Condenamos el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos

Como es ampliamente conocido de la opinión pública, en el día de ayer, hacía las 11:30 a.m. en la Avenida Caracas con calle 74 de la ciudad de Bogotá, se cometió un atentado terrorista contra el doctor Fernando Londoño Hoyos, Ex ministro del Interior y de Justicia, hecho que dejó como resultado la muerte de dos de sus escoltas, los agentes de policía Rosemberg Burbano y José Ricardo Rodríguez, cerca de 60 personas heridas, entre ellas el doctor Londoño, y considerables daños materiales, sin que hasta el momento, las autoridades hayan establecido la autoría del atentado.

Este lamentable y repudiable caso no es aislado. En las últimas semanas ha venido recrudeciendo una oleada criminal, como lo demuestra los asesinatos de varios líderes de tierras, el asesinato del dirigente sindical de los corteros de caña en el Valle del Cauca, Daniel Aguirre Piedrahita; las graves amenazas contra la Ex senadora liberal Piedad Córdoba, dirigenta de Colombianas y Colombianos por la Paz; contra el Representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro; contra el Alcalde Mayor de la capital del país, Gustavo Petro Urrego; contra el Director del Semanario Voz, Carlos Lozano Guillén, y contra la Ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, para citar apenas algunos ejemplos.

Cada vez que se producen hechos de esta naturaleza, los enemigos de la paz se aprovechan de las circunstancias para plantear como única alternativa la intensificación de la guerra y para vociferar contra cualquier posibilidad de reconciliación entre los colombianos. Cerca de 50 años de insistir en esta política fracasada no les han sido suficientes para entender que esa vía sólo conduce a la perpetuación del conflicto y que es hora de optar por la salida negociada.

El actual gobierno, fuera de repetir con insistencia que tiene en sus manos la llave de la paz, nada hace para buscarla y, por lo contrario, arrecia los operativos militares, descalifica los gestos de paz de la guerrilla, refuerza la legislación para la guerra, como ocurre con el Fuero Militar, y lo que en realidad persigue afanosamente es aniquilar a los guerrilleros o forzarlos a la rendición, es decir, transita por el mismo camino de siempre, que solo conduce al fracaso.

El atentado contra el Ex ministro Fernando Londoño conspira gravemente contra las posibilidades de paz y es un hecho que condenamos y rechazamos enfáticamente, en la misma forma en que rechazamos y condenamos la histeria belicista de quienes se empeñan en mantener a nuestro país en la tragedia de una guerra sin fin.

Les hacemos llegar al doctor Londoño, a los familiares de los muertos a todas las víctimas del atentado nuestras expresiones de solidaridad, les solicitamos a las autoridades judiciales el esclarecimiento de los hechos, demandamos del gobierno asumir un compromiso serio con la paz y llamamos a la opinión pública a movilizarse para exigir la salida negociada al conflicto y la concreción de un acuerdo que le ponga fin a la confrontación que por largos años ha afectado a nuestro país.

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2012

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Saludo a los educadores colombianos

Con motivo de celebrarse el 15 de mayo el Día del Educador, les hago llegar a todas y todos los educadores colombianos mi saludo fraternal y mis más calurosas felicitaciones por la encomiable labor que realizan en la formación de las nuevas generaciones.

Desde que se impuso en nuestro país el desastroso modelo neoliberal, la educación ha sido uno de los sectores más duramente golpeados por la política de los sucesivos gobiernos: El recorte de los recursos, como ocurrió con las transferencias; la entrega de la administración educativa a municipios y departamentos por la vía de las certificaciones; la implantación del subsidio a la educación, que ha dado lugar al fenómeno de los “alumnos fantasmas”; la entrega de los colegios públicos a particulares mediante la figura de las concesiones; el sobrecupo de alumnos, con el consiguiente recargo de trabajo para los educadores y con consecuencias negativas para la calidad, en fin, la conversión de la educación en una mercancía para el lucro de los negociantes, pese a que la Constitución Política la contempla como un derecho.

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, no solo continúa con la misma política, sino que la profundiza, con medidas como la sustitución de la educación preescolar por la llamada atención integral a la primera infancia, de carácter asistencialista y no educativo; la imposición de un currículo básico obligatorio, en detrimento de la autonomía escolar, y el enfoque de la educación como un simple instrumento para preparar mano de obra para los empresarios.

Los educadores han sido particularmente afectados por la andanada de medidas neoliberales. El Decreto 1278 de 2002 eliminó el Estatuto Docente y arrasó los derechos y garantías laborales, prestacionales y profesionales; ha habido graves retrocesos en materia de pensiones; el Fondo de Prestaciones del Magisterio tienen un abultado déficit; el régimen especial de salud pretende ser liquidado para convertir la prestación del servicio en un negocio de los empresarios privados; el Plan de Desarrollo pretende imponer la “jornada escolar docente”, que es un nuevo atentado contra los derechos laborales del magisterio, que cada vez tiene que desarrollar su trabajo en peores condiciones.

Como producto de las movilizaciones de los educadores, en junio del año anterior se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación y FECODE  que, entre otros compromisos, contempla la conformación de varias comisiones de trabajo para viabilizar los compromisos, pero, debido a la negligencia del Ministerio, ninguna de esas comisiones ha producido resultados. Un ejemplo de ello es la Comisión Tripartita (MEN, FECODE y Congreso de la República), que tiene el encargo de elaborar el proyecto de Estatuto Único Docente, y que hasta ahora no ha funcionado.

Cuando han transcurrido más de cuatro meses del año, a los educadores no se les ha pagado el reajuste salarial ni se les han hecho efectivos los intereses a las cesantías, es decir, se les da un tratamiento indigno que no guarda relación con la alta misión que desempeñan en la sociedad.

En el Día del Educador, en mi condición Ex presidenta de FECODE y de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, reafirmo mi compromiso con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos, así como mi más firme y decidido respaldo a los educadores, convencida como estoy de que solo con la lucha será posible echar atrás la injusta política del gobierno, rescatar la educación como un derecho y conquistar unas mejores condiciones de vida y de trabajo.

La valerosa lucha de los estudiantes universitarios, que derrotó la reforma a la educación superior que pretendía imponer el gobierno, es una demostración de que ese es el camino acertado.

Un abrazo caluroso para todas y todos.

Tags: Educación

Saludo a los trabajadores

 

Con motivo del 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, les hago llegar a los trabajadores y trabajadoras mi más caluroso saludo y mis mejores votos por el éxito de sus luchas.

Los capitalistas han difundido desde siempre la falacia de que son los empresarios los que producen riqueza y generan empleo, cuando la verdad es que son los trabajadores los que crean riqueza material y espiritual para la sociedad. Son los obreros los que extraen de la naturaleza las materias primas para la industria, los que las transforman y las convierten en bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales; son los campesinos los que producen los alimentos básicos para la población; son los trabajadores de la educación los que forman a las nuevas generaciones y preparan la mano de obra para el trabajo; son los trabajadores de la ciencia, el arte y la cultura los que producen progreso y riqueza espiritual. Lo que los capitalistas hacen es apropiarse de la riqueza creada por el conjunto de la sociedad, y lo hacen de manera desmedida, como ocurre en Colombia, que está clasificado como uno de los países más desiguales del mundo.

Ese régimen de explotación y opresión, en la actualidad atraviesa una profunda crisis que, como ocurre siempre en el capitalismo, está siendo brutalmente descargada sobre los trabajadores y los pueblos. Como resultado, en Estados Unidos hay más de 14 millones de desempleados y 46 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza; en Europa, los desempleados superan los 24 millones y las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores están siendo aniquilados. Si esta es la realidad en los países más desarrollados, ya podemos imaginar cuál será la situación en el resto del mundo.

En nuestro país, los sucesivos gobiernos neoliberales arrasaron con la mayoría de los derechos conquistados por los trabajadores en largas y difíciles luchas. Hoy tenemos el desempleo más alto de América Latina y la mayoría de la población ocupada se debate en el subempleo, la informalidad y la precariedad laboral, mientras los empresarios acumulan ganancias desmedidas. Durante el año 2011, las empresas que reportan resultados a la Superintendencia Financiera obtuvieron utilidades del 31%, equivalentes a 34.3 billones de pesos.

La voracidad de los capitalistas es insaciable y, por eso, el gobierno anuncia nuevas reformas laborales, pensionales y tributarias para recortar aún más los escasos derechos de los trabajadores. Lo que pretenden es recortar o disminuir las contribuciones parafiscales que hoy financian el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar; eliminar el régimen pensional de prima media con prestación definida, aumentar la edad de jubilación a 65 años, modificar el ingreso base de liquidación para disminuir el monto de las pensiones, abrirle paso a mesadas inferiores al salario mínimo y fortalecer el negocio del capital financiero.

Para facilitar la imposición de todos estos proyectos antisociales, el gobierno realiza una perversa labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales para ponerlos al servicio de sus intereses, al tiempo que adelanta una pertinaz ofensiva propagandística para engañar a la opinión pública con las supuestas bondades de su política.

Los invito, entonces a hacer del 1° de mayo un día para rendir homenaje a los Mártires de Chicago, para fortalecer la unidad y elevar la lucha contra la explotación, contra la política antipopular del gobierno y por los derechos e intereses de los trabajadores y de la población; para expresar la solidaridad con los trabajadores y los pueblos del mundo que enfrentan los oprobios del capital o que son víctimas de las agresiones imperialistas; para exigir que en nuestro país haya solución negociada del conflicto interno y paz con justicia social, con democracia real y con soberanía nacional.

Saludamos a la V Cumbre de los Pueblos de las Américas

La V Cumbre de los Pueblos de las Américas  se realiza en momentos en que se apresta a reunirse también la VI Cumbre de las Américas, que congrega a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de nuestro hemisferio.  

La Cumbre de los Pueblos cuenta con la presencia de representantes de numerosas organizaciones populares, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, femeninas, juveniles y estudiantiles, de derechos humanos, de la academia, el arte y la cultura, de partidos y movimientos políticos de izquierda, es decir, de lo más avanzado de nuestra sociedad.  

A los participantes los anima el propósito común de examinar los principales problemas de nuestra América y construir una posición alternativa conjunta que exprese los intereses de nuestros pueblos y que sea la verdadera voz de las Américas. Durante tres días se realizarán eventos como el Encuentro de mujeres y paneles sobre educación, derechos laborales y Cartagena modelo de inequidad, y se discutirán temas tan importantes como: Modelo de desarrollo, pobreza, desempleo y derechos económicos, sociales y culturales; Integración (ALBA, UNASUR, CELAC); Militarización, criminalización de la protesta social, guerra contra las drogas, bases militares en el continente; Cambio climático y economía verde; Tierra territorio y soberanía alimentaria; Tratados de libre comercio y crisis económica.  

De acuerdo con lo dispuesto por los organizadores, las conclusiones serán sintetizadas en un pronunciamiento que deberá ser aprobado por la asamblea de movimientos sociales, para ser entregado a la Cumbre Presidencial, con la exigencia de que nuestras posiciones sean debatidas y tenidas en cuenta por los gobiernos, pero, sobre todo, para que se conviertan en banderas de lucha comunes, porque la lucha es el instrumento insustituible para conquistar los cambios democráticos avanzados que demandan nuestros pueblos.  

La VI Cumbre de las Américas tiene como lema“Conectando las Américas: socios para la prosperidad” y abordará cinco temas: Pobreza e inequidad, seguridad, desastres naturales, acceso y utilización de nuevas tecnologías e integración física de las Américas.  

Aunque se trata de asuntos de interés nacional y social, bien sabemos que sus conclusiones, aún con el influjo de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe, no lograrán constituirse en respuestas efectivas a los graves problemas de dependencia, subdesarrollo, pobreza y desigualdad que afectan a nuestro continente.  

La OEA, que es la organización convocante de la VI Cumbre, ha sido desde siempre un instrumento al servicio de la dominación de Estados Unidos sobre el hemisferio. A través de ella se pretendió imponer el Área de Libre Comercio de las Américas y, ante el rechazo del que fue objeto, se optó por los tratados de libre comercio bilaterales que favorecen a un reducido grupo de grandes capitalistas nacionales y transnacionales, al paso que arruinan nuestras economías, agudizan la expoliación de nuestros recursos naturales y la explotación del trabajo de nuestros pueblos y profundizan la dominación política de nuestros países.  

Las cumbres convocadas por la OEA han sido escenarios para validar la política intervencionista de Estados Unidos en temas como el Consenso de Washington, la seguridad hemisférica, la guerra contra el narcotráfico, la llamada lucha contra el terrorismo, el supuesto libre mercado y la imposición del modelo de democracia al servicio de los grandes poderes económicos y políticos. Con razón, el Comandante Fidel Castro calificó en alguna ocasión a la OEA como “el Ministerio de colonias de Estados Unidos”.  

En esta oportunidad, la administración norteamericana volvió a imponer la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas, pese a que desde el año 2009 le fue levantada la sanción que la había excluido de ese organismo desde 1.962. Se trata de un acto repudiable que rechazamos con todas nuestras energías como una grosera violación de la soberanía nacional de Cuba y del derecho del pueblo cubano a su libre autodeterminación.

Este hecho es la continuación de la política de hostilidad permanente contra Cuba, que se ha prolongado por más de 50 años y que se expresa, entre otras cosas, en el mantenimiento del embargo, condenado en numerosas ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el encarcelamiento en Estados Unidos de cinco patriotas cubanos. Aunque uno de ellos ya fue puesto en libertad limitada, exigimos la liberación plena e inmediata de todos, porque su único delito fue luchar contra los terroristas cubano-americanos que actúan libremente en Estados Unidos con la pretensión de destruir la revolución cubana.

La agresividad imperialista también se manifiesta en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina y El Caribe que se apartan de los dictados del gobierno norteamericano, que reivindican la soberanía nacional y que realizan transformaciones democráticas en favor de sus pueblos.

Pruebas de ello son el golpe de Estado contra el Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el fallido golpe contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez; la rebelión policial contra el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, el apoyo a grupos opositores de derecha en Bolivia, el despliegue de la IV Flota en el Mar Caribe, la proliferación de bases militares, el hostigamiento y las amenazas en contra de quienes no se someten a las imposiciones del imperio.

El capitalismo atraviesa hoy por una de sus más graves crisis económicas, que está siendo brutalmente descargada sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares. Millones de personas en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo han perdido sus empleos o sienten la degradación de sus condiciones de vida y de trabajo. Las conquistas sociales son arrasadas para salvar a los dueños del capital financiero y a los grandes empresarios. Las potencias capitalistas pretenden solventar su crisis apoderándose por la fuerza de los recursos naturales del planeta y para ello no vacilan en recurrir a la invasión militar de países soberanos, como ha ocurrido con Irak, Afganistán y Libia y como amenazan hacerlo con Irán, Corea del Norte y otras naciones.

A ello se agrega que el mundo afronta crisis cada vez más agudas en los campos energético, alimentario, medioambiental y climático, que son el resultado de la explotación irracional de los recursos naturales y de su conversión en simples mercancías para el lucro de las compañías transnacionales, lo que pone en serio peligro la existencia misma de la humanidad.

Frente a la barbarie capitalista e imperialista, los pueblos del mundo vienen levantándose cada vez con mayor decisión.

En América Latina avanzan procesos de reformas democráticas que, no obstante las diferencias entre los distintos países, cuestionan en mayor o menor medida los preceptos neoliberales y se orientan a la construcción de sociedades más justas. Al propio tiempo, trabajan en la consolidación de alternativas integracionistas libres del tutelaje de Estados Unidos, como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC.

Los levantamientos populares del norte de África y el Medio Oriente no se limitan a rechazar regímenes antidemocráticos, como lo pregonan los grandes medios de comunicación. Son la condena al desempleo, el hambre, la pobreza y la miseria, y la exigencia de cambios en favor de las mayorías populares.

En Europa, los trabajadores y las masas populares realizan huelgas, paros, movilizaciones y protestas masivas para oponerse a los planes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centro Europeo.

Por todas partes se multiplican las protestas, aparecen movimientos como  “Ocupemos Wall Street”, en Estados Unidos, o “Los indignados”, y los estudiantes se levantan en demanda de educación pública gratuita y de calidad.

En otras palabras, la lucha de clases, que los ideólogos del neoliberalismo habían declarado extinguida para siempre, resurge con nuevas fuerzas a lo largo y ancho del planeta para ratificar que ella no desaparecerá mientras existan la explotación y la opresión.

En lo que respecta a nuestro país, el gobierno de Juan Manuel Santos ha conformado la llamada Unidad Nacional para adelantar una nueva generación de reformas que profundizan el modelo neoliberal y endurecen el régimen represivo y antidemocrático imperante, mientras le pone toda clase de trabas y condicionamientos a la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto interno que afecta a Colombia desde hace 48 años. En medio de esta situación, el único partido de oposición al gobierno en el Congreso de la República es el Polo Democrático Alternativo.

Pero, también aquí, mejoran las perspectivas de movilización y se fortalecen iniciativas unitarias como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, las mingas indígenas y comunitarias y la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, con el objetivo de enfrentar la política gubernamental y abrirle espacio a los cambios democráticos avanzados que reclama la sociedad colombiana. Un ejemplo de ello fue la valerosa lucha de los estudiantes universitarios, que con el respaldo del movimiento sindical y de amplios sectores populares obligó al gobierno a retirar del Congreso de la República la reforma regresiva que pretendía imponerle a la educación superior.

