y mala calificación por parte de la Contraloría. Se sabe también que son empresas vinculadas con familiares de los dirigentes del Partido de la U, Efraín y Edgar Torrado García y que su manejo corre por cuenta de los sobrinos Torrado quienes controlan 52% del capital social de la empresa: René Torrado, Andrés Jiménez Torrado y Alexander Torrado que figura con distintos cargos y responsabilidades en las múltiples empresas del Grupo. 

Es preocupante, según Robledo,  que los políticos relacionados estén involucrados en “hacer empresa” cuando de recursos públicos se trata, lo cual  podría ser considerado como tráfico de influencias. Contrario opina Álvaro Uribe quien en un homenaje al Senador Torrado anunció que: “No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia”. Es aún más preocupante  el modo como operan estos consorcios y uniones temporales que además de presentarse varias de ellas para una misma convocatoria, incumplen los contratos, se los ceden entre ellos mismos,  evitan sanciones, siguen contratando y atentan contra la garantía de los derechos de los más pobres. Y más preocupante aún que el ICBF no tenga establecidos controles para tal fin y no pase nada de nada.

Los programas PAE y PNAAM dirigidos a solucionar la problemática de hambre en el país focalizados en niños y viejos de los niveles 1y 2 de Sisben, pertenecientes a poblaciones indígenas y desplazadas presentan un sinnúmero de irregularidades desde la concepción y planeación, pasando por la contratación y la implementación de los mismos, hasta su impacto. Unos 5 millones de niños en Colombia (50%) no reciben nutrición adecuada debido a las trampas en el sistema de contratación y a la negligencia, ineficiencia e inoperancia de la dirección general del ICBF.

Son innumerables y de diversa índole las quejas  que Ángela Robledo ha recibido desde todos los rincones del país sobre la calidad, la cantidad, cobertura y la oportunidad de los alimentos que contrata directamente, la Directora del ICBF, Elvira Forero, en particular con el Grupo Torrado y que coinciden con los hallazgos de los entes de control: menores cantidades de alimentos a los estipulados, alimentos muy maduros, en estado de descomposición, contaminados, sin registro INVIMA y que no cumplen con la variedad y exigencia de nutrientes, establecidos en minutas.

Es frecuente que roten la distribución, se habla en algunos lugares del pico y placa en los  comedores y muchos niños y viejos se queden sin el alimento en determinados sitios, pero se dice que se cobran los cupos completos. No se llevan controles, ni registros de las entregas, la información al respecto es totalmente  deficiente.

En el informe de agosto de este año sobre el ICBF la Procuraduría anotó: “Es motivo de preocupación las presuntas inconsistencias respecto a los contratos de Alimentación Escolar (PAE) y de Adulto Mayor (PNAAM)  porque se ha podido poner en riesgo derechos fundamentales a la salud alimentaria y, por ende, a la vida de niños y adultos mayores beneficiarios. De acuerdo con el ente de control: “No se entiende cómo el ICBF desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoría se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional”.

Ríos de leche y galletas

El monopolio de la alimentación en el ICBF no se agota en el Grupo Torrado. Para atender el Programa Desayunos Infantiles con Amor (DIA), dirigido a niños entre 6 meses y 6 años, se contrató a la Cooperativa Colanta, una pujante empresa antioqueña que se “trasladó” con planta y todo a la sabana de Bogotá para realizar una “acción social” a favor de los niñ@s pobres del país. 

Colanta arrancó su planta en Funza (Cundinamarca) de la mano del proyecto piloto del programa DIA con 78 mil niños (2002); cobertura que alcanza 1 millon 800 mil beneficiarios (2010) y que ha reportado ingresos cercanos a los 30 mil millones de pesos por año en un negocio que no parecía muy próspero .   

Un ejemplo: En 2005 el ICBF ordenó la apertura de la licitación pública ICBF-SN-02-05, con el objeto de “Seleccionar propuestas para contratar el servicio de alimentación consistente en el suministro del complemento alimentario de desayunos infantiles”. Allí se evidencian unos términos de referencia que al parecer facilitan la prestación del suministro al contratista y que además, parecería los favorecen económicamente.

No se explica cómo el portal único de contratación SEGOB señala que la cuantía inicial de contratación fue de 26,468,729,454, que la cuantía que se contrató fue de 50.352.644.000 y que se realizara una adición (a los 4 meses) por un valor de 26.418.376.810, dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento nueve mil seiscientos veinte pesos (2.484.109.600) más de lo permitido por la ley, ya que según La ley 80 del 93 solo: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.

¿Nos podríamos imaginar lo que significaría que todos los niñ@s en Colombia desayunaran todos los días, durante sus primeros seis años de vida, con leche y “galletas fortificadas, privilegiando además a un proveedor como Colanta?

Preocupa que el ICBF deje de lado la posibilidad de fomentar la seguridad alimentaria y la promoción de la producción y el consumos local para favorecer monopolios a gran escala que según señala la Contraloría no cumplen con los lineamientos en relación a la edad de los niños y cuya gestión se califica de ineficiente y antieconómica en algunas ocasiones.  ¿Cómo podemos seguir permitiendo que niñ@s en condición de extrema pobreza no puedan contar con una alimentación variada y enriquecida para sus primeros años de vida?

Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?

Otra de las irregularidades que presenta el ICBF es la enorme contratación de profesionales a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, investigada también por los organismos de control.

La directora del ICBF, teniendo una planta de 5.100 funcionarios, contrató (entre 2007 y 2011) 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá  4.108  (55%) de estos contratistas.

A pesar de que la directora del ICBF ha expresado en diversos medios de comunicación que la contratación de estos profesionales está dirigida a fortalecer los equipos psicosociales de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, se constató, mediante análisis del convenio 024 de 2010 que el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros (36.6%), abogados (17%) y administradores de empresas (9%), con contratos muy cortos que por ende no generan procesos. Tampoco son claros los criterios de remuneración con los cuales se les contrata.

El ICBF suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223). El 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se firmaron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.

La Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y además, señalo que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública y podría configurar fraccionamiento de contratos.

La Procuraduría señaló también que podría tratarse de una nómina paralela puesto que los contratistas cumplen funciones misionales, en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter podrían ser irregulares. Señaló también que la vinculación de personas para actividades misionales implica que la institución maneja recursos públicos y puede configurar un presunto detrimento, al tiempo que viola los principios de transparencia. 

OIM ¿La caja menor de la Directora del ICBF?

La Organización Internacional para la Migraciones –OIM-  ha suscrito con el ICBF unos 32 convenios por un valor aproximado a los 300 mil millones (2006 y 2011), casi todos estos convenios fueron firmados en el mes de diciembre que es cuando las entidades realizan el cierre contable y presupuestal. Llama la atención que siendo la OIM un organismo internacional dirigido a atender poblaciones en situación de desplazamiento, migraciones forzadas y reclutamiento entre otras, al revisar algunos convenios de 2009-2010 se encontró que los objetos definidos no tienen nada que ver con su mandato: Construcción de un hogar en Tumaco; construcción y adecuación de una sede educativa; adquisición de elementos de dotación para la primera infancia;  diagnósticos a hogares infantiles; son algunos de los reportes  investigados por la Procuraduría. Vale la pena recordar que la sede de la OIM en Colombia es la más grande del mundo ¿Tendrá esto algo que ver con los convenios con el ICBF?

Estas denuncias fueron preparadas por Ángela Robledo para un debate de control político a la directora del ICBF, solicitado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desde julio pasado y aplazado en 5 oportunidades por razones que aún desconocemos.

DESCARGUE EL DOCUMENTO COMPLETO DEL DEBATE DE ANGELA ROBLEDO A LA DIRECTORA DEL ICBF, HACIENDO CLIC AQUI.

DESCARGUE AQUI LA PRESENTACION POWER DE LA INTERVENCION DE ANGELA ROBLEDO EN EL DEBATE DE CONTROL POLITICO

LEA AQUI LA COLUMNA DEL PERIODISTA DANIEL CORONELL SOBRE EL CARRUSEL TORRADO.

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El carrusel Torrado

La representante Ángela María Robledo es una de las pocas personas rescatables de las cenizas del llamado Partido Verde. Ella, junto con su equipo, ha trabajado durante meses para descubrir las irregularidades que están devorando al Bienestar Familiar. La administración de la inamovible directora Elvira Forero está beneficiando a una poderosa familia de políticos, con millonarias contrataciones.

Los favorecidos son miembros de la familia del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado. Dos prósperos dirigentes cuyos nombres aparecen en los documentos de conformación de algunas de las empresas del grupo. Ellos dicen que -preciso ahora que les está yendo tan bien- no tienen relación alguna con el gigantesco contratista.

El Grupo Torrado ha recibido uno de cada cuatro pesos que Bienestar ha contratado con consorcios y uniones temporales en los últimos dos años. A través de dos programas de alimentación, el ICBF les ha entregado 81.000 millones de pesos a empresas o consorcios en los que tiene intereses la familia.

Como si fuera poco, en 2010 los Torrado concentraron uno de cada tres pesos adjudicados por contratación directa por el ICBF en convenios para alimentación de adultos mayores.

Entre las empresas licitantes que giran en la órbita de los Torrado están Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal) y Alfaba.

Sin embargo, lo alarmante no es la inusitada concentración de recursos públicos en un pulpo contratista. Lo más grave es que existen pruebas de reiterados incumplimientos de esas empresas sin que les suceda nada. Como si los hubiera tocado un hada madrina para librarlos de las consecuencias legales.

La Contraloría y la Procuraduría han encontrado que contratos ejecutados por empresas del Grupo Torrado han incumplido con el objeto para el cual les pagaron con dineros públicos. Sin que esto les haya traído consecuencia alguna.

Por ejemplo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia encontró informes de auditoría que señalan graves fallas de higiene en el suministro de alimentos a personas mayores. No obstante, el ICBF autorizó el pago de los servicios como si los hubiesen prestado normalmente.

"No se entiende por parte de esta Procuraduría Delegada por qué se certifica cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones contraídas sin haberse adoptado por parte de la entidad contratante los correctivos pertinentes, lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".

Los Torrado ganan y ganan contratos para atender los programas de Bienestar en varios departamentos de Colombia, sin que las quejas de los usuarios merezcan atención.

Ana Mariela Silva, madre de familia del Colegio Metropolitano del Sur en Santander, denunció que los niños reciben alimentos descompuestos: "Carne molida con grandes cantidades de sebo; piña, cebolla, pimentón, papa, auyama y maduro en estado de putrefacción; salchichas sin marca y sin registro Invima (…) estos desayunos a la vista se hacen para favorecer al contratista y no garantizan un desayuno digno para los niños".

En este billonario carrusel, los contratistas han encontrado la forma de incumplir, quedarse con la plata y burlar la caducidad. Cuando es evidente el incumplimiento, ceden el contrato a otra empresa del mismo grupo. Así pasó con Nutricol, consorcio del cual hace parte Cooprosperar, fundada por los hermanos Torrado, que con autorización de Bienestar le cedió un contrato no cumplido en Cundinamarca a Nutrialianza, de la cual es miembro Epsenal. Esas cooperativas son tan cercanas que operan en la misma bodega de Santander.

Esas y otras pruebas tiene Ángela María Robledo, a quien alguien poderoso le viene aplazando su debate de control político a la directora del ICBF. Vamos a ver si finalmente esta semana dejan hablar a la congresista que ha investigado el caso. 

Escrito por Daniel Coronell para la Revista Semana

http://www.semana.com/opinion/carrusel-torrado/166538-3.aspx

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Castigar, castigar y castigar

Hace muchos años me desvela la pregunta por el sentido del castigo en sociedades marcadas por la desigualdad, nuestro país resulta ser campeona en estas lides, distintas investigaciones muestran que somos el cuarto país más desigual del mundo. Comparto lo planteado por el profesor Roberto Gargarella, quien señala que cuando vivimos en sociedades altamente desiguales, corremos el riesgo que el aparato coercitivo del Estado se use "para mantener un estado de cosas injustificado que de manera sistemática beneficia a unos y perjudica a otros, en especial a aquellos que viven en condiciones de pobreza y exclusión". Por ello me resulta inadmisible que en Colombia se proponga como salida a múltiples problemas sociales, un aumento desmesurado de penas y la privación de libertad en cárceles en las cuales campea la corrupción, el delito y el inhumano hacinamiento. Esto resulta a toda luces no solo ineficiente, sino inmoral.

Muchos expertos señalan que el camino es revisar y plantear soluciones de fondo a las causas estructurales de la fragilidad social, de la falta de alternativas y de oportunidades para el grueso de la población. Ello es particularmente válido para nuestros adolescentes y jóvenes quienes viven su presente y encarnan la esperanza de un futuro que debería ser vivido en condiciones de dignidad, como lo establece nuestra Constitución. 

En julio de 2010, cuando llegué por primera vez a la Cámara de Representantes, me propuse trabajar desde una perspectiva que he denominado Pedagogía Legislativa y Política, convencida que desde el Congreso se emiten un sinnúmero de leyes, las cuales en su mayoría son poco conocidas por la ciudadanía. Contribuir a la comprensión de algunas de estas leyes, las relacionadas con el cuidado de la vida, ha sido una de las tareas a las cuales me he dedicado de manera especial. 

 Sumado a lo anterior, durante este tiempo me ha llamado poderosamente la atención la tendencia a legislar desde el populismo punitivo, es decir, pretender resolver por la vía del aumento de penas y la cárcel, problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la cultura de la ilegalidad. 

Durante este período legislativo se han tramitado dieciséis proyectos de ley en este sentido, en algunos de ellos se pide cárcel o aumento de penas para la discriminación racial; para los delitos contra las niñas y los niños en el marco del conflicto armado; para quienes vendan licores a menores de edad; cárcel para adolescentes en conflicto con la ley; para quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito; para quienes hacen uso indebido de la Internet y las redes sociales; para quienes vendan, distribuyan y comercialicen licor adulterado; cárcel para el porte de armas blancas; para el porte ilegal de armas de fuego; para quienes no cumplan con sus responsabilidades de asistencia alimentaria a los adultos mayores; para quienes incurran en narcoturismo; para quienes causen sufrimiento o muerte al oso de anteojos y también para quienes causen tratos crueles y tortura a los animales. ¡Todos para la cárcel!

Como bien lo decía Rodrigo Uprimny "La violencia y la criminalidad, con altas dosis de impunidad, llevan al desespero y son terreno fértil para propuestas de endurecimiento punitivo". Crear, endurecer y pedir cárcel para solucionar nuestros múltiples problemas es atractivo y bien recibido en muchos sectores, sin embargo, comparto con la Fiscal Vivianne Morales y otros juristas, en que el camino no es "la mano dura" sino "la mano inteligente" de la justicia, es decir, una justicia eficiente, oportuna y pertinente. 

La lista de los problemas de las cárceles en nuestro país es tan larga como las iniciativas de penalización: corrupción, hacinamiento, pésimas condiciones de salubridad, mala alimentación, tráfico de armas, prostitución, etc. Además de esto, la infraestructura está en crisis: 144 cárceles en el país, albergan 93 mil reclusos. 

Frente al fracaso del sistema carcelario, no solo en Colombia sino en el mundo entero, las sociedades enfrentamos enormes retos para frenar las prácticas de injusticia penal. Quienes están tras las rejas, en muchas ocasiones, son los más excluidos. Es urgente entonces fortalecer los vínculos entre política criminal y política social. Políticas que en nuestro país han sido totalmente precarias.

¿Quién engaña a quién?, pregunta Angela Robledo a propósito de la Educación

Al proyecto de Reforma a la Ley 30 le falta legitimidad, no toca los verdaderos problemas de la educación. Dicen que no hay plata. Eso es un cuento: la plata se está invirtiendo en la guerra y en la minería. ¿Más empleo? Colombia es el país de América Latina con los más altos índices de desempleo. Nos dicen "no te dejes engañar". ¿Quién engaña a quién?

VEA EL VIDEO DE ANGELA ROBLEDO HACIENDO

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Representante Angela Robledo vuelve a rendir cuentas

Me niego: Uribe no.

Cuando Antanas Mockus tomó la decisión de renunciar al Partido Verde, el senador John Sudarsky y yo, Angela Robledo, decidimos quedarnos para cumplir con el mandato ciudadano de quienes votaron por nosotros. Hoy somos parte del disenso, de esa voz excluida pero contundente que jamás va a estar de acuerdo con aliarse y compartir tarima con Álvaro Uribe.

Luego de no ser escuchados en la Dirección Nacional; de no ser convocados a la reunión donde se decidió la realización del Congreso del Partido; de no haber recibido la agenda oficial del evento; de no haber sido consultados de la decisión de entrar a la Unidad Nacional; luego de no recibir respuesta a nuestras cartas y solicitudes, decidimos hacer un acto de resistencia simbólica y portar una camiseta negra con la foto de las correrías de las directivas del Partido Verde acompañadas por el ex presidente Alvaro Uribe. Indignados, dijimos: ¡Me niego! ¡Uribe NO! No consultamos ningún manual de urbanidad. Fue un acto político de indignación que nos valió a Sudarsky y a mí un fuerte llamado de atención del Veedor del Partido, quien sorprendentemente se pronunció, luego de haber guardado silencio tanto tiempo frente a múltiples irregularidades.

Sigo asistiendo las actividades locales de líderes y lideresas verdes. Participé en un encuentro con jóvenes de Bogotá y he acompañado y apoyado candidatos a nivel regional: Gonzalo Guarín, candidato a la Gobernación de Boyacá; Sergio Fajardo, candidato a la Gobernación de Antioquia; Juan Guillermo Restrepo, candidato a la Asamblea de Atlántico; Sofi Ospina, candidata al Concejo de Cali, entre otros. 

Me quedé en el Partido Verde para defender los principios que juré cumplir y no pienso renunciar. Ejercer mi derecho al disenso es una tarea difícil pero necesaria. No me voy a dejar silenciar: frente a las prácticas de silenciamiento, la resistencia. Ver más.

Se hundió el Referendo de Cadena Perpetua 

En alianza con el Representante Germán Navas Talero y la Comisión Asesora de Política Criminal, creada por el Ministerio del Interior, logré abrir un debate juicioso sobre las implicaciones para la justicia colombiana y la Constitución de 1991 de este referendo, que se hundió en la Comisión Primera. Ir en contra de este proyecto se interpretó, de manera injusta, afirmando que se apoyaba a los violadores. Estando plenamente de acuerdo con los fines del referendo, como lo son la protección de los derechos de nuestros niñ@s, me declaré contraria a la iniciativa, que además de inconstitucional e innecesaria (por cuanto en el Código Penal ya se establece una pena de hasta 60 años para los violadores), afectaba el concepto de dignidad humana. No son las sanciones desproporcionadas e inconstitucionales, sino el temor a un pronto y efectivo castigo (garantía de no impunidad), sumado a políticas de educación y resocialización, las que nos permitirán ir liberando a nuestra sociedad de tan intolerables delitos. Ver más.

Haré Debate de Control Político a la Directora del ICBF 

Desde julio de 2010 he seguido atentamente el desarrollo de las políticas del ICBF. En julio 21 de 2011 propuse en la Comisión Séptima un debate de control político sobre el cumplimiento de la misión del ICBF, debate que han aplazado cinco veces. ¡Cinco veces! Sin embargo, he alertado a la opinión pública y a las autoridades sobre un presunto carrusel nacional de la contratación de alimentos por parte del ICBF. En un informe de la Contraloría, la gestión de la Directora del Instituto fue calificada como “DESFAVORABLE”. El ICBF, a pesar de ser una de las entidades del Estado que más recursos maneja (casi 4 billones de pesos para el 2012), no logra ni siquiera evitar las condiciones de desnutrición de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, como son los niños pobres e indígenas. Espero que nuestro debate se realice a principios de noviembre. Ver más.

¿Penalización del aborto en todos los casos?

Frente a la penalización del aborto en los tres casos que avaló la Corte, proyecto de ley que acaba de hundirse, he denunciado que pese a lo establecido por la Corte Constitucional frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan este derecho, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta contra la salud y la vida de las mujeres y va en contravía de la normatividad vigente. Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, pero el Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar acudiendo a argumentos religiosos. Como afirma el sacerdote jesuita Carlos Novoa, “El problema del aborto no se soluciona con la prohibición ni encarcelando a nadie”. En defensa de los derechos humanos de las mujeres y de nuestra condición de Estado Laico, me opuse a esta iniciativa de penalización del aborto en los tres casos contemplados en la ley. Ver más.

Función Legislativa

En el Congreso, durante este último trimestre fui ponente de 6 proyectos de ley y dejé 6 constancias sobre los siguientes temas:

1) En protesta por muerte de niños indígenas en situación de desnutrición. 2) Parece que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar. 3) Tercer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia. 4) Constancia con motivo de la citación de la Procuradora, Ilva Myriam Hoyos, a la Comisión Séptima. 5)Hablar de Paz en tiempos de guerra. 6) No más violencia sexual contra las mujeres. Ver Proyectos de Ley / Ver Constancias

Sobre la Reforma a la Educación Superior 

Acompaño a los miles de jóvenes que se movilizan en contra de la privatización de la educación superior, al tiempo que llamo a que las protestas se hagan de manera pacífica y argumentada. Este trimestre he seguido dialogando con estudiantes universitarios y rectores para promover y divulgar las conclusiones del debate de control político que le hice a la Ministra de Educación y el Foro que realizamos en el semestre anterior sobre este tema.

1) La universidad es un motor de desarrollo y paz; no debe ser un privilegio, ni un negocio ni un lugar para el intercambio de mercancías. 2) Con el proyecto de Reforma a la Educación Superior, existe el riesgo de que se privatice la calidad de la educación superior. 3) No puede existir una brecha entre la educación pública y la educación privada. 4) Se requiere que los estudiantes realmente puedan disponer de posibilidades para financiar sus estudios. 5) Es fundamental vincular el desarrollo del país con el desarrollo de políticas de educación de calidad en todos sus niveles. 6)Intentar aplicar la lógica del mercado al derecho a la educación universal, es dinamitar el sentido de la universidad. Ver más.

Apuntes Políticos

-El semestre pasado realizamos con el Representante Iván Cepeda un debate de control político sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este trimestre emprendimos la tarea de visibilizar el impacto del conflicto en los cuerpos y las vidas de las mujeres y estamos trabajando de la mano de periodistas y medios de comunicación para poner el tema en la agenda pública. También enviamos una comunicación a la Fiscal General de la Nación y nos reunimos con la Alta Consejera Presidencial para Asuntos de la Mujer, con el fin de llamar la atención sobre la urgencia de desarrollar políticas al respecto. Ver más.

-Como Co-Presidenta de la Comisión de Paz e integrante de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, intervine en eventos donde se proponen salidas al conflicto colombiano y promoví la participación política de las mujeres.

-Motivé la realización de un encuentro que permitiera avanzar en la implementación de la Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se incluye la economía del cuidado (trabajo doméstico) en el sistema de cuentas nacionales con el propósito de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y constituirse en una herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Ver más.

*Descarga aquí el informe completo de rendición de cuentas sobre nuestro trabajo de Pedagogía Legislativa y Política entre junio y septiembre 2011.

No pasemos de un Estado Laico con lógica constitucional a una dictadura del Santo Oficio

Ángela Robledo, Representante a la Cámara, denunció que pese a lo establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006) frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan el acceso de las mujeres a este derecho fundamental, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta, en muchas ocasiones, contra la salud y la vida de las mujeres, va en contravía de la normatividad y niega sus derechos sexuales y reproductivos. 

“La objeción de conciencia institucional es un sinsentido conceptual, inconstitucional y una postura irresponsable, y, la objeción de conciencia frente al interrupción voluntaria del embarazo es una postura discutible moralmente y cuestionable en términos políticos, pues desconoce un fallo constitucional y niega tajantemente los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres”, enfatizó la parlamentara

“El Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar con el rosario como guía política y legislativa, y, de esa manera, obstaculizar la aplicación de normas públicas y legales por creencias religiosas individuales”.

“Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, moral y constitucionalmente hablando. En especial, las creencias religiosas de los funcionarios públicos son respetables y legítimas. Sin embargo, si se trata de generar políticas públicas y transformar las normas formales a partir de esas creencias religiosas esa intención sí es criticable. Pretender que los principios de la religión católica guíen la política y las leyes de un Estado es, por decir lo menos, pretender gobernar con una lógica medieval y abandonar la modernidad y el Estado laico que tantos avances ha tenido en la historia de la humanidad. En sentido estricto, es pasar de una racionalidad constitucional a una dictadura del Santo Oficio”, dijo.

La congresista argumentó que la objeción de conciencia como lo indica su nombre sólo se reconoce a personas naturales “con conciencia” y no a instituciones estatales o personas jurídicas que se rigen por normas y reglas. Por lo tanto no es posible tener clínicas, hospitales, centros de salud, ni públicos ni privados, que presenten objeción de conciencia frente a la práctica de un aborto en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

Ángela Robledo dijo que no se trata de una mera discusión filosófica o jurídica: “Este tipo de argumentaciones tiene implicaciones prácticas en la vida, la salud y la autonomía y dignidad de las mujeres. No es sólo un asunto de creencias, es un asunto que tiene repercusiones prácticas de los más altos calibres vitales que pasa por una asimetría de poderes en una cultura patriarcal e incide directamente en la democracia".

"Qué mala costumbre la de Colombia en hacer avances mínimos en derechos y libertades, e intentar dar tres pasos atrás inmediatamente”, aseguró Robledo frente a las iniciativas que están en trámite en el Congreso para penalizar el aborto y retroceder los avances de la Corte Constitucional.

Robledo se distanció enfáticamente de la postura del Senador José Darío Salazar del Partido Conservador, quien propuso que las mujeres violadas dieran sus hijos en adopción: “Las mujeres no somos máquinas de parir hijos. No somos un medio para procrear. Somos personas, con fines propios que los deliberamos autónomamente y los decidimos sin imposiciones externas, ejerciendo nuestros derechos reconocidos en el orden constitucional”.

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Ángela Robledo y John Sudarsky responden al llamado de atención del Veedor del Partido Verde

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Angela Robledo protestó por muerte de niños indígenas, por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF

Ángela Robledo sentó nuevamente su voz de protesta en contra del olvido y la exclusión a que el país tiene sometida a la niñez indígena por cuenta de la inoperancia y negligencia del ICBF.

“La muerte de los niños indígenas en Puerto Gaitán nos conmovió a todos. Resulta intolerable y debería ser impensable que frente a un presupuesto de casi cuatro billones de pesos, el ICBF no haga nada”, enfatizó la parlamentaria.

Robledo dijo que “La desnutrición de los niños indígenas es más del doble (7,5%) que la de los niños en el resto del país”, según la Encuesta Nacional de Nutrición en Colombia (ENSIN 2010) realizada por Profamilia y contratada por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la ENSIN los departamentos que tienen un mayor número de niños desnutridos son La Guajira (11%), Magdalena (6,8%), Chocó (6,3%) y Amazonas (5,8%), regiones que tienen una alta población indígena. Es de anotar que el promedio nacional es de 3,4%.