Para terminar, en nuestra condición de integrantes de la Bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de la República, manifestamos nuestro más firme apoyo a los objetivos de la V cumbre de los Pueblos de construir posiciones conjuntas para exigir que sean tenidas en cuenta en la Cumbre de los gobierno; de denunciar y rechazar la política guerrerista e injerencista de Estados Unidos y pedir la desmilitarización del Continente; de ponerle fin a la llamada guerra al narcotráfico para que sea sustituida por una política multilateral integral que haga énfasis en las medidas de salud pública; de luchar por unas relaciones económicas justas, que no estén basadas en los antinacionales tratados de libre comercio, en las inversiones expoliadoras, ni en la exportación de productos básicos, sino en el beneficio recíproco y el respeto a los procesos de integración autónoma, de manera que sirvan al desarrollo económico y social independiente de nuestros países. Por supuesto, también demandamos que se restablezca el derecho de Cuba a pertenecer al sistema multilateral y exigimos el cese del bloqueo, así como el fin de la hostilidad gringa contra los gobiernos que no se inclinan ante los dictados imperialistas.  Aprovechamos la ocasión para manifestar nuestro más firme respaldo al gobierno y la pueblo argentino en sus demandas de negociación para ponerle fin al colonialismo británico y recuperar la soberanía de las Islas Malvinas.

Le deseamos los mayores éxitos a la Cumbre de los Pueblos y tenemos la certeza de que sus conclusiones constituirán un aporte valioso a las luchas que cada día avanzan con mayor fuerza por el mundo para enfrentar victoriosos al capitalismo y al imperialismo.

 

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La Conferencia Ideológica y la Reconstrucción del Polo no dan espera

 

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, en su reunión del 26 de marzo aprobó por mayoría aplazar la Conferencia Ideológica, que estaba prevista para el 27 de abril, y la pospuso para el segundo semestre del presente año, sin fecha definida.

La explicación de que el aplazamiento de la Conferencia obedece a que “varios departamentos están atrasados en la realización de los foros ideológicos regionales y en la preparación de sus tesis y ponencias”, sólo recoge parcialmente las motivaciones de esa decisión. La razón de fondo está en que algunos integrantes del Comité Ejecutivo tienen la tesis de que es incompatible estar en el Polo y participar en iniciativas como la Marcha Patriótica, y califican de ambigua y desleal la posición de quienes acompañamos esta propuesta, por lo que consideran que sin resolver este debate no es viable realizar la Conferencia Ideológica.

Al respecto caben, al menos, tres observaciones:

1.    Algunos dirigentes del Polo parecen no tener suficiente conciencia  de que la crisis en que quedó sumido después de las últimas elecciones no se resuelve con acuerdos por arriba ni con simples medidas administrativas y exige replanteamientos a fondo en lo ideológico, lo político y lo organizativo para iniciar cuanto antes un proceso de reconstrucción que nos posibilite recuperar el espacio perdido y proyectar al Polo como la verdadera alternativa política para el pueblo colombiano.En este sentido, la realización de la Conferencia Ideológica es urgente y su aplazamiento es un grave error que sólo conduce a la parálisis del Polo y a la profundización de la crisis.

2.    En el país viene desarrollándose, desde tiempo atrás, un proceso de aparición de variadas iniciativas unitarias y de masas, como la Gran Coalición Democrática, el Congreso de la Pueblos, la Minga Indígena, la Minga Social y Comunitaria, la MANE, la Marcha Patriótica y otras, que nosotros acompañamos y respaldamos porque estamos convencidos de que la organización del pueblo es requisito fundamental para el éxito de las luchas.

Frente a esta realidad, el papel del Polo debe ser el de participar para contribuir a la unidad de las distintas iniciativas y ganar espacio y respaldo entre las masas. Hacer del Polo un simple aparato electoral y aislarse de las masas, a más de constituir una actitud sectaria, es un error político descomunal. El Polo es muy importante, pero nosotros no somos los únicos actores en el escenario político y nuestro deber es contribuir a la construcción de la más amplia unidad posible, sin arrogancia, sin exclusiones y sin sectarismos.

3.    Al contrario de lo que opina la mayoría del Comité Ejecutivo del Polo, entre más problemas haya más apremiante es la discusión. Por consiguiente estamos en contra de la decisión de aplazar la Conferencia Ideológica y solicitamos definirle cuanto antes una nueva fecha. En igual forma, solicitamos continuar el desarrollo de las conferencias municipales y departamentales.

En mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, reafirmo mi compromiso con el proceso de reconstrucción del Polo Democrático Alternativo, con el convencimiento de que sólo un Partido profundamente enraizado en las masas que sea capaz de unir a los más amplios sectores podrá convertirse en alternativa para realizar los cambios democráticos avanzados que demanda el pueblo colombiano.. Para ello es necesario abrir ya la más amplia discusión, a fin de que con el concurso de nuestra militancia rectifiquemos los errores y retomemos el rumbo.

Tags: Polo Democrático

Condenamos el asesinato del periodista Argemiro Cárdenas Agudelo

 

El día 15 de marzo, a las 11:45 de la mañana, fue asesinado en Dosquebradas (Risaralda) el ex alcalde de esa ciudad, Argemiro Cárdenas Agudelo, por parte de sicarios que le propinaron 7 balazos, lo que demuestra la sevicia con que actuaron los criminales que le segaron la vida.

Argemiro Cárdenas era una persona muy querida en la ciudad, en donde había sido Consejero Social y se desempeñaba como Coordinador de grupos sociales y comunitarios en temas como la tercera edad y la infancia.

Como periodista, era director de la Red Radial Cafetera y de la Metro Radio 92.1 F.M. desde donde contribuyó al fortalecimiento de las estaciones de radio para la construcción de espacios de paz.

Este repudiable hecho demuestra, una vez más, que en Colombia quienes se destacan en la lucha por la paz y por la solución de los problemas sociales, con frecuencia se convierten en blancos de las acciones criminales de los enemigos de la paz.

Condenamos enérgicamente el execrable asesinato del periodista Argemino Cárdenas Agudelo, le exigimos al gobierno y a las autoridades judiciales adoptar las medidas necesarias para que los responsables sean castigados ejemplarmente y les hacemos llegar a los familiares y allegados de la víctima nuestras sinceras expresiones de condolencia y solidaridad.

Tags: Asesinatos

Lamentamos profundamente la muerte del doctor Alfonso Caycedo Herrera

 

Con profundo dolor registramos la muerte en el día de hoy, en la ciudad de Cali, del doctor Alfonso Caycedo Herrera, padre de nuestro compañero Jaime Caicedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo.

El doctor Caycedo Herrera fue una destacada personalidad progresista y democrática, Senador por el Movimiento Revolucionario Liberal MRL y Director de la Aeronáutica Civil durante el gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen.

Arquitecto de profesión, se desempeñó también como profesor universitario, y en todas sus actividades se distinguió por sus concepciones humanistas y su preocupación por la justicia social.

Les hacemos llegar, al compañero Jaime Caycedo y a todos sus familiares, nuestro más sincero sentimiento de pesar y solidaridad por la pérdida irreparable que significa el fallecimiento del doctor.

En huelga de hambre prisioneros políticos en Colombia

 

Desde el pasado 20 de marzo, Prisioneros Políticos de varios establecimientos carcelarios del país se encuentran realizando una HUELGA DE HAMBRE, con el propósito de exigir del gobierno nacional y de las autoridades carcelarias, su reconocimiento como personas privadas de la libertad por razones políticas, a quienes el sistema penal y penitenciario les da el tratamiento de “enemigo interno”, como forma adicional de castigo a los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos por parte del cuerpo de custodia y de las autoridades carcelarias, quienes utilizan la tortura, el aislamiento, el regimen de alta seguridad, el traslado o la amenaza de traslado, el sometimiento a investigaciones disciplinarias arbitrarias, el distanciamiento familiar, la estigmatización, el hostigamiento, la discriminación y la represalia, tendiente a menguar su fortaleza moral y la identidad propia de tal condición.

Estos hechos que hacen parte de la grave crisis humanitaria que afecta el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, fue declarada en 1998 por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucional”, debido a la violación masiva, estructural e histórica de los derechos humanos fundamentales de los reclusos, que luego de 14 años no ha podido ser superada, dada la incuria administrativa del Estado y sus instituciones, la corrupción imperante y la ausencia de una política, que antes que penalizar a los ciudadanos, reivindique la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

Ante esta situación, en el marco del FORO “COLOMBIA ENTRE REJAS: EN BÚSQUEDA DE UN CAMINO PARA LA LIBERTAD Y LA PAZ” que tuvo lugar el pasado mes de febrero con la presencia de destacadas personalidades del Movimiento de Derechos Humanos de varios países, a instancias del Movimiento de Mujeres “Gestoras del Mundo por la Paz”, se propuso la constitución de una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas, con el fin de verificar la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad por razones políticas.

Como es de conocimiento de la opinión pública, la solicitud elevada por varios parlamentarios al Ministro de Justicia y del Derecho, de autorizar el ingreso a las cárceles de dicha Comisión, fue respondida con una negativa rotunda de que en Colombia NO EXISTEN PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA, que se debía demostrar la naturaleza jurídica de tal comisión y los alcances de su visita humanitaria, que luego de haber sido concedida, es revocada bajo el argumento que sus propósitos tenían una intensión diferente a la incoada inicialmente y, que en consecuencia, dicha autorización era de competencia del Presidente de la República, dadas las declaraciones y compromisos del Secretariado de las FARC-EP, de hacer entrega unilateral de 10 militares retenidos y de proponer al alto gobierno la apertura al diálogo y la negociación política del conflicto, entre cuyos actores se debe considerar a esta categoría de personas privadas de la libertad.

La tozudez del Ministro de Justicia al igual que la del Vicepresidente, en desconocer la existencia de más de 7.500 Prisioneros Políticos y de Guerra, ha dado lugar a la realización de la protesta legítima que se viene desarrollando en 8 de los centros carcelarios de diferentes regiones, que demanda del Movimiento Popular y Democrático de país, su acompañamiento por la justeza de sus motivaciones y por la trascendencia que ella tiene frente a la persistencia de criminalizar la protesta social, de judicializar a los luchadores sociales y de imponer una política punitiva a los hechos sociales resultado de la negativa permanente de los derechos humanos de la población.

En razón de lo anterior,

 

Ø Expresamos nuestro SALUDO DE SOLIDARIDAD Y CONSECUENCIA con la acción de protesta que lideran en las cárceles colombianas los Colectivos de Prisioneros Políticos y de Guerra;

Ø Demandamos de las autoridades carcelarias y penitenciarias, el respeto y las garantías para su ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en la Sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional y,

Ø Exigimos del gobierno nacional la AUTORIZACIÒN DE INGRESO con plenas garantías a la COMISIÒN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS de las personas privadas de la libertad por razones políticas en Colombia.

 

Tags: Derechos humanos

Saludamos la libertad de Liliany Patricia Obando

 

El 28 de febrero del año en curso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso de apelación interpuesto por su apoderado, el Dr. Eduardo Matyas Camargo, ordenó la libertad de la compañera LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, condicionada al pago de una caución equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales que, gracias a la solidaridad de distintos sectores, ya fue debidamente cubierta.

La compañera Liliany es una reconocida defensora de los derechos humanos, asesora de la Federación Nacional Agropecuaria, FENSUAGRO – CUT, detenida preventivamente por orden de la Fiscalía 19 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo mediante orden de captura expedida el 8 de agosto de 2008, acusada de los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, con base en las supuestas pruebas encontradas en los supuestos computadores de “Raúl Reyes”. Permaneció detenida durante 3 años y 7 meses bajo el argumento de existir en su caso, “causa razonable susceptible de plena justificación”, por lo cual se le negó en forma reiterada la detención domiciliaria a pesar de ser una mujer cabeza de familia, madre de dos menores de edad.

Su libertad es fruto de la inocencia de los delitos que se le imputan, del trabajo eficiente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la solidaridad promovida por diversos sectores y organizaciones nacionales e internacionales.

Al tiempo que nos congratulamos por la libertad de Liliany, le solicitamos al Estado colombiano prestarle a ella y a su familia la protección que necesita para preservar su vida y su integridad personal y llamamos al Movimiento Popular y a todos los sectores democráticos del país, a mantener en alto la solidaridad con quienes, como la Compañera Liliany, son objeto de la cacería de brujas de la “farc-política” y sufren injustamente largas condenas, mientras no pocos de los llamados delincuentes de cuello blanco huyen de la justicia o son protegidos por la impunidad.

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A MARCHAR CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO EL 6 DE MARZO

El próximo 6 de marzo de 2012 se celebrará el Día Mundial de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Con este motivo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y 24 organizaciones de derechos humanos han convocado una movilización nacional e internacional que cuenta con el respaldo del movimiento sindical, de sectores políticos y sociales avanzados y de todos los auténticos demócratas de nuestro país. Aunque los principales centros de concentración de las marchas serán las ciudades de Montería y Villavicencio, también habrá movilizaciones en otras regiones del territorio nacional.

 

Los principales objetivos de la movilización son rechazar la falsa restitución de tierras contenida en la llamada Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras y exigir del Estado un restitución integral de las tierras despojadas a los campesinos por los paramilitares, los empresarios y el propio Estado, garantías para el retorno a las tierras y territorios y una transformación democrática del campo, así como el desmonte de las bandas paramilitares que hoy hacen presencia en más de 400 municipios del país y medidas eficaces de protección a las víctimas con el fin de ponerlas a salvo de las amenazas, el desplazamiento forzado y los asesinatos, que sólo en lo corrido del actual gobierno les han costado la vida a más de 70 líderes de tierras.

 

El gobierno ha desplegado una demagógica campaña publicitaria para presentar la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras como una “revolución” en el campo y ha organizado manifestaciones públicas de respaldo a la política oficial, encabezadas por el Presidente Santos, cuando lo cierto es que la Ley contiene normas tan regresivas como el “contrato de uso” o el “derecho de superficie” en favor de los tenedores de “buena fe” de la tierra despojada, lo que forzará a muchos propietarios reales a “asociarse” con las grandes empresas agroindustriales y a terminar convertidos en peones de ellas, casos en los cuales en realidad no habrá restitución material de las tierras a sus legítimos dueños. Lo que está en el fondo de la política oficial es el objetivo de darles vía libre a los megaproyectos agroindustriales y minero-energéticos del gran capital nacional y transnacional y no el propósito de realizar transformaciones democráticas y hacer justicia con los campesinos victimizados.

 

El Plan Nacional de Desarrollo contempla hacer 160 mil restituciones en el cuatrienio, es decir, un promedio de 40 mil cada año, pero el propio gobierno reconoce que en el 2012 solo habrá 11 mil, que son una cifra insignificante en relación con el objetivo definido y más aún respecto del problema real, si se tiene en cuenta que en el país hay alrededor de 5 millones de desplazados y que el despojo de tierras asciende a 10 millones de hectáreas.

 

Por otro lado, las tímidas medidas gubernamentales han exacerbado el accionar de las bandas paramilitares que a lo largo y ancho del país vienen amenazando con impedir a sangre y fuego la devolución de las tierras.

 

El gobierno debería convencerse de que la solución a los problemas del campo colombiano, que están en la base del largo conflicto interno que nos agobia, pasa no solo por la devolución de las tierras a quienes fueron víctimas del despojo, sino por una auténtica reforma agraria integral que cambie las injustas condiciones que se viven en el campo, por la desarticulación del paramilitarismo y las garantías de seguridad para el campesinado y por la salida negociada al conflicto para construir la paz fundamentada en la justicia social. Sin esos requisitos, los anuncios del gobierno no pasarán de ser simple demagogia.

 

Por todas estas razones, brindamos nuestro más decidido respaldo a las movilizaciones del 6 de marzo y llamamos a toda la opinión democrática del país a fortalecerlas y a comprometerse con la construcción de un gran movimiento por la paz y porque haya verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto.

Tags: Victimas

LAMENTAMOS LA DISCUTIBLE DECISIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

El 28 de febrero del presente año se conoció la decisión tomada por mayoría de votos por el Consejo de Estado en relación con la demanda presentada por un ciudadano en contra de la elección de la Fiscal General de la Nación,Viviane Morales Hoyos. En dicha decisión, el Consejo de Estado decidió declarar “nula” la elección, debido a que ésta no se realizó con la mayoría calificada necesaria ya que para entonces, había 5 vacantes en la Corte Suprema, lo que en concepto del Consejo, constituyó un grave vicio de trámite.

 

Si bien es cierto el Consejo de Estado tomó una decisión fundamentada en derecho, no por eso deja de ser discutible.Hay que tener en cuenta que contra  la Fiscal General se había desatado una campaña de la extrema derecha por las medidas tomadas por la Fiscalía contra implicados en delitos como las interceptaciones ilegales hachas por el DAS, los repartos de los dineros del programa Agro Ingreso Seguro, las falsas desmovilizaciones de grupos armados ilegales y otros hechos que comprometen a altos funcionarios del anterior gobierno, al tiempo que era objeto de la agresión de algunos columnistas de la gran prensa.

 

Expresamos nuestra solidaridad a la Doctora Viviane Morales y lamentamos que la eficaz gestión que venía realizando sea interrumpida, por lo que llamamos a la opinión pública a estar vigilante para que los procesos que venían en curso continúen su trámite con la garantía de que la impunidad que por largo tiempo ha imperado en la justicia colombiana no vaya a repetirse, que se conozca toda la verdad y que a los culpables les caiga todo el peso de la ley.

Tags: Fiscal

Valoramos los gestos de paz de las FARC

 

El pasado 26 de febrero, el Secretariado de las FARC hizo público un comunicado en el que afirma que además de los 6 cautivos cuya liberación había sido anunciada desde finales del año anterior, serán liberados otros 4, para un total de 10 integrantes de la fuerza pública. Además, comunican que “A partir de la fecha proscribimos la práctica” de los secuestros extorsivos de civiles, al tiempo que consideran que “no caben más largas a las posibilidades de entablar conversaciones” para ponerle fin al conflicto y que “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.

 

Un anuncio como este es la primera vez que se produce en la larga historia de más de 48 años de confrontación armada, lo que le otorga un significado muy importante para las posibilidades de paz en nuestro país y, por lo mismo, debería ser recibido de manera positiva por todos los colombianos.

 

Sin embargo, los sectores más retardatarios y guerreristas se han apresurado a expresar su escepticismo, cuando no su descalificación del comunicado de las FARC, y el Ex presidente Uribe ha dicho que se trata de un anuncio “engañoso”. Estos hechos demuestran, una vez más, que en Colombia hay fuerzas que se oponen a cualquier posibilidad de alcanzar la paz porque han hecho de la guerra una empresa de la que derivan grandes dividendos económicos y políticos. Son los que se apoderaron de las tierras y otros bienes de millones de compatriotas y los que utilizando medios como la“parapolítica” ganaron elecciones y construyeron un poder no sólo ilegítimo, sino criminal.

 

El Presidente Santos, por su parte, ha dicho que“valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente, en la dirección correcta”. Desde el mismo momento de su posesión ha venido repitiendo que tiene la llave de la paz, pero pone tal cantidad de condicionamientos y trabas que hacen prácticamente imposible que se abra la puerta del diálogo. A la posibilidad de buscar un acuerdo humanitario ha respondido con un rotundo no; a la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz de un cese bilateral de fuegos, también respondió que no, y ante el anuncio de liberaciones por parte de las FARC se opuso inicialmente a la colaboración del gobierno de Brasil, y el nuevo gesto de paz de las FARC le parece insuficiente. Lo que hay en el fondo es la aspiración de lograr el exterminio militar de la guerrilla o forzarla a su rendición, y ya se sabe que por este camino sólo se conseguirá la prolongación indefinida del conflicto.

 

Los sectores democráticos y progresistas del país nos congratulamos de que las FARC hayan atendido nuestro clamor de ponerle fin a la práctica de los secuestros y esperamos que este importante gesto sea seguido de otras iniciativas que contribuyan a abrirle paso a la salida negociada del conflicto.

 

Llamamos al movimiento popular y a todos los colombianos a trabajar por la construcción de un gran movimiento de paz que tenga la capacidad de lograr con la movilización y la lucha que el diálogo y la negociación se impongan sobre la guerra infinita que pretenden imponernos los sectores más retardatarios del país.

 

Tags: Paz

VALORAMOS LOS GESTOS DE PAZ DE LAS FARC

El pasado 26 de febrero, el Secretariado de las FARC hizo público un comunicado en el que afirma que además de los 6 cautivos cuya liberación había sido anunciada desde finales del año anterior, serán liberados otros 4, para un total de 10 integrantes de la fuerza pública. Además, comunican que “A partir de la fecha proscribimos la práctica” de los secuestros extorsivos de civiles, al tiempo que consideran que “no caben más largas a las posibilidades de entablar conversaciones” para ponerle fin al conflicto y que “Es hora de que el régimen piense seriamente en una salida distinta, que empiece al menos por un acuerdo de regularización de la confrontación y de liberación de prisioneros políticos”.
 
Un anuncio como este es la primera vez que se produce en la larga historia de más de 48 años de confrontación armada, lo que le otorga un significado muy importante para las posibilidades de paz en nuestro país y, por lo mismo, debería ser recibido de manera positiva por todos los colombianos.
 
Sin embargo, los sectores más retardatarios y guerreristas se han apresurado a expresar su escepticismo, cuando no su descalificación del comunicado de las FARC, y el Ex presidente Uribe ha dicho que se trata de un anuncio “engañoso”. Estos hechos demuestran, una vez más, que en Colombia hay fuerzas que se oponen a cualquier posibilidad de alcanzar la paz porque han hecho de la guerra una empresa de la que derivan grandes dividendos económicos y políticos. Son los que se apoderaron de las tierras y otros bienes de millones de compatriotas y los que utilizando medios como la “parapolítica” ganaron elecciones y construyeron un poder no sólo ilegítimo, sino criminal.
 
El Presidente Santos, por su parte, ha dicho que “valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente, en la dirección correcta”. Desde el mismo momento de su posesión ha venido repitiendo que tiene la llave de la paz, pero pone tal cantidad de condicionamientos y trabas que hacen prácticamente imposible que se abra la puerta del diálogo. A la posibilidad de buscar un acuerdo humanitario ha respondido con un rotundo no; a la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz de un cese bilateral de fuegos, también respondió que no, y ante el anuncio de liberaciones por parte de las FARC se opuso inicialmente a la colaboración del gobierno de Brasil, y el nuevo gesto de paz de las FARC le parece insuficiente. Lo que hay en el fondo es la aspiración de lograr el exterminio militar de la guerrilla o forzarla a su rendición, y ya se sabe que por este camino sólo se conseguirá la prolongación indefinida del conflicto.
 
Los sectores democráticos y progresistas del país nos congratulamos de que las FARC hayan atendido nuestro clamor de ponerle fin a la práctica de los secuestros y esperamos que este importante gesto sea seguido de otras iniciativas que contribuyan a abrirle paso a la salida negociada del conflicto.
 
Llamamos al movimiento popular y a todos los colombianos a trabajar por la construcción de un gran movimiento de paz que tenga la capacidad de lograr con la movilización y la lucha que el diálogo y la negociación se impongan sobre la guerra infinita que pretenden imponernos los sectores más retardatarios del país.

Tags: FARC

Solidaridad con los campesinos afectados por la hidroeléctrica El Quimbo

 

El 24 de febrero de 2011, el Presidente de la República asistió al acto de colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que es el primero que se ejecuta en Colombia con el 100% de inversión privada y para exclusivo beneficio de los constructores, en este caso de la empresa EMGESA, filial de la transnacional española-chilena ENDESA.

La hidroeléctrica estará ubicada en jurisdicción de los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira, del Departamento del Huila, inundará 8.586 hectáreas, de las cuales 5.300 están en producción y 2000 de ellas son tierras de antiguos parceleros, desplazando a 1.466 personas de 427 familias con residencia permanente en la zona, con la consiguiente pérdida de predios, viviendas, puestos de trabajo y medios de subsistencia, con la inutilización de vías carreteables y con graves afectaciones para el ecosistema.

 El proceso legal requerido para casos como este, ha estado plagado de todo tipo de arbitrariedades. Muy al estilo uribista, el gobierno nacional, mediante Resolución No. 321 del 1° de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social en favor de EMGESA “los terrenos necesarios para la construcción y expansión del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”  y la autorizó para reclamar la expropiación en caso de que los dueños se negaran a vender sus propiedades, todo ello sin consultar previamente a los afectados ni a los municipios, como lo ordenan las leyes. Sólo hasta el 15 de mayo de 2009, cuando ya el proyecto estaba en marcha, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución No. 0899, para otorgar la respectiva licencia ambiental. 

Los damnificados, por su parte, se organizaron en la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ASOQUIMBO, y han realizado audiencias ambientales, foros, reclamos y protestas para exigir que se respeten sus derechos. Fue así como lograron que la Defensoría del Pueblo solicitara el 7 de abril de 2011 la suspensión de la licencia ambiental, entre otros, por el siguiente hecho: “4) con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello”. También consiguieron que el 14 de junio de 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 1096, impusieran a la empresa un medida preventiva consistente en “la suspensión inmediata de las actividades de compra y de negociación de predios afectados por el proyecto y la suspensión inmediata de las actividades de extracción de materiales y operación de la zona industrial contigua a la vereda de Domingo Arias del Municipio de Paicol, ubicadas dentro de la misma”.

Sin embargo, con la prepotencia propia de las empresas transnacionales, sobre todo cuando tienen el favor del gobierno, EMGESA continuó con sus actividades y compró la hacienda La Virginia, en el municipio de Altamira, anunciando que era para el reasentamiento de las comunidades de La Escalereta, del municipio de El Agrado, cuyas propiedades serán inundadas por la represa. Como resultado de esta operación, el propietario de La Virginia procedió a despedir sin ninguna contemplación a los 26 trabajadores de la hacienda, todos ellos con más de 10 años de antigüedad, dejándolos sin trabajo y en el más completo desamparo.

El atropello contra los trabajadores de la hacienda La Virginia es apenas uno entre los muchos que se cometen contra los pobladores de la región, lo que ha dado origen a múltiples protestas y reclamaciones. A mediados de enero de este año, las comunidades realizaron un paro y taponaron varias vías del departamento para protestar por el pésimo estado de las carreteras, la construcción de la hidroeléctrica y las exploraciones petroleras que realiza la transnacional EMERALD con el municipio de Gigante, y para pedirle al Ministerio del Medio Ambiente que le dé el visto bueno a una Audiencia Pública Ambiental para discutir los problemas, pero el Ministro Frank Pearl se negó a autorizarla y puso como condición que primero debían levantar las protestas para luego escuchar a las comunidades. El 14 de febrero fueron desalojados por la fuerza pública los campesinos y pescadores que habían ocupado los terrenos de la ronda del río Magdalena donde se construirá la represa, porque las autoridades locales concedieron el amparo policivo solicitado por EMGESA y, en cambio, negaron el amparo solicitado por ASOQUIMBO para proteger los derechos de los campesinos y pescadores. Por la misma fecha, voceros de ASOQUIMBO realizaron un plantón frente a la sede del Ministerio del Medio Ambiente, pero tampoco fueron atendidos.

La dolorosa e indignante realidad es que el gobierno colombiano en todos sus niveles se ha convertido en celoso protector de los intereses de la transnacional EMGESA y en enemigo de los derechos de nuestros compatriotas afectados por la construcción de la obra. Como ha ocurrido a lo largo de casi toda nuestra historia, el régimen dominante en Colombia es implacable con las protestas de nuestro pueblo, pero dócil y servil ante los dictados del gran capital internacional.

Ante esta deplorable realidad, levantamos nuestra voz de protesta contra los atropello de que están siendo víctimas los pobladores de la zona donde se adelanta el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, respaldamos las peticiones de ASOQUIMBO al gobierno nacional en el sentido de que sean suspendidas inmediatamente todas las obras, se ordene el reintegro de los trabajadores despedidos y se les indemnice por los perjuicios sufridos y se abra una investigación contra la empresa EMGESA por la violación de las normas legales y los derechos de los trabajadores. Así mismo, demandamos del gobierno cumplir el mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y adoptar las medidas que sean del caso para que el capital transnacional no siga atropellando nuestra soberanía nacional.

Respaldamos la jornada de lucha del Magisterio

 

 

Rechazamos la pretensión del Gobierno de llevar a Angelino Garzón a la Dirección General de la OIT

 

El gobierno y los empresarios colombianos se encuentran empeñados en una campaña a fondo para conseguir que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT elija al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como el próximo Director General de esa organización, y alrededor de este hecho ha estallado una polémica pública, especialmente entre los trabajadores, porque hay sectores sindicales y algunos dirigentes políticos que se reclaman de izquierda que apoyan dicha candidatura.

Para quienes tenemos nuestras raíces en el movimiento sindical y asumimos un compromiso irrevocable con los intereses de los trabajadores, la aspiración de los más altos exponentes del régimen no puede sernos indiferente y nos obliga a sentar posición.

Angelino Garzón es el prototipo de lo que en Colombia se conoce como el tránsfuga político. Cuando la izquierda era una fuerza importante y en ascenso, él militó en las filas revolucionarias, pero cuando la ultraderecha desató la guerra sucia y en el mundo estalló la crisis del llamado“socialismo real”, fue a parar a la Alianza Democrática – M19, por la que fue elegido como Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De allí saltó al samperismo, en el gobierno de Samper, al pastranismo, en el gobierno de Pastrana, del que fue su Ministro de Trabajo; al uribismo, en el gobierno de Uribe, del que terminó siendo su embajador ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), y ahora es el Vicepresidente de Santos. Su militancia de izquierda y su pasado de sindicalista no fueron más que trampolines que él utilizó para lograr la satisfacción de sus ambiciones personales.

Desde que se empotró en los círculos gubernamentales, su práctica ha sido la de manejar un discurso demagógico que no guarda ninguna relación con sus actuaciones. Siendo Ministro de Trabajo de Pastrana, entró en vigencia la Ley 411 de 1997, que ratificó el Convenio 151 de la OIT que les otorga a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva; sin embargo, nada hizo para que dicha ley tuviera aplicación real y, posteriormente, el gobierno de Uribe expidió el Decreto 535 de 2.009, que fue presentado como el reconocimiento de este derecho, cuando en realidad se trató de un engaño, y hasta hoy los servidores públicos carecen del derecho a negociar colectivamente. Similar patraña montó el gobierno con la supuesta prohibición de que las cooperativas de trabajo asociado hicieran interdicción laboral, y la mejor prueba de ello es que el problema sigue existiendo. Otro tanto ocurrió con el anuncio de que habría garantías para ejercer el derecho de huelga, cuando lo que se hizo fue trasladarle la función de calificar las huelgas a la Sala Laboral de los tribunales de los distritos judiciales, pero sin modificar las causales de ilegalidad, de manera que las huelgas que antes declaraba ilegales el Ministerio del Trabajo ahora las declaran ilegales los tribunales, es decir, en el fondo no cambió absolutamente nada.

Todos estos vulgares engaños a los trabajadores fueron presentados como la satisfacción de las demandas del movimiento sindical y el acatamiento a la normatividad de la OIT, para que con base en esos inexistentes “avances” en materia laboral, el gobierno de Uribe no fuera enjuiciado como uno de los principales violadores de la libertad sindical en el mundo.

Durante el gobierno de Santos, Angelino se ha distinguido por sus acostumbradas salidas demagógicas para engañar incautos y ha desplegado una labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales con el propósito de fomentar el divisionismo entre los trabajadores y de esta manera minar la resistencia a los antinacionales tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y sabotear los esfuerzos de unidad para que el movimiento sindical y popular puedan enfrentar con la lucha la política neoliberal y guerrerista del actual gobierno.

Recientemente, la organización Human Rights Watch reveló que durante los últimos tres años fueron asesinados en Colombia 175 sindicalistas. Esa cifra es, de lejos, la más alta, comparada con cualquier país del mundo.

En materia de derecho de asociación, la imposición de la política neoliberal ha significado un grave retroceso, hasta el punto de que hoy apenas un 4% de los trabajadores están organizados en sindicatos. El derecho de negociación colectiva les sigue siendo negado a los empleados públicos y la contratación colectiva se ha reducido a niveles ridículos. El derecho de huelga tampoco existe para los servidores públicos y en las empresas particulares se ha vuelto una rareza. Millones de trabajadores son víctimas del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral, mientras pululan las formas deslaboralizadas de contratación, la intermediación laboral, la inestabilidad y la sobreexplotación, que les rinden jugosas ganancias a los empresarios y que han hecho de Colombia el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo.

Elegir como Director General de la OIT a Angelino Garzón sería premiar a un gobierno que figura entre los principales violadores de la libertad sindical y constituiría una afrenta para los trabajadores de Colombia y del mundo.

Tags: Organización Internacional del Trabajo OIT

Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

 

 

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó acaba de denunciar que el sábado 4 de febrero del año en curso, el representante legal de esa organización, JESUS EMILIO TUBERQUIA, fue víctima de un atentado criminal del que por fortuna salió ileso.

El hecho ocurrió a las 12:15 del día junto a la plaza de mercado del municipio de Apartadó, donde dos individuos señalados de ser paramilitares, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra el señor Tuberquia, quien al sentirse atacado no tuvo alternativa distinta de la de salir corriendo para salvar su vida.

Es de anotar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha denunciado la existencia de bases de bandas paramilitares en distintos lugares de la región, entre ellos, Nuevo Antioquia, Los Mandarinos, Piedras Blancas, Batata y El Dos, sin que las autoridades tomen ninguna medida contra ellas. Así mismo, ha denunciado infructuosamente en varias ocasiones las amenazas y el hostigamiento contra la comunidad, en contravía de los discursos oficiales sobre protección a las víctimas y combate al paramilitarismo.

También resulta muy sospechoso que a 100 metros del sitio donde se cometió el atentado haya un puesto de control de la Policía que de nada sirvió para impedir la acción de los criminales, lo que hace presumir que la vieja complicidad de la fuerza pública y otros organismos del Estado con el paramilitarismo sigue siendo una realidad.