“Estas poblaciones indígenas, a las que se le debería garantizar todos los derechos, de manera prioritaria y privilegiada, son las más pobres y desnutridas de este país”, afirmó la Representante.

La congresista dijo que la situación de Puerto Gaitán es la expresión de una realidad dramática que viven las niñas y niños que están bajo las condiciones más vulnerables en Colombia: poblaciones indígenas, niñas y niños con SISBEN 1 y 2, niñas y niños desplazados por el conflicto armado.

“Elvira Forero, Directora del ICBF, está convencida que a punta de leche y galletas durante 1.500 días se solucionan los problemas de desnutrición de los niños pobres del país, desconociendo las dinámicas locales y culturales”, dijo Robledo.

“Me gustaría que la Directora del ICBF le explicara al país cómo su programa estrella, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que invirtió 480 mil millones (2010) y que debe priorizar a las poblaciones indígenas y más pobres, obtiene estos indicadores tan críticos”, dijo Robledo.

La parlamentaria dijo que la Comisión Séptima de la Cámara le ha cancelado en cinco oportunidades un debate de control político a la Directora del ICBF, debate que Robledo viene preparando hace casi un año sobre el cumplimiento constitucional de la misión que se le ha encargado al ICBF en el Artículo 44 de la Constitución.

(Clic aquí para descargar la constancia presentada en el Congreso de la República).

Clic aquí para ver video de la intervención de la Representante Angela Robledo.

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ME NIEGO

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"La muerte de niños por desnutrición no se evita con leches y galletas, como lo intenta el ICBF", dijo Angela Robledo

La polémica por la dramática situación de niños indígenas que mueren de desnutrición en Puerto Gaitán (Meta), revelada por SEMANA, llegó al Congreso. "Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF", dijo la representante a la Cámara Ángela María Robledo. ICBF en el Meta responde.

Tras las revelaciones de SEMANA sobre las muertes de niños indígenas en Puerto Gaitán (Meta) por desnutrición, la representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela María Robledo, quien ha investigado el desempeño de los programas para la infancia colombiana, aseguró que la preocupación por la nutrición infantil de las comunidades indígenas del país viene desde el año 2007, cuando SEMANA reveló las escalofriantes cifras sobre el mismo drama en el Chocó.
 
Robledo se preguntó cuál es la verdadera condición de nutrición de los niños en Colombia y qué módulo de investigación existe para analizar el flagelo en profundidad.
 
La parlamentaria recordó que desde el año pasado, cuando se conocieron los resultados de la Encuesta Nacional para la Nutrición, cuestionó la ausencia de una evaluación de la nutrición de los niños indígenas.
 
"En agosto de 2010 les escribimos una carta a la vicemininistra de la Protección, Beatriz Londoño, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recordando el informe de desnutrición infantil en el Chocó y cuestionando por qué no se tenía reporte de la situación de desnutrición de las comunidades indígenas", aseguró Robledo.
 
No obstante, la congresista dijo que el Viceministerio de la Protección Social no respondió y que Elvira Forero, directora del ICBF, le dijo que "lo tendrían en cuenta en un sondeo general, no en un módulo especial, como se había solicitado".
 
Aunque la parlamentaria criticó la poca claridad en la metodología del sondeo general, destacó que los resultados concluían que la desnutrición crónica, aguda y global que padecían los niños indígenas era el doble de la que sufrían los blancos y mestizos.
 
Según Robledo, aunque la Encuesta Nacional para la Nutrición concluyó que la población de niños mejoró "en general" en este aspecto, se reconoció que la "desnutrición de las poblaciones más vulnerables no mostraba ninguna mejoría".
 
"La pregunta es qué está pasando con los niños indígenas en Colombia. No sabemos la problemática real porque en muchos de los casos la información se cruza con los departamentos en los cuales la desnutrición es mayor, como La Guajira, el Chocó y el Amazonas, los cuales tienen además una alta población indígena", explicó la representante.
 
Agregó que aún se desconoce por qué el ICBF terminó con su unidad de investigación, la cual desde el año 2008 había comenzado un estudio sobre desnutrición clasificado por micro regiones. Según Robledo, los altos índices de desnutrición no se pueden resolver con los programas tradicionales del ICBF. "En este tema no hay cifras consistentes y las salidas no puede ser el programa de desayunos. Esto no se mejora con leches y galletas, como lo hace el ICBF". Añadió además que tiene información sobre algunas etnias donde "la leche produce diarrea".
 
De acuerdo con Robledo, los contratos para la nutrición infantil continúan siendo el talón de aquiles. "Los grandes contratos a nivel nacional no permiten que este tipo de problemáticas se manejen de manera local. El ICBF tiene 500 mil millones de pesos, pero no puede seguir el ICBF con el 80 por ciento de la contratación. De esa forma, se debilitan la gestión local y departamental y así se impide el desarrollo de programas especiales. Habría más posibilidad de solución si la contratación se maneja en el orden local", considera.
 
Sobre la categoría de Puerto Gaitán como el municipio que más recibe regalías por la extracción de petróleo, Robledo señaló que se trata de una "gran paradoja" e insiste que además de la gestión del ICBF, se debe preguntar por el favorecimiento de los mencionados contratos "a unas pocas organizaciones y cooperativas empresariales de alimentos".
 
ICBF responde
 
Ante la denuncia de SEMANA, la directora de la seccional del Meta del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Marta Solano, aseguró que la institución tiene información distinta a la publicada por SEMANA."Tengo entendido que muere otro número de niños, pero por otras patologías como discapacidad, neumonía y diarrea", afirmó.
 
Ante su respuesta, la congresista Robledo dijo que sea o no la desnutrición una causa de fallecimiento de los niños, el Estado debe responder por qué los menores pierden la vida en los resguardos."El Código de Infancia promulga que el Estado debe ser garante de los derechos de la niñez", insistió.
 
A propósito de esta afirmación, la representante Robledo recordó que hace unos tres años se presentó un debate entre Paul Martin, representante de Unicef, y la directora del ICBF, Elvira Forero, sobre lo que pasaba en Colombia en relación con los certificados de defunción que no especificaban cuando se trataba de desnutrición. “Esto le costó a Paul la salida de Colombia”, dijo.
 
Según Solano, el Centro de Recuperación Nutricional, que es cercano al hospital de Puerto Gaitán, recibió en el primer semestre de 2011, 25 niños por desnutrición aguda (peso para la edad) y global (peso sobre la talla y la estatura).
 
Berta Forero, subdirectora de Nutrición del ICBF, aseguró que está en ejecución una estrategia de choque basada en la atención intrahospitalaria y la especializada. No obstante, para Forero, la desnutrición puede ser también una consecuencia cultural. "La cultura está cerrada. No quieren sacar a los niños, sólo los llevan cuando los ven totalmente mal. Además se presentan dificultades para movilizarse", precisó Forero.
 
La funcionaria resaltó que por el difícil acceso a los resguardos se presenta sólo un "subregistro de la población que muere por desnutrición". También explicó que la inanición no se da únicamente por carencia de alimentos. "La comunidad está aislada, no tiene agua, deben pasar caminando de dos a tres días para la atención, además culturalmente, prefieren la medicina ancestral", insistió.
 
Ante las razones culturales, la parlamentaria Robledo refutó que aunque el Código de Infancia "debe respetar la cultura de los niños indígenas, por encima debe respetar su derecho a recibir atención de salud. Hay que llegar hasta los resguardos y evitar que estos niños mueran". Robledo argumentó que ningún indígena "va a querer que sus hijos se mueran".
 
Por su parte, Solano agrega que el ICBF tiene unidades móviles que viajan tres veces al año a las comunidades indígenas: "para no retirarlos de sus comunidades, los llevamos (a los niños) a hogares sustitutos de indígenas ubicados en la parte urbana".
 
Finalmente, Robledo sugirió que la seccional del ICBF en el Meta debe trabajar en conjunto con las secretarías del departamento. Ante su propuesta, el ICBF aclaró que tiene un convenio con la Alcaldía de Puerto Gaitán, financiado con el 1 por ciento de las regalías, avaluado en 942 millones de pesos. "Esa alianza cubre a la población indígena y a los hogares comunitarios", explicó la directora de la seccional.
 
Finalmente, Solano anunció que el ICBF, en el orden zonal, regional y nacional, realiza "una avanzada para verificar la situación de desnutrición y mortalidad infantil y así informar qué es lo que realmente está pasando".

Por: SEMANA.COM

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Alma Máter: ¿La bolsa de empleo de la Directora del ICBF?, pregunta Ángela Robledo

La Representante a la Cámara Ángela Robledo alertó nuevamente a los organismos de control para que revisen con especial cuidado la enorme contratación de profesionales por parte del ICBF a través de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional – Alma Máter, y hagan los correctivos del caso en unos procesos que a todas luces resultan irregulares.

 “La directora del ICBF contrató 7.470 profesionales de diversas especialidades con Alma Máter, concentrando en la Sede Nacional, es decir, en Bogotá (55%) 4.108 de estos contratistas”, dijo la parlamentaria.

Robledo aseguró que si bien es muy importante generar empleo esa no es la misión ni el propósito del ICBF, institución que cuenta en su planta de personal con 5.100 funcionarios de todas las especialidades.

A pesar de que la directora del ICBF aseguró que la contratación de profesionales está dirigida a fortalecer los equipos interdisciplinarios de las defensorías de familia en las áreas de nutrición, trabajo social y psicología, Robledo constató que “el perfil de los profesionales contratados está centrado en ingenieros, abogados y administradores de empresas, en unos contratos muy cortos que no generan procesos y contribuyen a una mayor precarización del empleo en el país”. 

“El ICBF, por ejemplo, suscribió con Alma Máter el Convenio 024 del 1 de julio de 2010 por cerca de 9 mil millones de pesos ($8.917.091.223), el 30 de septiembre del mismo año, realizó una adición por 215 millones; a través de este convenio se suscribieron 617 contratos cuyo tiempo de servicio va en promedio de 30 a 90 días.¿Será que unos equipos se pueden fortalecer de está manera?”, se pregunta la congresista.

Sobre la contratación de ICBF con Alma Máter la Procuraduría encontró que entre 2007 y 2011 se realizaron convenios con el mismo objeto de manera sucesiva en un lapso entre 90 y 150 días por un valor cercano a 198 mil millones de pesos y que nadie más fue convocado para esta contratación, lo cual promueve la elusión sistemática de la contratación pública. La Procuraduría dijo que podría tratarse de una nómina paralela en tanto que la Contraloría conceptuó que los giros por más de 1.555 millones de pesos a favor de Alma Máter son irregulares.

Pese a que Elvira Forero ha dicho que está dispuesta a “aclarar, aclarar y aclarar”, el debate de control político solicitado por Ángela Robledo se ha postergado en cuatro oportunidades en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: “Acaban de pasarlo del 28 de septiembre al 5 de octubre. Solicité este debate desde el 26 de julio como consta en la proposición radicada en la Comisión y cada vez que está agendado lo cambian”, aseguró la parlamentaria.

Robledo, que adelantó un debate en julio del año pasado a la directora del ICBF sobre su negligenca en la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y que lleva un año haciendo seguimiento al desarrollo de programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes, aseguró que los informes de los entes de control recogen las múltiples inquietudes que ella ha venido denunciando: “Coincido con la Procuraduría y la Contraloría en que Elvira Forero tiene la obligación de explicarle al país las múltiples irregularidades en que ha estado involucrado el Instituto por cuenta de una gestión que ha sido a todas luces DESFAVORABLE a la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables y muy rentable para determinados grupos de contratistas”.

Robledo puntualizó que ya es hora de que “El presidente Santos ponga la urna de cristal en el ICBF y se oriente su misión a la protección de los derechos humanos de las familias más pobres”.

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Información Prensa: Margarita Sarmiento 3202343806

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Angela Robledo e Iván Cepeda piden cero tolerancia contra violencia sexual

Representantes piden al Estado adoptar medidas eficaces para enfrentar esta situación.

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Elecciones sentarán precedente en participación política de mujeres, advierte Angela Robledo

Elecciones de octubre sentarán precedente en participación política de mujeres. Así lo aseguró la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien consideró que el aumento de las posibilidades de participación de las mujeres en la política es el primer paso para un cambio cultural, que requiere formación política y de mirar críticamente “esta sociedad patriarcal”.

"El reto arranca por una revolución nuestra, en términos de que las mujeres que lleguemos a corporaciones y a esta tarea política representemos los intereses de miles de millones de mujeres que hacen parte de un país que no reconoce nuestro trabajo ni en el espacio privado, ni en el espacio público", explicó.

La representante Robledo aseguró que “el balance que se hacía el año pasado era preocupante, previo a la aprobación de la reforma política, que introdujo con muchas dificultades y debates las acciones afirmativas en las listas para los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con la democratización de los partidos y la perspectiva de género. Al año 2010, sólo el 14% de las mujeres eran concejales, 17% diputadas, 9% alcaldesas y en promedio en las dos Cámaras del Congreso un 14%”, indicó.

Estas declaraciones surgen pocas horas después de que Hilary Clinton, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, y otras líderes mundiales firmaran una declaración en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el que instaron a los países que emergen de conflictos o se encuentran en transición, a eliminar todas las barreras discriminatorias que afrontan las mujeres en la vida política.

Según la ONU, las mujeres constituyen menos del 10% de los líderes mundiales, y sólo uno de cada cinco legisladores es mujer.

Por: RCN La Radio

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No más ‘Bolillo’ para las mujeres

Un gran debate se planteó al país luego de que se conociera la noticia de que Hernán Darío Gómez (El Bolillo) había golpeado a una mujer, al salir de una noche de rumba. En el marco del Mundial, las directivas de fútbol y el público pidieron la cabeza del técnico y la conclusión fue tarjeta roja, ratificada por el presidente Santos, que lo dejó fuera de lugar y el debate se canceló.

Propuse en ese momento una acción colectiva y pedagógica que nos permitiera como sociedad trabajar esta problemática no solo desde la sanción punitiva, sino desde la transformación de nuestros imaginarios y prácticas culturales. Darle la oportunidad a Hernán Darío de involucrarse en una campaña en contra de la violencia, implicaba reflexionar en voz alta sobre lo que pasa de manera cotidiana en muchas familias, aquello que preferimos esconder debajo de la alfombra: la casa como el gran escenario donde se violan permanentemente los derechos humanos de mujeres, niñas y niños.

Hernán Darío salió y las cifras de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar continúan aumentando todos los días, sin que exista una política pública nacional dirigida a modificar los roles tradicionales y las viejas estructuras de poder presentes en nuestras relaciones familiares.

El gobierno ha sido incapaz de reglamentar la Ley 1257 para erradicar la violencia contra las mujeres y el perfil de la Alta Consejería no da cabida a programas dirigidos a acabar este flagelo.

Nadie puede desconocer que gracias a las investigaciones, trabajo y dedicación de organizaciones sociales de mujeres y de feministas, cada vez la violencia contra las mujeres ha adquirido un carácter público que toca a la sociedad en su conjunto y que exige programas y estrategias, pero también hay que reconocer que esta violencia implica relaciones de dominio y explotación que pasan por prácticas culturales que las justifican y que aún continúan intactas. Es muy grave que la "naturalización de la violencia" lleve incluso a las mismas mujeres a esgrimir el argumento que "...somos necias y cansonas y nos merecemos que nos casquen", como lo dijo recientemente una Senadora.

Cifras de Medicina Legal dan cuenta de que cada hora, seis mujeres están siendo golpeadas en el país. En el Informe Forensis del 2009 se reportan 73.450 casos de violencia intrafamiliar; 6.120 mujeres fueron golpeadas cada mes; 54.192 mujeres recibieron maltrato de su pareja. Dos mujeres son violadas cada hora y una mujer es asesinada cada tres días. Todo esto en la casa. Sin contar las cifras de la violencia política y social que padecen las mujeres a diario en nuestro país.

¿Por qué no existe una política pública frente a esta violación permanente de derechos humanos? Sabemos que se puede. Si hay voluntad política es posible enfrentarla. En Bogotá desde la Dirección de Bienestar Social del Distrito, trabajamos el programa Desarmarnos con Amor, el cual contribuyó a posicionar en la agenda pública la violencia intrafamiliar y sexual como intolerables sociales y culturales, al desarrollar una tarea conjunta entre Estado, sociedad y familia.

Desarmarnos con amor fomentó la conversación entre hombres y mujeres, con el propósito de darles visibilidad a las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, aumentar la autoregulación y la regulación ciudadana frente a las mismas y fortalecer la calidad de la atención en las distintas instituciones responsables, a través de la formación de funcionarias y funcionarios públicos, para propiciar así un efectivo acceso a la justicia y al restablecimiento de derechos.

Insisto, si la pasión que nos anima frente al fútbol la ponemos para erradicar la violencia, podremos avanzar en la tarea de Desarmarnos con amor. Hernán Darío fue el chivo expiatorio que cargó no solo con su propia culpa por cometer un delito, también animó un debate urgente y necesario que sigue pendiente. Nuestra sociedad machista y patriarcal privilegia el golpe sobre la palabra, la fuerza sobre la sensibilidad, y la violencia sobre el reconocimiento y respeto a la diferencia.

Seguimos esperando la respuesta de la Dimayor frente a nuestra propuesta para hacer juntos una tarea pendiente: ¡jugarle limpio a las mujeres en Colombia!

Columna de opinión para el periódico La Patria

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Ángela Robledo dice que “pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar, ojalá con empresarios amigos”

La Representante a la Cámara Ángela Robledo alertó a los organismos de control para que revisen las irregularidades que se vienen presentando en la contratación de alimentos dirigidos a niños, niñas, jóvenes y viejos por parte del ICBF y que involucra a políticos del Partido del Presidente Santos, en particular a Efraín Torrado García, Senador de la República y Edgar Torrado García, Concejal del Partido de la U en Bogotá.

Robledo, que prepara un debate de control político a la Directora del ICBF, Elvira Forero, afirmó que “El ICBF ha duplicado su presupuesto en los últimos años: ha pasado de manejar 1,7 billones a 3,1 billones en los últimos años. Es la segunda entidad del Estado, después del Ministerio de Defensa, que más recursos tiene para ejecución. Parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.

La parlamentaria aseguró que es urgente revisar en qué va la investigación sobre la contración del ICBF a nivel nacional con la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooprosperar, vinculada a los hermanos Torrado García y que adelanta la Fiscalía General de la Nación desde enero de este año.

Cooprosperar y otras empresas relacionadas con los dirigentes del Partido de la U habrían firmado contratos con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) por cerca de 162 mil millones de pesos, para suministrar refrigerios escolares y alimentos a comedores comunitarios en Bogotá, durante el gobierno de Samuel Moreno. Pese a la mala calificación que dichas empresas recibieron por parte de la Contraloría de Bogotá (2009), las operaciones con esas firmas corresponden al 28% del total de la contratación de la SDIS entre 2008 y 2010 en la capital.

Las empresas vinculadas a los hermanos Torrado fueron grandes contratistas del gobierno nacional durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe. En los últimos cuatro años la contratación de Cooprosperar con el ICBF ascendió a $55.577 millones de pesos. 

Consulte la tabla que resume los contratos de Cooprosperar junto con otras entidades con el ICBF.

Efraín Torrado, dos veces Senador de la República, fue homenajeado en octubre de 2009 en Bogotá, en un evento que convocó a unas tres mil personas y buena parte de la dirigencia nacional. Durante el homenaje el ex presidente Uribe le extendió un sentido discurso de aprecio y admiración: “(…) No es fácil encontrar en la vida privada alguien cuyo propósito empresarial tenga como único objetivo creer en la ciudadanía y servirle ¡Qué bonito! Un gran ejemplo para el ejercicio de la actividad privada en Colombia. (…) Gracias, senador Efraín Torrado, por entender que 46 millones de colombianos necesitamos dos direcciones económicas: una dirección para acceder a mercados y otra dirección para fomentar la inversión empresarial. Usted sí que lo entiende (…)”. 

Ángela Robledo ha recogido múltiples quejas de la ciudadanía en Bogotá, Boyacá y los Santanderes que dan cuenta de la mala calidad, cantidad y oportunidad de los alimentos y de las deficiencias e irregularidades de Cooprosperar en la prestación de los servicios que el ICBF le contrata. Sin embargo, no pasa nada.  

A pesar de que en la hoja de vida de Edgar Torrado figura su participación como “Fundador, gestor y miembro de la junta directiva de Cooprosperar”, los Torrado aseguran que los informes respecto a su participación no son ciertos. Efraín Torrado dijo que lleva muchos años retirado de los negocios de su familia y que quienes son dueños de las empresas son sus sobrinos René Torrado y Andrés Jiménez Torrado.  

Entre tanto, Ángela Robledo sigue planteándose preguntas: “¿Dónde están las acciones del ICBF para lograr los correctivos pertinentes? ¿Ante dichos incumplimientos en la ejecución contractual de la Cooperativa Cooprosperar, que ponen en peligro la vida de niños, jóvenes y viejos, por qué no se actúa de manera diligente y responsable exigiendo el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales? ¿Dónde está la directora del ICBF? Habrá que esperar a que el Congreso le ponga fecha a este debate, cuya agenda ha sido modificada en dos ocasiones”, puntualizó la Representante a la Cámara.

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Ángela Robledo propone iguales derechos para trabajador@s

La Representante a la Cámara rendirá ponencia positiva a un proyecto de ley que busca extender los beneficios otorgados a los empleados del sector privado (Ley 1280 del 2009) a servidores estatales. 

La medida busca establecer el derecho a gozar de una licencia remunerada durante cinco días, cuando se presente la pérdida de un familiar (por luto). 

Robledo basó su ponencia en la jurisprudencia vigente (Sentencias C-803 de 2009 y C-013 de 2010) que señalan la necesidad de igualar los derechos tanto para trabajadores privados como para los del Estado.

El texto del Proyecto de Ley 223 de 2011 Cámara quedaría así: "Conceder a los servidores públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral".

El proyecto ya cursó trámite en Senado (Proyecto de Ley No. 075 de 2010) y está en su tercer debate. De aprobarse mañana en la Comisión Séptima de Cámara pasará a plenaria de Cámara para su aprobación final.

Ángela Robledo pide a Santos pasar "del escritorio al territorio"

La Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo un llamado al gobierno del Presidente Santos para que asuma de manera categórica el compromiso que adquirió el 7 de agosto de 2010 en la Sierra Nevada de Santa Marta para "defender la vida y el medio ambiente que la sustenta", en particular con lo relacionado a las acciones de mitigación y prevención de los desastres presentados en la ola invernal que ya pasó y la que se avecina y que impacta sobre todo a las poblaciones en mayor situación de pobreza en el país.

“Quiero decirle al presidente Santos, que por estos días está haciendo balances que se va rajando en materia ambiental puesto que a pesar de que Colombia es un país privilegiado en la tenencia de recursos medioambientales -el país registra la segunda mayor biodiversidad en el mundo-, los distintos gobiernos han sido incapaces de poner recursos como el agua, la tierra, el oxigeno y la naturaleza, al servicio de la vida”, afirmó la parlamentaria.

Robledo planteó que es urgente revisar las alertas que viene haciendo el IDEAM en el sentido de que "agosto no será suficiente para recuperar el territorio y tenerlo listo para lo que se nos viene desde septiembre. El país sigue altamente sensible y nos pueden pasar cosas graves otra vez. Es urgente pasar del escritorio al territorio".

Robledo insistió que es prioritario escuchar voces como la Guillermo Escobar, Director del Fondo Distrital de Bogotá para la Atención de Emergencias quien viene advirtiendo que el Gobierno Nacional no ha girado los 80 mil millones de pesos con los que se harían las obras de mitigación necesarias para superar los efectos de la tragedia invernal, específicamente en los cerros orientales desde Usaquén hasta Ciudad Bolívar.

La parlamentaria verde retomó las declaraciones hechas por el Director del IDEAM, Ricardo Lozano quien afirmó: “Se está avisando, acá no hay sorpresas, como tampoco hubo en la pasada ola invernal. Si sucede otra tragedia es una responsabilidad humana por no prever este tipo de circunstancias, es una responsabilidad del Estado y punto”.

“Hace falta centrar el modelo de desarrollo en la preservación de la vida y el planeta, puesto que recursos tan vitales como el agua (tenemos tres veces más agua que el promedio de América Latina y seis veces más que el promedio mundial) se han vuelto nuestros enemigos a cuenta de la falta de planeación, de la dilapidación de recursos ambientales no renovables, de la agroindustria y la explotación minera, de la producción de biocombustibles, de la corrupción, la pobreza y la inequidad”, dijo Robledo.

“Es urgente emprender una acción colectiva entre Gobierno y ciudadanía puesto que los ciudadanos y ciudadanas somos co-responsables frente a los asuntos públicos. El buen vivir significa comprender que el deterioro de uno es el deterioro de todos. La sociedad tiene que entender que la revolución que viene, la revolución del Siglo XXI, es ambiental, es verde”, enfatizó Robledo.

Las declaraciones fueron hechas en la Comisión Séptima de Cámara en el marco de una invitación que Robledo cursó a la Procuradora Delegada, Ilva Myriam Hoyos, para que presentara las precarias condiciones que viven las poblaciones víctimas de la pasada emergencia invernal, que en la mayoría de casos son las poblaciones más pobres, en particular niños, niñas, jóvenes y mujeres.

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Hablar de Paz en tiempos de guerra

"No hay caminos para la paz; la paz es el camino"
Mahatma Gandhi

El epígrafe sintetiza el espíritu de esta columna: ¡La paz es el camino! Hay que hablar de paz, y más aún en tiempos de guerra; hay que asumir la paz profundamente, como un acto de co-responsabilidad, de construcción colectiva, de resistencia a la guerra, de exigencia a un Estado que por décadas no ha hecho apuestas radicales para frenar la industria rentable de la guerra y construir un modelo económico y  social sostenible para la paz.

Esta columna surgió a partir del conmovedor  Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia: “El Diálogo es la Ruta” realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto de 2011.Encuentro   diverso, plural, democrático y constructivo, en el cual  escuchamos las diversas voces de integrantes de cientos de organizaciones y movimientos sociales quienes exigen vivir en un país en Paz. He repetido en diversos medios que dicho encuentro sí fue infiltrado, totalmente infiltrado, pero  por los gestores y gestoras de paz, campesinos, afrocolombianos, indígenas, artistas, niñas, niños, jóvenes y algunos representantes a del Congreso de la República. Allí  encontramos un clamor masivo dirigido al presidente Juan Manuel Santos para que encuentre esa llave de la paz  que nos  prometió en su discurso de posesión, de tal manera que entre todas y todos, abramos esta  puerta.

Algunas de las principales conclusiones del encuentro fueron en palabras de los organizadores, las siguientes:

• Rechazar las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país, para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de la tierra y los  recursos naturales; favorece a las empresas transnacionales y a  grandes grupos económicos; acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio; estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, y deteriora radicalmente los procesos sociales, al  comprometer las condiciones de  nuestra soberanía y seguridad.
• Ratificar el derecho constitucional que tenemos colombianas y colombianos  de vivir en paz. Propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia, de manera que la resolución de los conflictos de nuestra sociedad, pueda transitar por la vía del diálogo, la justicia social y la paz.
• Invitar a caminar en la dirección que demanda generar un clima favorable para la paz. Es urgente trabajar juntos para consolidar una cultura de la paz. Las partes comprometidas en la confrontación, deben contemplar como un gesto mutuo frente a la sociedad colombiana, un cese de hostilidades que abra el espacio para el diálogo.
• La solución política al conflicto armado, no puede ser un asunto  de competencia exclusiva de las partes comprometidas  de manera directa en la contienda militar.”Todas las voces todas, todas las manos todas” requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar en nuestra ruta.

Dos premisas fundamentales, en mi concepto animaron el Encuentro: La paz no se decreta, la paz se construye y  en segundo lugar, la paz en Colombia exige resolver los conflictos de la tenencia de la tierra y lograr la justicia social. Guerrillas, paramilitares, actores ilegales del Estado y narcotraficantes hacen parte de la violencia y la  ilegalidad en nuestro país. El narcotráfico es quizás el más dañino de estos fenómenos, dada su capacidad potenciadora de violencias. Por eso es necesario un enorme y vehemente rechazo a toda forma de violencia y de  ilegalidad. Las ciudadanas y ciudadanos de Colombia necesitamos un compromiso político para generar una revolución serena. Las mujeres somos determinantes en este proyecto. Hemos dado muestras reiteradas de una enorme capacidad de resistencia, de organización y de solidaridad. Muchas mujeres han sabido sobreponerse al dolor que ha traído tanto daño infligido sobre sus cuerpos y almas. Convertir ese dolor en indignación y en un  potente  motor  cultural y politíco para la paz.

Es tiempo de sentir  indignación  frente a los miles de muertos a lo largo y ancho de nuestra adolorida Colombia. Son nuestros muertos. Es tiempo de adoptar  como camino la paz . 

Columna para el periódico La Patria

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"Las mujeres no somos máquinas de parir hijos", dice Ángela Robledo

Ángela Robledo, Representante a la Cámara, denunció que pese a lo establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-355 de 2006) frente a la interrupción voluntaria del embarazo, algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud no garantizan el acceso de las mujeres a este derecho fundamental, argumentando objeción de conciencia institucional, lo cual atenta, en muchas ocasiones, contra la salud y la vida de las mujeres, va en contravía de la normatividad y niega sus derechos sexuales y reproductivos. 

“La objeción de conciencia institucional es un sinsentido conceptual, inconstitucional y una postura irresponsable, y, la objeción de conciencia frente al interrupción voluntaria del embarazo es una postura discutible moralmente y cuestionable en términos políticos, pues desconoce un fallo constitucional y niega tajantemente los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres”, enfatizó la parlamentara

“El Procurador General de la Nación y algunos miembros del Partido Conservador, entre otros, no pueden pretender legislar con el rosario como guía política y legislativa, y, de esa manera, obstaculizar la aplicación de normas públicas y legales por creencias religiosas individuales”.

“Las creencias de cada persona son absolutamente respetables, moral y constitucionalmente hablando. En especial, las creencias religiosas de los funcionarios públicos son respetables y legítimas. Sin embargo, si se trata de generar políticas públicas y transformar las normas formales a partir de esas creencias religiosas esa intención sí es criticable. Pretender que los principios de la religión católica guíen la política y las leyes de un Estado es, por decir lo menos, pretender gobernar con una lógica medieval y abandonar la modernidad y el Estado laico que tantos avances ha tenido en la historia de la humanidad. En sentido estricto, es pasar de una racionalidad constitucional a una dictadura del Santo Oficio”, dijo.

La congresista argumentó que la objeción de conciencia como lo indica su nombre sólo se reconoce a personas naturales “con conciencia” y no a instituciones estatales o personas jurídicas que se rigen por normas y reglas. Por lo tanto no es posible tener clínicas, hospitales, centros de salud, ni públicos ni privados, que presenten objeción de conciencia frente a la práctica de un aborto en las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

Ángela Robledo dijo que no se trata de una mera discusión filosófica o jurídica: “Este tipo de argumentaciones tiene implicaciones prácticas en la vida, la salud y la autonomía y dignidad de las mujeres. No es sólo un asunto de creencias, es un asunto que tiene repercusiones prácticas de los más altos calibres vitales que pasa por una asimetría de poderes en una cultura patriarcal e incide directamente en la democracia".

"Qué mala costumbre la de Colombia en hacer avances mínimos en derechos y libertades, e intentar dar tres pasos atrás inmediatamente”, aseguró Robledo frente a las iniciativas que están en trámite en el Congreso para penalizar el aborto y retroceder los avances de la Corte Constitucional.

Robledo se distanció enfáticamente de la postura del Senador José Darío Salazar del Partido Conservador, quien propuso que las mujeres violadas dieran sus hijos en adopción: “Las mujeres no somos máquinas de parir hijos. No somos un medio para procrear. Somos personas, con fines propios que los deliberamos autónomamente y los decidimos sin imposiciones externas, ejerciendo nuestros derechos reconocidos en el orden constitucional”.

Las declaraciones de la parlamentaria verde se dieron en el marco del Foro el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la objeción de conciencia: Alcances, límites y tensiones, convocado por el Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) de la Universidad de los Andes, Profamilia y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 

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Votaré en contra del proyecto de Referendo de Cadena Perpetua, dice Angela Robledo

La Cámara de Representantes, Corporación a la que pertenezco, se apresta a estudiar una iniciativa que por las finalidades que persigue reviste la mayor importancia: El referendo que busca modificar la Constitución Política para introducir en nuestro sistema penal la pena de prisión perpetua para quienes cometan delitos de violación sexual y otras gravísimas conductas, y de las cuales sean víctimas los niños y las niñas. En efecto, ninguna persona que tenga una mínima comprensión sobre la humanidad y sus valores, podría oponerse a que se busquen medidas que protejan la integridad, la libertad y el sano desarrollo de quienes merecen una especial protección por parte de sus familias, del Estado y de la sociedad toda.

Dicho lo anterior, resulta necesario ir más a fondo para establecer la conveniencia o no de la iniciativa de la cual es vocera la Senadora Gilma Jiménez. Y es que, estando plenamente de acuerdo con los fines - la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, tarea a la que he dedicado buena parte de mi vida a través las labores adelantadas desde la Fundación Restrepo Barco hasta la primera formulación de una política pública sobre infancia y adolescencia adelantada desde la Dirección del Departamento Administrativo de Bienestar Social durante la segunda administración del Ex Alcalde Mockus - me declaro enteramente contraria a los medios que propone la iniciativa en comento. Y en consecuencia votaré en contra de dicha iniciativa.

Las razones que fundamentan mi decisión son de distinto orden. En primer lugar, por cuanto comparto plenamente las consideraciones expuestas por la Comisión Asesora del Gobierno en materia de Política Criminal, Comisión integrada por un excelso grupo de juristas especializados en los campos del Derecho Constitucional, Penal y de Política Criminal. Las razones expuestas por la Comisión miran tanto a la forma, el referendo de iniciativa popular, como al fondo de la reforma propuesta. En cuanto a lo primero, resulta que la pregunta contenida en la iniciativa, y cuya formulación bajo la forma de un referendo fue apoyada por un importante número de firmas de ciudadanos y ciudadanas, no contempla una graduación punitiva que guarde relación con la conducta del agresor.

Si el Congreso votare la convocatoria de un referendo en los términos en que el mismo fue redactado, y si este obtuviera en las urnas el respaldo de las mayorías que establece nuestro ordenamiento político, toda persona que mate, viole, lesione o explote sexualmente a un menor, sin otra consideración, tendría que ser sometida a pena de prisión perpetua. Pues resulta que en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que consagra nuestra Constitución Política, un régimen de responsabilidad objetiva, esto es, que no toma en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta del ofensor, no puede tener cabida.

La proscripción de toda forma de responsabilidad penal objetiva constituye uno de los grandes logros del ideario liberal, y hace parte del acervo de las sociedades democráticas junto a otros principios tan importantes como la presunción de inocencia, la legalidad de las penas o el juez natural. El proyecto se tornaría así contrario a nuestra Carta Política, y se caería a su paso por la Corte Constitucional.

Si por el contrario el Congreso, al considerar la iniciativa decide introducir correctivos para hacerla conforme a nuestros principios demo-liberales, estableciendo como se aprobó en el Senado que "se podrá castigar, hasta con cadena perpetua...", entonces el proyecto devendrá inconstitucional ya que está prohibido cambiar sustancialmente sus palabras y su sentido. Ya la Corte Constitucional tuvo oportunidad de refrendar este principio al declarar la inexequibilidad del referendo reeleccionista.

Las razones de fondo son aún más poderosas. Como lo ha informado la prensa, la Comisión cita estudios de Human Rights Watch, que indican la baja tasa de reincidencia de los abusadores de menores. Así que, como lo ha señalado el Partido Conservador - Oh paradojas de la vida- y la propia Iglesia Católica, si los que cometen este tipo de crímenes pueden tratarse social y sicológicamente, ¿para qué condenarlos de por vida a la destructiva experiencia de la cárcel? Y si se trata de un enfermo mental, ¿no deberían tener derecho a tratamiento siquiátrico? La Comisión señala con toda razón que la prisión perpetua no permite la resocialización del delincuente, aspecto fundamental dentro de nuestro ordenamiento constitucional.

En esta materia, más que apelar a las emociones o incurrir en un peligroso populismo punitivo, se requiere eficacia en la aplicación de la Ley. No son las sanciones desproporcionadas e inconstitucionales, sino el temor a un pronto y efectivo castigo, aunado a políticas de educación y resocialización las que nos permitirán ir liberando a nuestra sociedad de tan grave lacra.

Y que el Congreso no se equivoque dando trámite sin discusión a la iniciativa por su carácter "popular". Convertirse simplemente en estampador de sellos implicaría incumplir sus obligaciones y debilitar la democracia.

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La Paz NO se decreta, se construye, dice Representante Angela Robledo

LA PAZ NO SE DECRETA, SE CONSTRUYE

Conmueve y da fuerza este escenario: mujeres diversas, de todas las edades, de muchas regiones del país y del mundo cargadas de vitalidad, comprometidas con la paz y la solidaridad. Bien-venidas a este escenario donde todos los días las mujeres tenemos que dar la pelea en minoría sobre temas que transforman una sociedad y que no obedecen a los intereses del patriarcado. Ustedes son expresión de que construir democracia es posible, democracia diversa, incluyente, vital, deliberante, una democracia fundada en una revolución no guerrera de las mujeres que busca cuidar la vida. La utopía es que nuestras democracias siguieran estas prácticas. 

No soportamos más una demagogia sobre la guerra, necesitamos una pedagogía de la paz, con  condiciones que faciliten procesos de paz para el país, no que la entraben, la tranquen y favorezcan a unos pocos. Porque la paz no es únicamente la ausencia de conflicto, necesitamos políticas públicas capaces de disminuir las brechas de inequidad y exclusión que han vivido históricamente las mujeres.

Mujeres, durante los últimos ocho años se intensificó una “ética” guerrerista del todo vale, donde no importaban los medios para llegar a ciertos fines. Necesitamos una “ética” del cuidado. Un proyecto donde no primen los guerreros, sino ciudadanas dialogando y explicitando sus intereses. Mujeres, gritemos a todo pulmón, ¡NO MÁS! No queremos seguir pagando una guerra que no es nuestra.

Para lograr la paz es necesario promover el rechazo social y la censura moral al uso de la violencia, en particular en las prácticas políticas. La paz se construye, no se decreta para lo cual resulta necesario fortalecer la justicia, atender y dar mayor participación a los problemas regionales, fomentar la participación ciudadana y promover una profunda transformación cultural hacia la legalidad y la inclusión.

 Para lograr la paz las mujeres somos determinantes. No es una exageración, nosotras no hemos conocido la paz, este es un país en guerra donde las apuestas de paz más importantes las hemos dado las mujeres, desde nuestras condiciones de sobrevivientes, de agentes sociales que transformamos el dolor y la indignación en un motor de transformación social y de compromiso político. Invito a acompañar a las mujeres comprometidas en proceso de paz, acompañar a los movimientos de resistencia a la guerra. Sabemos de resistencia y necesitamos compromiso político para generar esa revolución serena que lleve a la paz y que la única guerra posible sea frente a la exclusión. Mujeres presionando por la paz.

Es tiempo de sentir  indignación  frente a los miles de muertos a lo largo y ancho de esta adolorida Colombia. Son nuestros muertos, son también colombianos y colombianas. 

Un abrazo enorme para todas!

*Texto de la intervención de la Representante Angela Robledo durante el evento "Mujeres del mundo, embarcándonos por la Paz", realizado en agosto de 2011. 

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Argumentos que presenta la senadora Liliana Rendón, son típicos de una cultura machista: Representante Angela Robledo

La parlamentaria Ángela Robledo no está de acuerdo con la senadora Liliana Rendón. "Que le explique a 75 mil mujeres agredidas al año en Colombia por qué les pegan", pidió.

“Tener un cuerpo de mujer no significa necesariamente representar los intereses de la mujeres”, dijo la representante a la Cámara por el partido Verde, Ángela María Robledo en total desacuerdo con las opiniones de la senadora Liliana Rendón en el sentido que "las mujeres fregamos mucho.. provocamos reacciones", cuando se le preguntó por la agresión del técnico Hernán Darío Gómez a una mujer.

Con esta frase tan explicativa como contundente, en diálogo con El Heraldo, la parlamentaria Ángela María Robledo criticó a la senadora Liliana Rendón quien hoy es cuestionada por sus declaraciones en CM& en las que expresa que “las mujeres... nos queremos hacer las víctimas…somos manipuladoras”.

Robledo, una de las defensoras de los derechos de las mujeres, dijo que lo que hace la senadora Liliana Rendón “es simplemente repetir los argumentos que por años y décadas han dicho los hombres, las mujeres se merecen lo que tienen, merecen ser golpeadas, deben someterse, quién sabe en qué andarán cuando son violadas, quien sabe cómo estaban vestidas, qué estaban haciendo cuando se merecen un golpe”.

Añadió: “quisiera preguntarle a la senadora Rendón qué le diría a las cerca de 75 mil mujeres que al año son agredidas en Colombia, a las 6.120 mujeres que en un mes son agredidas o las 200 que son agredidas diariamente, me podría decir ella si provocaron a sus compañero, no aquí hay un tema de una cultura patriarcal, que a las mujeres ha buscado someter y explotar”.

Robledo sostuvo que “la posición de ella dista absolutamente que como mujeres de la bancada hemos denunciado y adelantado no solo en el tema del ‘Bolillo’ sino por la ausencia de política pública para erradicar todas las formas de violencia en Colombia”.

Se declaró decepcionada

“A veces uno se afianza en su saber para volverlo un argumento de poder”, dijo la ex decana de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana hoy congresista.

“Yo escuché la declaración completa de Liliana R
endón, soy psicóloga, y le quiero decir que no hay nada en la condición de las mujeres desde las cuales se pueda hablar que hay una celotipia natural en las mujeres y también hay una atribución a un argumento que la psicología clínica ha desvirtuado de manera categórica, no es verdad que haya una celotipia natural en las mujeres, la calidad de las interacciones entre hombres y mujeres son una construcción culturales con valoraciones, en determinados momentos”, indicó.

“La congresista, hablando de su condición de psicóloga, quienes hemos psicólogas y hemos formado psicólogos por años, nos hace sentir decepcionados con esa formulación que la psicología clínica ha desvirtuado, desde mucho de los enfoques, de corte dinámico, cognoscitivo y comportamental”, explicó a El Heraldo.

Campañas son importantes

La congresista Ángela María Robledo, en su condición de feminista, pero hincha del fútbol, le envió una carta abierta en la que le dice “Los actos tienen consecuencias. El remordimiento y la vergüenza que ha expresado son algunas de ellas, casi siempre presentes en la justificación de la violencia masculina contra las mujeres. También lo será la eventual responsabilidad penal que puedan establecer las autoridades competentes. Desde mi posición, quiero invitarlo a hacer de esta difícil experiencia personal una oportunidad para el aprendizaje y el cambio cultural”.

Dijo que ha estado hablando con organizaciones de mujeres para que los equipos de fútbol en Colombia, como lo hicieron equipos europeos, de sumarse a una campaña de jugarle limpio a las mujeres, “no más violencia contra ellas”.

“Soy feminista y de la línea de pedagogía legislativa, donde pienso que esto hay que volverlo oportunidades de reflexión y transformación en Colombia”, explicó, al término de una sesión en la Cámara en la que también habló del tema.

Indicó que “hay varias investigaciones de Medicina Legal, Profamilia que muestra las razones por las cuales las mujeres no denunciamos un hecho de violencia sexual o intrafamiliar es que creemos que las cosas pueden cambiar. Otra razón es el profundo miedo, porque muchas veces quien agrede es nuestro compañero, nuestro papa o porque no confiamos en la justicia”.

Robledo dijo que la tarea es seguir reivindicando nuestros derechos; también hay que “pensar la manera cómo los hombres son criados y educados, ellos a veces están siendo educados para la violencia, para un exposición de masculinidad excesiva y un ejercicio de la violencia en exceso y termina devolviéndose en una situación como esta”.

Los medios de comunicación, pidió Robledo, deben ayudar a que no se olvide la violencia contra la mujer y las formas en que se da, la física, económica, sexual, entre otras.

“Pienso que la pedagogía legislativa es fundamental y hay que recordarla en el trabajo con hombres y mujeres, para poco a poco en Colombia transformar la cultura, en nuestra feminidad y masculinidad”, dijo la congresista.

Sugirió tomar en nuestro país el fútbol como símbolo, como lo hizo Sudáfrica, para reconciliarnos. “De alguna manera podría depender de ‘Bolillo’, una figura pública que sabemos es un hombre complejo e impulsivo, pero que le puede devolver a él un espacio de reflexión para sus prácticas y formas de interacción que ayude a los hombres colombianos a no acudir a la violencia para obtener absolutamente nada de la mujeres”, expresó.

Sobre si debería someterse Gómez a un tratamiento psicológico para frenar su impulsividad dijo que tendrían que mandar a terapia a millones de hombres en Colombia. “Un país como el nuestro necesitaría una gran terapia colectiva para lidiar nuestros dolores y erradicar la violencia de las interacciones”.

Por Mónica Sáez Puerta
El Heraldo

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Carta abierta de la Representante Angela Robledo al "Bolillo" Gómez

Apreciado Hernán Darío:

Le escribo desde mi condición de mujer, de feminista, y de persona que disfruta tanto del fútbol que fue quien enseñó a sus hijos a hacer sus primeros pases y, lo digo con orgullo, hizo de ellos buenos deportistas y practicantes de ese juego limpio que ha sido su impronta como jugador, y su enseñanza a los integrantes de nuestro seleccionado nacional.

Quiero en primer término decirle que creo sinceramente en el arrepentimiento que ha expresado por la agresión física cometida contra una mujer, y que según sus palabras tuvo ocurrencia en circunstancias que le hicieron “perder el control” de sus emociones y de sus actos. Lamentablemente en nuestra sociedad machista, que privilegia la agresividad sobre la palabra, la fuerza sobre la sensibilidad, y la violencia sobre el reconocimiento y respeto por las diferencias, todos los días se producen agresiones en contra de las mujeres, agresiones que tienen ocurrencia tanto en los espacios públicos como en los privados.

Las cifras muestran la magnitud de una situación inaceptable. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2009 ocurrieron 73.450 casos de violencia intrafamiliar. Dicho de otra manera, cada mes 6.120 mujeres son víctimas de violencia en su contra. 201 al día.
En otra manifestación de una misma problemática, cada año se producen alrededor de 18.000 casos de violencia sexual contra las mujeres. Y en el mismo período, se cometieron 128 feminicidios, esto es, homicidios cometidos por su condición de ser mujer.

Hernán Darío: Los actos tienen consecuencias.  El remordimiento y la vergüenza que ha expresado son algunas de ellos, casi siempre presentes en la justificación de la violencia masculina contra las mujeres. También lo será la eventual responsabilidad penal que puedan establecer las autoridades competentes. Desde mi posición, quiero invitarlo a hacer de esta difícil experiencia personal una oportunidad para el aprendizaje y el cambio cultural. En tal sentido, quisiera proponerle:

1.    En el próximo partido de nuestro seleccionado nacional, no ocupe Usted el banco de la Dirección Técnica. Ubíquese mejor en la tribuna, como una manera de hacer público su compromiso con la no violencia en contra de las mujeres.

2.    En asocio con las organizaciones de mujeres, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Delegada para asuntos de la niñez, la juventud y la familia, promueva una campaña de sensibilización frente a este lastre de nuestra sociedad entre todos los hombres que hacen parte de los equipos de fútbol profesional.

3.    Invite a la Dimayor para que promueva un minuto de silencio el día 27 de agosto de 2011, al inicio de los partidos de la primera fecha del fútbol profesional, como manifestación de rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer.

Juguémosle limpio a las mujeres.

Sinceramente,

Ángela Robledo Gómez
Representante a la Cámara
Miembro de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer

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¡Partido Verde: no al unanimismo, sí a la independencia deliberativa!

El ingreso del Partido Verde a la mesa de Unidad Nacional, anunciado por el presidente Santos en su discurso de instalación de la nueva legislatura, sorprendió a los analistas políticos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, pero también sorprendió a personas que, como yo, hacemos parte de su Dirección Nacional. El vocero del Partido ha dicho que este cambio en las relaciones con el Gobierno, de la independencia deliberativa a la colaboración, obedece a dos razones principales: La primera, que el gobierno Santos ha recogido una buena parte de las iniciativas que el Partido, a través de su candidato Antanas Mockus, puso a consideración de los electores en la pasada campaña presidencial; y la segunda, que en política es necesario definirse entre oposición y gobierno, y no tratar de mantener posturas que él considera ambiguas.

Aunque sólidas a primera vista, las razones esgrimidas no resisten un análisis más cuidadoso. Creo además que la decisión adoptada, y que yo no comparto, puede traer consecuencias negativas no solo para el propósito de construir una alternativa política seria, transparente, progresista y comprometida con la protección del medio ambiente; sino que podría dificultar el fortalecimiento de la democracia colombiana. Veamos por qué:

En primer término, porque desde la independencia deliberativa apoyamos las principales iniciativas, tanto Constitucionales como legales, que presentó el Gobierno a consideración del Congreso, e hicimos aportes que enriquecieron no solo las normas aprobadas, sino las políticas públicas que ellas contribuyen a articular: la perspectiva de género en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto; la atención psicosocial de las víctimas del conflicto; el tratamiento diferencial para las mujeres en la ley de salud; la priorización del suelo urbanizable para la construcción de vivienda de interés social, entre otros.

Sin hacer parte de la Unidad Nacional, hemos reconocido los esfuerzos del gobierno por corregir el rumbo en materia de relaciones internacionales con los países vecinos; de lucha frontal contra la corrupción en todas sus manifestaciones; de enmiendas a la política minera, agraria y tributaria. Hemos respaldado todos los esfuerzos por fortalecer el respeto de los DD.HH., por acatar la independencia de los poderes públicos, por reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y por evitar que se produzcan situaciones tan graves en este campo como lo fueron los falsos positivos y las chuzadas del DAS.

La independencia deliberativa nos permitió oponernos al intento de convertir la estabilidad fiscal en cortapisa al pleno ejercicio y garantía de los derechos sociales que la Constitución consagra en favor de todos los colombianos y colombianas. También ha permitido que el Partido Verde apoye al gobierno en sus esfuerzos por devolver la tierra arrebatada a las y los campesinos, pero también que demande que este propósito esté acompañado por un esfuerzo correlativo de crear un modelo más equitativo e incluyente en materia de propiedad y uso de la tierra en Colombia.

Nuestra bancada en el Congreso es pequeña, y no resulta necesaria para garantizar el éxito de los proyectos de interés gubernamental. Tiene sí un prestigio, y un peso político que podría resultar tanto o más valioso desde la independencia deliberativa que desde la Unidad Nacional.

No conviene a la democracia que los partidos políticos terminen desdibujando sus diferencias ideológicas y "arropándose todos con la misma cobija". Preocupa que los medios hablen de la Unidad Nacional como una reedición del Frente Nacional que si bien garantizó gobernabilidad, hizo que los partidos históricos se desdibujaran y cerró el espacio político al surgimiento de otros partidos y movimientos alternativos. El propósito de unidad puede llevar fácilmente al unanimismo. Ya el país vivió un largo período en donde toda forma de pensamiento distinto era tildada como contraria al interés nacional. El unanimismo hace que los gobiernos pierdan el contacto con la realidad. Al despertar, se ven los resultados, como está sucediendo ahora, con la herencia de Uribe.

Y aunque la lógica binaria que limita a dos las alternativas -gobierno u oposición- parece incontrovertible, no resulta compatible con las modernas concepciones sobre la democracia deliberativa dado que amplías discusiones y justificaciones públicas frente a importantes decisiones para un país, le imprimen mayor legitimidad a nuestra democracia en Colombia.

Columna de opinión para el periódico La Patria

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Constancia de la Representante Angela Robledo en contra de la violencia sexual contra las mujeres

Constancia presentada ante el Congreso de la República el 27 de julio de 2011.

Lo que es con ellas, es con todas las colombianas y todos los colombianos. Ni una sola voz, ni un solo oído pueden ser indiferentes e indolentes. No puedo dejar de hacer pública esta constancia. 

La degradación del conflicto armado interno, que no cesa, ha convertido los cuerpos de nuestras mujeres en territorio de guerra, a través de la violencia sexual ejercida contra ellas por los actores armados ilegales. Esto es grave. Pero más grave aún es un acto de deshumanización. Los cuerpos de las mujeres en el marco del conflicto armado son territorios y botines de guerra. Éste es un intolerable moral, político y cultural.

La información disponible para el año 2008 señala que de las 149.417 mujeres desplazadas alrededor de 24.000 fueron víctimas de violencia sexual. Es decir, estas mujeres son víctimas de un doble crimen de lesa humanidad: desplazamiento y violación.

Ésta no es sólo una constancia, es un llamado y una denuncia, hoy, día en que muchas voces se unieron a favor de una causa: la independencia de Colombia; es un llamado a que todas y todos los colombianos nos unamos para solidarizarnos con estas víctimas. Invito a que el cuerpo de las mujeres pase de ser un territorio de guerra a un territorio de paz. Esta invitación la hemos hecho en repetidas ocasiones con el Representante Iván Cépeda.