Ante las amenazas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el atentado contra su representante legal, les expresamos a los afectados nuestra más decidida solidaridad, condenamos enérgicamente estos execrables hechos, exigimos del gobierno adoptar medidas prontas y eficaces para garantizar la vida e integridad de los miembros de la comunidad y le pedimos a la justicia investigar las denuncias y castigar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes.

En igual forma, llamamos al movimiento popular y democrático del país a movilizarse en solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de todos los que luchan por el derecho a vivir en paz.

 

Tags: Conflicto Armado

El oscurantismo no debe ser reelegido

 

 

La manifestación pública del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, en el sentido de que aspira a ser reelegido para un nuevo período, ha suscitado una explicable controversia en amplios sectores de la opinión pública acerca de la conveniencia de que dicho funcionarios continúe en el cargo por cuatro años más.

El principal argumento de sus defensores es la supuesta “verticalidad” que ha observado en la lucha contra la corrupción. Sin desconocer que muchos de sus fallos sancionaron a funcionarios corruptos, lo cierto es que la corrupción sigue campeando a lo largo y ancho del país, y también hay que mirar otros fallos cuya justeza es muy discutible, como el que sancionó a la Ex senadora Piedad Córdoba.

El Artículo 118 de la Constitución Política establece que “Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Quiere decir que el combate a la corrupción es apenas un aspecto, y, a nuestro juicio, una evaluación de la gestión del Procurador debe abarcar la totalidad de sus funciones.

En este sentido, lo primero que hay que anotar es que el conocido sectarismo religioso del Procurador es contrario a la separación entre las instituciones del Estado y las confesiones religiosas y atenta contra la libertad de conciencia consagrada en la Constitución.

El Procurador, como cualquiera de los colombianos, tiene pleno derecho a profesar las ideas filosóficas, políticas o religiosas que a bien tenga, pero no tiene derecho a imponerles a los demás esas ideas y mucho menos, a convertir la Procuraduría en un instrumento para tal fin, porque ello es contrario al mandato constitucional de la guarda y promoción de los derechos humanos y la protección del interés público.

La Corte Constitucional autorizó la práctica del aborto en los casos de violación sexual, malformaciones congénitas o grave riesgo para la salud de la madre; sin embargo, el Procurador, ha puesto por encima sus concepciones religiosas y no ha actuado como le corresponde para que se cumpla la Sentencia de la Corte. Es igualmente conocida su negativa a reconocer derechos de los homosexuales como el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Estos hechos constituyen prácticas discriminatorias contra las mujeres y los homosexuales, que son violatorias de la Constitución porque atentan contra los derechos humanos y el interés público de muchos colombianos y colombianas.

La Procuraduría General de la Nación debe estar regida por una persona que otorgue garantías reales de que todos las habitantes de nuestro país, sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, puedan tener confianza en la guarda y promoción de sus derechos por parte del Ministerio Público.

Resulta deplorable que en pleno siglo XXI se le pretendan imponer a la sociedad las concepciones del medioevo, por lo que se requiere movilizar a la opinión democrática y progresista del país para impedir que el oscurantismo sea reelegido.

 

Un saludo cordial a los periodistas

En el día de hoy se celebra en Colombia el Día del Periodista y, con este motivo, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi más cordial saludo y mis sinceras felicitaciones.

En nuestro tiempo, los medios de comunicación se han convertido en un poder que tiene gran influencia en la sociedad, lo que implica enormes responsabilidades para los periodistas y, en no pocas ocasiones, conlleva considerables riesgos para la libertad de “informar y recibir información veraz e imparcial” contemplada en nuestra Constitución Política.

El alto número de periodistas asesinados o víctimas de persecuciones por defender la verdad, demuestra hasta qué punto el ejercicio recto del periodismo encuentra con frecuencia obstáculos difíciles de vencer.

Por eso, al tiempo que resalto en esta fecha la labor de los periodistas y trabajadores de la prensa, les hago llegar a quienes han sido victimizados y a sus familiares mi más firme solidaridad. Así mismo, los invito a continuar su noble labor en beneficio de la sociedad.

Tags: Periodismo

LAS VICISITUDES DE LA SALIDA NEGOCIADA AL CONFLICTO INTERNO

Tags: Conflicto Armado

Nueva arremetida contra el Polo

 

"Ser gobernador de un resguardo indígena no inhabilita para ejercer el cargo de Alcalde Municipal; la Constitución del 91 le da especial trato": Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos (PDA).

El 30 de octubre de 2011, el pueblo de Riosucio (Caldas), en una demostración de aplicación real de la democracia participativa, y con una votación superior a los 7000 votos, elige al compañero, Abel David Jaramillo Largo, como su alcalde, en respaldo a una candidatura y un programa de gobierno municipal, que a nombre del Polo Democrático Alternativo (PDA), presentó a su pueblo el dirigente indígena.

A sólo 12 días de su posesión como burgomaestre de los Riosuceños, los enemigos de la democracia, dolidos por que un dirigente indígena con el aval y respaldo del PDA, les arrebata el poder que durante un tiempo les permitió dirigir los destinos de la Perla del Ingruma, a la cual dejaron en el más absoluto atraso social que hayan conocido sus habitantes. Armados de falsos y amañados argumentos, encuentran eco en agazapados aliados, y es así como el Juzgado Tercer Administrativo del Circuito de Manizales, suspende en primera instancia al alcalde indígena, aduciendo que éste se había inhabilitado por haber ejecutado unos contratos como gobernador y representante legal del resguardo de San Lorenzo.

Nada más falaz y antidemocrático. Ser gobernador de un resguardo indígena no inhabilita para ejercer el cargo de Alcalde Municipal; la Constitución del 91 le da especial trato en cuanto a participación política a las comunidades indígenas.

Ante esta nueva arremetida de la derecha y del régimen contra el Polo por un triunfo obtenido en franca lid, hacemos urgente llamado al pueblo de Riosucio, a las organizaciones indígenas, sociales, populares, sindicales, femeninas, juveniles, de DD.HH a denunciar nacional e internacionalmente este atropello que se intenta acometer contra el movimiento indígena, el POLO y el pueblo de Riosucio.

Igualmente, convocamos a los movimientos indígenas y al pueblo de Riosucio, a estar atentos y a prepararse para enfrentar masivamente esta nueva arremetida del régimen, y a respaldar el triunfo legítimo del Polo, en cabeza de su alcalde Abel David Jaramillo Largo.

NUEVA ARREMETIDA CONTRA EL POLO…..

Igualmente convocamos a los movimientos indígenas y al pueblo de Riosucio, a estar atentos y a prepararse para enfrentar masivamente esta nueva arremetida del régimen y a respaldar el triunfo legítimo del POLO en cabeza de su alcalde ABEL DAVID JARAMILLO LARGO.

Tags: Polo Democrático

NUEVA ARREMETIDA CONTRA EL POLO…..

Tags: Elecciones Locales

NO MÁS MUERTE, PEDIMOS DIÁOLOGO Y NEGOCIACIÓN

Según informaciones de los medios de comunicación, el sábado 26 de noviembre del año en curso, en la selva del municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, se presentó un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y un grupo de las FARC, y en medio del combate los guerrilleros procedieron a ejecutar al sargento del ejército José Libio Martínez, al Mayor Elkin Hernández, al Coronel Edgar Yesid Duarte y al intendente Álvaro Moreno, integrantes de la Policía Nacional, quienes se encontraban cautivos en manos de las FARC desde hacía más de 10 años.

Tags: Conflicto Armado

¡¡¡No más violencia contra las mujeres!!!

• La violencia contra las mujeres empobrece a la sociedad desde el punto de vista moral, cultural, social, económica y político, al limitar el papel activo que pueden desempeñar las mujeres en el desarrollo los pueblos y la conquista de la Paz y la Justicia Social.

 

Tags: Día a la NO Violencia contra la Mujer

La solicitud de declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del Acto Legislativo No. 04 de 2011 por parte del Procurador: otra falacia de su gestión.

 

Tags: Empleados Provisionales

LA LUCHA ESTUDIANTIL EMPIEZA A RENDIR SUS FRUTOS

Felicitaciones a los y las estudiantes de Colombia, a la MANE, al movimiento estudiantil y profesoral. Desde el Congreso, continuaremos trabajando por que la educación sea considerada un derecho fundamental, con calidad, con respeto a las garantías y con acceso para todas y todos los colombianos.

Tags: Movilización

SOLIDARIDAD CON EL CAJAR -SOBRE MASACRE MAPIRIPÁN

Igualmente me permito formular un llamado al Movimiento Popular y Democrático del país, para estar alerta ante los despropósitos que el conservadurismo reaccionario pretende imponer al Estado Social y Democrático de Derechos que instituyó el Constituyente de 1991, a través de la reforma constitucional a la justicia que se tramita en el Congreso de la República, como es el de revisar los efectos garantistas de la Acción de Tutela, privatizar la administración de justicia, elevar a presunción de constitucionalidad los privilegios espurios del “fuero militar”, a cuyo amparo se podrán suceder -como en otras épocas-, las mayores afrentas a los miles de víctimas de crímenes de Estado, que de prosperar en la táctica del pupitrazo, tal como aconteció el pasado 8 de noviembre en la Plenaria del Senado, quedarán en la impunidad. 

Tags: Masacres

LA NEGOCIACIÓN ES LA ÚNICA ALTERNATIVA SENSATA

 

Tags: Conflicto Armado

SOLIDARIDAD CON LOS CINCO PATRIOTAS CUBANOS CONDENADOS INJUSTAMENTE EN ESTADOS UNIDOS

Por consiguiente, nuevamente insistimos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en que se revisen las sentencias condenatorias y unimos nuestra voz a la de los millones de demócratas que en todo el mundo reclaman justicia y exigen la libertad inmediata e incondicional de los patriotas cubanos condenados, de manera que se garantice el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos por parte de la justicia norteamericana.

Tags: Internacional

RECONSTRUIR EL POLO Y CONVERTIRLO EN LA ALTERNATIVA POLÍTICA DEL PUEBLO COLOMBIANO

Las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, realizadas el pasado 30 de octubre, arrojan resultados que deben ser materia de un profundo análisis orientado a producir los cambios necesarios para que la izquierda pueda erigirse como una auténtica alternativa para el pueblo colombiano.

 

La campaña electoral se caracterizó, por la falta de garantías para la oposición y por la práctica de toda suerte de vicios, ilegalidades y ventajismos de los partidos y movimientos políticos del régimen dominante.

 

Así, por ejemplo, la Misión de Observación Electoral denunció que entre el 8 de febrero y el 16 de septiembre hubo 1.561 reportes sobre irregularidades y anomalías electorales, entre ellas, 46 asesinatos de candidatos y líderes políticos y 195 denuncias de vínculos de candidatos con agrupaciones ilegales. La Corporación Nuevo Arco Iris afirmó que“Los mayores electores de estas elecciones serán los contratistas, especialmente en los sectores de salud, educación y obras públicas”. El Procurador General de la Nación sostuvo que “la mayor amenaza, y que echa un manto de duda sobre nuestro sistema político y democrático, es la corrupción. Está desbordada”, al tiempo que reveló que había recibido 715 denuncias, la mayoría por indebida participación en política de funcionarios públicos, que habían sido anuladas 700 mil inscripciones de cédulas, que había numerosos candidatos con inhabilidades e incompatibilidades y que los presos por “parapolítica” intervenían en la campaña electoral. “Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones”, fueros sus palabras al respecto.

 

Con este panorama, no es extraño que al término de los escrutinios se haya presentado la cifra sin precedentes de más de 80 asonadas, disturbios y protestas a lo largo y ancho del país, en rechazo a los resultados, con un saldo de dos muertos, numerosos heridos y detenidos y destrucción de varias sedes de alcaldías y registradurías.

 

El Presidente de la República que se había apresurado a hacer uno de sus conocidos balances triunfalistas, en una demostración de simplismo se limita a atribuirles los hechos a los “malos perdedores” y a amenazar con medidas de fuerza, cuando lo que hay de por medio son manifestaciones claras de repudio a un sistema electoral antidemocrático y corrupto que cada vez resulta menos confiable para los ciudadanos.

A esta situación no escapan los partidos, que más que organizaciones políticas guiadas por principios, programas y estructuras definidas, son maquinarias electorales al servicio de los intereses de la plutocracia empotrada en el poder. Los voceros de todos ellos, cada uno con su particular interpretación, han salido a hacer análisis sesgados y a reclamar grandes victorias que poco o nada concuerdan con la realidad.

 

Al respecto es pertinente recordar que, según cifras de la Registraduría, más 4.6 millones de votos por los alcaldes y más de 4 millones de votos por los gobernadores, que en los dos casos superan ampliamente la votación de cualquiera de los partidos, corresponden a candidatos inscritos por firmas, al margen de los partidos y movimientos políticos.

 

Los medios de comunicación dan cuenta de que al menos ocho gobernadores elegidos tienen vínculos con el paramilitarismo y que en similar situación hay numerosos alcaldes, diputados, concejales y ediles, lo que indica que el paramilitarismo no es cosa del pasado, como lo pregona el gobierno, y que sigue teniendo, al lado de sectores mafiosos, una considerable participación en la vida política del país.

 

Aún cuando esos mismos medios registran una leve caída en la abstención, la disminución en las cifras se explica por los ajustes que se le hicieron al censo electoral y no porque haya una mayor participación de los votantes, lo que quiere decir que alrededor de la mitad de los ciudadanos no participa de las elecciones por distintas motivaciones y pone en entredicho la legitimidad del Estado.

 

Es evidente que los resultados electorales constituyen un revés para los sectores más retardatarios, concretamente para el Partido Conservador y el uribismo, comprometidos a fondo en la corrupción, la “parapolítica” y una larga lista de hechos inmorales y criminales, pero otros sectores de la misma estirpe, como ya se anotó, lograron resultados positivos.

 

El Polo Democrático Alternativo, por su parte, hubo de afrontar la campaña en medio de una profunda crisis generada por la corrupción de la Administración de Bogotá, la ofensiva de desprestigio de los grandes medios de comunicación, la cooptación y el divisionismo auspiciados por el gobierno y la derecha, las contradicciones y problemas internos y la falta de garantías para el desarrollo de las actividades electorales.

 

En tan adversas condiciones, era lógico prever que los resultados no serían satisfactorios, como en efecto ocurrió, y sufrimos un grave retroceso que debe llevarnos a un examen profundo de lo ocurrido, de sus causas y consecuencias, de las rectificaciones que es necesario hacer en lo ideológico, lo político y los orgánico, para que a partir de los resultados electorales iniciemos la tarea de reconstrucción poniendo en práctica las lecciones tan duramente aprendidas.

 

La candidatura, primero, y la elección, después, de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, ha dado para toda clase de análisis y especulaciones. No pocos militantes y simpatizantes de izquierda contribuyeron a elegirlo con el pretexto pragmático y oportunista del “voto útil”, para impedir el triunfo de Peñalosa. Este hecho y el pasado guerrillero de Petro le sirven de sustento a la tesis de que en Bogotá ha sido elegido un Alcalde de izquierda.

 

Quienes así razonan, pasan por alto que al interior del Polo Petro fue un permanente opositor a que el Partido se definiera como una organización de izquierda, que su tesis es la de ganar al centro y la derecha, que llegó a proponer la expulsión de la izquierda revolucionaria, que en varias ocasiones pretendió comprometer al Polo en un “Acuerdo Nacional” con la derecha, incluido el uribismo, y que hizo todo lo posible para destruir al Polo si no se sometía a sus particulares directrices. Una vez elegido, dijo que hay “muchas cosas para hablar con Santos” y anunció un “diálogo constructivo” con él. No se trata de criticar a Petro porque, hable con Santos; está forzado a ello en razón de sus funciones. Lo que hay que entender es que se trata de una política de hostilidad con la izquierda revolucionaria y de conciliación con el régimen dominante.

 

Lo que se pretende es reproducir en Colombia el esquema político de Europa, en donde la burguesía gobierna con partidos de derecha, per en momentos de crisis utiliza la carta de “izquierda”, representada en los partidos socialdemócratas, para continuar en el poder. Ese juego maquiavélico está siendo contundentemente desenmascarado por la realidad y lo cierto es que hoy los partidos de derecha y socialdemócratas descargan por igual las consecuencias de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las masas populares y arrasan las conquistas sociales para salvar a los capitalistas, particularmente a los magnates del sector financiero.

 

En el caso de Bogotá, hay que insistir con que los alcaldes elegidos en nombre del Polo no gobernaron con el Partido. En la última administración, las cuotas más importantes eran del Partido de la U, Cambio Radical, liberales y conservadores. Sin embargo, fue el Polo el que tuvo que pagar el costo político de la corrupción y el caos administrativo. Las ejecutorias de la compañera Clara López Obregón, aunque brillantes, no alcanzaron a contrarrestar el daño causado, entre otras razones, por el escaso tiempo que estuvo al frente de la Alcaldía.

 

A pesar de todo, el balance de las dos últimas administraciones deja un saldo positivo en materia de avances sociales para los sectores más desfavorecidos de la población, y ese es un patrimonio que hay que reivindicar para el Polo Democrático Alternativo.

 

También es positivo que, a pesar de la debacle, alrededor de 600 mil colombianos nos hayan favorecido con su voto, como es reconfortante el repunte de la lucha de masas expresado en las movilizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, en las huelgas obreras y en los paros de distintos sectores de trabajadores, en las luchas estudiantiles contra la reforma neoliberal a la educación superior, en las protestas de los educadores y en un sinnúmero de manifestaciones de la inconformidad popular contra la política neoliberal, guerrerista, antinacional y antipopular del gobierno de Juan Manuel Santos.

 

Es sobre estas bases que debe iniciarse la reconstrucción del Polo Democrático Alternativo, como una opción de izquierda, profundamente comprometida con los intereses nacionales y populares, con la paz con justicia social, con la defensa de la soberanía nacional, con las luchas sociales y con los cambios democráticos avanzados que necesita el país. Esas banderas nadie nos las va a arrebatar porque son patrimonio de la izquierda y nosotros jamás renunciaremos a ellas.

 

En lo inmediato, hay que preparar el Seminario Ideológico del Polo y comenzar la organización del Tercer Congreso para asegurar que esos eventos sirvan al objetivo central de reconstruir el Polo y avanzar en la construcción de la alternativa política que necesita el pueblo colombiano.

 

 

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PROPOSICIÓN COMISIÓN MEDIACIÓN REFORMA LEY 30 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Me permito proponer ante la honorable Plenaria del Senado de la República la conformación de una COMISIÓN DE MEDIACIÓN en el marco del Proyecto de Ley 112 de 2011 Cámara “por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior” teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La Ministra de Educación, María Fernanda Campo radicó el pasado 3 de octubre el proyecto de ley 112 de 2011 Cámara “por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”, la misma tiene como objetivo hacer una reforma total de la Ley 30 de 1992 que actualmente regula la educación superior en Colombia 2. No obstante, desde ese momento, miles de estudiantes se han movilizado en contra de la propuesta hecha por el Gobierno Nacional, manifestando su total rechazo. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, declaró el paro estudiantil, previa consulta realizada en todas las instituciones de Educación Superior de carácter estatal 3. De la misma manera, un gran número de académicos han realizado profundas críticas al proyecto, alertando de sus negativos efectos hacia el futuro para la Universidad Pública A la COMISION DE MEDIACIÓN, serán invitados la representación estudiantil, los docentes y el Gobierno Nacional además de los senadores y senadoras que disponga la mesa directiva. Cordialmente GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS Senadora Polo Democrático Alternativo

CONSTANCIA LIBERACIÓN NHORA VALENTINA

1. El secuestro, el día 29 de septiembre del año en curso, de la niña de 10 años Nhora Valentina Muñoz, hija del Alcalde del municipio de Fortul (Arauca), es un hecho execrable violatorio de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que condenamos de la manera más enfática. Su liberación es, ante todo, el resultado del repudio expresado por la opinión pública y de la movilización del pueblo araucano para que se le pusiera fin a su abominable cautiverio. Expresamos nuestra alegría por el regreso de Nhora Valentina al seno de su hogar y abrigamos la esperanza de que su caso les sirva de lección a los secuestradores para que comprendan que los derechos de los niños deben estar a salvo en cualquier circunstancia y que actos como este no deben volver a repetirse. 2. La feliz culminación del drama de la niña Nhora Valentina contrasta con la situación de la familia de los hermanitos Torres Jaimes, víctimas de un crimen de lesa humanidad que el pasado 14 de octubre cumplió un año de haber sido perpetrado en el municipio de Tame, también del departamento del Arauca. En esa fecha luctuosa, la niña Yenny Narveiz Torres Jaimes, de 14 años, fue violada y luego asesinada junto con sus hermanitos Jimmy Ferney, de 9 años, y Jefferson Giovani, de 6 años, quienes fueron enterrados en una fosa común. De este repugnante crimen es sindicado el subteniente del ejército Raúl Muñoz Linares, que también está acusado por la Fiscalía de otro acceso carnal violento contra una niña de 13 años, el 2 de octubre de 2010. Contra el sindicado hay pruebas tan contundentes como el ADN del semen encontrado en el cuerpo de la niña. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible la condena porque la defensa se ha dedicado a presentar testigos de dudosa reputación y a utilizar diversas maniobras dilatorias para obstruir la justicia, que han sido calificadas por la Jueza 27 Penal del Circuito, que adelanta el proceso, como irresponsables e irrespetuosas. A raíz del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona, en Arauca, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó cambiar la radicación del expediente a fin de garantizar los derechos de las víctimas y la actuación de los testigos y los funcionarios judiciales, y el Fiscal del caso, doctor Víctor Julio Lozano, ante la solidez de las pruebas obtenidas, ha solicitado que el subteniente Raúl Muñoz Linares sea condenado con todo el peso de la ley por los delitos de doble acceso carnal violento y triple homicidio agravado en los topes máximos, pero la llamada Defensoría Militar Integral, que siendo una entidad privada tiene oficinas en las instalaciones de la Escuela Militar de Ingenieros, ubicada en el Batallón Baraya, en Bogotá, y de cuya junta directiva hacen parte militares activos, se ha dedicado a obstaculizar el desarrollo del proceso. Al propio tiempo, según lo ha denunciado el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Arauca, integrantes de la fuerza pública adelantan una campaña de intimidación contra la población civil en los lugares en donde ocurrió el crimen contra los niños, mediante interrogatorios, empadronamientos ilegales, requisas y calumnias, y miembros de la Defensoría Militar se presentan como funcionarios de la Defensoría del Pueblo con el fin de buscar de manera ilegal testimonios que favorezcan la versión del sindicado. De todos estos hechos se ha informado a las autoridades sin que hasta ahora se conozcan medidas para ponerles fin a tales actuaciones arbitrarias y proteger la aplicación de la justicia. 3. El caso de los niños de Arauca no es “aislado”, como acostumbran a calificar algunos medios las actuaciones ilegales de los militares. La Fiscalía General de la Nación investiga alrededor de 2.500 ejecuciones extrajudiciales a manos de integrantes de la fuerza pública y hay un sinnúmero de acusaciones por otros delitos, todo lo cual nos despierta grandes inquietudes cuando el gobierno ha anunciado que presentará iniciativas legislativas orientadas a reformar el Código Penal Militar y el denominado “Fuero Militar”, con el argumento de brindarles seguridad jurídica a los militares, por lo que desde ya manifestamos nuestra decidida oposición a los proyectos que entrañen el riesgo de entorpecer la justicia y puedan favorecer la impunidad. GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS Senadora de la República por el PDA

CONSTANCIA LEY DE PRESUPUESTO

Me permito dejar Constancia ante la plenaria del Honorable Senado de la República de mi voto negativo al Proyecto de Ley  030/2011 (Cámara) y 049/2011 (Senado) “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. deeneroal 31 de diciembre de 2012”

 

1.     El proyecto presentado por el Gobierno Nacional y aprobado por las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, no responde a las necesidades del país. Debo recordar que de acuerdo con las actuales mediciones de pobreza e indigencia, Colombia tiene una línea de pobreza del 46% y de indigencia del 17.8% y adicionalmente es el tercer país más desigual del mundo. En ese sentido el presupuesto presentado no se compadece de las necesidades de sectores sociales fundamentales como salud y educación.

 

o   Se adeudan a los Hospitales Públicos cerca de 1.7 billones de pesos sin embargo solo se apropiaron 149 mil millones para saneamiento de cartera.

 

o   A pesar de los compromisos internacionales de Colombia, la educación sigue siendo víctima de un injustificado recorte que afecta no solo las políticas de lago plazo sino las metas que en educación superior se ha fijado el país. La inversión en Educación apenas llega al 2.9%.

 

o   Se incluyen dos artículos preocupantes:

 

·        El artículo 43 que establece la posibilidad de emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial, así mismo posibilita la emisión de bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales. Este artículo tiene tres aspectos que afectan a las universidades públicas: 1. No se garantiza el pago de la deuda sino que ésta se sujeta al comportamiento de los bonos de deuda en el mercado, 2. Es muy discutible que una deuda cierta que tiene la Nación sea convertida en una mera expectativa y 3. Este artículo se encuentra en contravía con lo que el Gobierno Nacional había pactado con los rectores de las universidades.

 

·        El otro artículo que preocupa es el artículo 52 de acuerdo con el cual “En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”, este artículo no es una novedad, se encontraba incorporado en el Presupuesto de 2011, ya se había advertido que ésta medida constituía una intervención en la autonomía financiera de las universidades protegida constitucionalmente en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

 

o   Tampoco me  encuentro de acuerdo con la inclusión de cerca de 50 mil millones de pesos para el Congreso de la República que se destinarían para la dotación de vehículos, estos recursos deberían utilizarse en el saneamiento de lasfinanzas de las Universidades Públicas como por ejemplo la Universidad de Pamplona que actualmente se encuentra al borde del cierre.

 

2.     En general  como lo dije anteriormente el proyecto presentado no responde a la realidad nacional, a las necesidades de los colombianos y colombianas

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Exigimos la libertad inmediata de la niña Nohora Valentina Muñoz

 

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El Proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 11 de la Carta Política, NO SALVA FETOS, PERO SÍ MATA MUJERES.

 

 

Esta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en la Audiencia Pública que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, en la que participaron en calidad de Panelistas los más destacados juristas, médicos, académicos y tratadistas en los temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

El evento que fue convocado por la Senadora Gloria Inés Ramírez, con el acompañamiento de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en el marco de la Campaña Latinoamericana y del Caribe por “La despenalización del Aborto”, fue persistente en la afirmación de que el derecho al aborto libre, seguro y legal forma parte intrínseca de los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad, que solo puede ejercerse en condiciones de ciudadanía plena y bajo la égida de un Estado Laico, fundado en la justicia social y la equidad de género; derechos que se sustentan en diversos tratados de derechos humanos consagrados internacionalmente, que desafortunadamente en Colombia, a instancias del Procurador General de la Nación y de la corriente fundamentalista del Partido Conservador, busca por vía del legislativo, echar atrás los avances significativos que a favor de la despenalización parcial del aborto declaró la Sentencia C-355 de 2006[1] de la Corte Constitucional.

 

Los destacados juristas que acompañaron esta audiencia coincidieron en afirmar que el citado proyecto no busca proteger la vida de los “no nacidos”, por cuanto el Artículo 11 constitucional, ya garantiza la vida del “nasciturus”, como un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado[2], pero en total sometimiento al Principio de Proporcionalidad, frente a otros principios y valores constitucionales, como la vida, la integridad personal, la igualdad, la no discriminación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, la intimidad, la información y el derecho de las mujeres a estar libres de violencias.

 

Fue reiterada la petición de los galenos participantes, que el aborto debe ser tratado como un asunto de salud pública, antes que un delito, por las graves consecuencias que para la vida y la salud de las mujeres tiene su práctica en condiciones de riesgo, para lo cual se puede tener en cuenta, el informe recientemente presentado por el Instituto Guttmacher, en el que se demuestra que una ¼ parte de los 400.400 abortos que se practican al año en Colombia, tiene complicaciones, como consecuencia de las dificultades que se presentan para el acceso a servicios legales y seguros de IVE.

 

En términos de salud pública y de indicadores de desarrollo, de ser aprobada esta iniciativa, implicaría el aumento de los índices de mortalidad materna, cuya reducción es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio[3], de los embarazos indeseados y del incremento en los costos para el Sistema de Salud.

 

Es un proyecto que interfiere en forma indebida en las decisiones autónomas y libres que deben adoptar las parejas sobre el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos; de formar una familia y de beneficiarse del progreso científico para quienes no pueden tenerlos por medios naturales.  Igualmente no se trata de un proyecto para defender la integridad de la familia, por cuanto la mortalidad materna derivada de la prohibición absoluta del aborto deja menores huérfanos y familias sin madre. En el 2008 en Colombia había 85 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, de donde una reforma constitucional para penalizar el aborto en todos los casos, implicaría no solo un retroceso en la disminución de las tasas de mortalidad materna que se propone el Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio, sino también la imposición de sanciones penales desproporcionadas sobre las mujeres, por la supuesta comisión del delito de homicidio, agravado por el parentesco.

 

Así mismo, dado que la penalización no disuade a las mujeres de practicarse abortos, éstas se ven obligadas a acudir a servicios inseguros, en donde sufren complicaciones de salud, que pueden terminar en una muerte prevenible por las hemorragias, las infecciones, las lesiones traumáticas o químicas de los genitales y otros órganos y las reacciones tóxicas a productos ingeridos o aplicados, cuyas complicaciones deben ser tratadas por el sistema oficial de salud, con el consecuente impacto económico sobre el mismo. Así, el costo de atender un aborto inseguro es sumamente alto, comparado con el aborto seguro y legal. De este modo, para el año 2005 en Colombia, se calculaba que para atender a una paciente por un “aborto incompleto (o inducido) es el dejar de atender aproximadamente a 10 pacientes que pudieran acceder a servicios seguros” y que el costo diario de atención a una paciente por aborto inseguro “equivalía a más de siete veces el presupuesto anual por habitante del Ministerio de Salud”[4]. No debemos olvidar que cada año el Sistema de Salud colombiano ofrece tratamiento post aborto a 93.000 mujeres, que están gastando los escasos recursos médicos.

 

Desde la perspectiva internacional de los derechos humanos, en caso de aprobarse la reforma, Colombia tendría una legislación altamente restrictiva, sólo comparable con los casos de El Salvador y Nicaragua, en los que está penalizado el aborto terapéutico; y con el caso de Honduras en donde actualmente está prohibido el uso de métodos anticonceptivos de emergencia.

 

La discusión que debiera abordar el congreso colombiano debe estar orientada a mejorar la educación sexual de jóvenes y adultos, a garantizar el acceso universal a los anticonceptivos y a eliminar la violencia sexual que cada día va en aumento. Una verdadera preocupación por el bienestar de los “no nacidos” debería estar orientada a garantizar la atención prenatal gratuita a todas las colombianas que decidan tener hijos, el suministro nutricional adecuado para ellas y los servicios de salud que aseguren su bienestar y el de su hijo o hija por nacer.

 

Enviar a la cárcel a mujeres víctimas de violación o mujeres que buscan proteger su vida o su salud, es desconocer que la mujer es un ser humano “plenamente digno y autónomo” y que no puede ser tratada como máquina reproductiva de la especie humana.

 

Por estas razones, la consigna: LAS MUJERES DECIDEN, LA SOCIEDAD RESPETA Y EL ESTADO GARANTIZA, se constituye en un postulado para sensibilizar a la sociedad colombiana en el reconocimiento del derecho de las mujeres a un “aborto legal y seguro”, que ponga freno en el congreso de la república a un supuesto “reproche moral”, que se coloca en abierta oposición con la dura realidad que enfrentan las mujeres y con el principios de Laicidad en el que se fundamenta el Estado colombiano.

 

 

 

Unidad de Trabajo Legislativo

H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos

[1] M. P. Dr. Jaime Araujo Renteria y Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

 

 

 

 

[4] Universidad Nacional de Colombia y Ministerio de Protección Social. “Implicaciones Éticas, Jurídicas y Médicas de la Sentencia C-355-06 de la Corte Constitucional: Un avance para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las colombianas”, Colombia, 2007, p. 22.

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LOS JUGADORES DE LA CORPORACION DEPORTIVA CENTAUROS RECLAMAN SUS DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONALES

El día de ayer, los jugadores de la Corporación Deportiva Centauros remitieron una comunicación al señor Alex Otero, presidente de la misma, informándole su decisión de “no jugar el partido del Torneo Postobon que la Dimayor tiene programado realizar el próximo miércoles 28 contra el Pacífico F.C….” lo anterior debido al constante incumplimiento del Club en materia salarial.

 

Hasta el día de hoy, 28 de septiembre, el club el adeuda a los jugadores cuatro (4) meses de salario de los cuales se comprometió a pagar mes y medio si jugaban el partido que hoy se realizará contra el Pacífico F.C.

 

Este incumplimiento sistemático de las obligaciones laborales por parte del club dejó de ser un problema esencialmente laboral para convertirse en una vulneración directa del derecho fundamental al mínimo vital y móvil consagrado en la Constitución de 1991.

 

El presente año, el congreso expidió la ley 1445 de 2011 con la cual pretendió evitar que la situación de incumplimiento de los clubes continuara. En ese sentido el artículo 8 de la ley establece “Los clubes con deportistas profesionales que incumplan con el pago de obligaciones laborales, pago de aportes a la seguridad social, pagos parafiscales u obligaciones impositivas por un período superior a sesenta (60) días, el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) previa actuación administrativa procederá a suspender el reconocimiento deportivo. Independientemente de las obligaciones establecidas en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo”.

 

No obstante, hasta el momento, no se conoce de sanción alguna impuesta al Club Centauros por parte de Coldeportes.

 

Como lo he reiterado en múltiples oportunidades, la calidad de trabajadores de los jugadores de futbol profesional  es indiscutible y por lo tanto, les son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política y en la normatividad laboral vigente en Colombia tanto en materia del derecho individual como colectivo del trabajo.