La institucionalidad no ayuda, es débil, según el viceministro Iragorri no hay datos al respecto desde el 2005, se  subestima este delito, no se reconoce y está olvidado. Debemos comprometernos con recursos y políticas públicas, a cumplir con las normas nacionales e internacionales de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de este crimen de lesa humanidad. Promovamos políticas públicas coordinadas entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para que este intolerable no se repita. La guerra del todo vale debe acabar. Así como han existido muchos gritos de NO MÁS frente a asuntos de la guerra, este fenómeno amerita un NO MÁS a todo pulmón de muchas voces y de todos los sectores de la sociedad.

A diario víctimas, líderes, periodistas y organizaciones sociales y de derechos humanos nos increpan con dolorosos testimonios, historias de vida, cifras, datos que nos estremecen. He visto de frente a las mujeres que con valor y en contra de las amenazas a su vida e integridad cuentan cómo todos los actores del conflicto las abusan y las violan como una estrategia para humillar al enemigo, controlar los territorios y despojarlas de las tierras.

Algo grave está pasando en nuestra sociedad cuando hemos permanecido tantos años con los ojos y los oídos cerrados frente a la guerra y al sufrimiento y muerte de sus víctimas. 

Es preocupante la participación de agentes del Estado y de la fuerza pública en actos de violación sexual de mujeres. La mayoría de violaciones sexuales en el marco del conflicto armado son perpetrados por agentes del Estado. ¡No más acciones ilegales en el Estado colombiano! 

Amnistía Internacional señaló que a pesar de los innegables logros que en materia de seguridad produjo la estrategia de de  Seguridad Democrática, en medio del recrudecimiento de la guerra la población civil quedó más vulnerable y expuesta a las violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando. ¿Cómo nos van a garantizar que en el batallón de alta montaña de Toribio no van a replicarse estas acciones? La historia y las robustas evidencias no son muy alentadoras de cara a este tipo de intervenciones militares.

A cuenta de las denuncias e investigaciones lideradas por las organizaciones de mujeres y defensor@s de derechos humanos, las lideresas están siendo amenazad@s de muerte por grupos de autodefensa. Tal como ha ocurrido a lo largo de la historia las mujeres son el eslabón más débil de una cadena que alimenta el patriarcado y que  las  convierte en el chivo expiatorio de la guerra y sus guerreros. 

Muchas voces se han alzado para denunciar esta situación: Angélica Bello, Viviana Ortíz, Olga Castillo, Ruby Castaño, María Eugenia Cruz, Piedad Córdoba, Pilar Rueda, Lorena Guerra, Nini Johana Gonzalez, Luisa Fernanda Bello, Ana Jimena Bautista, Luz Marina Becerra, Yohana Sánchez, Irma Tulia, Yovana Saénz, Lorena Guerra, Claudia Mejía, Alfonso Castillo, Daniel Rendón, Eliécer Chávez, Rosaliano Riascos, Jesús Mario Corrales, Fernando Montoya, Luis Fernando Gil e Iván Cepeda. 

Y las organizaciones Crear, Arco Iris, Comité Departamental de Derechos Humanos, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundepaz, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Fundhefem, Codhes, Fundemud, Movice, Pnud, Acnur, Escuela de los pastos, Fundación Nuevo Amanecer, Afromupaz, entre muchas otras.

Sumemos también nuestras voces para rechazar este crimen de lesa humanidad. ¡Gritemos, actuemos y exijamos un NO MAS!

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¡Sí al pluralismo, no al unanimismo!, dice Angela Robledo sobre ingreso a la Unidad Nacional

Frente a las declaraciones realizadas en el día de ayer por el Presidente de la República   sobre el ingreso del Partido Verde a la Unidad Nacional, me permito informar lo siguiente: 

1.       Esta decisión de sumarse a la mesa de la Unidad Nacional no fue discutida en la Dirección Nacional.  Habíamos discutido sobre realizar mesas temáticas con la Unidad Nacional  para debatir iniciativas legislativas que tienen especial importancia para el Partido Verde, pero no de ingresar a la Unidad Nacional. 

2.       Mi voz crítica seguirá escuchándose. Mi posición frente a la bancada del Partido Verde es seguir trabajando desde la independencia deliberativa con miras a fortalecer el disenso, el pluralismo y el Partido Verde como una opción distinta.  Unidad no puede confundirse con unanimismo. El unanimismo hace que los gobiernos pierdan el contacto con las realidades que los rodean.

3.      No conviene a la democracia que los partidos políticos terminen desdibujando sus diferencias ideológicas y "arropándose todos con la misma cobija".Preocupa que se presente al país una Unidad Nacional como reedición del Frente Nacional que si bien garantizó gobernabilidad, hizo que los partidos históricos se desconfiguraran y cerró el espacio político al surgimiento de otros partidos y movimientos. Acorralando y cerrando los espacios para los partidos alternativos y de oposición. Máxime con la herencia que nos dejó Uribe. 

4.      Veníamos haciendo independencia deliberativa con una actitud crítica y propositiva. Como integrante de la bancada verde he apoyado y aportado, desde la independencia deliberativa, a las principales iniciativas presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso (por ejemplo, capítulo de atención psico-social en la ley de víctimas-enfoque diferencial en la ley de salud). Siempre con el criterio de defender derechos humanos desde una perspectiva progresista y de inclusión social.

5.      Respaldo los esfuerzos del gobierno por adoptar muchas propuestas bandera del Partido Verde.  Construir sobre lo construido,luchar de frente contra la corrupción para que los recursos públicos sean sagrados, corregir el rumbo en materia de relaciones internacionales; de enmiendas a la política minera, agraria y tributaria, entre otras, y seguiré apoyando todos los esfuerzos por fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, por reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y por evitar que se produzcan situaciones tan graves en este campo como lo fueron las chuzadas del DAS y los falsos positivos. De igual manera he apoyado, y seguiré apoyando al gobierno en sus esfuerzos por devolver la tierra arrebatada a los campesinos, por erradicar la violencia, la desigualdad y la injusticia social.

6.      Estoy construyendo en el Partido Verde desde una política alternativa e innovadora. Como lo he venido planteando seguiré trabajando desde mi mandato ciudadano con una perspectiva crítica frente a unos derechos, unas problemáticas que hemos priorizado con mi equipo: Presupuestos y  enfoque diferencial desde las políticas públicas para las mujeres, fortalecimiento de la institucionalidad, participación  política de las mujeres, reconocimiento,  redistribución y representación para ellas, cero tolerancia con la violencia sexual contra las mujeres por parte de los actores armados y una agenda comprometida con la paz, los jóvenes, adolescentes, niñas y niños.

7.      Reivindico el ejercicio de la democracia deliberativa. En aras de aportarle a una democracia fuerte hay que seguir ejerciendo la democracia deliberativa y poner énfasis en los disensos y divergencias porque las posturas críticas son claves para el fortalecimiento de los partidos y la democracia y aportando  a la escuela de formación política y gobierno, legado de Antanas Mockus al Partido Verde.

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¡Cuerpos de mujer, territorios de guerras!

Durante décadas víctimas, líderes, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, han denunciado los horrores de la guerra. A diario nos enfrentan con dolorosos testimonios, historias de vida, cifras, datos que estremecen. He visto de frente a las mujeres que con valor, desafiando las amenazas a su vida e integridad, denuncian cómo todos los actores del conflicto armado en Colombia han acudido a la violencia: acosos, abusos y violaciones, como una tenebrosa estrategia bélica.

Las mujeres colombianas han narrado de mil maneras el grado de deshumanización a que han llegado los distintos actores del conflicto, incluyendo, y esto reviste la mayor gravedad, a miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes corresponde defender los Derechos Humanos. De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el período 2007-2009, aunque se advierte un alto subregistro, las cifras son alarmantes: las mujeres constituyen aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado. La información disponible para el año 2008 señala que el 15,8% de estas mujeres en situación de desplazamiento, han sido víctimas de violencia sexual. En el contexto de este conflicto, se registraron 114 denuncias de violencia sexual contra ellas, en los casos en que se conoce el presunto autor, el 83% corresponde a miembros de la fuerza pública, 7% a grupos paramilitares y 9% a grupos guerrilleros. A pesar de las directivas emanadas por el Ministerio de Defensa, de "cero tolerancia frente a la violencia sexual", algunos de sus miembros parecen prestar oídos sordos a las mismas.

Según Amnistía Internacional con la arremetida de la Seguridad Democrática, la población civil ha quedado en muchos municipios de Colombia en condición de total vulnerabilidad, expuesta a violaciones de derechos humanos por la presión y la represión de uno y otro bando, al quedar atrapada entre el fuego cruzado de los guerreros. Especialmente ello ha sucedido en comunidades donde el conflicto ha escalado, allí las mujeres han sido blanco de sus ataques, como lo ocurrido con las campesinas de El Salado, las indígenas del Cauca y del Putumayo, las afro descendientes del Chocó, las mujeres del nordeste y sureste antiqueño, las mujeres y niñas en Arauca. De acuerdo con cifras de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, entre julio de 2007 y junio de 2008, 105 mujeres fueron asesinadas por fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica, el 83% de estos crímenes se atribuye a actores del Estado y paramilitares, el 17% a los grupos guerrilleros.

La violación y la violencia sexual ejercida de forma sistemática sobre el cuerpo de las mujeres, se ha constituido en una táctica explícita y sistemática de guerra dentro del conflicto armado colombiano. Una forma de "calmar" a las tropas, de "premiarlas"; pero también una estrategia para humillar al enemigo, a fuerza de convertirlas en botín de guerra.

Informes nacionales e internacionales, dan cuenta del incumplimiento de las obligaciones del Estado en este campo. La Defensoría del Pueblo en un informe sobre violencias sexuales contra las mujeres, concluye que el Estado colombiano no ha logrado garantizar la protección de las víctimas de estos delitos de lesa humanidad, propiciando así una situación de total impunidad. Las instituciones responsables de garantizar y restablecer sus derechos, Ministerio del Interior y la Justicia, Ministerio de Protección Social, Fiscalía, y Policía, no han desarrollado políticas públicas al respecto y más grave aún, por denunciar estos crímenes de lesa humanidad, líderes de organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos, están amenazadas de muerte, por grupos de autodefensa.

Algo grave está pasando en Colombia, cuando hemos permanecido tantos años con los ojos y los oídos cerrados frente a la guerra, al sufrimiento y la muerte de sus víctimas. Algo grave ocurre cuando los cuerpos de cientos de mujeres, se convierten en territorios de guerra y no pasa nada. Ya es hora, como lo señalaba recientemente Héctor Abad, a propósito de las amenazas contra la periodista Maryluz Avendaño, de acompañar a estas valientes mujeres y de decirles: lo que es con ellas, es con todas y todos los colombianos.

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Mi rendición de cuentas desde el Congreso de la República

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La educación es el camino

Rendición de cuentas sobre trabajo político y legislativo entre abril y junio 2011

Si no puedes ver correctamente la siguiente imagen, haz clic aquí. Podrás descargar el informe completo de rendición de cuentas. 

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Representante Ángela Robledo pide al gobierno retirar IES con ánimo de lucro

En un contundente debate sobre educación superior en Colombia realizado por el Partido Verde, Ángela Robledo, Representante a la Cámara, pidió al gobierno del Presidente Santos retirar del proyecto de ley sobre reforma educativa la propuesta de Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro.

La parlamentaria aseguró que incluir IES con ánimo de lucro es una manera expedita de convertir el derecho a la educación en una mercancía transable. “No es conveniente, no es pertinente y no reivindica la naturaleza de la educación.  Ampliemos cobertura pero garantizando una educación digna, integral y sin exclusión”, dijo.

Durante el debate la parlamentaria verde insistió que la reforma educativa presentada por el gobierno está signada de un corte puramente mercantil  y no de derechos, equidad, inclusión social y apuesta de país: “Esta iniciativa está imbuida, hasta la médula, de esa creencia de que el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico, pecuniario, es el camino para resolver todas las necesidades, todas las urgencias de nuestra sociedad, desde la salud y las pensiones, hasta la educación para una nueva ciudadanía”.

De acuerdo con las cifras presentadas por Robledo, la educación no está cumpliendo su papel movilizador de un proyecto de sociedad para avanzar colectivamente hacia el desarrollo del país y la plenitud de los individuos y sus comunidades. “Al contrario la educación reproduce y acentúa las enormes inequidades que en términos de oportunidades, existen en nuestra sociedad y se ha convertido en un factor importante de exclusión económica, social, cultural y política que el proyecto de reforma no plantea”.

“Somos el país más desigual de Latinoamérica (entre los primeros cuatro del mundo). Para el 2008, el 0,5 % de los terratenientes tenían más del 60% de las tierras (situación que no ha cambiado). El 13% de colombian@s están sin empleo y 46% de la población sobrevive a la pobreza”, dijo. 

Robledo criticó duramente el sistema educativo del que aseguró ayuda a ahondar las brechas y las desigualdades sociales y dijo que el gobierno del Presidente Santos no le apuesta a una educación superior con calidad y alta cobertura.  

"Según cálculos de expertos el aporte fiscal a las universidades públicas disminuye como proporción del PIB, hoy la transferencia es el 0,4% del PIB, 13 veces menos que la destinada al Ministerio de Defensa. Uno de cada 5 pesos del Plan de Desarrollo se va a la locomotora desarrollo minero y expansión energética,  mientras que tan solo el 0,04% se va a la locomotora de innovación. La explotación minera, pesa 20 veces más que la innovación, responsable del desarrollo sostenible de un país", debatió la Ángela Robledo.

Robledo sostuvo que solo una tercera parte de los niños de cuatro años tiene acceso a la educación preescolar y que subsiste un problema grave de deserción entre educación básica y media del 30%. Uno de cada tres adolescentes de 16 años no está en educación media (30%).

En relación con la calidad aseguró que los niños colombianos siguen ocupando lugares muy bajos en la escala de competencia en matemáticas, ciencias y lenguaje, (en las pruebas PISA[1], Colombia ocupa el puesto 54 en matemáticas, 53 en ciencias y 51 en lenguaje entre 57).

“La brecha educativa entre la zona rural y la zona urbana, tanto en términos de cobertura como de calidad, es intolerable”, aseguró Robledo.

Entre sus argumentaciones Robledo citó una investigación de Mauricio García que señala que en ciudades como Bogotá se ve claramente un apartheid educativo: ricos y pobres estudian por separado (Ver: http://bit.ly/iPqIm8 ), lo cual ratifica de manera contundente esta exclusión o inequidad que sufren los jóvenes pobres frente al sistema educativo en el cual  la escuela solo sirve para perpetuar las jerarquías sociales. 

“En la educación superior el panorama es igual de desolador en términos de inequidad: Los estudiantes de estrato 1 de la Universidad Nacional son apenas el 8%. Los estudiantes de colegios privados son casi la mitad (46%)”, agregó la parlamentaria.

Entre las conclusiones Ángela Robledo destacó que: “Tener acceso a una educación superior de calidad demanda importantes recursos financieros que tienen origen bien sea en los impuestos que pagamos todos y todas; en las tasas por matrículas y demás costos que deben cubrir los estudiantes y sus familias cuando se trata de educación pública que brinda directamente el Estado”.

“Los recursos financieros de la educación y, en particular la educación superior, deberán ser fruto de un nuevo modelo de desarrollo que plantee la sociedad. El reto es cambiar el foco de nuestro desarrollo, pasar de la minería y la guerra a la educación, la inclusión y la innovación”.

Al debate, citado por el Partido Verde y adelantado por los representantes Ángela Robledo y Carlos Amaya, asistieron la Ministra de Educación, Dra. María Fernanda Campo y el Ministro de Hacienda, Dr. Juan Carlos Echeverry, quien se retiró antes de comenzar la discusión.

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Denunciamos crímenes de lesa humanidad: 2 mujeres son violadas cada hora

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Representante Angela Robledo se opuso a la contra-reforma

Qué mala costumbre la de este país en hacer avances mínimos en derechos y dar 3 pasos atrás inmediatamente. Estamos por dar al traste la denominada ley de cuotas que garantiza el acceso real y, escúchese bien, no formal, de las mujeres a los cargos de representación política a las corporaciones públicas.

Quiero dejarlo claro: Una democracia sin la presencia deliberante, activa y fuerte de las mujeres es una democracia incompleta, es una democracia en cuidados intensivos o moribunda. Si la voz de las mujeres no tiene voz política real, estamos ante una semi-dictadura masculina. Las condiciones en Colombia no están garantizando esta voz femenina en la política. No son suficientes las condiciones formales de una democracia de papel. Es necesario que existan acciones que afirmen esta posibilidad, que reivindiquen la equidad. La igualdad de género debe traducirse en hechos reales y concretos. En leyes, por ejemplo. 

Los datos son claros y muestran contundentemente que esta voz es casi nula. Los datos muestran la urgencia de cambiar esta realidad asimétrica, excluyente y perversa, la urgencia de acoger, al menos, la ley del 70-30 y no promover, como lo hace la contra reforma, esta situación arcaica e inmoral:

-Colombia ocupa en América Latina los últimos lugares de participación política de mujeres. 

-Comparte al igual que la República del Congo, el puesto 110 entre 134. 

-En el Senado el 17% son mujeres, en la Cámara el 13%, en los concejos el 4% , en las asambleas el 17% , en las alcaldías el 9%.

-De l@s 418 diputad@s elegid@s en 2007 sólo el 17% son mujeres. En 17 departamentos no ha sido elegida ninguna mujer en la Cámara de Representantes. En 11 departamentos no existe una mujer diputada entre ellos, Arauca, Casanare, Guaviare y Putumayo.

-Los departamentos del Casanare y Guaviare no tienen representación en el congreso, tampoco tienen diputadas y sólo hay una concejala en Yopal y San José del Guaviare.

Colegas: no es falta de voluntad de las mujeres, la ley y la cultura no ayudan a mejorar esta situación. Debemos garantizar las condiciones para  la equidad real desde la ley y desde acá fomentar un cambio cultural. Como dijo esta mañana la embajadora de Suecia: “la igualdad de género no es un asunto de voluntades, es un asunto de redistribución del poder.”

Estamos seguras que si los partidos intervienen positivamente, por ley, en la participación equitativa de los géneros en política, se tendrá como resultado procesos de formación que empoderen a las mujeres y transformen las actitudes escépticas e intimidadas de éstas en las regiones. Se tendrán más mujeres en la política que mejoren la política.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto la progresividad en el ejercicio en el usufructo de derechos. Este principio se basa en que una vez establecido un derecho, la regulación que se haga sobre dicho derecho no puede ser para recortar el usufructo de éste sino para extenderlo. Esta contra reforma iría en contra de ese principio y muy probablemente sería declarada inconstitucional por esta razón.

Me uno con entusiasmo, convicción y vehemencia a las anteriores intervenciones y a la voz de protesta en oposición a la contra-reforma. La contra-reforma debe ser archivada y la democracia fortalecida.

Termino con una frase de esa bella obra Matria: el horizonte de lo posible escrito por Victoria Sendón de León:

 “Allí donde hay una mujer la existencia es más amable, más lúdica, más fácil, más coherente. Y no por nuestra situación de esclavas, sino de civilizadoras, de pacificadoras, de luchadoras resistentes ante la barbarie”.

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Se salvó el Código de Infancia

La parlamentaria Ángela Robledo, logró que los derechos de los menores de edad reconocidos en el Código de Infancia y Adolescencia se mantuvieran. El Proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia (160 de 2010 Cámara) proponía que a los menores de edad que cometieran homicidio (doloso), secuestro, extorsión y delitos sexuales, se les incrementara la pena mínima de privación de la libertad pasando de 2 a 5 años y la pena máxima de 8 a 10 años. No sobra aclarar que los adolescentes menores de 18 años son responsables penalmente a través del Código de Infancia que establece un enfoque diferencial desde la justicia restaurativa.

Se aprobó que los adolescentes en conflicto con la ley que sean encontrados culpables, no quedarán libres a los 21 años, sino que tendrán que cumplir con la pena completa. De igual forma se incrementan las penas para los adultos que “utilicen” niños y adolescentes en la comisión de delitos.

“Esta tarde el Congreso de Colombia logró hacer respetar a los jóvenes como sujetos de derechos, como ciudadanos en formación y no como criminales en potencia. En un país donde al menos la mitad de niños y jóvenes no tienen oportunidades y la mayoría son víctimas de exclusión social y pobreza, pretender que el aumento de penas soluciona los problemas de seguridad y justicia es, por decir lo menos, inmoral. Hoy la plenaria de la Cámara, a la luz de los argumentos, logró optar por medidas razonables y no por el clamor emotivo del populismo penal. Fue una decisión garante de los derechos y en contra de la impunidad”, dijo Ángela Robledo, Representante a  la Cámara del Partido Verde

No incrementar estas penas implica respetar el Código de Infancia y Adolescencia, admitir los resultados empíricos que demuestran que el aumento de penas no incide en la disminución de delito. Este logro permite que ganemos todos, dijo Robledo, quien aseguró que con la decisión “Ganan los jóvenes, la justicia la sociedad colombiana y el Estado. Además de que el país se mantenga en el espíritu garantista logrado en el 2006 en el Congreso de la República, mediante la expedición de la Ley de Infancia”.

La parlamentaria verde explicó que “ganan los jóvenes quienes tendrán oportunidad de cumplir con sanciones que permitan reconstruir sus proyectos de vida. Gana la justicia que tendrá que ser más eficaz con un sistema de responsabilidad penal que opere y asuma un  sistema diferencial. Gana el Estado porque tiene el reto de enfrentar la ilegalidad no sólo desde la represión (necesaria pero no suficiente), sino desde la prevención del delito, el fortalecimiento judicial, la pedagogía y el cambio cultural. Gana la sociedad quien tiene una nueva oportunidad de repensar la situación de nuestros jóvenes para no olvidarnos de ellos y luego pasarles cuenta de cobro por nuestros olvidos”.

Robledo hizo una enérgica defensa del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y logró la aprobación de una comisión de seguimiento y evaluación del SRPA, dado que éste no está operando de manera eficiente. Esta comisión tendrá la responsabilidad de proponer modificaciones que sean pertinentes y respondan al espíritu resocializador del Código de Infancia, en un plazo no mayor a seis meses.

Angela Robledo aseguró que después de un trabajo de casi un año y del debate y la deliberación se llegó a un acuerdo entre el gobierno, a través del Ministerio del Interior, la Alianza por la Niñez, Unicef y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades y organizaciones en defensa de los derechos de la infancia, para mantener un articulado garante y justo.

Las proposiciones de la Representante Ángela Robledo, recibieron el apoyo de  101 congresistas y un respaldo contundente de los representantes Ángel Custodio Cabrera (Partido de la U), Germán Navas (PDA) y Simón Gaviria (Partido Liberal). 

Este texto irá a conciliación de Senado y Cámara y luego a sanción presidencial.

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Angela Robledo invita a Foro sobre Educación Superior

Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, realizará el próximo miércoles 11 de mayo un foro sobre la educación superior en Colombia, con la participación de rectores de universidades públicas y privadas, profesores/as, parlamentarios/as y organizaciones estudiantiles.

Según Angela Robledo, "es urgente revisar la Reforma que presenta el gobierno de Santos y hacer un acuerdo nacional sobre cuál es la educación que nos estamos soñando para reconstruir el país”.

Ponentes:

Antanas Mockus- Copresidente Partido Verde

Carlos Amaya- Representante a la Cámara

Guillermo Páramo- Rector U. Central

Padre Joaquín Sánchez- Rector U.Javeriana 

Jorge Enrique Robledo- Senador

José Fernando Isaza- Rector U. Tadeo

María Fernanda Campo -Ministra de Educación

Moisés Wasserman- Rector U.Nacional

Sergio Fernández- Representante estudiantil

Patricia Linares- Docente U.Externado 

Fecha: Miércoles 11 de mayo

Hora: 8:30 a.m. – 1.00 p.m.

Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. Edificio Nuevo del Congreso. Cra. 7 No. 8-68 

INSCRIPCION HACIENDO CLIC AQUI

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Presidente Santos: asuma la responsabilidad frente a la muerte de jóvenes en Colombia

Quiero manifestar mi profunda indignación, rechazo y dolor frente a la muerte de miles y miles de jóvenes que han sido asesinados en los últimos dos años, en todo el territorio nacional. 

Las principales víctimas de homicidios en Colombia son jóvenes entre 18 y 25 años. Uno de cada dos homicidios es de jóvenes menores de 30 años en el país y en Bogotá. Los homicidios han crecido dramáticamente entre los menores de edad: entre  enero del 2009 y enero del 2011, los asesinatos a  este  grupo de población, han crecido en un 478%.  En Bogotá en 2010 asesinaban 4 personas por día, dos de ellos eran jóvenes. El 14%  de estos homicidios en Bogotá fue a menores de edad entre 15 y 19 años. Uno de cada 4 homicidios en Bogotá era un joven entre 20 y 24 años.  En Medellín cada mes se sacrifica la vida de 14 menores de edad que tienen entre 11 y 17 años. Allí  han sido asesinados en  lo que va corrido de este año, un total de  227 jóvenes menores de 25 años.  Se asesinan cada mes 60 jóvenes entre 18 y 22 años. Muchos de estos jóvenes han sido artistas, músicos, líderes estudiantiles.

Nos movilizamos para criminalizar a los jóvenes y no lo hacemos para rechazar  de forma vehemente estos asesinatos infames y que acaban con sueños, esperanza, vida. ¿Qué rumbo está tomando nuestra sociedad que  no se escandaliza ante las muertes violentas, que el respeto a la vida no se ha convertido en un tabú? ¿Dónde está la indignación colectiva que rechace pacíficamente pero con fuerza este derramamiento de sangre? ¿sólo reaccionaremos cuando el asesinado sea un allegado a nosotros?

Quiero hacer un llamado al Congreso, al gobierno, a todas las  fuerzas políticas, a todas fuerzas las  sociales y los  ciudadanos  y ciudadanas colombianas,  para unirnos en un bloque inquebrantable que rechace y rodee a nuestros  jóvenes, para que no los maten.

Hago un llamado al presidente Santos para que asuma la responsabilidad de respetar la vida de cada ciudadana y ciudadano dentro del marco de la ley y  le  pregunto Señor Presidente:  ¿Dónde está  la política pública clara y contundente para proteger la vida de nuestros jóvenes ? 

Presidente: ¿cómo construir prosperidad, en especial para los jóvenes, si no tienen vida? ¿cómo hablar  de  prosperidad cuando hay tanta muerte?

Presidente, colegas, ciudadanos y ciudadanas: ¿será que estamos matando a los jóvenes, nuestro presente y futuro, para dejar vivir tranquilamente a otros? ¿será que muchos de nosotros consideramos  que  hay que eliminar   a los jóvenes porque creemos que son riesgosos, un peligro potencial y, de esa manera, contribuimos a la  pacificación de  las ciudades? ¿Estos supuestos son los que realmente fundan la sociedad de la seguridad…democrática? ¿Hay que eliminar “de raíz” los peligros?…

¡Espero que no estemos ante este escenario dantesco e intolerable!

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Uribe, ¿factor de división verde?

La Representante Ángela Robledo y Gilma Jiménez son las más aguerridas figuras de las dos tendencias en que se debate el Partido Verde por los apoyos externos al candidato a la Alcaldía de Bogotá. El peñalosismo anhela la compañía política del expresidente y su coalición. El mockusismo los rechaza por lo que han hecho.

Cecilia Orozco Tascón.- Se opone usted a que Enrique Peñalosa reciba apoyo del uribismo. Para ganar la Alcaldía de la capital ¿todo vale?

Representante Ángela María Robledo.- No, no todo vale.

C.O.T.- Pero ¿para qué tener tres millones y medio de seguidores políticos sin no conquistan el poder?

A.M.R.- Nuestro partido tiene dos componentes: la conquista del gobierno, por supuesto. Y la esperanza de la ciudadanía que nos acompañó. Esta última parte es fundamental. Y nos la estamos jugando en la próxima contienda electoral.

C.O.T.- “Una visión de Bogotá” como la que el candidato Peñalosa y el Partido Verde quisieran desarrollar si llegan a la Alcaldía ¿puede sostenerse si ganan gracias a alianzas políticas que conllevarán intereses distintos?

A.M.R.- Mockus ha dicho que se pueden trabajar programas y que el candidato debe priorizar ciertos aspectos de esos programas aun haciendo alianzas políticas. Pero éstas no sólo tienen que parecer transparentes sino serlo.

C.O.T.- ¿La alianza con Álvaro Uribe y con el partido de la U no le parece transparente?

A.M.R.- Álvaro Uribe actuó, en sus tres grandes ejes de gobierno: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, con el argumento del todo vale. Mientras tanto, en las administraciones de Mockus, Peñalosa y Garzón en Bogotá se pudo lograr seguridad, política social y saneamiento fiscal sin violar ningún principio.

C.O.T.- Entonces ¿sería deseable que Uribe no apoyara a Peñalosa?

A.M.R.- El ciudadano Uribe puede apoyar al candidato verde. El expresidente Uribe tiene muchas cosas que explicarle a Bogotá y también a Colombia. En la segunda vuelta de la campaña presidencial del año pasado, Antanas Mockus obtuvo alrededor de 800 mil votos en la capital. Estoy segura de que los verdes podemos llevar a Peñalosa, el mejor de los candidatos, a la Alcaldía si tenemos similar acompañamiento ciudadano. Sin embargo, tenemos que ser coherentes y consistentes.

C.O.T.- Es decir, ¿no necesitan a Uribe?

A.M.R.- Por  el  contrario, creo que su apoyo resta votos. Si Peñalosa confía más en la fuerza verde de Bogotá, puede tener muchísimo mayor éxito del que espera en las elecciones. En las reuniones de la dirección nacional del partido se planteó la posibilidad de establecer alianzas ciudadanas primero, y después, alianzas con otros partidos. Pero estas últimas no se han definido aún.

C.O.T.- ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de aceptar un apoyo de Uribe?

A.M.R.-  Francamente no le veo ninguna ventaja. Respeto al expresidente por la posición que ocupó, pero él es el pasado. Bogotá necesita presente y futuro.

C.O.T.- ¿Cree, como algunos verdes, que los acercamientos de Uribe a Peñalosa son sólo una estrategia para desprestigiar al candidato verde y apuntalar al aspirante de la coalición uribista?

A.M.R.- No de esa manera. Más bien creo que el expresidente utiliza unas prácticas políticas que lesionan la institucionalización. Fíjese que él, en sus mensajes en Twitter, habla de Peñalosa y le pide a él que se siente con Lozano o con Óscar Iván Zuluaga, pero nunca menciona el marco de los partidos, menos el del Verde. Se refiere al individuo Enrique Peñalosa. No sé si de ahí se puede deducir que Uribe quiere provocar una fisura.

C.O.T.- ¿Cuál tendencia prima dentro del partido: la peñalosista o la mockusista?

A.M.R.- Me resulta muy difícil afirmar algo al respecto. Sobre todo porque más allá de cómo se denomine la tendencia, lo que debemos sentir quienes representamos el Partido Verde es la enorme responsabilidad que tenemos con quienes votaron por nosotros. Al principio de la campaña presidencial pasada, éramos tres personas recorriendo Bogotá, una de ellas, Gilma. Luego, el movimiento empezó a tomar fuerza y al final éramos tres millones y medio de personas. A ellas tenemos que responderles ahora.

C.O.T.-  ¿Se dividirá el Partido Verde por cuenta de Álvaro Uribe?

A.M.R.- No quiero y no creo. Si eso sucediera, habría una enorme desilusión. Confío en que encontremos el camino para que eso no ocurra.

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Senadora peñalosista Gilma Jiménez:

Cecilia Orozco Tascón.- El principal tema de discusión verde hoy, es el del apoyo de Álvaro Uribe y de la U a Enrique Peñalosa ¿Para ganar la alcaldía de Bogotá ¿Todo vale?

Senadora Gilma Jiménez.- Por supuesto que no. No se puede admitir que se mencione el concepto de “todo vale” al lado del nombre de Peñalosa. Esta ciudad y el país  saben quién es él y les consta que tiene una sola línea de conducta. Perdimos la elección presidencial y de esa experiencia aprendimos que no podemos enterrarnos creyendo que somos los únicos capaces y honestos. “A mí no me pagaron, yo vine porque quise” fue de lejos una consigna ofensiva con el resto de la sociedad que podía ser gente de bien sin acompañarnos.

C.O.T.- Ustedes atrajeron 3 millones y medio de votos por el rechazo a ciertas prácticas ¿Cómo explicar ahora que hay que recibir el apoyo de quienes representan esas mañas?

S.G.J.- La situación de Bogotá es tan absolutamente grave y delicada que el partido Verde tiene, como ningún otro partido porque en sus entrañas hay tres exalcaldes de la calidad de Mockus, Garzón y Peñalosa, la obligación de salvar la ciudad que ellos construyeron. Hoy el modelo está en peligro. Eso nos obliga a convocar a todos los sectores sociales y políticos para iniciar la reconstrucción.

C.O.T.- ¿Incluso con el apoyo del expresidente Uribe?

S.G.J.- El tema no es Uribe sino Bogotá. Tenemos el mejor candidato, un partido que cuenta con tres personas probadas en materia de gobernabilidad, probidad y transparencia. Nos corresponde convocar a todas las fuerzas para que nos acompañen en el propósito de rescatar la ciudad.

C.O.T.- Tres millones y medio de seguidores verdes sin conquistar el gobierno de Bogotá ¿Para qué?

S.G.J.- Esa es una discusión pertinente. Los partidos políticos no son ONG ni pertenecen a la academia. Son organizaciones cuyo objetivo es la conquista de escenarios para hacer efectivos sus planteamientos y su ideología. No sacamos nada con tener un discurso si somos incapaces de lograr el favor de las mayorías. Por eso participamos en la campaña presidencial. Y ahora en la próxima regional. Seguramente vamos a hacer alianzas con otras fuerzas políticas de cara a la ciudadanía y sin relación con la repartija o la politiquería.

C.O.T.- Peñalosa ha estructurado un proyecto de ciudad. Con alianzas políticas, con gente y partidos divergentes ¿Podrá gobernar con sus planes o le tocará implementar otros?

S.G.J.- En una década de gobiernos presididos por líderes que no eran iguales, se logró tener una sola visión. Mockus innovó con elementos pedagógicos. Peñalosa construyó sobre el legado de Mockus e incorporó la transformación urbana. Luego llegó Lucho Garzón, recogió lo que sus dos antecesores hicieron e implantó el tema de seguridad alimentaria. El partido Verde cometería un grave error de gobernabilidad sí se niega a reorientar a Bogotá.

C.O.T.- Y ¿Quién ganará el pulso por la gobernabilidad? 

S.G.J.- Esa discusión no se puede dar en abstracto sino refiriéndose a la persona que vamos a elegir. A nadie se le puede olvidar el talante del candidato. Estoy completamente segura de que nadie espera nada distinto de lo que ya hizo cuando no cedió ni a la politiquería ni a los tratos oscuros.

C.O.T.- ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de aceptar el apoyo de Uribe?

S.G.J.- El apoyo del expresidente no puede minimizarse porque estamos hablando de un gran elector. Si están  todos los sectores políticos, sociales y académicos, habrá mejor suerte para la ciudad. Esta es la ventaja. Resaltar las desventajas es distraerse del fondo del problema que no es otro que sacar a la capital de la crisis.

C.O.T.- ¿Cree que los acercamientos de Uribe a Peñalosa podrían terminar desprestigiando a éste y posicionando al candidato que determine más adelante la coalición uribista?

S.G.J.- No conozco tanto a Uribe pero no creo que piense en esos términos. Recuerde que en su primer gobierno llamó a personas del equipo de Peñalosa porque reconocía su calidad. Creo que Uribe está siendo sincero. Pero además, tampoco somos tan ingenuos ni manipulables.

C.O.T.- ¿El partido va a terminar dividido?

S.G.J.- Espero que no. Sería una gran desilusión. El doctor Mockus nos dio una lección en la campaña pasada cuando visitó a Uribe en la Casa de Nariño y tuvo la sensatez de reconocer los aportes del gobierno pasado. No veo por qué ahora va a ser distinto. Cuando él era el candidato, todos lo acompañamos. Hoy, es Peñalosa y tenemos que asumir una conducta igual. Entre otras cosas, debemos preguntarnos por qué en las presidenciales no superamos los votos de Juan Manuel Santos en Bogotá, aún teniendo en nuestras filas a los tres exalcaldes más exitosos de la ciudad.

Otros desacuerdos internos

C.O.- La senadora Jiménez propone que los violadores de niños tengan penas hasta de prisión perpetua. Siendo usted del Verde, ¿por qué se opone?

 Ángela M. Robledo.- La ley es una instancia de control, pero las sociedades se transforman en su esencia sólo cuando hay cambios culturales y morales. Mejor que endurecer la acción punitiva sería desarmar de agresiones el espacio familiar, el primero donde hay violaciones. Y habría que convertir el cuerpo de los niños en tabú absoluto, modificando las valoraciones sociales.

C.O.- Usted también se opone a unos artículos que promueve la senadora Jiménez en relación con el incremento de penas para jóvenes delincuentes, ¿por qué?

A.M.R.- El Código de Infancia y Adolescencia no ha tenido tiempo de ser evaluado. El sistema de responsabilidad penal adolescente hace parte de ese código y apenas ha empezado a funcionar hace un año. Lo sensato es aplicarlo antes de reformarlo. Hay cerca de 100 mil procesos abiertos contra jóvenes; alrededor de 14 mil juicios y 12 mil muchachos recibieron alguna sanción. No es verdad que no estén pagando sus penas: pagan más que paramilitares o que parapolíticos. Como dicen los especialistas: más política social y menos política criminal.

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C.O.- ¿Le sorprende que en su partido haya oposición a la cadena perpetua para violadores?

Gilma  Jiménez.- Primero, no se puede reducir la propuesta a cadena perpetua para violadores. Proponemos también la construcción de una sociedad privilegiada para los niños. Segundo, creo que no hay opositores a mi propuesta, sino tesis complementarias: a la aplicación de justicia, adicionarle la formación y construcción de sociedad.

C.O.- Mientras usted apoya el incremento de penas para los jóvenes que delincan, otros creen que hay que hacer cambios culturales. ¿Está exagerando la solución punitiva?

G.J.- No nos referimos a niños, sino a adolescentes mayores de 14 años  a quienes la legislación les da algunas responsabilidades. Hay que admitir que lo hecho hasta ahora ha sido un fracaso.

C.O.- ¿Cuál es su propuesta?

G.J.-  Subir las penas de cuatro delitos: homicidio, violencia sexual, secuestro y lesiones personales agravadas. Que la sanción se cumpla en lugares especiales y que las penas puedan llegar hasta diez años, pero siendo revisadas cuando se cumpla el 50%.

ENTREVISTA DE CECILIA OROZCO PARA EL ESPECTADOR

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Rendir cuentas es un derecho ciudadano

BOLETIN DE NOTICIAS: ENERO A MARZO 2011. 

No a las cárceles para adolescentes:

La Representante Ángela Robledo ha dicho NO a las inciativas legislativas que buscan modificar el Código de Infancia y Adolescencia establecido en la ley 1098 de 2006.  La negativa de la Representante hace especial énfasis a las reformas  del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el Proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia, presentado por el Gobierno (PL. 160/2010 de la Cámara). La iniciativa propone el endurecimiento de las penas a los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Según la Congresista, estas iniciativas representan una nueva forma de victimización de los jóvenes,  vulneran los propósitos que inspiraron al SRPA y van en contravía de las obligaciones internacionales de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito. Por eso, Ángela Robledo ha iniciado una estrategia encaminada a defender los derechos de los adolescentes. En ese sentido, ha liderado las siguientes acciones:

1. El 12 de octubre de 2010 la Representante citó a un debate de control político a la Directora del ICBF y a varios funcionarios del Gobierno Nacional para discutir  la política pública de resocialización de jóvenes en conflicto con la ley penal. 

 2. Ángela Robledo y su equipo de trabajo se  reunieron con el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Corte Constitucional y con la Fiscal General de la Nación. 

 3. Se le informó a la Comisión Primera de la Cámara las implicaciones de la reforma al Código de Infancia en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.

 4. La Representante realiza un especial y permanente seguimiento a las instalaciones que albergan a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Desde octubre 2010 se denunció las malas condiciones de estos centros de atención especializada. 

 5. Se logró que entidades y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de l@s niños y se oponen al proyecto de reforma, fueran escuchadas en la Comisión Primera.

 6. Gracias al trabajo con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo,  la Alianza por la Niñez y varios Representantes de otros partidos,  se logró el retiro temporal del articulado del proyecto y la profundización en su estudio a través de una comisión.

Sobre el Partido Verde:

La Representante a la Cámara Ángela Robledo estuvo presente en los encuentros regionales del Partido Verde realizados en Barranquilla , Manizales, Armenia  y Bucaramanga, ciudades en las que se conformaron las direcciones departamentales.

Sobre las eventuales alianzas con miras a las elecciones de octubre 2011, Angela Robledo ha insistido que rechaza las alianzas con partidos, grupos o personas que hayan  estado o estén involucradas en prácticas políticas tradicionales que van en contravía de los principios del Partido Verde. La Representante ha dicho:

1. Uribe y el uribismo no tienen nada que ofrecerle a Bogotá ni al Partido Verde. 

2. Las prácticas tradicionales como la Yidispolítica, Agro Ingreso Seguro y Falsos Positivos no nos comprometen, no nos interpretan. 

3. No en mi nombre se negocian los principios. 

Agenda Legislativa:

Este año la jornada legislativa ha tenido tres ejes fundamentales para la Representante Robledo:

1. Radicó ponencia positiva al proyecto de Ley No.153 de 2010 “por el cual se dictan normas sobre el Régimen Especial de pensiones de Invalidez, de Sobrevivientes y de Vejez para Periodistas”.

2. Prepara la ponencia del Proyecto de Ley N°182/2011 Cámara “por el cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”.

3. Propuso que el presupuesto nacional se asumiera  desde el enfoque de género. La congresista verde afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo ignora a las mujeres.

4. La Bancada Verde en la Cámara de Representantes citó a un debate de control político sobre la política ambiental del Gobierno Nacional.  Ante la inasistencia de todos los Ministros citados, la Bancada pidió que se aplazara el debate y exigió respeto con el Partido Verde y con el país.

La emergencia invernal: crónica de una tragedia anunciada:

Ángela Robledo denunció que la tragedia invernal es el resultado de fallas institucionales, de previsión y de corrupción.

Para la congresista, la tragedia invernal es un descuido estructural y no un simple hecho impredecible. Por ello sugirió la revisión del modelo de desarrollo que, según indicó, no es sostenible. 

En la misma línea la Representante alertó sobre la ineficiencia de la reparación a las víctimas con decretos que resultan ser paños de agua tibia, por lo que en la Plenaria del Congreso votó en contra de estos decretos.

Foro: Mujer, cuidado y Medio Ambiente

El pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, la Representante Angela Robledo realizó este foro con el fin de hacer un reconocimiento a las mujeres en su contribución al medio ambiente y a la vida en todas sus expresiones. 

El foro, al que asistieron cerca de130 personas, concluyó con una propuesta para que se inicie un trabajo desde el eco-feminismo, no sólo para solucionar los problemas medioambientales que aquejan al planeta, sino para que desde allí se luche contra la discriminación. 

Contó con las ponencias de Carmenza Saldías, Angela Robledo, Grace Zárate, Rodolfo Quintero y Lucho Garzón.

Apuntes políticos:

*Ángela Robledo fue nombrada Co - Presidenta de la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes. Participó en el Foro Internacional “Haciendo la Paz en Colombia”, que reunió a políticos y activistas por la paz en América Latina y fue realizado en Buenos Aires  del 20 al 23 de febrero.

*Este año la Representante Robledo se estrenó como columnista del periódico La Patria, en donde los martes cada quince días publica una columna.

*Entró en vigencia la ley 1434 de 2011 que crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

INFORME COMPLETO DE RENDICION DE CUENTAS DISPONIBLE EN WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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Educación para la prosperidad como un derecho, no como negocio

Acompaño a los miles de jóvenes que se movilizan en contra de la privatización de la educación superior al tiempo que llamo a que las protestas se hagan de manera pacífica y argumentada.

Hemos venido exponiendo que la educación es el camino para lograr una Colombia justa, pacífica, respetuosa de la ley y los derechos, innovadora, productiva y próspera. Con educación y cultura derrotaremos la ilegalidad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, la destrucción del medio ambiente y los desequilibrios regionales.

La propuesta de Pedagogía Legislativa y Política, que engloba el conocimiento sobre los procesos políticos y los procedimientos para la adopción y puesta en ejecución de la Ley, tienen por fuerza que hacer parte de esa apuesta por la educación como motor de la transformación social.

Estamos convencidos de que las universidades son lugares para aprender; son un motor de desarrollo y paz, no un negocio, ni un privilegio, ni un lugar para el intercambio de mercancías.

Hago un llamado a la Ministra María Fernanda Ocampo, quien adoptó como lema que La educación es el camino para la prosperidad, para que incluya en sus políticas un análisis juicioso sobre la calidad de la educación, que revise  la brecha que existe en cobertura y calidad entre la educación pública y la privada, entre la educación  rural y urbana. Que nos cuente cómo va a prevenir la deserción del 30% que afecta especialmente a los jóvenes pobres entre los 14 y 18 años. Que opine sobre la ruta educativa para la mitad de bachilleres que no entran a la educación superior, que diga qué va a hacer con la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad pero no se gradúan.

Estamos de acuerdo en que la educación es el camino para la prosperidad, sin duda, pero no como un negocio, sino como un derecho.

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Prensa: Margarita Sarmiento/ 3202343806

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Emociones y política

Algunos han definido los partidos como mecanismos propios del sistema democrático cuya función es la de articular intereses de los distintos sectores que buscan representar, traduciéndolos en un programa de gobierno por el cual votan los ciudadanos y ciudadanas y que, de recibir el respaldo mayoritario de éstos, se convierte en guía para la acción de quienes asumen la dirección del Estado en sus distintos niveles. No cabe duda que hay mucho de verdad en esta definición, pero creo también que ella se queda corta frente a lo que pueden y deben representar los partidos políticos y sus acciones, al menos en el contexto de un país como el nuestro cercado por tantos y tan graves problemas. Al hacer esta afirmación, me vienen a la mente el torrente de emociones que produjo en mí el documental titulado "La Ola Verde. Antana´s way" que fue emitido el pasado fin de semana y realizado bajo la dirección de Margarita Martínez, importante creadora de quien el país ya tenía noticia por su revelador y polémico trabajo de "La Sierra". El desfile de imágenes y sonidos que recoge el documental nos puso a todos quienes pudimos asistir al pre-estreno de la cinta, en contacto con una cascada de sentimientos que iban desde la alegría de haber sido testigos, y en alguna medida protagonistas, de una movilización ciudadana sin precedentes en la historia política de nuestro país, hasta la sensación de tristeza y de frustración que despiertan las escenas finales de lo que parece ser el naufragio de una esperanza de producir un cambio fundamental en la manera de hacer política en este país, cambio aún más trascendental por haber sido promovido por una vía pacífica y ampliamente participativa.

Al reconocer su derrota en las urnas, Antanas Mockus, formuló una pregunta que rondaba entre quienes habíamos puesto lo mejor de nosotr@s en traducir en respaldo electoral esa gran "Ola Verde" que con la participación en especial de los jóvenes, se llenó de multiplicidad y símbolos: ¿Y ahora qué? Y él mismo se respondió: ¡Ahora todo! Con esta invitación a la utopía como práctica y como guía de acción, los simpatizantes, congresistas y directivos del Partido Verde hemos trabajado, no sin dificultades, en el esfuerzo de fortalecer nuestro Partido en lo ideológico, en lo programático y en lo organizativo, en la esperanza de que el mismo se convierta en el vehículo que haga posible ir construyendo, desde lo local, lo municipal y departamental, ese cambio que la sociedad colombiana requiere con urgencia y que se resume en los principios tantas veces repetidos: La vida es sagrada; los recursos públicos son sagrados; con educación todo se puede y, claro está, el principio que marca el derrotero ético de nuestras acciones en todos los órdenes: No todo vale.

En estos momentos en que los ciudadanos y ciudadanas empezamos a conocer los nombres y las propuestas de ese abanico de candidatos y candidatas de entre quienes habremos de elegir en octubre a quienes habrán de representarnos en las corporaciones de elección popular, concejos y asambleas, y en los gobiernos de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, resulta urgente ratificar esos principios para que sirvan de guía en el proceso de otorgamiento de avales y de conformación de alianzas con otros movimientos y partidos políticos con los cuales aspiramos ampliar la presencia en nuestro país.

Además de los principios, consideramos que este proceso de conformación de alianzas electorales debe reconocer las dinámicas propias, las prioridades y las particularidades de cada uno de nuestros municipios y departamentos. Debemos ser también capaces de reconocer que en política los matices son importantes, y que dentro de los demás partidos existen personas y corrientes con los cuales resulta posible definir plataformas de acción conjunta. El proceso de conformación de tales alianzas debe hacerse de manera pública y con total transparencia. Los ciudadanos y ciudadanas deben comprender el porqué y el para qué de los acuerdos que deben tener como único propósito garantizar una mayor gobernabilidad en pro del bienestar de las comunidades. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que las urgencias electorales terminen por descarrilar el proceso de construcción del Partido Verde de ser una alternativa democrática y viable para Colombia.

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Los jóvenes sí pagan por sus delitos: Representante Angela Robledo

La Comisión Primera de la Cámara respondió de manera positiva al llamado de las organizaciones sociales , el Ministerio Público y la academia y tomó la decisión de NO aprobar los artículos del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, dirigidos a modificar la Ley de Infancia y Adolescencia.  En este escenario fue clave el liderazgo de la Representante del Partido Verde Ángela Robledo, quien desde agosto de 2010 se ha opuesto con fuertes argumentos a la reforma. La Representante Robledo respondió cinco preguntas clave para abordar el debate. 

1. ¿Qué opina de la decisión que tomó la Comisión Primera de la Cámara?

Es una decisión responsable y sensata ante la solidez de los argumentos que venimos dando a conocer los expertos en el tema. No podemos improvisar. Los jóvenes y adolescentes, a quienes les hemos fallado ya sea desde la familia, la sociedad o el Estado, necesitan ser tratados responsablemente. En consecuencia, lo que debemos es actuar frente a las verdaderas necesidades y debilidades que tiene el Sistema, muy recientemente implementado, para que éste opere cabalmente.

 2. ¿Cuál es la ruta que sigue esta discusión?

De acuerdo con el compromiso establecido con el Ministerio del Interior, sigue una reunión con la Procuraduría, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para analizar a profundidad el tema y definir concertadamente, ya sea la eliminación de los artículos que pretenden modificar el Código de Infancia y Adolescencia o los ajustes que sean indispensables en la propuesta de articulado del Proyecto de Ley 160, de seguridad y convivencia. La decisión que allí se tome será llevada a la Plenaria de la Cámara.

3. El Ministro del Interior dice que los jóvenes son delincuentes peligrosos que no pagan por sus delitos ¿Usted qué opina?

Que no es cierto. Los jóvenes sí están pagando por sus delitos. Las cifras que presentó la Procuraduría en la Comisión Primera así lo demuestran: desde el 2007 al 2010, la Policía tiene registradas 98.000 aprehensiones; la Fiscalía 18.607 imputaciones y, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, 12.400 jóvenes han sido sancionados. Diferente es que el Sistema no está funcionando. Por ejemplo, hay sitios donde no se cuenta con la infraestructura para internarlos, hay funcionarios responsables de su ejecución que no tienen el conocimiento y los perfiles necesarios, existe desarticulación de las 17 instituciones que deben intervenir en el sistema y, además, el Sistema de Responsabilidad para Adolecentes adolece de un órgano rector que lo oriente, impulse y organice. El sistema de justicia para jóvenes es una responsabilidad del Estado y su inoperancia no puede recaer en los jóvenes infractores.

4. ¿Necesita o no la Ley de Infancia una reforma? 

Tal y como está planteada la reforma no es adecuada ni necesaria. Se pretenden incrementar tiempos de privación de la libertad en las sanciones de los jóvenes, lo cual va en contra de lo que muestran recientes estudios realizados por el investigador y académico Daniel Nagin, que señalan que el aumento de penas no tiene correlación alguna con la disminución de los delitos, además van en contravía de las normas internacionales sobre protección de los derechos de los jóvenes. Si lo que se pretende es persuadir a través del incremento de la sanción, estamos resolviendo un problema de manera equivocada. El foco de atención debe concentrarse en una verdadera política de prevención del delito y de reales oportunidades educativas, culturales, sociales, laborales para los jóvenes. 

Lo que se ha propuesto de manera insistente en las diferentes instancias de discusión del proyecto de ley, tanto por parte la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como por la Alianza por la Niñez de la cual hago parte, es conformar una mesa que evalúe el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y realice los ajustes que se requieran y, si es indispensable, legislar sobre sus reales necesidades.

5. Razones para que la Plenaria de la Cámara vote negativamente esta reforma:

1. El Sistema de Responsabilidad Penal se implementó en diciembre de 2009, aún no se conocen sus verdaderos resultados y ya queremos modificarlo, eso es legislar improvisadamente. Se han identificado fallas en la capacidad institucional y en elementos de implementación y no en la normatividad. 2. Incrementar las penas es un bandazo más en la política criminal, no reduce el delito ni mejora las condiciones de seguridad. Es responder con el garrote en los síntomas y no en las verdaderas causas. 3. Se necesita ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza, sabemos muy poco sobre las causas y los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes. Hay que arrebatárselos de las manos  a las bandas criminales, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles”.