 

Así mismo la Corte Constitucional ha dicho: “Las controversias surgidas en desarrollo de la relación entre el jugador y los clubes deportivos podrían ser constitucionalmente relevantes y dar lugar, atendidas las circunstancias concretas del caso, a la interposición de acciones de tutela ante el abuso de sus derechos por parte de los dueños de los derechos deportivos del jugador. Los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de la esclavitud y la libertad de asociación, pueden verse afectados por el abuso de los derechos constitucionales y legales del club. (T-498 de 1994)”

 

Apoyamos las acciones llevadas a cabo por los jugadores de la Corporación Centauros y exigimos un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes que permita el restablecimiento de los derechos laborales y fundamentales de los mismos.

 

LAS SINRAZONES Y LA DOBLE MORAL DEL SENADOR CAMILO ROMERO

El diario El Tiempo, en su edición del 26 de septiembre de 2011, publica unas declaraciones del Senador Camilo Romero, en las que se presenta como vocero de un grupo compuesto por “cuatro senadores y una parlamentaria andina”, todos ellos elegidos por las listas del Polo Democrático Alternativo.

 Después de descalificar al partido que lo hizo Senador de la República, porque, según el “se le acabó lo democrático y lo alternativo”, lo critica porque “cree que sigue haciéndole oposición a Álvaro Uribe” y da como gran explicación de los problemas que el Polo “nació con el germen de su destrucción al intentar manejar al tiempo dos estilos distintos: el tradicional, que viene trabajando desde hace 60 años en la vida democrática de la misma manera, y quienes pretendemos hacerla más efectiva y que le sirva al país”.

 

Una vez hechos tan sesudos análisis, concluye que “Es necesaria una oposición activa, reflexiva, crítica y propositiva” y que necesitan “impulsar una ley que reglamente la escisión”, Así mismo, anuncia que van a constituirse en “un bloque parlamentario que será el puente para que lo social tenga prioridad en el gobierno”, que buscan hablar con el Presidente Santos, “no para que nos ayude a escindirnos, sino bajo el marco de 10 puntos que nosotros vamos a hablar con él sobre el país, sobre lo social”, y que se proponen “dialogar con todos los sectores del país”.

 

Como puede verse, se trata de un nuevo “parto de los montes” que en nada se diferencia del que nos anunciaron otros, que terminaron en las toldas del gobierno o que están en camino de instalarse en ellas.

 Efectivamente, en el Polo ha habido graves problemas con la práctica de la democracia, pero no por las razones que insinúa el Senador Romero, sino por todo lo contrario. Porque algunos personajes con ínfulas de caudillos han pretendido pasar por encima del Ideario de Unidad, de los Estatutos, de los organismos de dirección y de los acuerdos políticos para reemplazarlos por sus imposiciones personales, y como no han logrado sus antidemocráticos propósitos ha optado por irse del Partido.

 El propio Senador Romero es ejemplo clamoroso de estas prácticas innumerables, puesto que no apoya los candidatos escogidos democráticamente por el Polo y, en cambio, respalda candidaturas que nada tienen que ver con la oposición y menos aún con el Partido.

 Sus preocupaciones por “una ley que reglamente la escisión”, lo que en realidad esconden es el temor de que su deserción del Partido no le vaya a poner en riesgo la curul. Si sus actuaciones estuvieran sujetas a principios éticos y si sus palabras fueran consecuentes con los hechos, debería renunciar porque la curul le corresponde a un partido que él abomina.

 Lo democrático en cualquier organización seria, y con mayor razón en un partido de izquierda, es que, sin perjuicio del derecho de opinión, haya organismos de dirección y no jefes ni caudillos, que las decisiones colectivas primen sobre los criterios individuales, que se respeten los Estatutos y las definiciones políticas y programáticas. Quiere decir que el Senador Romero tiene pleno derecho a disentir, pero no tiene derecho a pasar por encima del Partido.

 En cuanto a su afirmación de que al Polo “se le acabó lo alternativo” y que ellos van a constituirse en la “oposición activa, reflexiva, crítica y propositiva”, el asunto es todavía peor, porque todo termina en que van a ser “el puente para que lo social tenga prioridad en el gobierno” y que se proponen hablar al respecto con el Presidente Santos.

 Esta no es más que la reedición de la reiterada propuesta de Gustavo Petro de hacer un Acuerdo Nacional con el establecimiento, incluso con el uribismo. La conciliación con el gobierno es la “oposición alternativa” que el Senador Romero nos presenta como gran cosa.

 Seguramente por eso, manifiesta su disgusto porque el Polo siga haciendo oposición creyendo que el Presidente es Uribe, cuando él dejó el cargo hace más de un año. Por lo visto, el Senador Romero es de los que confunden los cambios de forma con los de fondo o no se ha dado cuenta de que el uribismo es uno de los puntales del actual gobierno, que Santos es el continuador de la política neoliberal y belicista de Uribe y que ninguna persona decente de este país puede hacer caso omiso de los incontables hechos delictuosos que comprometen al gobierno de Uribe.

 Resulta a todas luces incoherente que mientras afirma que “No podemos pasar de la Unidad Nacional a la Unanimidad Nacional”, critique al Polo porque le hace oposición “porque sí” a Santos como si fuera Uribe y anuncie que se proponen ser el puente con el gobierno, con el pretexto de su preocupación por “lo social”. La única explicación a este galimatías es que quienes están en trance de trasladarse a la filas de la derecha, tratan de justificar de alguna manera sus inconsecuencias.

 La causa de los problemas no es el choque entre el “estilo” de la que él llama “izquierda tradicional” y el de quienes buscan “hacerla más efectiva y que le sirva al país”. El verdadero fondo está en que algunos pretendieron hacer del Polo un partido más del establecimiento para satisfacer intereses personales y otros consideramos que el Polo debe ser un partido de izquierda y convertirse en la auténtica alternativa de poder que necesita el pueblo colombiano. Marcos Roitman afirma al respecto que “La izquierda en toda su dimensión política, social e intelectual se constituye históricamente como una alternativa a la explotación del ser humano. Es una lucha contra la esclavitud y, a la par, es una búsqueda por construir igualdad en la práctica radical de la democracia. Se presenta como un proyecto ético de vida. No es una propuesta económica de gestión empresarial fundada en la ganancia del capital, el egoísmo, el lucro y la alienación del ser humano. Eso se llama capitalismo. En ello radica la diferencia que separa a la izquierda de la derecha”. Por consiguiente, también coincidimos con Roitman en que la izquierda no debe estar “a favor de una visión posibilista de la política consistente en cambiar el proyecto de izquierda por votos para gobernar”.

 

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RESPALDAMOS AL ESTADO PALESTINO

Por eso, respaldamos integralmente la solicitud de la Autoridad Nacional Palestina y rechazamos la posición del gobierno colombiano que nuevamente se presenta como el “Caín de América Latina” para servir los intereses de los sionistas israelíes y de los imperialistas gringos.

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AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL ABORTO

 

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LA OPOSICIÓN, EXCLUIDA POR LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DEBATES DE CAMPAÑA POR LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Si los medios de comunicación son consecuentes en los hechos con sus discursos acerca de la “libertad de prensa” y la democracia, deberían observar la objetividad e imparcialidad que requiere un proceso electoral para que sus resultados no estén viciados de ilegitimidad.

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SOLIDARIDAD CON EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

 

Saludo a la movilización de los educadores

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COMUNICADO DE RECHAZO A LOS JUICIOS DEL COLUMNISTA HÉCTOR ABAD FACIOLINCE EN CONTRA DE LA SENADORA PIEDAD CORDOBA

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Constancia régimen especial de salud al Magisterio

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Los delirios belicistas de José Obdulio contra la Paz

 

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EL GOBIERNO COLOMBIANO APOYA LA VERGONZOSA AGRESIÓN IMPERIALISTA A LIBIA

 

En el día de ayer, el diario El Tiempo publicó dos titulares que son ilustrativos de lo que ocurre en Libia: en la página 5 dice que “Colombia reconoce a rebeldes libios” y en la página 11 informa que “Las petroleras internacionales se preparan para volver a Libia”.

 

En lo que respecta al primero de ellos, todo indica que después de seis meses en los que Libia fue blanco del descomunal poderío militar de la OTAN, el gobierno pasará a manos del Consejo Nacional de Transición y le dará paso a un gobierno títere de las grandes potencias capitalistas encabezadas por Estados Unidos.

 

En Libia, al igual que en otros países del norte de África y el Medio Oriente se desataron a comienzos de este año masivos levantamientos populares como consecuencia de problemas económicos, políticos y sociales internos, pero sólo en el caso de Libia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a instancias de las grandes potencias, autorizó la intervención militar de la OTAN, con el socorrido argumento de que era necesario proteger los derechos humanos. Se consumó así una grosera intervención en los asuntos internos de Libia y una grave violación a su soberanía nacional.

 

La pregunta que cabe hacerse es por qué si se trataba de situaciones similares, el único país agredido fue Libia? La respuesta está en que en Libia había un gobierno independiente, que no se sometía a los dictados imperialistas, y que es un país con grandes riquezas petroleras. Estas son las dos razones de que haya sido sometido a innumerables bombardeos que han destruido la infraestructura construida en muchos años y han causado miles de víctimas. Es una vergüenza para la humanidad que en nombre de los derechos humanos se causen tragedias como la que hoy vive el pueblo libio.

 

El gobierno de Colombia, como ha ocurrido a lo largo de casi toda nuestra historia, hace lo que le digan los imperialistas gringos. Por eso, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó la agresión militar y ahora se apresura a reconocer al Consejo Nacional de Transición. Esta actitud contrasta abiertamente con la posición de negarse a apoyar el reconocimiento del Estado palestino, tema que será discutido en la próxima Asamblea General de la ONU, y demuestra el doble rasero que utiliza en su política internacional para no contrariar los intereses norteamericanos.

 

En cuanto al segundo titular del diario El Tiempo, este constituye una prueba incontrovertible de que el verdadero objetivo de las potencias imperialistas es proteger los intereses de sus empresas transnacionales. De ahí que, consumado el sojuzgamiento de la soberanía nacional de Libia, ahora se apresten a regresar al país a saquear los recursos petroleros, en momentos en que tanto Estados Unidos como la Unión Europea afrontan graves situaciones económicas y sociales como consecuencia de la crisis que padece el capitalismo. Una vez más, los poderosos descargan el peso de sus crisis sobre los hombres de los trabajadores y los pueblos del mundo.

 

Como patriotas y demócratas, condenamos la agresión militar de la OTAN a Libia, rechazamos la barbarie imperialista que ha dejado al país en ruinas y ha causado miles de víctimas, reafirmamos que los principios de no intervención en los asuntos internos y respeto por la soberanía nacional, así como el derecho a la libre autodeterminación deben ser rigurosamente respetados para asegurar la paz de las naciones y la amistad entre los pueblos.

 

Tags: Internacional

BASTA YA DE PERSECUCIONES CONTRA PIEDAD CÓRDOBA

La campaña de persecución contra la Ex senadora liberal Piedad Córdoba no conoce treguas ni límites. Hace pocos días tuvo que salir nuevamente del país debido a graves amenazas contra su vida e integridad personal, cuando acababa de enviarles mensajes a las FARC solicitándoles la libertad de los secuestrados y al ELN proponiéndole una mesa unificada de los dos movimientos guerrilleros para un eventual proceso de paz.

 

Ahora, el Procurador General de la Nación que, como se sabe, emitió un fallo inhabilitándola para ejercer cargos públicos por el término de 18 años, anuncia la apertura de un nuevo proceso disciplinario, esta vez con base en información encontrada en el computador del dirigente de las FARC conocido como el “Mono Jojoy”, que supuestamente comprueba las relaciones de Piedad Córdoba con esa organización guerrillera.

 

Ante el implacable asedio de que es víctima, ha anunciado, a través de su abogado, que demandará al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que investigue los hechos, establezca la verdad y sancione a los responsables.

 

La Ex senadora Piedad Córdoba se ha distinguido por ser una incansable luchadora por la paz. Como dirigente de “Colombianos y Colombianas por la Paz” ha jugado un papel decisivo en la liberación de un importante número de secuestrados, ha promovido intercambios epistolares con el movimiento guerrillero para explorar posibilidades de diálogo y ha adelantado varias iniciativas orientadas a la búsqueda de la solución negociada del conflicto que vive el país.

 

Sin embargo, en vez de reconocerle su meritorio trabajo por la paz, los sectores más extremistas de la derecha colombiana mantienen contra ella una feroz persecución que cada vez se expresa con mayor saña.

 

Es hora de que el gobierno colombiano, que tanto se ufana de los éxitos de su política de seguridad, demuestre en la práctica que tiene la capacidad de garantizarle a la Ex senadora una permanencia tranquila y segura en nuestro país y es hora de que los sectores democráticos se movilicen para exigir del Estado que cese de una vez por todas la campaña de hostilidad contra Piedad Córdoba y contra quienes ejercen el derecho a disentir y a hacer oposición.

 

Tags: Violencia

El gobierno viola acuerdos con los trabajadores y la población de Puerto Gaitán

Como ha sido ampliamente denunciado ante la opinión pública, en la zona petrolera del Departamento del Meta, especialmente en Puerto Gaitán, laboran alrededor de 12.500 trabajadores vinculados a empresas contratistas que prestan sus servicios a la transnacional canadiense Pacific Rubiales, a ECOPETROL y a SECOLSA, sometidos a salarios miserables, jornadas extenuantes y otras condiciones laborales claramente violatorias de la legislación colombiana y de los convenios de la OIT.

Esta situación generó un estallido de protesta en Puerto Gaitán y Campo Rubiales a partir del 19 de julio, que culminó con un Foro realizado el 3 de agosto, presidido por el Vicepresidente de la República, angelino Garzón, en el que se hizo el acuerdo de instalar en un plazo de 15 días 9 mesas de trabajo para tratar distintos temas, entre ellos el laboral, y adoptar conclusiones que permitan resolver los conflictos de la región derivados de la presencia de las empresas petroleras.

Como era previsible, los términos se vencieron y hasta ahora no ha sido instalada ni una sola de las mesas acordadas. Pero lo más grave es que se ha desatado una feroz persecución contra los trabajadores. De acuerdo con declaraciones de dirigentes de la USO, las empresas contratistas MR, INTRICON y eléctricas Medellín han cancelado el contrato a 70 trabajadores que participaron en la movilización del 19 de julio; la empresa DUFLO S.A. reparte formatos a los trabajadores para que se desafilien del Sindicato, bajo la amenaza de despidos, y la empresa MONTAJES J.M. distribuye formatos sospechosos para que autoricen el descuento de la cuota sindical, cuando esa autorización la hicieron en el momento de afiliarse al sindicato.

El Ministerio de la Protección Social, por su parte, dice por boca de la Viceministra Viera que ha realizado 162 visitas a la región, pero los trabajadores sólo conocen de algunas pocas en las que los funcionarios del Ministerio se ha reunido con los directivos de las empresas, pero no con la USO ni con los trabajadores contratistas, lo que constituye un desconocimiento de los acuerdos y una actitud abiertamente parcializada.

En vista de esta crítica situación, una vez más expresamos nuestra decidida solidaridad con los trabajadores y la comunidad de Puerto Gaitán y demás lugares afectados por los conflictos con las empresas petroleras, le exigimos al gobierno nacional, en particular, al Vicepresidente de la República, cumplir los compromisos adquiridos, y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear del más firme respaldo a quienes luchan porque se respete nuestra soberanía nacional y se acaten las normas laborales.

Tags: Hidrocarburos

Solidaridad con el estudiantado y la comunidad universitaria de la U.I.S.

Tags: Educación superior Colombia

Condenamos atentado contra candidato del POLO al Concejo de Medellín

Tags: Violencia

Es hora de retomar en serio el tema de la paz

Una vez más, reafirmamos nuestra convicción de que la pretensión de aniquilar al contendor o de conducirlo a su rendición sólo traerá como resultado la prolongación del conflicto y que la única alternativa sensata es la solución negociada.

Tags: Paz

CONDENAMOS EL ASESINATO DEL MILITANTE DE LA JUVENTUD COMUNISTA RAFAEL ANDRÉS GONZÁLEZ GARNICA

Es de señalar que los jóvenes administraban un negocio de fotocopiadoras y que desde hacía varios días eran acusados por algunos miembros de la fuerza pública de reproducir propaganda de las FARC. Así mismo, hay que tener en cuenta que Cartagena del Chairá es en la actualidad un municipio fuertemente militarizado donde se desarrollan frecuentes operaciones que han originado una crisis humanitaria por las múltiples violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado al que son sometidos sus habitantes.

En tales circunstancias, pedimos a las autoridades y los organismos de control su acción inmediata para esclarecer el asesinato del militante de la JUCO Rafael Andrés González Garnica y castigar a los autores intelectuales  y materiales del crimen, así como para prevenir que hechos como este vuelvan a producirse.

Repudiamos con todas nuestras fuerzas el asesinato del joven González, esperamos la aparición sano y salvo de Franklin Medina y les hacemos llegar a los familiares de las víctimas y a la Juventud Comunista Colombiana nuestro sentimiento de condolencia y nuestra más firme solidaridad.

Tags: Polo Democrático

FRENTE A LA AGRESIÓN PÚBLICA A PIEDAD CÓRDOBA

 

Tags: Violencia

¿Somos culpables las mujeres de la violencia machista?