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Angela Robledo pide a Comisión Primera retirar artículos dirigidos a modificar la Ley de Infancia

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Un Plan de Desarrollo con "prosperidad para todos" no puede ignorar a las mujeres: Angela Robledo

La Representante a la Cámara por el Partido Verde propone que se determine e incluya el presupuesto que la Nación va a destinar a las mujeres. “No se trata de incrementar las partidas, sino de evidenciar cuánto del presupuesto se va a destinar específicamente para ellas”.

Robledo afirmó que “no es posible resarcir los derechos vulnerados de las mujeres sin recursos específicos para ellas”.

En una proposición la parlamentaria plantea que al menos el 10’% del presupuesto del Plan de Desarrollo vaya específicamente a proyectos que involucren a las mujeres, teniendo en cuenta que las condiciones que afrontan las mujeres en todos los escenarios es de clara desventaja: “Las principales víctimas de la violencia intrafamiliar son las mujeres (90% de casos), la cantidad de mujeres desempleadas es del doble frente a los hombres. Los hombres ganan un 25% más que las mujeres, teniendo el mismo cargo.  El porcentaje de mujeres en la política es mínimo (16%). Las principales víctimas del desplazamiento son las mujeres.

Cada uno de estos problemas, tomados aisladamente, para abordarlos de manera seria durante 4 años y superarlos, requiere de unos recursos superiores a los $38.524 mil millones de pesos presupuestados. Claramente, el rubro asignado es insuficiente. Es paradójico que el presupuesto asignado a los asuntos de género sea el más bajo, apenas el 0,01% del total del presupuesto”, indicó la Representante Angela Robledo.

“El Plan Nacional de Desarrollo no es equitativo ni incluyente cuando a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, no nos asignan ni siquiera el 1%, dice Angela Robledo.

La congresista aseguró que un Plan de Desarrollo que pretende "prosperidad para todos" no puede dejar a más de la mitad de un país por fuera, mientras que a la guerra le asigna 12%.

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Una luz de esperanza para un planeta amenazado

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Distintas organizaciones, nacionales e internacionales, realizaron eventos para celebrar algunos avances que hemos tenido las mujeres en todos los campos de nuestras sociedades, pero también para recordarnos que aún queda mucho camino por recorrer en el goce efectivo de los derechos por parte de tantas y tantas mujeres en Colombia y en el mundo. Vale recordar que en el planeta la violencia contra las mujeres continúa dejando su impronta, el 70% de ellas han sufrido alguna forma de violencia. Un reciente informe de Naciones Unidas muestra que las mujeres llegamos al siglo XXI, con ingresos menores al 20% en relación con los hombres, a pesar de que en muchos países, como en Colombia, hemos logrado mayores niveles de educación. Seguimos siendo las despojadas de la tierra, la titularidad es un derecho fundamentalmente masculino, y con la excepción notable de algunos países escandinavos, las mujeres tenemos aún muy poca voz en los escenarios políticos formales, por ello nuestros intereses permanecen la mayoría de las veces 'silenciados', dada la existencia de un aplastante privilegio masculino en la definición e implementación de las políticas públicas.

Sobre este tema escribí en mi primera columna en el Diario LA PATRIA -de esta mi patria, o tal vez debería decir mi matria chica- en la cual señalaba que una democracia sin la presencia deliberante, activa y fuerte de las mujeres, es una democracia incompleta.

Por nuestra parte, quisimos celebrar este día tan significativo con un Foro en el recinto del Congreso sobre "Mujer, cuidado y Medio Ambiente", cuyo propósito fue hacer un reconocimiento a la contribución de las mujeres al cuidado de la vida en todas sus expresiones y al cuidado del Medio Ambiente que la sustenta. El evento sirvió también para renovar nuestro compromiso de luchar, con todas nuestras fuerzas, en contra del patriarcado, esa suma de instituciones y de prácticas que sustentan las múltiples expresiones de dominio y discriminación en contra de los derechos de la mujer en los campos educativo, laboral, sexual, reproductivo y político. Patriarcado que, al mismo tiempo, ha contribuido a la explotación del medio ambiente, al agotamiento de los recursos naturales en numerosas regiones del mundo, produciendo lo que ha llamado las "guerras climáticas" que hoy cuentan con miles de refugiados que huyen de los campos y ciudades.

Por ello hoy decimos que hay que feminizar el mundo, dando paso a valores como la solidaridad, la cooperación, el cuidado medioambiental, juntando los saberes ancestrales de nuestras mujeres, su capacidad para el cuidado de la vida, con otras formas de conocimiento sobre este nuestro único y común planeta amenazado.

Como lo señala Vandana Shiva, física, filósofa, pacifista y feminista, premio Nobel alternativo, esa posibilidad la encontramos en el ecofeminismo que busca poner la vida en el centro de la organización social, política y económica. Como nos recuerda Shiva, las mujeres ya lo hacen porque a ellas se les ha dejado la tarea del cuidado, del mantenimiento de la vida, porque antes que dominar y explotar la naturaleza, han reconocido la necesidad de preservar sus recursos naturales. El contacto cotidiano de millones de mujeres con el agua, con los arados, con la leña para prender el fuego, las conecta con prácticas que hacen sostenible el planeta, esa cotidianidad donde nuestras relaciones sociales se concretan, se llenan de sentido. El ecofeminismo es la convergencia de la ecología y el feminismo. La ecología nos plantea que no se pueden destruir los fundamentos ecológicos a través de los que sobrevivimos. El feminismo nos convoca a adelantar profundas transformaciones culturales, económicas y sociales que eliminen cualquier forma de dominación y violencia contra los seres humanos y la naturaleza. El ecofeminismo es realmente la filosofía de toda sociedad duradera.

Feminizar el mundo es preservar la vida en todas sus expresiones, en un planeta habitable. La tierra la estamos secando, los mares y los ríos se contaminan, las ciudades se arrasan, necesitamos de la humedad y la capacidad fertilizante de lo femenino para que el planeta vuelva a ser surco para la vida.

Columna de opinión para el Periódico La Patria

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Día Internacional de la Mujer en el Congreso de la República

La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, realizará este martes el Foro Mujer, Cuidado y Medio Ambiente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (CLIC AQUI PARA INSCRIPCIONES)

El evento reúne a personalidades de la academia, mujeres de organizaciones ambientalistas y líderes de diferentes partidos políticos para debatir sobre los retos frente al cuidado del planeta. "Queremos hacer un reconocimiento a la contribución de las mujeres al cuidado de la vida en todas sus expresiones y al cuidado del Medio Ambiente que la sustenta, y de esta manera vincularnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer", dijo la parlamentaria.

Recientemente la congresista criticó  los precarios avances que en materia de derechos políticos tienen las mujeres en Colombia: "Nuestro país ocupa los últimos lugares de participación política de mujeres en América Latina. Comparte al igual que la República del Congo, el puesto 110 entre 134. Las mujeres son tan solo 14% en los concejos, 17% de las diputadas,  9% de los alcaldes y 12% del parlamento. En las dos elecciones de Congreso de esta década (2002 y 2006) en 17 departamentos no ha sido elegida ninguna mujer en la Cámara de Representantes. En 11 departamentos, no existe una mujer como diputada.  Una encuesta reciente de la Misión de Observación Electoral señala que las mujeres pese a representar 51.8% del censo nacional y 51.9% del potencial electoral, solo 45% vota realmente". 

De acuerdo con Robledo " Continuar la lenta marcha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, como sujetos que constituyen la otra mitad de la humanidad que ha estado sometida a la voluntad suprema del varón, ha sido un proceso difícil que ha pasado tanto por las presiones de los movimientos de mujeres a nivel mundial y nacional, como por el impacto que las transformaciones económicas, políticas y sociales han tenido sobre las costumbres y las prácticas cotidianas".

Gracias a la presión que han  ejercido  las mujeres y a la respuesta, que en ocasiones, encontraron a sus peticiones –ya sea por compartir ideales radicales o socialistas, por la necesidad de abrirse a las reformas necesarias para permitir que el país avanzara hacia la modernidad – se logró que Colombia participara y firmara una serie de convenciones interamericanas a partir de 1928, año en que se realizó la Sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos y se creó la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), primer organismo intergubernamental en el mundo constituido expresamente para luchar por los derechos de las mujeres.

Esta serie de convenciones y pactos puso en claro la falta de reconocimiento explícito a los derechos humanos como un pacto de la sociedad que incluyera también a las mujeres. Se comienza a plantear que el modelo de ser humano no puede seguir siendo el del varón. Era necesario tener en cuenta a las mujeres y por eso fue tan importante que desde ellas se comenzara también a construir y a escribir la historia; a reconstruir los valores de la sociedad, los ideales y la cultura.

Por ello la importancia de la exigencia de los derechos de las mujeres para lograr ser reconocidas en la sociedad como sujetos actuantes y deliberantes: el derecho a la integridad física, al trabajo digno, a una  educación de calidad e incluyente, a la cultura; al acceso al poder, a una vida sexual sana y plena, a conservar y manejar sus propios ingresos, al tiempo libre, a ser tratadas con dignidad. El derecho al goce, al tiempo libre, a disfrutar efectivamente y en igualdad de condiciones y oportunidades, de los mismos derechos que gozan los hombres y que el Estado les protege.

Ángela Robledo ha venido convocando al Partido Verde y los partidos de todos los colores para que se anticipen a la nueva reforma política que contempla beneficios para aquellas colectividades que incluyan mujeres en sus listas y que efectivamente logren que un mayor número de mujeres acceda al poder para transformar  la realidad, la biografía y la historia  de las mujeres y logar que sus prácticas cotidianas de cuidado del planeta,  se impongan para darle continuidad a la vida. 

Evento: Foro Mujer, Cuidado y Medio Ambiente

Fecha: Martes 8 de marzo de 2011. Día Internacional de la Mujer

Lugar: Auditorio Luis Guillermo Vélez. Edificio Nuevo del Congreso

Hora: 8 a.m. - 1:00 p.m.

CLIC AQUI PARA INSCRIPCIONES

Tags: Bancada de Mujeres Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Día a la NO Violencia contra la Mujer Ministerio de la mujer Propuestas de la Bancada de Mujeres Angela robledo Mujer Mujeres Partido verde

Alvaro Uribe y el “Uribismo” no tienen nada que ofrecerle a Bogotá ni al Partido Verde

Queremos reiterar con total claridad que estamos convencidos de la urgencia de trazar una clara distancia con prácticas del gobierno Uribe como las denominadas yidis-política, parapolítica, chuzadas, falsos positivos y agro-ingreso seguro, entre otros.  

Nada puede aportar el Uribismo a la búsqueda de una salida a la crisis en que se encuentra Bogotá. En el campo de la seguridad, Bogotá, y el país están evidenciando los límites de la estrategia de “seguridad democrática”. Las cifras señalan preocupantes tendencias en materia de in-seguridad, particularmente en las ciudades donde se ha registrado un incremento en el número de homicidios.

El General Naranjo señaló que las denominadas Bandas Criminales Emergentes, o el viejo paramilitarismo reinventado, como la mayor amenaza al orden público. La pregunta es: ¿es este modelo de seguridad democrática  la fórmula  que debemos adoptar en Bogotá?

Tampoco en materia social resulta útil el modelo “Uribista”. En este campo, la promoción de la cohesión social se limitó a operar una serie de “redes” que buscaban, más que permitir que una buena parte de la población saliera de la pobreza por la vía de la educación y del empleo de calidad, evitar que se hundieran irremediablemente en la miseria. Familias en acción; cupos educativos en el SENA sobre cuya pertinencia y calidad nunca se han rendido cuentas; programas asistenciales en materia de nutrición que en muchos casos terminan por privar a las comunidades de sus capacidades endógenas para mejorar su calidad de vida. Todas ellas bajo el control directo, sin mediación institucional, de una figura providencial, omnisciente y omnipresente.

Bajo el gobierno Uribe la Cohesión social nunca fue entendida, ni promovida, como la creación de condiciones que hagan posible la incorporación en los beneficios de la ciudadanía social - mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de los barrios, zonas y regiones  más pobres; posibilidades de trabajo e ingresos de los grupos más vulnerables; desarrollo de capacidades y aumento de las oportunidades para los más pobres - de millones de colombianos y colombianas que aún se encuentran excluidos de la misma.

Tampoco se asumió la política social como un proceso de lucha frontal contra las redes clientelistas que perpetúan relaciones desiguales entre grupos necesitados y dispensadores de favores que amarran reciprocidades electorales. Ni se entiende como la promoción de un “capital social positivo”, esto es, la promoción de relaciones de confianza y de cooperación entre los ciudadanos y ciudadanas de manera tal que se promueva no solo el crecimiento económico, sino la inclusión, la equidad y la participación.

Por fortuna para nuestra Bogotá, la ciudadanía ha demostrado que es capaz de discernir entre las distintas opciones políticas que se le presentan. Los bogotanos y las bogotanas no queremos que se nos ofrezca “vino viejo en odre nuevo”. Queremos una relación clara y transparente con nuestros dirigentes, con nuestros voceros y representantes. Solo así podremos reconstruir la confianza, tan menguada hoy en día, en nuestras autoridades.

Desde hace ya muchos años, en mi ejercicio como mujer de la academia, como activista de distintas Organizaciones no gubernamentales, como lidereza social y política que ha buscado representar el pensamiento de los miles y miles de jóvenes que rompieron su apatía frente a la política para participar de manera activa, innovadora, generosa y esperanzadora en la pasada campaña presidencial y que hoy reclaman que los candidatos y las candidatas a los cargos de elección popular sean y se mantenga verdes, quiero hacer una invitación pública para que nos unamos en una campaña fuerte de rechazo a toda conducta política que se aleje de nuestros principios. Digamos todos a una voz que esas prácticas no nos comprometen, que esas palabras no nos interpretan. Que quienes las pronuncian y las realizan lo hacen por su propia cuenta y riesgo.

¡NO EN MI NOMBRE SE NEGOCIAN LOS PRINCIPIOS!

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Jóvenes en Colombia: más víctimas que victimarios, dice Representante Angela Robledo

En las últimas semanas algunos medios de comunicación se han volcado con la pasión que los caracteriza a registrar situaciones de seguridad en las cuales muchos jóvenes son presentados como los mayores criminales en Colombia. Es en este contexto de miedo generalizado y de "crisis de seguridad", en el cual surgen algunas iniciativas legislativas que buscan proponer castigos ejemplares para enfrentar dicha situación como son: aumento de penas, disminución de la edad mínima de responsabilidad penal, ampliación de delitos que tienen pena privativa de la libertad y hasta el castigo en cárceles. Estas demandas parecerían ignorar investigaciones como las del brasileño Sergio Piñero quien demuestra que las medidas represivas en los países latinoamericanos, no solo no han logrado incidir en la disminución de la llamada delincuencia juvenil, sino que han perpetuado la cultura del autoritarismo en la región.

Desde el Congreso de la República, me he opuesto de manera sistemática y argumentativa a los proyectos de ley que proponen salidas represivas, para enfrentar el problema de los jóvenes en conflicto con la ley en Colombia. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración del Código de Infancia y Adolescencia el cual incluye un capítulo referido al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, cuya premisa central es que si bien los jóvenes son responsables penalmente de cara a sus acciones, al mismo tiempo son sujetos en formación que deben recibir una sanción orientada a cumplir una finalidad educadora, rehabilitadora y protectora.

Las cifras disponibles sobre las conductas en las cuales incurren los jóvenes, muestran que un 70% corresponde a hurto y microtráfico de estupefacientes, por el contrario los delitos graves referidos a homicidios y delitos personales representan solo el 8%. La pregunta que surge es si no estamos presentando propuestas sobre la base de unos hechos que si bien rechazamos categóricamente, no representan el grueso de las conductas delictivas en las que éstos incurren.

Estoy convencida que hace falta ahondar en la comprensión de las situaciones que enfrentan nuestros adolescentes y jóvenes, de manera particular aquellos que hacen parte de ese casi 50% de la población que vive en condiciones de pobreza y miseria, esos que deben enfrentar las limitaciones en cuanto a cobertura y calidad de la educación, o que hacen parte del 30% de jóvenes que desertan de la escuela para incorporarse al mundo del rebusque, la explotación laboral o la ilegalidad. En Colombia la posibilidad de que un joven muera asesinado, es cinco veces más alta que en América Latina. La guerra centenaria que vive Colombia, degradada por el narcotráfico se ha trasladado a los sectores populares de las grandes ciudades, y ha convertido a nuestros jóvenes, en sus principales víctimas, transformándoles a su vez en muchas ocasiones en victimarios de sus pares y vecinos, produciendo sujetos que actúan como "máquinas de guerra". En Colombia, la muerte ronda la vida de adolescentes y jóvenes, en especial la de aquellos que han estado excluidos social, cultural y económicamente.

Nuestra Constitución establece que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son prevalentes y no distingue entre "los niños buenos y los chicos malos". Se trata de un mandato que los cobija a todos por igual. Mal haríamos entonces en pensar que políticas populistas de mano dura, van a resolver las enormes brechas sociales y económicas que existen en Colombia. Podemos construir muchas cárceles, encerrar a muchísima gente, no solo a los jóvenes, pero no lograremos una verdadera justicia y tampoco se incidirá en las causas profundas que originan la delincuencia juvenil.

La sociedad siente que los adolescentes infractores constituyen una gran amenaza y que no están pagando por sus crímenes, el gobierno y algunos miembros del parlamento se la juegan con mayores penas y cárceles, los jóvenes sienten que pueden ""librarse" fácilmente de la justicia, las organizaciones criminales los instrumentalizan y luego los asesinan. Es tiempo de que el Estado, la familia, la sociedad, los organismos internacionales, los protejamos integralmente y con ellos, construyamos una ruta que promueva ciudadanos, sujetos éticos, capaces de hacerse cargo de sí mismos y de los demás y del mundo en el cual habitan.

Columna de Opinión para el Periódico La Patria

Publicada en: http://www.lapatria.com/story/j%C3%B3venes-en-colombia-m%C3%A1s-v%C3%ADctimas-que-victimarios

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Violan derechos de adolescentes en conflicto con la ley, advierte Representante Angela Robledo

"Si uno abre los ojos a tiempo, se salva": joven en conflicto con la ley 

Ángela Robledo, Representante a la Cámara del Partido Verde, hace un llamado a los entes de control, a las entidades responsables del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos de la niñez a tomar medidas inmediatas y estar alertas frente a las situaciones de violación de derechos humanos que se vienen presentando en el CESPA (Centro de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes)  y el Redentor, instituciones destinadas a atender a los menores de edad en conflicto con la ley.

Robledo visitó las instalaciones del CESPA y estuvo conversando con algunos de los adolescentes para verificar la Información suministrada por algunos funcionarios del CESPA  que da cuenta de situaciones de hacinamiento, lo que ha ocasionado que los menores infractores tengan que esperar días y noches enteras para acceder a los procesos judiciales, contraviniendo la Convención de los Derechos del Niños que obliga a activar el aparato judicial y de restablecimiento de derechos para los niños y jóvenes en conflicto con la ley.

Según dijeron fuentes internas del Centro  "Los adolescentes en conflicto con la ley, que son aprehendidas en horas de la tarde y noche, no los recibe el ICBF, porque no hay capacidad, no hay cupo. Estos menores de edad deben permanecer sentados todo el día y la noche, aguantando frío y hambre". 

De acuerdo con la información suministrada por funcionarios que laboran en el centro la capacidad del Redentor es de 300 cupos y a la fecha se encuentra allí 400 menores de edad. 

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La Paz no se decreta, se construye, dice Representante Angela Robledo

Importantes pronunciamientos sobre la paz hizo hoy Ángela Robledo, quien en su condición de integrante de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, participa en el Foro Internacional Haciendo la Paz en Colombia que finaliza en Buenos Aires (Argentina)  y que reunió a políticos y activistas de la paz en América Latina.

La parlamentaria del Partido Verde dijo que “hay que poner fin al conflicto colombiano” y que esta tarea la tenemos que hacer entre todos con el liderazgo del presidente Santos.

Robledo se comprometió a trabajar desde el Congreso de Colombia y a través de una estrategia de pedagogía de la paz  en la búsqueda  de condiciones que faciliten procesos de paz para el país.

Estos son algunos apartes de su pronunciamiento: 

“Para lograr la paz es necesario promover el rechazo social y la censura moral al uso de la violencia, en particular en las prácticas políticas. La paz se construye, no se decreta para lo cual resulta necesario fortalecer el aparato de justicia, crear condiciones que hagan posible desarrollo regional con participación ciudadana y fomentar una profunda transformación cultural hacia la legalidad”.

“La legalidad democrática se fundamenta en el monopolio del Estado en la administración de la justicia, y en la consolidación del uso legítimo de la fuerza. No todo vale. El fin no justifica los medios. Por el contrario, es la legitimidad de los medios, su estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, los que darán al Estado la fuerza política, la legitimidad, la confianza y el respaldo de la ciudadanía para poder construir una sociedad en donde la vida sea sagrada”.

“El tratamiento que en una sociedad democrática pueden esperar las víctimas del prolongado conflicto interno armado se enmarca en una cultura de solidaridad y reconocimiento de la sociedad hacia quienes han sufrido la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La reparación a las víctimas no puede requerir su previo reconocimiento judicial. No podemos olvidar a las víctimas, para lo cual proponemos una agenda permanente de acciones simbólicas y materiales de reconocimiento y resarcimiento”

“Paulo VI señaló que la Justicia es el nuevo nombre de la Paz. Compartimos esa visión. Las políticas sociales destinadas a combatir la extrema inequidad social, característica sobresaliente y negativa del país, deben ser una bandera permanente para apuntalar la paz,erradicando así el caldo de cultivo de la violencia. Entre tales políticas cabe mencionar la destinada a solucionar el eterno problema de tierras, quizás el eje de reproducción de conflictos y violencias; las que hagan posible la generación de empleos estables en el campo y las ciudades; las que garanticen educación de calidad a todos los niveles, como medio de desarrollo del conocimiento y fundamento del empleo digno, y las que promuevan el respeto a las normas de convivencia ciudadana”.

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Intervención ante la Corte Constitucional apoyando demanda matrimonio LGBT

Bogotá. D.C., Febrero de 2011

HONORABLES MAGISTRADOS

CORTE CONSTITUCIONAL

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado Ponente

Referencia: Intervención ciudadana en el proceso D-8376 acumulada al proceso D-8367. Acción de inconstitucionalidad para el reconocimiento del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Nosotros, Ángela Robledo y Alfonso Prada, en nuestra calidad de Representantes a la Cámara, fuimos autorizados por la Dirección Nacional del Partido Verde en reunión realizada en la ciudad de Barranquilla, el día 21 de enero del año en curso, para presentar el siguiente escrito con el fin de ratificar nuestro apoyo a la demanda de Constitucionalidad interpuesta por; Marcela Sánchez Buitrago, Directora Ejecutiva de COLOMBIA DIVERSA; Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Luz María Sánchez Duque, Diana Esther Guzmán Rodríguez y Cesar Rodríguez Garavito, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Mauricio Noguera Rojas, abogado de COLOMBIA DIVERSA;  y Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan Miguel Eslava Lozzi y Juliana Emilia Galindo Villarreal contra los artículos 113 del Código Civil Colombiano (Parcial) y 2 de la Ley 294 de 1996 (Parcial), normas que prohíben a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio por la vía civil, conformar una familia y establecen como una de las finalidades del matrimonio la “procreación”. 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 13 erradica cualquier clase de discriminación al consagrar que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.  Y a través de un mandato constitucional conmina para que  la ley  logre esa igualdad real y efectiva.

El artículo en mención hace referencia a todas las personas, esto incluye la diversidad y preferencia y sexual de los ciudadanos. Éstos, como cualquier ciudadano deben gozar y no ser excluidos de los derechos que les asigna la Constitución, incluido el derecho al matrimonio. Es decir, la posibilidad de que una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio es un derecho de estas personas que no puede negarse. En aras de que esta igualdad de derechos sea real y efectiva se debe adoptar una acción que reivindique este derecho. 

Es clara la situación de desigualdad profunda ante la que estamos. Un tipo de ciudadanos, los heterosexuales, pueden contraer matrimonio y otro tipo de ciudadanos, los homosexuales, no pueden contraer matrimonio. Este hecho evidencia que aún en el siglo XXI se considera que existen ciudadanos de primera categoría y otros de segunda categoría. El Estado se relaciona con ellos no sólo de manera diferencial sino claramente discriminatoria. La posibilidad de acceder a este derecho debe ser igual para cualquier ciudadana y ciudadano,  independientemente de su preferencia sexual. Es respetar el supuesto básico de la inclusión y la no discriminación.

¡No más discriminación! Independientemente de las preferencias sexuales toda persona es sujeto de derechos merecedora de las mismas garantías otorgadas constitucionalmente a toda la  población.

Si bien se ha avanzado por vía jurisprudencial en el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo, tales como derechos patrimoniales, pensión de sobreviviente, seguridad social y un compilado de normas que recogen derechos civiles, políticos, económicos, migratorios y penales, éstos no son suficientes para que las personas del mismo sexo puedan gozar plenamente de sus derechos.

La discriminación permanente a la que han sido sometidas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, se pueden equipar a las mismas luchas que las mujeres, los indígenas y los afro descendientes, por nombrar sólo algunas de estas luchas, han emprendido desde el siglo pasado para el reconocimiento pleno de sus derechos y que hoy en día ya no se discuten, razón por la cual vemos de trascendencia histórica para la sociedad colombiana el fallo de la Corte Constitucional al respecto, basado en  una interpretación sistemática de las normas demandadas.

Ahora bien, otro de los obstáculos que algunos sectores de la sociedad argumentan para impedir el matrimonio civil de parejas del mismo sexo tiene que ver con el concepto de familia, en el cual solo tiene cabida papá, mamá e hijos, en la actualidad esa concepción se ha transformado de tal manera que la familia está conformada por más que los padres y los hijos, sea pues esta la oportunidad para acudir a lo que han expresado ustedes como Tribunal Constitucional en sus fallos, en sentencia C 811 de 2011 se indicó;  

“La institución familiar es en extremo compleja, en el sentido de que quienes la conforman están vinculados entre sí por múltiples intereses y afectos. Sin embargo, tras una simplificación de la cuestión no sería absurdo afirmar que el vínculo originario y primigenio que da origen a la familia radica en la existencia de relaciones creadas con vocación de permanencia y fundadas en el afecto, la solidaridad y la intención de ayuda y socorro mutuo. En este sentido, la institución familiar constituiría el “núcleo fundamental de la sociedad” (CP, art. 42) porque sería allí donde surgirían las formas más esenciales de la solidaridad social (CP, art. 1°). Como lo decía Ciro Angarita Barón desde el comienzo de esta Corte, la familia esta donde están los afectos” (el resaltado es nuestro).Es sobre este sentido de la familia, expuesto por el ex -magistrado Angarita, que se basa el derecho que tienen las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Ratifica nuestro compromiso con las acciones encaminadas a garantizar los derechos de la población LGTB, que durante los mandatos de los co- presidentes del Partido Verde fueron incorporadas en sus planes de desarrollo  políticas orientadas a trabajar el tema de la diversidad sexual, incluyendo capacitaciones a los funcionarios de la Policía, campañas masivas de comunicación con una participación activa de la comunidad. En el caso de Bogotá durante la administración de Luis Eduardo Garzón se  implementó una política distrital para los derechos de la población LGBT, así como se creó un Centro Comunitario para atender las prioridades de la población LGBT de Bogotá. De igual manera como los tres ex - alcaldes desarrollaron acciones en pro de los derechos de esta población, Sergio Fajardo en Medellín hizo lo propio. 

El Partido Verde en aras de defender los principios de igualdad, inclusión y diversidad apoyamos esta demanda, más aún cuando una de nuestra prioridades es “la eliminación de toda discriminación sexual”. Este tipo de decisiones fortalece y enriquece la democracia.

Atentamente,

Angela Robledo

Representante a la Cámara

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Alfonso Prada

Representante a la Cámara

Tags: LGBT Angela robledo Derechos patrimoniales lgbt

No a las cárceles para adolescentes, dice la Representante Angela Robledo

Desde octubre del año pasado cuando se radicaron en el Congreso de la República las iniciativas tendientes a aumentar las penas para los menores infractores y ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, la Representante a la Cámara Ángela Robledo ha venido animando el debate en contra de las medidas:  “Me he opuesto a estas iniciativas que constituyen una nueva forma de victimización de los adolescentes, vulneraran los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y van en contravía de las obligaciones de protección de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito”.

La parlamentaria ha advertido sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a  jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, por falta de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica. Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya el desarrollo de políticas sociales y estrategias de prevención del delito”, dijo Robledo el año pasado.

Hoy en un encuentro, convocado por la Alianza por la Niñez (que incluye 19 organizaciones nacionales en internacionales que velan por derechos de niños y adolescentes) en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ICBF y miembros de la Comisión Primera del Senado, entre otros, se debatió ampliamente los alcances del Proyecto de Seguridad y Convivencia en relación con la Ley de Infancia y Adolescencia y se concluyó que es necesaria una revisión general de esta Ley y, de ser necesaria, una reforma estructural de la misma, puesto que como está planteada la reforma resulta "insuficiente, contradictora e inocua" en palabras de la Procuradora.

Tal y como se viene planteando el cambio en algunos artículos no inciden de manera integral en las causas que originan la delincuencia juvenil y tampoco acude al ejercicio de corresponsabilidad que tienen el Estado, la sociedad y las familias para prevenir que los jóvenes terminen delinquiendo.

Las cifras muestran que la mayoría de las conductas de las cuales ha tenido conocimiento el SRPA corresponde a delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. A nivel nacional, estos delitos representan cerca del 70% de los delitos que han llegado a conocimiento de las instancias competentes, en tanto que en Bogotá este porcentaje supera el 80%. Por el contrario, los delitos que el proyecto de Ley 153 de 2010 califica como graves, esto es, el homicidio y las lesiones personales y el acceso carnal con menor de catorce años, representan cerca del 8% de los delitos conocidos tanto a nivel nacional como en Bogotá, aunque existe una notable diferencia en el porcentaje de homicidios, siendo más bajo en esta última que el registrado para el país.

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No queremos seguridad a cualquier precio en los colegios de Bogotá: Ángela Robledo

La Representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela Robledo pide al Alcalde de Bogotá revisar las medidas de seguridad implementadas en colegios públicos del distrito a fin de que “además de cámaras se planteen estrategias de fondo que permitan avanzar en la grave problemática de violencia en las aulas de la ciudad”.

En un documento publicado en sus redes, la parlamentaria dejó sentada su protesta en contra de la medida: “Quiero expresar mi más enérgico rechazo al proyecto, ya en ejecución, de instalar 1.280 cámaras de vigilancia al interior de 198 colegios distritales. Estas cámaras ya están operando en el Colegio Delia Zapata, en la localidad de Suba, y en otros ubicados en Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar y en el Gustavo Rojas Pinilla, de Kennedy. La inversión estimada es de 30.000 millones de pesos”.

Efectivamente la estrategia ya arrancó con una inversión inicial de $ 16.196.000.000 que corresponde a un convenio entre la Secretaría de Educación y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y que incluye la instalación de cámaras en 25 colegios de la capital.

Ángela Robledo expresó su rechazo frente al papel que deben asumir los educadores con la nueva medida y calificó de inauditas las declaraciones de Sonia Forero, rectora del Colegio Delia Zapata: “La rectora dedica sus horas no a definir y poner en práctica el proyecto educativo institucional, sino a vigilar, como en las peores pesadillas totalitarias, qué hacen, qué dicen y cómo interactúan los estudiantes, niños y niñas, adolescentes, en los espacios en que están definiendo sus propios proyectos de vida y adquiriendo las habilidades de socialización, de interacción, de vida en comunidad que les habrán de servir a lo largo de los mismos”.

“La escuela –asegura la Representante- debe pensarse como un espacio de despliegue de subjetividades, de trabajo sobre las interacciones, la autonomía y la libertad. No un espacio carcelario donde el principio que motiva la acción es el miedo y el castigo. La función pedagógica de la escuela pierde todo norte: se está renunciando a la potencia de educar y formar en aras de vigilar y castigar”.

La congresista verde aseguró que frente a las múltiples voces que vienen proponiendo, con suficientes razones, más seguridad, es necesario y urgente reflexionar sobre las acciones a emprender y sus alcances, para que éstas no vayan en contra vía del Estado de derecho y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

“El país está evidenciando los límites de la “seguridad democrática” (expresión inaceptable puesto que en un Estado de Derecho, toda seguridad debe ser democrática),  estrategia utilizada para encubrir un modelo de acuerdos débiles con fuerzas paraestatales que incluían beneficios judiciales para los cabecillas, e impunidad de hecho para los combatientes rasos de las “autodefensas”. El modelo también contemplaba un aumento sustancial del pie de fuerza y el gasto militar, y una definición de un objetivo único, la derrota militar de la insurgencia que, con su obsesión por los resultados, condujo incluso a violaciones al derecho internacional”, aseguró la Representante.

Robledo insiste en que muchos analistas ya habían advertido desde el año 2009 las consecuencias de los excesos de la seguridad democrática “demostrado que lo que se produjo en Colombia fue un proceso de desmovilización estratégica, al amparo de la ley de justicia y paz,  y no una verdadera desarticulación de las organizaciones paramilitares. Hoy, con los jefes paras extraditados, sin proyecto contra-insurgente y con una alianza entre narcos, paras y delincuentes comunes, nos enfrentamos a lo que el General Naranjo señaló como la mayor amenaza al orden público; más grave que las Farc y los paras”.

Frente al clima de opinión que reclama seguridad pues,  cada vez se hace más evidente los errores de la mal llamada seguridad democrática que disparó la delincuencia en las ciudades, Robledo plantea: “No permitamos que este entendible clamor por la seguridad como bien jurídico nos lleve a incurrir en las peores prácticas, propias de los sistemas totalitarios”.

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Mujeres: por derecho nos corresponde una oportunidad en el poder, dice Angela Robledo

Quiero contarles que hace algunas semanas he propuesto, en diversos escenarios y medios, que el Partido Verde impulse y apoye de manera contundente la participación de las mujeres en los procesos electorales que se avecinan. Celebro que Antioquia se anticipe a este propósito fundamental para el fortalecimiento del Partido y de la democracia en Colombia que incluye, como ustedes bien lo vienen haciendo, una amplia convocatoria a “todas las mujeres que estén dispuestas a aportar a la construcción de un espacio político, coherente con los principios y convencido de los retos del contexto, y sobre todo que no declinen en la búsqueda de condiciones de equidad de género".

Quiero compartir con ustedes el  espíritu de la propuesta que ha inspirado mi labor como mujer Representante a la Cámara y que desearía continúe animando tanto estos procesos electorales como el reto de formación política para miles de mujeres colombianas. La poetisa nicaragüense, Gioconda Belli evoca la urgencia de construir una gran fuerza femenina que priorice las necesidades, condiciones, intereses e imaginación de las muy diversas mujeres que habitamos un país. El sueño de construir entre todas y de manera creativa estrategias para promover nuestros  derechos y el empeño por hacer realidad  la igualdad y  la justicia, me sigue desvelando noches enteras.

La tarea que quiero proponerles es que nos movamos a promover una mayor participación de mujeres en cargos de elección popular en las próximas elecciones.  Tomemos la delantera al reciente proyecto de reforma política, al impulsar un proceso de profunda transformación cultural que sea una base sólida para la posterior aplicación de esta ley.

Las convoco a todas, para que trabajemos estrategias que permitan que un mayor número de mujeres llegue a posiciones de poder en el Partido Verde. Contribuyamos al reconocimiento público de aquellas líderes que siempre trabajan rezagadas en múltiples tareas, apoyan a los candidatos y son invisibles en la sociedad, construyamos una propuesta desde nuestra esperanza para cambiar la realidad que vivimos.

Retomo las palabras de una mujer que en campaña invitaba a votar por el Partido Verde y que interpreta el sentir de muchas de nosotras:  “Las mujeres tenemos la gran responsabilidad de dar vida, somos creadoras y coautoras de la humanidad; tomemos conciencia de ese gran privilegio que a la vez nos da un gran poder. Hagamos sentir nuestra voz para que no olvidemos que nosotras y nuestro hijos e hijas tenemos derecho a lo mejor”.

Sabemos que las mujeres son las más pobres entre los pobres, el desplazamiento y despojo las afecta en mayor medida ya que esposos e hijos han muerto en la guerra; las cifras de desempleo, subempleo y empleo informal impactan en mayor medida a las mujeres; la jefatura femenina se ha extendido a tal punto que amerita sobrepasar los programas y plantear una política pública; las mujeres nunca contamos con tiempo para nosotras mismas. Necesitamos sentir que los territorios que habitamos son seguros y están diseñados también para nosotras. Queremos disfrutar de las ciudades, que la noche también sea nuestra.

Debemos estar alertas para evitar que la tragedia invernal que hemos vivido sea utilizada por los políticos tradicionales que ven en esta emergencia,  la oportunidad de convertirla en un nuevo negocio electoral.

Hace rato los hombres dilapidaron su oportunidad en el poder, nos corresponde ahora a las mujeres, quienes hemos venido gestando la mayor revolución pacífica del último siglo, acceder a este poder, no como salvadoras del mundo, ni más faltaba que ahora tengamos que arreglar lo que por tanto tiempo muchos han hecho mal, sino desde nuestra condición de ciudadanas comprometidas con la vida y el cuidado del planeta. 

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La emergencia invernal: crónica de una tragedia anunciada: Angela Robledo

La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, puso a consideración de la ciudadanía y de la Bancada Verde un documento de análisis sobre los alcances e implicaciones de algunos de los  decretos de emergencia que el Congreso discutirá a partir de hoy. “En su decisión de respaldar la declaratoria de emergencia prevaleció un clima de inconveniente unanimismo en el Congreso que dejó por fuera del debate la responsabilidad que tienen el gobierno y sus instituciones en la tragedia”, apuntó. 

La congresista verde recoge diversas voces de expertos que aseguran que la situación de emergencia que vive el país estaba más que anunciada y que obedece más bien a errores sistemáticos de diseño, planeación y ejecución. “(…) esta tragedia es el resultado de fallas institucionales, de previsión, de corrupción y ausencia de criterios técnicos. Muy probablemente sea un fenómeno que refleja un descuido inadmisible estructural y no un hecho sobreviniente coyuntural. Hay que apagar este incendio, pero preocupa que por el afán de apagarlo los errores estructurales que causaron dicha tragedia se mantengan ¿Cuáles son las condiciones económicas, culturales y sociales que permitirán a las familias reconstruir sus proyectos de vida digna? ¿Con qué criterios se hará? ¿Cómo se va a controlar el uso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia? ¿Las obras de infraestructura, qué criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental  van a tener?” 

“Fue la catástrofe invernal una situación imprevisible de origen natural; o, por el contrario, constituye tan solo el resultado de la confluencia de diversos factores, muchos de los cuales tienen origen en acciones y omisiones humanas, incluyendo graves fallas de diseño y gestión institucional del Estado que obligan a replantearse a fondo el modelo de ocupación del territorio; de explotación económica de los recursos naturales; de protección y recuperación del medio-ambiente; de desarrollo armónico y sostenible de las comunidades humanas que constituyen el vasto caleidoscopio de la nación colombiana, tan diversa en lo geográfico, en lo económico, en lo político, lo social y lo cultural”, es el análisis que propone la Representante.

Robledo, basada en la información oficial, cita las cifras que deja la emergencia invernal (337.513 familias, 1614.676 personas) son muy graves si se tiene en cuenta que quienes viven con mayor intensidad la catástrofe son las familias más pobres (lo que Luis Jorge Garay llama la nueva victimización), en situación de desplazamiento y que habitan en las zonas más deprimidas y aisladas de las ciudades y del campo: 2.049 viviendas destruidas, 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia. La afectación de 52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura.

“Los daños del inverno no son por culpa de los aguaceros sino de la falta de control del suelo urbano, la negligencia en el manejo del agua, la especulación abusiva con el valor de la tierra y la pobreza e inconsciencia de la mayoría de los ciudadanos. El invierno no es responsable de la tragedia, el Estado es el principal responsable (Carmenza Saldías http://bit.ly/fDlTxx)”.

“La culpa no es de la naturaleza; la terrible realidad que estamos viviendo hoy se debe a la incompetencia (…) no es sólo que no aprendamos de los errores, sino que somos incapaces de construir sobre lo construido; destruimos cada vez más las  instituciones y borramos su memoria, porque al gobierno de turno, al ministro de turno, el director de turno, o a cualquier burócrata de turno, se le ocurre que la mejor muestra de su gestión es borrar todo lo hecho por sus antecesores (Darío Londoño Gómez (http://bit.ly/gmay7u)”  

En últimas –dice Robledo- la pregunta de fondo que está detrás es “¿Cuál es el modelo de desarrollo que se va a generar de tal manera que garantice una sociedad y un ambiente sostenible? ¿Un modelo basado en la explotación minera no afecta gravemente los recursos ambientales y puede seguir ahondando las fallas que causaron esta tragedia? ¿Por qué las principales víctimas son ciudadan@s pobres rurales de este país que viven en zonas de invasión, “trepadas” de manera inimaginable en las lomas y en condiciones geográficas, económicas y de infraestructura miserables? ¿No es ésta una oportunidad para combatir ese 46% de pobreza y dejar atrás el liderazgo mundial en desigualdad que hoy tenemos?”

La Representante verde llama la atención sobre el informe que presentó este fin de semana la Procuraduría General de la Nación y que da cuenta que “miles de damnificados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, sobreviven sin agua potable, hacinados, con problemas de salud, en cambuches, con serios problemas de convivencia que incluso han desencadenado en situaciones de violencia, y en ambientes afectados por el manejo inadecuado de basuras”. Advierte la Procuraduría que “las niñas y los niños enfrentan una doble vulneración de sus derechos porque además de padecer las consecuencias del invierno, no tienen la posibilidad de continuar con su proceso educativo”. 

Mientras el Congreso se margina de una profunda deliberación frente a los retos de la emergencia invernal por la actuación arrasadora de la Unidad Nacional, el gobierno tiene ahora en los bolsillos 403 mil millones de pesos y varios cheques en blanco para ejecutarlos. ¿Será que esa gerencia de racionalidad eminentemente bancaria que atenderá la emergencia reconocerá en los llamados damnificados su condición de sujetos sociales y su capacidad para reorientar el rumbo de un modelo agroindustrial y depredador?  ¿Quiénes terminarán siendo los verdaderos beneficiados con esta tragedia?   

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Rendir cuentas, derecho ciudadano: Angela Robledo

Durante este mes de trabajo de Pedagogía Legislativa y Política he participado en el Congreso en la discusión y trámite de leyes fundamentales para el país como la ley de víctimas y tierras, la ley de economía del cuidado, la reforma política, la de seguridad ciudadana, ley de presupuesto y la ley de salud, entre otras.

En la ley de víctimas y restitución de tierras trabajamos con  un grupo de organizaciones sociales, organismos gubernamentales, el apoyo de la Cooperación Española, la Fundación Social , la Comisión Colombiana de Juristas y la Universidad Javeriana el articulado relacionado con la atención psicosocial y salud integral. Elaboramos un capítulo completo, el cual  fue incorporado por la coordinación de ponentes . De igual manera se realizó una Audiencia Pública con Mujeres víctimas, en coordinación con la Bancada de Mujeres, el apoyo de UNIFEM , los ponentes del proyecto de ley y se logró incorporar  manera específica un articulado referido a ellas. 

En la ley de economía del cuidado,  apoyamos su trámite en la plenaria de la Cámara.  Realizamos el Foro “Reconocimiento al trabajo doméstico”,  evento que responde a nuestro interés en promover desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  

En la reforma política, que busca reglamentar la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos  de los procesos electorales, apoyamos la proposición que planteaba  el establecimiento de  cuotas  en los partidos, para  promover la participación de las mujeres en los procesos  electorales. 

Frente a la ley de presupuesto , trabajé en una Subcomisión  de la Comisión  7 y  dejé una constancia en la plenaria de Cámara, sobre la orientación de dicho presupuesto, el cual sigue privilegiando la guerra y deja de lado la inversión social, la protección de los derechos y la atención de las poblaciones menos favorecidas. No podemos vivir bien sabiendo que muchos colombianos viven mal.

Ley de seguridad ciudadana, con algunos ponentes de la comisión 1 de Senado hemos adelantado un trabajo para buscar que los artículos que reforman el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA, no vayan en contravía de la garantía de  los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. Este trabajo lo hemos realizado en coordinación con la Alianza Colombiana por la Niñez, UNICEF, la Procuraduría General de la Nación y algunas universidades.

También he sido ponente en la Comisión Séptima de los siguientes proyectos de ley:

-Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la generación de empleo y se establecen otras disposiciones”. El proyecto se acumuló al  proyecto de ley de primer empleo.

-Proyecto de ley “por medio del cual se regula el Régimen de Salud para los colombianos residentes en el exterior”. El objetivo del proyecto lo compartíamos: garantizar derechos a la salud de los colombianos en el exterior. El proyecto fue acumulado con el de salud.

-Proyecto de Reforma a la Salud, donde logramos garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- los derechos de las mujeres y las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

Destacamos los siguientes logros en la Reforma a la Salud:

1. La  inclusión del  Enfoque diferencial  como principio de la ley, lo cual permite garantías especiales y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias y víctimas de la violencia.

2.  El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región y etnia.

3. Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad y etnia.

4. La perspectiva de género: Las cuentas nacionales de salud (contenidas en el PIB) reconocerán el cuidado no remunerado de las mujeres a miembros del hogar con dificultades de salud.

5. Tratamiento psicológico integral a las mujeres víctimas de violencias.

6. Sobre la transparencia del uso de recursos de las EPS: Presentamos una proposición para crear dos fondos que permitan diferenciar el uso de los recursos utilizados en los servicios de saludo y los recursos de administración. De igual manera apoyamos la proposición de varios congresistas de fijar un tope del 10% para la administración.

7. Hemos preparado con mi equipo tres debates de control político: 1) Política pública de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley. 2) A las políticas que garantizan los derechos de la infancia (pendiente). 3) El impacto del agua en la vida de las mujeres y los niños (pendiente).

Desde la pedagogía legislativa he centrado mi labor en defender la Ley de Infancia y Adolescencia y he estado en contra de los proyectos que se han radicado en el Congreso para modificarla, aumentar las penas de los adolescentes infractores y promover cárceles para ellos. Así mismo he participado en eventos en donde se discute este tema con la Alianza para la Niñez, Unicef, la Universidad Nacional (Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia), la Personería de Bogotá y estamos haciendo seguimiento al proyecto de Seguridad Ciudadana que se aprobó en primer debate en al Comisión Primera de Senado.

La comunicación con los twitteros siempre es gratificante y motivadora. El apoyo de muchas personas de la academia, expertos y de organizaciones sociales es fundamental para mi tarea legislativa. Por eso el próximo semestre quiero intensificar el trabajo de formación política con todas y todos ustedes.

Gracias por sus preguntas, compañía, constante diálogo y enseñanzas, que enriquecen la práctica política y mejoran los argumentos.

INFORME COMPLETO DISPONIBLE EN WWW.ANGELAROBLEDO.COM

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No más favores, a jugársela por los derechos: Angela Robledo

En el marco de mi proyecto de Pedagogía Legislativa y Política inicio esta rendición de cuentas compartiéndoles mis propuestas frente al Proyecto de Ley 01/ 2010 "Por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) y se dictan otras disposiciones, del cual fui Ponente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La semana del 8 y del 15 de noviembre se discutió el proyecto y logré garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- las siguientes incorporaciones en el Proyecto de Reforma.

Enfoque diferencial:

Logré incorporar el enfoque diferencial como principio de la ley en los -siguientes términos-: se ofrecerán especiales garantías y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias, razas y víctimas de la violencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región, raza y etnia. Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad, raza y etnia.

Perspectiva de género:

Con el apoyo de la bancada de mujeres, la ASI (Representante Juan Valdés) y el Polo Democrático (Representante Alba Luz Pinilla y Senadora Gloria Inés Ramírez), logré que en las cuentas nacionales de salud (-contenidas en el PIB-) se reconociera el cuidado no remunerado de las mujeres que cuidan a integrantes del hogar y que tienen problemas de salud.
Así mismo fue motivo de satisfacción encontrar apoyo a la proposición que ordena se brinde a las mujeres víctimas de la violencia un tratamiento integral con beneficios, tales como la atención psicológica y psiquiátrica y un albergue, hasta que se certifique médicamente su recuperación.

Transparencia del uso de recursos de las Empresas Promotoras de Salud:

Previa consulta con diferentes actores intervinientes en el SGSSS, propuse que a diferencia de como sucede actualmente, en donde las EPS gozan de un fondo que percibe la totalidad de los recursos que les son transferidos, el manejo de los recursos de las EPS se realice en fondos separados: uno exclusivo para los gastos administrativos y otro dedicado a recibir el dinero destinado para la prestación de servicios. De manera que el Gobierno Nacional reglamentaría los porcentajes de la Unidad de Pago por Capitación que se podrían transferir en dichos fondos. Sin embargo, luego de discutir con varios congresistas y con el gobierno, se aceptó que continuara la existencia de un solo fondo, pero que se estableciese un porcentaje para cada gasto, con un tope máximo del 10% para los recursos destinados a administración. Al proyecto de ley le falta un debate en Plenaria Conjunta de Senado y Cámara de Representantes.

Ahora presento a la ciudadanía la rendición de cuentas de algunas de mis actividades como Representante a la Cámara por el Partido Verde.

FORO: RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DOMESTICO: UNA OPORTUNIDAD PARA LA PEDAGOGIA LEGISLATIVA (Clic aquí para ver video)

Quiero hacer una mención especial este mes a la organización, convocatoria y realización del Foro sobre la Ley de economía del cuidado,  evento que responde a mi interés en promover desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  Acercar las leyes a la ciudadanía, que las comprendamos, las interioricemos, y las hagamos hechos políticos cotidianos y una manera de exigir y acceder a los derechos. Si nos apropiamos de las leyes podremos hacerlas cumplir.

En esta oportunidad, con la generosa participación de Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Cecilia López, Ana Isabel Arenas y Javier Pineda discutimos en torno a la iniciativa legislativa sobre economía del cuidado (proyecto ley 278/10 Cámara, 081/09), de las senadoras Cecilia López (Partido Liberal) y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dirigida a medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país, a través del trabajo doméstico no remunerado, mediante la aplicación de una encuesta del uso del tiempo y que se encuentra para sanción presidencial.

Mujeres de todas las condiciones socio económicas estamos siempre ante la disyuntiva de la participación en la producción remunerada –opcional para algunas y vital para la sobrevivencia de otras- y la reproducción biológica y social, es decir, la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los demás miembros del hogar. La encrucijada entre la calle y la casa. Son dos economías, una en que las personas reciben salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos (Economía  de los bienes), y la economía oculta, invisible: la economía del cuidado. La economía del cuidado es por supuesto la que realizamos, principalmente, las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia sin remuneración y también sin reconocimiento. El 60.6% de las mujeres económicamente activas se ocupan también de oficios del hogar, mientras que sólo 7.7% de los hombres lo hacen (DANE 2008).

El Foro que contó con la asistencia de organizaciones sociales, de mujeres, líderes locales, académicos y jóvenes, concluyó que tenemos que feminizar la economía y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo. Adicional los panelistas insistieron en que estas iniciativas deben ir acompañadas de cambios de comportamiento, educativos y culturales dirigidos a transformar hábitos, creencias y estereotipos, ya que la sobrecarga que tienen las mujeres obedece, en muchas ocasiones, a la ausencia de corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad para redistribuir responsabilidades en la reproducción social, y también al poco reconocimiento que se tiene acerca de la importancia del cuidado y su impacto en el desarrollo de un país.

Es importante destacar que el objetivo de la ley es “incluir en el sistema de Cuentas Nacionales el trabajo de hogar no remunerado, por medio de cuentas satélites. Se busca i) reconocer públicamente el impacto del trabajo doméstico no remunerado en el desarrollo del país y, ii) encontrar una herramienta precisa que contribuya a generar políticas públicas al respecto. La ley fue sancionada el pasado 10 de noviembre. Nuestra labor, en desarrollo de la tarea de Pedagogía Legislativa y Política ha sido la difusión de la ley y la discusión pública de la misma debido al contenido de género y transformación cultural que el proyecto contiene. 
 
SOBRE EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO Y LA REFORMA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

Junto con mi equipo estamos haciendo un seguimiento juicioso sobre los desarrollos y avances de los proyectos que hacen trámite en el Congreso para modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que nos llevó más de 15 años tramitar con un espíritu resocializador y pedagógico. Es verdad que el Sistema no está operando pero la responsabilidad no es de los jóvenes, sino de las entidades responsables de liderar su implementación.

El Sistema sólo lleva tres años de aprobado y aún no se pone en marcha porque carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. Es importante advertir que la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate la Ley de Seguridad Ciudadana que propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera, propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad.

El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”.

Como parte del debate de control político que realicé en la Comisión Séptima el mes pasado  (12 de octubre) a las entidades responsables de la operación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, presenté la penosa situación en que se encuentran algunas de las dependencias en donde los y las adolescentes a quienes se les decreta medida cautelar de internación preventiva, o a quienes se les ha impuesto sanción de igual naturaleza y que no pueden cumplir en los centros especializados por falta de cupos suficientes, deben atender necesidades básicas.