Ante las declaraciones balbucientes y timoratas del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, respecto de asumir con coherencia y gallardía el conocimiento de la falta “gravísima” en la que incurrió el director técnico de la Selección Colombia, Hernán Darío, ‘el Bolillo’ Gómez, de golpear de forma brutal y aleve a una mujer indefensa en un espacio público, han saltado a la palestra voces disonantes ante el rechazo y la condena total de la sociedad colombiana y, especialmente de grupos significativos de mujeres, como la mayoría de la bancada congresional, la Casa de la Mujer y miles de ciudadanos y ciudadanas del común, que desde los más ignotos rincones del mundo, se han pronunciado, demandando de las autoridades deportivas del país, la aplicación de una sanción drástica y ejemplarizante para el agresor, no solo porque la conducta disciplinable y punitiva fue cometida en el espacio de lo público, sino porque sus expresiones de mortificación, reconocimiento de la falta y ofrecimiento de excusas, no bastan ante la indignidad y la violencia del hecho, especialmente proviniendo de una figura pública, a quien defensores de todas las pelambres, buscan ocultar muchos de los antecedentes que ponen en evidencia la forma consuetudinaria de comportamiento agresivo e intolerante que lo ha caracterizado.

En este punto es preciso resaltar, que hasta tanto el señor Fernando Jaramillo, presidente de asuntos corporativos de Bavaria SABMiller, en su condición del mayor patrocinador del futbol colombiano, en declaraciones a la “doble W”, manifestara “que una persona con este tipo de comportamientos, no puede ser director técnico de la Selección Colombia, (…) no solo por lo que implica para nuestra reputación sino por lo que implica para el país”, el señor “bolillo”, muy campantemente se sostenía, en que la golpiza propinada a su acompañante, se trataba de un hecho “privado”, en el que supuestamente estaba vedado el reproche público que injustamente se había levantado contra él, que finalmente lo obligó a la renuncia.

Lo cierto es, que con este tipo de posturas no solamente se estaría enviando un mensaje de aquiescencia, de autorización y legitimidad de la violencia contra las mujeres, por la razón de ser mujeres, sino que por tratarse de una conducta en la que de forma cotidiana incurren ciertos personajes, como las del exministro Arias que debería estar en la “picota”, se puede hacer rupturas al Estatuto Penal y por ende al Estado de Derecho en el que se sustenta el Estado Colombiano.

Pero además, la connivencia con posturas de esta naturaleza, como la asumida ante los medios de comunicación por la senadora conservadora Liliana Rendón, quien dice defender los derechos de las mujeres, ocasionan un verdadero impacto social, frente al repudio generalizado de un hecho que no tiene nada que ver con el fútbol, sino con la visibilización de una de las peores formas de violencia que padecen las mujeres de forma cotidiana y silenciosa, especialmente en el espacio de lo doméstico y privado, sin que exista la conciencia en el alma de la Nación, de que esta se constituye en una grave violación a sus derechos humanos, que como lo preceptúa la Ley 1257 de 2008 en el ordenamiento interno y, a nivel internacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará; la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, razón por la cual debe ser proscrita de los imaginarios y de los constructos sociales, por ser inaceptable, intolerable e injustificable, bajo cualquier circunstancia, de tal forma que no podemos aceptar que una senadora de la república salga a justificar el hecho abominable del señor “bolillo” sobre el manido argumento de que “algo pudo haber hecho la agredida para provocar al técnico” y, que finalmente el hecho criminoso “fue culpa de ella” o “de los tragos”, como lo expresó en una entrevista con Yamid Amat[1] en la noche de ayer.

Pero infortunadamente, a lo anterior se suma el regocijo de ciertos tinterillos que levantan su voz en contra del abogado Nicolás Nasrralan, que en ejercicio de sus derechos de ciudadanía, instauró denuncia penal contra el agresor, anunciando que dicha acción no prosperará en los tribunales judiciales, habida cuenta de que la ya cuestionada Ley 1453 de junio de 2011, denominada “ley de seguridad ciudadana”, en su artículo 108 estableció una modificación al artículo 74 del Código de Procedimiento Penal[2], que mediante la Ley 1142 de 2007, denominada igualmente “ley de convivencia y seguridad ciudadana”, había suprimido de la normativa procesal penal, el requisito de la querella de parte para iniciar la acción penal contra el Delito de Violencia Intrafamiliar, penalizado por el artículo 229 del Código Penal[3].

Ante esta trampa jurídica que se le atraviesa a los avances logrados mediante la ley de prevención, erradicación y sanción de las violencias contra las mujeres en Colombia[4], que producen las aprobaciones a pupitrazo de la bancada de la “unidad democrática” en el Congreso de la República, se nos tercia el reto de su revocación, ya sea por la vía del legislativo o incoando ante los tribunales constitucionales o de lo contencioso administrativo su nulidad, a efectos de impedir que el temor, la amenaza, la revictimización y sobre todo, el desistimiento o la conciliación de la víctima con el agresor, sean la forma como se institucionaliza la impunidad de la violencia contra las mujeres, como es lo que se pretende con esa mujer que hoy nos oculta su rostro y su cuerpo lacerado por los golpes y los puntapiés del señor “bolillo Gómez”.

Debemos recordar a las y los colegas del Cuerpo Legislativo, a las autoridades de todos los poderes públicos, a los entes de control y, en especial al señor Procurador que no ha tomado parte en el foro para cumplir con su obligación constitucional y legal de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, que el Estado colombiano, como parte integrante de la Comunidad de Naciones, se ha comprometido fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencias y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos, en razón de lo cual, se debe contribuir de forma efectiva y eficaz, a la modificación de los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar los prejuicios, las costumbres y las prácticas de todo tipo que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los dos géneros, que den lugar a la legitimación y/o exacerbación de la violencia contra las mujeres.

Kofi Annan, anterior Secretario General de las Naciones Unidas afirmaba con mucha contundencia que: "La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz".

Esperemos que los empresarios del futbol rentado en nuestro país, coadyuven a la reparación de esa “mujer sin rostro” que fue agredida por el “bolillo Gómez”, aplicándole una sanción severa y acorde con la gravedad de la falta, que desafortunadamente no está contemplada[5] en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, normativa que debería ser modificada como una forma de reparación de la responsabilidad social que se tiene con las 21.018 mujeres víctimas de la violencia de pareja en Colombia durante el último semestre y las 17.953 mujeres que sufren violencia sexual en el país, según informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

Tags: Día a la NO Violencia contra la Mujer

Constancia en el acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas

Bogotá, D.C., 9 de agosto de 2011

Tags: Polo Democrático

La mayoría de la bancada gobiernista atropelló los derechos de la oposición

Balance de la gestión parlamentaria y extraparlamentaria

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 BALANCE DE LA GESTIÓN PARLAMENTARIA Y EXTRAPARLAMENTARIA  

SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS  

ENERO – JUNIO DE 2011

RESPONSABILIDADES PARLAMENTARIAS

Ø Integrante de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República.

 

Ø Integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia

 

Ø Integrante del Buró del Grupo Parlamentario Interamericano, GPI

 

Ø Integrante de las Comisiones Accidentales:

 

o Comisión de Paz del Senado de la República

o Comisión para el seguimiento de la situación laboral de los jugadores de fútbol profesional

o Comisión de seguimiento a la situación laboral de los empleados públicos en condición de provisionalidad

o Comisión de investigación de los homicidios de tres menores de edad ocurridos en el municipio de Tame, departamento de Arauca

o Comisión de seguimiento al drama humanitario de los retenidos en el marco del conflicto armado

 

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Ø Integrante del Comité Ejecutivo Central del PCC

 

Ø Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo

 

PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA PROPIA

Ø Proyectos de Ley No. 068 de 2010 - Senado. “Por el cual se desarrolla el artículo 53 de la Constitución y se expide el Estatuto del Trabajo”.

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Hubo que retirarlo porque debido a la oposición de la bancada del gobierno no fue posible que se realizara el primer debate.

Ø Proyecto de Ley No. 067 de 2010 - Senado. “Por el cual se modifica el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

 

Fue aprobado en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado. Actualmente sigue en curso en la Cámara de Representantes.

Ø Proyecto de Ley No. 066 de 2010 Senado “Por la cual se dictan normas sobre el ejercicio del derecho de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, se crea el servicio social sustituto, se modifica parcialmente la Ley 48 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.

 

Fue archivado en la Comisión Segunda de Senado, pero el Senador Manuel Antonio Virgüez anunció su compromiso de recoger las propuestas fundamentales de la iniciativa en un proyecto de su autoría que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado.

Ø Proyecto de Ley No. 168 de 2010 - Senado, “Por el cual se crea el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos”.

 

Fue retirado por no haberse dado su primer debate en el presente período legislativo. Será radicado nuevamente el 20 de julio próximo.

Ø Proyecto de Ley No. 170 de 2010 - Senado, “Por el cual se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Géneros”.

 

Fue enviado por la Senadora Ponente Karime Mota a concepto del Ministerio del Interior y de Justicia.

PROYECTOS COMPARTIDOS CON PARLAMENTARIOS DE LA BANCADA DEL PDA

Ø Proyecto de Ley por el cual los educadores nacionales pueden acceder a la pensión gracia por vía de autoridad legislativa.

 

Ø Proyecto de Acto Legislativo para elevar la salud a derecho fundamental.

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APORTES Y APOYOS A OTROS PROYECTOS

Ø Proposiciones aditivas y modificatorias al Proyecto de Ley No. 111 de 2010 - Senado,, “Por el cual se dictan normas para garantizar la atención integral a adictos a las drogas lícitas e ilícitas y se dictan otras disposiciones”

 

Ø Proyecto de Ley No. 85 de 2010 - Senado, “Por el cual se crea la pensión familiar”. La iniciativa establece, que cuando individualmente los cónyuges o compañeros permanentes no alcancen a reunir las semanas de cotización, podrán sumarlas para acceder a la pensión de jubilación, la que le será asignada a quien tenga menor edad.

 

Ø Apoyo al Proyecto de Acto Legislativo 147 de 2010 - Cámara y 51 de 2010 - Senado, “Por medio del cual se adiciona en forma transitoria un parágrafo en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia” que estableció un mecanismo transitorio para homologar cinco años de experiencia de los empleados provisionales con las pruebas técnicas establecidas para el concurso de méritos, a fin de que puedan continuar en el concurso de acceso a cargos de carrera administrativa.

 

Ø Aportes al proyecto de ley que dio lugar a la Ley 1445 de 2011, que modificó la Ley 181 de 1995, en el sentido de que se les reconozcan a los deportistas profesionales sus derechos laborales individuales y colectivos y la seguridad social.

 

PONENCIAS POSITIVAS

Ø Proyecto de Ley No. 208 de 2010 - Senado y No. 035 de 2009 - Cámara, sancionado por el Gobierno Nacional en el marco de la “emergencia invernal” como la Ley No. 1432 del 4 de enero de 2011, que otorga un tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector informal y a las madres comunitarias para efectos del reconocimiento del Subsidio Familiar de Vivienda en cualquiera de sus modalidades, cuando sean afectadas por desastres naturales o accidentales, declaratoria de calamidad pública o estado de emergencia o atentados terroristas.

 

Ø Proyecto de Ley No. 208 de 2011- Senado y 182 de 2011- Cámara “Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda”.

 

Ø Entre los logros alcanzados en el trámite legislativo de este proyecto, está la inclusión de la figura del contrato de arrendamiento con opción de compra; la modificación del Subsidio de Vivienda para otorgarlo a familias que realicen programas de autoconstrucción; el trato

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preferente para mujeres cabeza de familia, trabajadores del sector informal y madres comunitarias y el derecho a acceder por segunda vez el subsidio para las personas cabeza de hogar que hayan perdido su vivienda como consecuencia de remate judicial, calamidad doméstica o pérdida del empleo.

 

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

Ø Participación en los debates, tanto en la Comisión Séptima como en la Plenaria del Senado sobre la política farmacéutica, la crisis y los hechos de corrupción en el sector salud, la defensa de los derechos de los indígenas, la situación de los trabajadores de El Cerrejón, las condiciones laborales y de riesgo de los periodistas colombianos y las cotizaciones de los docentes con destino a la Seguridad Social en Salud.

 

Ø Diversas intervenciones en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; en los Actos Legislativos sobre Sostenibilidad y Regla Fiscal, especialmente en los temas relacionados con los derechos de las y los trabajadores colombianos.

 

Ø Activa y orientadora participación en la constitución de la Agenda Política de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

 

CONSTANCIAS Y PRONUNCIAMIENTOS

Ø En el curso del período legislativo la Senadora dejó numerosas constancias tanto en la Comisión Séptima como en la Plenaria del Senado, fijando posición sobre temas relacionados con las decisiones del Congreso o con hechos relevantes de la vida política nacional.

 

Así mismo, hizo contantes pronunciamientos públicos de respaldo a las luchas obreras y populares, de solidaridad con los conflictos laborales y sociales y con las víctimas de la represión y el conflicto interno interno que vive el país.

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA AGENDA LEGISLATIVA

Ø Participación en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley No. 208 de 2010 - Senado y 182 de 2011- Cámara, relativo a la oferta de suelo urbanizable que tuvo lugar con la participación de organizaciones de viviendistas, de usuarios del sistema UPAC-UVR, de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Distrito Capital, entre otras instituciones.

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Ø Apoyo a la acción de incidencia política del Movimiento de Mujeres durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Víctimas, así como de los proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 

Ø Participación en el Foro “Legislar para la Paz”, convocado por la Comisión de Paz del Senado y en las demás actividades desarrolladas por la comisión como el trabajo de la Mesa sobre Desmovilización, que ha convocado varias audiencias para tratar temas como la seguridad jurídica para los desmovilizados, el delito político, entre otros.

 

ACTIVIDADES EXTRAPARLAMENTARIAS

Durante este período podemos destacar la convocatoria y realización de los siguientes eventos:

Ø Primera Audiencia Pública de Derechos Humanos en el Departamento del Putumayo, realizada en Puerto Asís, durante los días 11 y 12 de febrero de 2011, con la asistencia de aproximadamente 1000 personas, para conocer en situ la crisis humanitaria que afecta a la región del alto y bajo Putumayo con motivo de la implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota.

 

Entre los resultados más relevantes que propuso la audiencia, están;

1. Proponer a los parlamentarios asistentes la promoción en el Congreso de la República de un debate sobre el tema de las fumigaciones a los cultivos ilícitos con glifosato;

 

2. Preparar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los efectos del Plan Colombia y la Política Antidroga en el Departamento del Putumayo;

 

3. Concretar la realización de un Foro sobre Política Petrolera en el Departamento del Putumayo y,

 

4. Demandar plenas garantías para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en el Departamento del Putumayo.

 

Ø Primera Audiencia Pública de Derechos Humanos en el Departamento del Cauca, realizada en la ciudad de Popayán el 30 de abril de 2011, que contó la asistencia de aproximadamente 1000 personas, provenientes de diferentes municipios del departamento, especialmente de las zonas donde se vienen desarrollando operaciones militares que han dado lugar a graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, especialmente indígena y afrodescendiente, e infracciones al DIH por parte de la fuerza pública y los demás actores armados.

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Ø Acompañamiento y promoción de Mesas Humanitarias en los establecimientos carcelarios, especialmente en las cárceles La Picota y el Buen Pastor, con el propósito de contribuir al reconocimiento de los Comités de Derechos Humanos como interlocutores válidos para el trámite y solución de los graves problemas humanitarios que enfrenta la población reclusa, especialmente en materia de salud, programas de habilitación ocupacional, redención de penas y respeto por sus derechos humanos.

 

EVENTOS NACIONALES

Ø 10 DE MARZO

 

Participación en el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE.

Ø 11 DE MARZO

 

Visita a la ciudad de Ibagué (Tolima) en donde asistió a diferentes actos con maestros, sindicalistas y líderes barriales.

Ø 12 AL 14 DE MARZO

 

Visita a los municipios de Quinchia (Risaralda),, Pereira (Risaralda) y Riosucio (Caldas), en los que estuvo reunida con líderes populares, maestros y organizaciones indígenas y campesinas.

Dio una charla sobre trabajo social y comunitario en la primera Escuela de Gobierno y Liderazgo, con la participación de cuarenta lideres barriales de Pereira, Dosquebradas, Marsella y la Virginia

Ø 6 AL 8 DE MAYO

 

Convocatoria y realización del “II Seminario Nacional de Acción Parlamentaria y Construcción de Poder Popular”, realizado en la ciudad de Bogotá con la participación de aproximadamente 100 líderes populares de todo el país, habiendo sido valorado por los asistentes como una experiencia exitosa, no sólo por el conocimiento recibido de los diferentes expositores, sino también por el espacio de reflexión y análisis sobre la coyuntura política, los significativos aportes a la plataforma de lucha política y electoral para el próximo período y los avances en el compromiso de sacar adelante una probada y calificada lista de candidatos a las corporaciones públicas para la contienda electoral del mes de octubre.