Específicamente expuse fotografías del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes – CESPA, evidencia que fue rebatida por la Dirección del ICBF, argumentando que las fotos eran falsas, este mes mi equipo visitó nuevamente (noviembre 3) el Centro y se envió un informe a la Directora del ICBF con copia a la Procuraduría para que se desarrollen los correctivos necesarios y se mejoren las condiciones de los jóvenes que allí se encuentran.

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Angela Robledo en el Proyecto de Salud: un ejemplo de independencia deliberativa

Como ponente del proyecto de ley de reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud, la Representante a la Cámara Angela Robledo ha radicado proposiciones teniendo en cuenta el enfoque diferencial, la transparencia en los recursos de las EPS, la introducción del reconomiento al trabajo doméstico en el Sistema de Salud y el tratamiento privilegiado de las mujeres víctimas de la violencia.

La Representante Angela Robledo, del Partido Verde, logró garantizar, en un ejercicio de independencia deliberativa -mediante el intercambio de argumentos- los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables en el proyecto de ley de salud del Gobierno, que se discute actualmente en el Congreso de la República.

Enfoque diferencial:

    * La Representante Robledo logró incorporar el enfoque diferencial como principio de la ley en los -siguientes términos-: se ofrecerán especiales garantías y medidas de protección en salud a  las mujeres, niños, jóvenes, etnias, razas y víctimas de la violencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

    * El Observatorio sobre salud tendrá que reportar variables desagregables por sexo, edad, región, raza y etnia.
    * Los riesgos que identifican los equipos básicos de atención primaria en salud deberán poder identificar riesgos por sexo, edad, raza y etnia.

La perspectiva de género:

    * Con el apoyo de la bancada de mujeres, la ASI (Representante Juan Valdés) y el Polo Democrático (Representante Alba Luz Pinilla y Senadora Gloria Inés Ramírez), la Representante Ángela Robledo logró que en las cuentas nacionales de salud (-contenidas en el PIB-) se reconociera el cuidado no remunerado de las mujeres que cuidan a integrantes del hogar y que tienen problemas de salud.
    * Así mismo fue motivo de satisfacción encontrar apoyo a la proposición que ordena se brinde a las mujeres víctimas de la violencia un tratamiento integral con beneficios, tales como la atención psicológica y psiquiátrica y un albergue, hasta que se certifique médicamente su recuperación.

Sobre la transparencia del uso de recursos de las Empresas Promotoras de Salud:

La representante Robledo, previa consulta con diferentes actores intervinientes en el SGSSS, propuso que a diferencia de como sucede actualmente, en donde las EPS gozan de un fondo que percibe la totalidad de los recursos que les son transferidos, el manejo de los recursos de las EPS se realice en fondos separados: uno exclusivo para los gastos administrativos y otro dedicado a recibir el dinero destinado para la prestación de servicios. De manera que el Gobierno Nacional reglamentaría los porcentajes de la Unidad de Pago por Capitación que se podrían transferir en dichos fondos. Sin embargo, luego de discutir con varios congresistas y con el gobierno, se aceptó que continuara la existencia de un solo fondo, pero que se estableciese un porcentaje para cada gasto, con un tope máximo del 10% para los recursos destinados a administración.

Al proyecto de ley le falta un debate en Plenaria Conjunta de Senado y Cámara de Representantes.

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Cuerpos de mujeres: ¿territorios de guerras?

Este 25 de noviembre como todos desde 1981 cuando se instaló el Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres en memoria de las hermanas Miraval: María Teresa, Patria y Minerva, quienes fueron asesinadas por el dictador dominicano Leonidas Trujillo, viene a la memoria colectiva los múltiples crímenes de que son víctimas las mujeres, niñas y jóvenes en todos los escenarios por el sólo hecho de ser mujeres.

Desde lo más intimo y privado, pasando por los escenarios públicos hasta la guerra declarada, las mujeres siguen padeciendo los horrores de la discriminación, desde el poder y algunas prácticas culturales. La violencia contra las mujeres, quizás la violación a los derechos humanos más extendida actualmente, devasta vidas, fractura comunidades y detiene el desarrollo.

Esta violencia adopta múltiples formas y actúa en muchos lugares: violencia doméstica en el hogar, abuso y violencia sexual contra las niñas en las casas,  escuelas, en los barrios, acoso sexual en el trabajo, violación a manos de esposos, familiares o desconocidos, en campos de refugiados o como táctica y botín de guerra.

El 70% de las mujeres en el mundo sufren violencia en el transcurso de sus vidas.

La violencia contra las mujeres y las niñas constituye un problema de proporciones pandémicas y causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y la guerra juntos.

Solamente la violencia doméstica cuesta alrededor de 1,16 mil millones de US$ en Canadá y 5,8 mil millones de  US$ en los Estados Unidos. En Australia, la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas tiene un costo estimado de 11,38 mil millones de US$ por año.

En Colombia, un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el BID y la Universidad de los Andes arrojó que los ingresos dejados de percibir por las mujeres a causa de la violencia, corresponden a 2.2% del PIB del país y se estima que los costos anuales totales por causa de la violencia intrafamiliar, pueden alcanzar el 4% del PIB anual.

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¿Cárceles para adolescentes?, se pregunta Angela Robledo

Ángela Robledo, Representante a la Cámara del Partido Verde, hace un llamado a la academia, a las organizaciones sociales, a las agencias internacionales, a las organizaciones juveniles y a las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  a mantenerse atentos sobre lo que está pasando en el Congreso de la República, luego que la Comisión Primera de Senado aprobara ponencia positiva al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de iniciativa gubernamental que incluye aumento de penas y cárceles a menores de edad.

La parlamentaria aseguró que aunque el Proyecto no plantea abiertamente cárceles, si propone centros de reclusión para los jóvenes infractores, que serían administrados y financiados por el Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera se propone que los menores que estén privados de la libertad, reciban un trato similar al de los adultos, una vez se cumpla la mayoría de edad.  El proyecto contempla ampliar los delitos que tienen pena privativa de la libertad, lo que implica que más jóvenes irán a la cárcel. En cuanto al aumento de penas formalmente no se amplía, pero queda dependiendo “del cumplimiento de los objetivos de la sentencia”, que el proyecto no establece.

Robledo advierte sobre la inconveniencia que tiene para el país aumentar las penas a jóvenes y modificar la Ley de Infancia y Adolescencia que sólo lleva tres años y que aún no se ha puesto en marcha, pues carece de recursos humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política. “No podemos perder el trabajo de más de 15 años para tener esta Ley dirigida a cumplir una misión resocializadora y pedagógica”, dijo.

“Me he opuesto con argumentos  a esta iniciativa que constituye una nueva forma de victimización de nuestro adolescentes y que, de ser aprobada, vulneraría  por completo los propósitos que inspiran al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y que surgen de expresas obligaciones que el Estado colombiano tiene como signatario de múltiples instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Ángela Robledo aseguró que no se pueden desconocer las convenciones internacionales de especial protección a la infancia y las recomendaciones hechas por Naciones Unidas, la Alianza por la Niñez, Unicef y la Procuraduría General de la Nación, entre otras, sobre la urgencia de liderar  y fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que aún no arranca. 

“Es urgente implementar un sistema de justicia diferencial para los jóvenes que incluya estrategias de de la mano de políticas sociales. Es hora de reconocer que les hemos fallado a nuestros niños, niñas y adolescentes. No hemos sido capaces de proteger sus derechos, de ofrecerles acceso a una educación de calidad, con pertinencia, que los forme para convertirse en seres competentes para contribuir al bienestar de nuestra sociedad, y definir su propio proyecto de vida, de valorar, respetar y hacer respetar su cuerpo, su sexualidad, su sensibilidad y capacidad para la creación artística, para el arte, para la rebeldía transformadora”, insiste la Representante.

Estas declaraciones se realizaron en el marco del Foro Reforma del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: ¿Avance o retroceso?, convocado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia (Noviembre 16) y la Audiencia Informativa sobre Políticas y Problemática de las Seguridad Ciudadana en el Distrito Capital, que realizó la Personería de Bogotá (Noviembre 18). 

@angelamrobledo en Twitter

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No he visto la "urna de cristal": Angela Robledo

Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde aseguró que el presupuesto nacional sigue privilegiando la guerra y dejando de lado la inversión social, la protección de los derechos y la atención de las poblaciones menos favorecidas. "No podemos vivir bien sabiendo que muchos colombianos viven mal", aseguró la parlamentaria.

De acuerdo con la Representante el estudio que realiza el Congreso del presupuesto todos los años es puramente formal: "El gobierno nacional presenta el Proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones, dirigido a cubrir la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante el respectivo año. Dicho proyecto se tramita conjuntamente en las Comisiones de Asuntos Económicos de Senado y Cámara para ser revisado, estudiado y aprobado conjuntamente en un primer debate.

Luego, previa presentación de ponencias, el Proyecto es estudiado y aprobado en las plenarias de Senado y Cámara, pero en realidad el Congreso no tiene ninguna incidencia en éste", dijo Robledo.
 
Ángela Robledo, como integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, participó en una Subcomisión de Presupuesto y puso la lupa en la inversión que el país realiza en niños, niñas, jóvenes y mujeres para concluir que el presupuesto es "inequitativo, poco transparente, nada sostenible y no cumple la Constitución Nacional que dicta privilegiar el gasto social¨.

Cumpliendo su labor de Pedagogía Legislativa y Política, Ángela Robledo insistió que "antes que nada se debe revisar la definición de Gatos Público Social (GPS) pues es algo ambiguo y permite introducir rubros que no necesariamente aplican a este gasto. El artículo 41 del Decreto 111 de 1996 define como GPS aquel gasto `cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto para funcionamiento como para inversión´.

Lo anterior, abre un boquete que permite introducir cualquier rubro según como se quiera interpretar¨, aseguró.

Robledo insistió que es importante ¨revisar algunos de los artículos de la Constitución Política de Colombia, 350 y 366, sobre gasto social´(…) El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (…) En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población,  y  la eficiencia fiscal y administrativa (…) el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

”

En ese sentido, Robledo hace un llamado para que se recupere en el país el seguimiento al gasto público que en la actualidad no se encuentra desagregado poblacionalmente; omisión que dificulta el seguimiento a la inversión en niñez, juventud y mujeres.  En especial, imposibilita analizar y planear el presupuesto a partir de la perspectiva de género, esencial en nuestro país, pues las iniquidades al respecto son 
mayúsculas en términos de ingresos, empleo, violencia y educación, entre otras.

La parlamentaria insistió que ¨Es urgente que el gasto público social recupere desde su formulación los ítems de planeación y seguimiento para que se pueda medir el impacto de éste en términos no sólo de cobertura, sino de impacto y eficiencia.

En otras palabras,  no es suficiente tener indicadores que den cuenta del GPS en presupuesto sino indicadores sólidos que reflejen la ejecución e impacto de ese gasto social, por ejemplo, habría que pensar un indicador que diga en qué medida las regalías están mejorando las necesidades básica insatisfechas (hay que recordar que éste el principal objetivo de inversión de las regalías): hay departamentos que han triplicado sus regalías en los últimos cuatro años y su índice de NBI se ha mantenido intacto. Es más,  el Meta es de los departamentos que más ha recibido regalías en los últimos tres años, de hecho éstas se han triplicado y su índice de NBI se ha mantenido intacto¨.

Este tipo de fuentes de financiación del GPS (tipo Sistema general  de participaciones, parafiscales y regalías) hay que protegerlos pues son recursos públicos, luego deben ser tratado como recursos sagrados y más si se destinan a acabar la pobreza, a dar agua potable, a nutrir niños y a dar educación en determinadas regiones del país ¿Habría que trasladar las regalías al gobierno nacional? Es un debate que el país debe dar, dijo la parlamentaria del Partido Verde, quien agregó que ¨El gobierno está obligado a visibilizar el gasto público social en los territorios y aumentar los parámetros de seguimiento y control del mismo a fin de que se logren los propósitos de la Constitución Nacional¨.

Las declaraciones fueron hechas por la Representante Ángela Robledo en el Foro por un presupuesto al alcance de la gente organizado por la Corporación Foro Joven con el objetivo de presentar los resultado de un estudio que mide la transparencia de Colombia para rendir cuentas de su presupuesto.

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Hay que pensar la política como una práctica de libertad: Angela Robledo

Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, intervino en el Encuentro Internacional de Mujeres Autoridades de Latinoamérica que reúne en Bogotá a líderes de América Latina y alcaldesas colombianas, en donde presentó una ponencia sobre gobernabilidad democrática, construcción de paz y género.

El evento cuenta con la participación de unas 130 mujeres de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, República Dominicana, México y las alcaldesas de 99 municipios del país.   
 
“Propongo pensar la política más allá que en términos de gubernamentalidad o como prácticas, discursos, dispositivos de gobierno  que producen  la conducción de la conducta de otros, como  estatus de dominación  o  la conducción de la propia conducta, como  juegos de poder  y prácticas de sujeción. Hay que pensar la política como poética y práctica de libertad”, planteó Ángela Robledo en el panel “La gobernabilidad democrática y construcción de paz en perspectiva de género”.
 
La parlamentaria argumentó que para generar condiciones que incorporen la perspectiva de género en la institucionalidad pública en términos de construcción de paz es necesario convocar una tríada:  “1) prácticas de gobierno que busquen la conducción de los otros, y en muchos casos el consenso, 2)prácticas de resistencia que se opongan  de manera sistemática e irreflexiva  3)reconocer el amplio abanico de prácticas de grupos  y movimientos sociales cuyas formas de  intervención social,  son generalmente colectivas; de abajo a arriba, instituyentes, irreverentes, utópicas”.
 
Desde esa reflexión planteó que la paz no es únicamente la ausencia de conflicto sino de políticas públicas capaces de disminuir las brechas de inequidad y exclusión que han vivido históricamente las mujeres “la paz entendida no sólo como ausencia de conflicto armado  sino como democracia familiar y  libertad para las mujeres”.
 
La Representante del Partido Verde aseguró que pese a los avances que se puedan vislumbrar en el gobierno actual, aún no da cuenta de una institucionalidad para las mujeres que pueda cumplir con la transversalidad de las políticas dirigidas a ellas y tampoco existe en los proyectos centrales, como el de tierras y víctimas, reforma a la salud o la reforma  política, capítulos que puedan dar cuenta de políticas diferenciales de género. “Ni siquiera la ley de presupuesto que es una ley de garantía de derechos tiene perspectiva de género o por lo menos poblacional”.
 
Robledo planteó que desde el Partido Verde se ha propuesto una institucionalidad para las mujeres: “Propusimos la creación del Ministerio de las Revoluciones Pacíficas y la Igualdad de Géneros, como una instancia que permita institucionalizar las políticas públicas  dirigidas a las mujeres e  impulsar procesos de  transformación cultural de referentes e imaginarios, concepciones de poder, relaciones entre privado-público, redistribución económica, de roles y reconocimiento social y político”.
 
La parlamentaria aseguró que pese a un reconocido grupo de mujeres en el gabinete de Santos “más mujeres no significa mayor perspectiva y sensibilidad de género”.
 
En el marco de su propuesta de pedagogía legislativa y política Robledo propuso “trabajar acciones políticas colectivas, abiertas, múltiples y diversas, acciones en clave de género que permitan visibilizar las asimetrías de poder, las exclusiones y los silenciamientos históricos de las mujeres y los grupos y poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”. Agregó que es necesario incidir en los micro poderes,  transformar la cultura y la ley para que ésta no someta sino para que “se convierta en un dispositivo de des-sujeción, de libertad”.
 
El encuentro está programado entre el 8 y 9 de noviembre en el Hotel Tequendama de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde.

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Feminizar la economía y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo

El pasado jueves se realizó el Foro “Reconocimiento al Trabajo Doméstico: Una oportunidad para la Pedagogía Legislativa y Política”, convocado por Ángela Robledo, Representante a la Cámara por el Partido Verde, al que asistieron Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Cecilia López, Ana Isabel Arenas y Javier Pineda.

El Foro, que contó con la asistencia de organizaciones sociales, de mujeres, líderes locales, académicos y jóvenes, discutió en torno a la iniciativa legislativa de las senadoras Cecilia López (Partido Liberal) y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), dirigida a medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social del país, a través del trabajo doméstico no remunerado, mediante la aplicación de una encuesta del uso del tiempo y que se encuentra para sanción presidencial.

“Mujeres de todas las condiciones socio económicas estamos siempre ante la disyuntiva de la participación en la producción remunerada –opcional para algunas y vital para la sobrevivencia de otras- y la reproducción biológica y social, es decir, la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los demás miembros del hogar. La encrucijada entre la calle y la casa. Son dos economías, una en que las personas reciben salario por producir cosas que se venden en los mercados o que se financian a través de impuestos (Economía de los bienes), y la economía oculta, invisible: la economía del cuidado. La economía del cuidado es por supuesto la que realizamos, principalmente, las mujeres, sin distinción de edad, raza o etnia sin remuneración y también sin reconocimiento. El 60.6% de las mujeres económicamente activas se ocupan también de oficios del hogar, mientras que sólo 7.7% de los hombres lo hacen (DANE 2008)”, aseguró Robledo.

Los panelistas insistieron en que estas iniciativas deben ir acompañadas de cambios de comportamiento, educativos y culturales dirigidos a transformar hábitos, creencias y estereotipos, ya que la sobrecarga que tienen las mujeres obedece, en muchas ocasiones, a la ausencia de corresponsabilidad del Estado, las familias y la sociedad para redistribuir responsabilidades en la reproducción social, y también al poco reconocimiento que se tiene acerca de la importancia del cuidado y su impacto en el desarrollo de un país.  

Antanas Mockus y Cecilia López coincidieron en asegurar que además de un cambio cultural en la sociedad, las mujeres merecen un trato justo y equitativo en clave de equidad de género. 

“Es necesario feminizar a la sociedad y eso pasa por una institucionalidad fuerte que responda por las políticas públicas dirigidas a ellas y que nosotros proponíamos desde el Partido Verde. Hablamos de la importancia del crear el Ministerio de las Revoluciones Pacíficas, pero en este gobierno no se le ha dado la suficiente fuerza a crear o fortalecer esa institucionalidad”, aseguró Sergio Fajardo.

Ana Isabel Arenas y Javier Pineda, ambos economistas, coincidieron en que así como las mujeres accedieron al mercado laboral, les corresponde a los hombres apropiarse del escenario doméstico y asumir la corresponsabilidad en las tareas del hogar. 

Cifras sobre el trabajo de hogar no remunerado, señalan que del 100% de mujeres, 90% ha trabajado de manera no remunerada y sólo 55% de los hombres ha ejercido esta actividad. Valores que se invierten de manera dramática al revisar el trabajo remunerado: 72% de hombres lo hizo de manera remunerada frente a 43% de mujeres, en la misma categoría.  

Al cierre del evento Robledo afirmó que “mi interés en promover y convocar este foro es continuar trabajando desde la pedagogía, la agenda legislativa y política y fortalecer la democracia deliberativa.  Acercar las leyes a la ciudadanía, que las comprendamos, las interioricemos, y las hagamos hechos políticos cotidianos y una manera de exigir y acceder a los derechos. Si nos apropiamos de las leyes podremos hacerlas cumplir”.

El Foro se realizó en el Salón Boyacá de nueve de la mañana a una de la tarde.

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Angela Robledo rinde cuentas luego de su primer Debate de Control Político

CLIC AQUI PARA VER EL DEBATE DE CONTROL POLITICO A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.  

Rendir cuentas a quienes me apoyaron con su voto y me eligieron su Representante, a los militantes y simpatizantes de nuestro Partido Verde, al igual que a los demás ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos hacen posible el funcionamiento del Estado en todos sus órganos y niveles, constituye uno de los pilares de nuestro proyecto de Pedagogía Legislativa y Política.

En desarrollo de su trabajo de pedagogía legislativa y política, la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, rinde cuentas y prioriza en su informe el primer debate de control político que realizó en la Comisión Séptima de Cámara a las entidades responsables del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).  

Desde el control político la parlamentaria solicitó al gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cumplir con lo establecido en la Ley de Infancia y adolescencia, al tiempo que instó a su Directora, Elvira Forero, a asumir el liderazgo en la defensa de los derechos de niños y adolescentes incluidos los menores de edad que están en conflicto con la ley.

La Representante del Partido Verde señala en su informe que durante el debate advirtió que “existen profundos vacíos en la implementación del Código de Infancia y Adolescencia a cargo de 17 instituciones, ausencia de políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia,  pobreza, falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF quien tiene la responsabilidad de asumir la coordinación de dicho Sistema”.

Robledo resaltó en el documento que “es interesante preparar un debate de control político: obliga a un rigor investigativo parecido al de la academia, hay que enviar primero un cuestionario muy juicioso, revisar un buen número de documentos, confrontar datos, hacer entrevistas, análisis, discusión, a veces se planea un enfoque, después hay que dimensionarlo, afinarlo, volver sobre lo construido, hablar con expertos en debates de control político y bueno seguimos aprendiendo”.  

La gestión de Ángela Robledo en el Congreso se ha centrado en la construcción de una manera de trabajo legislativo que la Representante a la Cámara ha denominado Pedagogía Legislativa y Política y que pone en práctica en todos los escenarios en los que se desempeña. 

Robledo anota en la rendición de cuentas que trabajará permanentemente con el ánimo de incidir en la cultura política de la ciudadanía a través de la información y el empoderamiento de las comunidades destinatarias de las leyes que se tramitan en el Congreso de la República, de hacer de las mismas no sólo enunciados normativos sino verdaderos hechos políticos, cotidianos y ciertos que garanticen efectivamente los derechos de la ciudadanía en especial aquellas dirigidas a mujeres, niños y niñas.

CLIC AQUI PARA VER EL INFORME COMPLETO DE RENDICION DE CUENTAS.

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¿Y si no es el ICBF, entonces quién? Angela Robledo en Debate de Control Político

Ángela Robledo pidió al gobierno más política social y mejor justicia juvenil y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que asuma el liderazgo que le corresponde en la defensa de los derechos de la infancia, incluidos los derechos de los jóvenes infractores.

La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo señaló que existen profundos vacíos en la implementación del Código de Infancia y Adolescencia a cargo de 17 instituciones, ausencia de políticas sociales capaces de incidir en las causas profundas de la violencia,  pobreza, falta de oportunidades para la población joven y un débil liderazgo por parte del ICBF quien, a su juicio, debe asumir las riendas del sistema.

Robledo fue enfática al afirmar que le corresponde al ICBF, como garante de los derechos de niños, niñas y adolecentes, asumir el liderazgo de revisar y ajustar la Ley de Infancia y Adolescencia, al tiempo de convocar políticas sociales que permitan alejar a esta población de la violencia y el crimen organizado.
 
“Si no es el ICBF quien exprese y con contundencia reclame una mayor atención y articulación en el desarrollo del SRPA, quien evidencie dónde se presenta la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Sistema, quien abogue por ellos/as, en tanto sujetos de derechos, y en general quien sea su garante en nuestro país, entonces ¿Quién?, aseguró la parlamentaria del Partido Verde.

Durante el Debate, Robledo reveló las fotos del lamentable y pésimo estado de los centros transitorios de atención para niños infractores.

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Tags: Código de Infancia y Adolescencia Instituto colombiano de bienestar familiar

Angela Robledo revela fotos del lamentable estado de los centros de atención a niños infractores

VER FOTOS HACIENDO CLIC AQUI

¿Quiénes están en desacuerdo con el aumento de penas a niños y adolescentes?

Unicef, Alianza por la Niñez Colombiana, Redlamyc, Ilva Myriam Hoyos, Carlos Tejeiro, Beatriz Linares, Yolanda Reyes, Hugo Acero, Juan Carlos Arias, Hernando Gómez Buendía, Antanas Mockus, Catalina Velasco, Luis Fernando Parra, Jorge Enrique Robledo y muchos más.

• Unicef

Descripción: Organización de Naciones Unidas. Encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo.

Resumen: “El principal convenio internacional de referencia para este debate es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. la gran  mayoría de los países de América Latina que comparten sistemas penales similares al colombiano, establecen los 18 años como edad mínima para que una persona sea juzgada como adulto, sin discriminación alguna. El enunciado de que un agravamiento de las sanciones contra los adolescentes contribuye a luchar contra el delito no ha sido demostrado”.

Fecha: Septiembre 28

Link más información:  http://bit.ly/cjNxZH

• Alianza por la Niñez Colombiana

Descripción: La componen organizaciones de la sociedad civil del orden nacional, regional y local, entidades de cooperación internacional y del Sistema de las Naciones Unidas, entidades del Estado y del Gobierno,  Universidades, grupos universitarios y académicos, centros de investigación y observatorios sobre infancia y personas naturales.

Resumen: “La Alianza por la Niñez Colombiana se refirió a las experiencias internacionales que han demostrado que las posturas restrictivas no resuelven el problema de la criminalidad adolescente. “El 50 por ciento de los adolescentes que son privados de su libertad reinciden, mientras que sólo lo hacen el 10 por ciento de los que cumplen sanciones pedagógicas”, señaló Ana María Convers, secretaria ejecutiva de la organización”.

Fecha: septiembre 29

Link más información:  http://bit.ly/cDrJkz

• Hugo Acero

Cargo: Columnista de opinión, diario El Tiempo.

Resumen: Columna de opinión “Aumentar penas no es la solución”. Apartes: "La solución al incremento de la violencia juvenil no está en el incremento desmesurado de las penas a los jóvenes que infringen la ley penal, sino en la aplicación efectiva de las normas".

Fecha: 22 de septiembre

Link más información:  http://bit.ly/aCfPeM

• Ilva Myriam Hoyos

Cargo: Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia

Resumen: “Ilva Miryam Hoyos hizo un llamado al gobierno nacional y en especial a la senadora Gilma Jiménez, para que evalúen el sistema penal para adolescentes, antes de intentar modificarlo por iniciativas de ley”.

Fecha: Septiembre 28

Link más información:  http://bit.ly/amiyrv 

• Carlos Tejeiro

Cargo: Coordinador de la cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad de los Andes.

Resumen: Entrevista en revista Semana. Apartes: "Colombia suscribió la Convención Internacional de los derechos del niño, que es un pacto supranacional firmado por 86 países y rige el derecho interno. El tratamiento de los jóvenes y adolescentes que colisionen con la Ley tiene unos parámetros específicos, uno de ellos que a los niños no se les puede juzgar como adultos. De modo que cuando se dice que se les juzgará como adultos, se está violando la Convención".

Fecha: 28 de septiembre

Link más información: http://bit.ly/bKkSRX

• Yolanda Reyes

Cargo: Columnista de opinión, diario El Tiempo.

Resumen: Columna de opinión “¿Se cambian bibliotecas por cárceles? Apartes: “Parece un chiste cruel que el proyecto esté ligado a Gilma Jiménez, quien no sólo ganó su curul a nombre de los niños, sino que representa al Partido Verde: el mismo que ha puesto el énfasis en la inversión social, en la cultura ciudadana y en la pedagogía”.

Fecha: septiembre 18

Link más información: http://bit.ly/avh56C