Ø 13 DE MAYO

 

Foro sobre “Las consecuencias económicas, sociales y laborales de la inversión extranjera en Colombia”, convocado a instancias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco, SINTRACOLTABACO. 7

 

 

Ø 14 Y 15 DE MAYO

 

Asistió en compañía de la Dra. Clara López en su calidad de Presidenta del PDA a una caminata en rechazo a la explotación de Minería en el municipio de Marmato (Caldas). Al día siguiente participaron en la Asamblea del Polo en el municipio de Riosucio (Caldas).

Ø 16 DE MAYO}

 

Participación en el Primer Foro Departamental por la Equidad de la Mujer, organizado por la Gobernación del Quindío en la ciudad de Armenia en donde abordó el tema sobre la Incidencia de la Ley 1434 de 2011 “Por la cual se creó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia”, en el diseño de las Políticas Públicas de Equidad de Género en el nivel territorial.

Ø 27 DE MAYO

 

Participación como panelista en el II Congreso Fronterizo de Derechos Humanos realizado en la ciudad de Cúcuta, denominado “Fundamentación de los Derechos Humanos y Bloque de Constitucionalidad” en el que abordó el tema “Estado de las Políticas Públicas en Derechos Humanos en Colombia”.

Ø 31 DE MAYO

 

Lanzamiento oficial de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia y acompañamiento del Foro “Intercambio de experiencias de las comisiones y bancadas a nivel latinoamericano”, en el que participaron legisladoras de Costa Rica, Perú y Chile.

Ø 4 y 5 DE JUNIO

 

Participación en el “Encuentro por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos en Colombia, LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, realizado en la ciudad de Bogotá, que puso en evidencia la grave crisis humanitaria que afecta al Sistema Penitenciario y Carcelario del país debida al hacinamiento, a la falta de atención en salud, al desconocimiento de la dignidad humana de los internos y a las graves violaciones a sus derechos humanos. Así mismo, el encuentro puso en evidencia la estrategia que viene implementando el régimen político de judicializar a los dirigentes y activistas de oposición, en el propósito de restarle fuerza a la movilización social que se ha venido forjando en contra de las medidas neoliberales y antidemocráticas que viene imponiendo el gobierno contra los intereses de las grandes mayorías nacionales.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Ø Participación en el “XXXI Congreso Nacional de los Trabajadores de la Educación”, realizado durante los días 13 a16 de enero de 2011 en la ciudad de Brasilia, Brasil.

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Ø Participación en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, de la Internacional de la Educación, IE, celebrada en la ciudad de Bangkok, Tailandia, bajo el lema: “En Camino hacia la igualdad”, realizado del 20 al 23 de enero de 2011.

 

Ø Participación como panelista en la II Jornada Internacional “Mujeres DDHH y Paz en Colombia”, realizada en la ciudad de Valencia, España¸ durante los días 1 a 3 de abril de 2011en la que abordó el tema: “Análisis de la situación política de Colombia”.

 

Ø Participación en el Encuentro Internacional “Haciendo la Paz en Colombia”, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 20 al 23 de febrero de 2011, con el fin de profundizar el diálogo político y la humanización del conflicto social y armado, con miras a construir un proceso de paz con justicia social en Colombia.

 

Ø Participación en el XV Seminario Internacional denominado: “Los Partidos y una Nueva Sociedad” realizado en Ciudad de México durante los días 17 al 19 de marzo de 2011; en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo realizada el 20 de marzo y en una Sesión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

Ø Participación en el XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo, realizado del 17 al 21 mayo de 2011 en la ciudad de Managua, Nicaragua.

 

Unidad de Trabajo Legislativo

Teresa Martínez Pinto

Carolina Galindo Poblador

Paola Andrea Salazar Carreño

Francy Galindo

Liliana Acosta

Claudia Flórez

Miguel Antonio Caro Pineda

Darío Eccehomo Díaz

Darío Edgardo Tapasco

Nixon Padilla

Bogotá, D.C., junio de 2011

 

Respetamos las decisiones de la Fiscalía General de la Nación sobre el alcalde Samuel Moreno Rojas

RECHAZAMOS LA PRETENDIDA PRIVATIZACIÓN DE LA E.T.B.

 

La decisión del Procurador General de la Nación de suspender por el término de tres meses al Alcalde Mayor de Bogotá conllevó que el Presidente de la República encargara de la Alcaldía a la Ministra de Educación y Ex presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Fernanda Campo, nombramiento al que posteriormente se agregó el de la Secretaria del Consejo de Ministros, María Cristina Plazas, como Alcaldesa ad hoc, con el fin de que presentara al Concejo un proyecto de acuerdo para vender la participación accionaria del Distrito en la E.T.B., en razón de que la Alcaldesa encargada estaba impedida por ser accionista privada de la citada empresa.

La legalidad de los dos nombramientos está demandada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por cuanto ninguna de las dos funcionarias pertenece al mismo partido del Alcalde titular, como lo ordena la ley. Además, es claro que la pretensión de privatizar la E.T.B. no sólo no hace parte del programa de gobierno sino que lo contradice abiertamente, pues la política del Polo Democrático Alternativo se opone a la privatización de las empresas de servicios públicos, en particular, y del patrimonio público, en general.

A estos hechos han venido a sumárseles las denuncias hechas ante la Fiscalía General de la Nación, por parte del doctor Aurelio Suárez, y ante la Superintendencia Financiera, por parte del Senador Jorge Enrique Robledo, dirigidas a que se investigue a los accionistas privados de la ETB por una posible manipulación del precio de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Colombia.

En efecto, como lo afirman los denunciantes, es altamente sospechoso que en abril de 2.009, cuando se inició el proceso de capitalización y de búsqueda de un socio estratégico, la acción valía $691. Para finales de 2009, el precio subió a $1.300, un aumento del 188%, y después del fracaso del proceso las acciones cayeron a $656, de manera que si las acciones se vendieran a este precio, el valor de la empresa sería de apenas unos dos billones de pesos, cuando el patrimonio en libros es superior a los 2.5 billones y los activos están por encima de los cuatro billones de pesos.

Es extraño que cuando el Distrito Capital es propietario del 88% de las acciones y la venta de acciones en la Bolsa apenas ha sido de un 0.5%, las fluctuaciones hayan sido de tal magnitud, lo que conduce a darle pie a la presunción de que lo que hay de por medio es una manipulación para desvalorizar las acciones y presionar por esta vía la venta de la empresa a menosprecio, que fue precisamente lo que hizo la Alcaldesa ad hoc, al afirmar que si la empresa no se vende, terminará completamente desvalorizada.

De otra parte, el domingo anterior el columnista de El Espectador, Felipe Zuleta, publicó un artículo en el que contrasta los balances de Telecom hechos por la Telefónica de España, accionista mayoritaria, con los del Viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master.

Según el columnista, “el importe neto de la cifra de negocios (ingresos) asciende a 700 millones de euros en 2.010, tras registrar por segundo semestre consecutivo un crecimiento interanual positivo. En el conjunto de 2.010 el resultado operativo antes de amortizaciones muestra una mejora y alcanza 249 millones de euros (+2.9% interanual en moneda local). La inversión (CapEX) en 2.010 asciende a 178 millones de euros”, pero el Viceministro de Hacienda afirma que “la empresa perdió el año pasado $451.900 millones, que se suman a los $341.900 millones ‘en rojo’, observados en 2.009, y redujo sus ingresos de $2.04 a $1.93 billones”.

Como se pregunta con toda razón el columnista, “¿Quién quiere bajarles el precio a las acciones del Estado en Telecom y por qué?

Es evidente que entre los dos casos, el de la ETB y el de TELECOM, hay un hilo conductor que no es otro que el de abonarle el terreno a la venta de las acciones que el Distrito y la Nación tienen en esas empresas, para lo cual se recurre a la artimaña de crear una especie de “pánico económico” que justifique las antinacionales y antipopulares medidas que sólo favorecen a los grandes capitalistas y a las empresas transnacionales.

Con base en estas razones, una vez más manifestamos nuestra oposición vertical al desmantelamiento del patrimonio público que adelantan los neoliberales empotrados en el gobierno nacional, reafirmamos nuestra posición de defensa de las empresas estatales y exigimos del gobierno una política para fortalecerlas y ampliarlas en vez de venderlas a menosprecio.

En el caso de Bogotá, le solicitamos a la nueva Alcaldesa retirar del Concejo el proyecto de Acuerdo presentado por la Alcaldesa ad hoc, respaldamos su posición de oponerse a la privatización y esperamos que asuma un compromiso firme con el fortalecimiento de la ETB como patrimonio de todos los bogotanos.

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS 

Senadora de la República por el PDA 

 

 

REPUDIAMOS EL ASESINATO DE LA LIDEREZA DE LOS DESPLAZADOS ANA FABRICIA CÓRDOBA

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

 

El día 7 de junio fue asesinada en la ciudad de Medellín por un sicario que le propinó varios disparos con un arma con silenciador, la lidereza de los desplazados ANA FABRICIA CÓRDOBA, cuando se transportaba en un vehículo de transporte urbano.

 

La víctima de éste execrable crimen era oriunda de la región de Urabá, de donde había tenido que huir hace 10 años por amenazas de las bandas paramilitares y se desempeñaba en Medellín como defensora de derechos humanos y dirigentes del movimiento de mujeres.

 

En varias ocasiones había denunciado amenazas contra su vida, una de ellas el 27 de abril de este año ante delegados de la Vicepresidencia de la República, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y había señalado a elementos de la policía de haber asesinado a uno de sus hijos. Sin embargo, las autoridades nunca le prestaron la seguridad que requería y ahora tienen el descaro de decir que se negó a recibirla.

 

El asesinato de Ana Fabricia Córdoba no es un hecho aislado. Hace parte de una campaña de exterminio de los dirigentes de las organizaciones de víctimas que está en marcha desde tiempo atrás y que hasta ahora ha cobrado la vida de 63 personas, sin que se vea una acción eficaz del gobierno para evitar que estos crímenes se repitan.

 

Condenamos de la manera más enfática el abominable asesinato de Ana Fabricia Córdoba, les hacemos llegar a sus familiares y al movimiento de víctimas nuestra solidaridad incondicional, demandamos de la justicia el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables y le exigimos al gobierno medidas urgentes y eficaces para proteger la vida e integridad de los dirigentes de las víctimas y de todos los que han tenido que abandonar sus lugares de origen para preservar sus vidas. Hoy más que nunca es necesario levantar la lucha porque hay verdad, justicia y reparación para las víctimas y que se garantice la no repetición de la tragedia que han tenido que vivir.

 

FELICITAMOS Y RESPALDAMOS A LA NUEVA ALCALDESA DE BOGOTÁ

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

 

El Presidente de la República ha tomado la decisión de designar como nueva Alcaldesa Mayor de Bogotá, en reemplazo del titular, Samuel Moreno Rojas, quien se encuentra suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, a la doctora Clara López Obregón, Presidenta del Polo Democrático Alternativo y una de las figuras más destacadas de la oposición.

 

Este acto se enmarca dentro de la normatividad legal, que establece que en casos como el que ha sucedido en la capital del país, el nombramiento debe recaer en una persona de la misma militancia política del titular y ser escogida de terna enviada por el respectivo partido.

 

La doctora Clara López Obregón tiene suficientes méritos y capacidades para representar dignamente al Polo Democrático Alternativo en la Alcaldía de Bogotá, para darle continuidad al programa de gobierno y para profundizar la política social contemplada en el Ideario de Unidad del Partido, por lo que expresamos públicamente nuestra complacencia por su nombramiento, le hacemos llegar nuestras más calurosas felicitaciones y le ofrecemos nuestro respaldo irrestricto, convencidos como estamos de que cumplirá una brillante labor al frente de la Alcaldía en beneficio de la ciudad y, particularmente, en favor de los trabajadores y de los sectores más desprotegidos de la ciudad.

 

Llamamos a la militancia del Polo y a todos los sectores democráticos y progresistas a rodearla del más decidido apoyo para que los avances sociales logrados en las dos últimas administraciones no vayan a sufrir un retroceso, ante la ofensiva desatada por la derecha para retomar el poder en la capital del la República.

 

Tags: Alcaldía de bogotá

HISTÓRICO TRIUNFO DE LA IZQUIERDA EN PERÚ

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República por el PDA

 

Las elecciones presidenciales realizadas en la hermana República del Perú el pasado 5 de junio, le dieron el triunfo al candidato de las fuerzas democráticas y de izquierda, Ollanta Humala, con 7.5 millones de votos equivalentes al 51.5% de los ciudadanos participantes en el certamen electoral.

 

Por las circunstancias que rodearon el proceso electoral, se trata de un hecho verdaderamente histórico que confirma el avance de la izquierda como tendencia política en América Latina, en contra del neoliberalismo, la antidemocracia y el sometimiento a los dictados del imperialismo gringo.

 

La campaña electoral puso al desnudo el comportamiento abiertamente inmoral del gran capital nacional y transnacional que se asienta en el Perú. No se explica de otra manera el hecho de que haya apoyado por todos los medios a la candidata KeiKo Fujimori, heredera del gobierno dictatorial, corrupto y criminal de Alberto Fujimori, quien paga una condena de 25 años de cárcel por los delitos cometidos cuando fue Presidente de la República.

 

Los grandes medios de comunicación se pusieron por entero al servicio de la campaña Fujimorista y en contra del candidato Ollanta Humala, sin observar el más mínimo respeto por la objetividad periodística. El miedo a que los resultados electorales pudieran ahuyentar la inversión extranjera y disminuir las tasas de crecimiento de la economía, unido al odio irracional que han sembrado en la conciencia de millones de peruanos contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fueron utilizadas a fondo sin ningún escrúpulo para tratar de restarle votos al candidato de la izquierda.

 

Para la extrema derecha era preferible el retorno del tenebroso pasado fujimorista, con tal de garantizar sus privilegios, antes que la posibilidad de un gobierno de izquierda. La posición fue tan repugnante que sectores de la propia derecha resolvieron apoyar a Humala, algunos evidentemente preocupados por la suerte de la democracia, pero otros más bien con el cálculo de amarrarle las manos para que no pueda hacer los cambios que demanda el pueblo peruano.

 

Una vez conocidos los resultados electorales, los grandes capitalistas han desatado una ofensiva de presiones al nuevo Presidente de la República dirigida a bloquear desde ya cualquier cambio progresista. Fue así como la Bolsa de Valores de Lima tuvo una caída récord del 12.5% y desde los más diversos medios de la derecha se hace terrorismo económico advirtiendo sobre el apocalipsis que caerá sobre el Perú si se desvía del camino señalado por los neoliberales.

 

En nuestra condición de demócratas auténticos y militantes de izquierda, nos congratulamos por este nuevo triunfo de las fuerzas avanzadas de América Latina, felicitamos al pueblo peruano por su lucidez política y le hacemos llegar al Presidente Ollanta Humala nuestros mejores votos por el pleno éxito de su gobierno al servicio de los intereses de los oprimidos y explotados.

 

Continuaremos trabajando para sacar a nuestro país del régimen derechista, neoliberal y guerrerista que hoy impera y para construir la alternativa política que necesita el pueblo colombiano para incorporarnos al proceso de cambios democráticos y de izquierda que tienen lugar en nuestro Continente.

 

 

Tags: Izquierda

Polo Democrático demanda a Presidente Santos por nombramiento de alcaldesa ad hoc de Bogotá

Declaración final del Seminario "Protección y defensa del derecho a la verdad de las victimas de desaparición forzada en el ámbito jurídico"

Miércoles 25 de mayo de 2011

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Equipo de Apoyo Nacional

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

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Móvil: (57) 311 2621059

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Bogotá - Colombia

Tags: Víctimas

MACROPROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: UN NEGOCIO PARA LOS URBANIZADORES

Gloria Inés Ramírez Ríos

Senadora de la República P.D.A

 

Actualmente cursa en las Comisiones Séptimas Conjuntas de Senado y Cámara un Proyecto de Ley de iniciativa del gobierno nacional, por el cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y la posibilidad de acceso a la vivienda de los destechados del país cuyo objetivo es  habilitar el suelo para la construcción de vivienda digna, especialmente de interés social y prioritario.”

 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[1], en Colombia existe un déficit habitacional total de 3.828.055 hogares, de los cuales 2.520.298 (66%) padecen déficit cualitativo, es decir, viven en lugares que no cumplen con los estándares mínimos de calidad y por ende, no ofrecen una vivienda digna a sus moradores; y 1.307.757 hogares, (34%) que adolecen de un déficit cuantitativo, es decir, que no tienen vivienda..

 

La dimensión cualitativa de este déficit pone en evidencia algunos de los problemas más graves que enfrentan los hogares colombianos que es la deficiencia de servicios públicos domiciliarios que alcanza el 50%; la inestabilidad en la estructura de las viviendas 22% y altos niveles  de hacinamiento donde el 36% de los hogares están compuestos por más de 5 personas que habitan en una misma alcoba. En parte estas condiciones se explican, por la falta de inversión en el sector, en efecto, el gasto público de Colombia en vivienda, calculado en 0,6% del PIB aproximadamente, es el segundo más bajos de América Latina, en los últimos años[2].

 

Sin embargo, el aspecto más preocupante de la situación de la vivienda en Colombia es que no existe una Política Pública Nacional de Vivienda que subsane el déficit habitacional especialmente en las modalidades Vivienda de Interés Social VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP[3]. En efecto, es preciso resaltar que hasta el momento, la propuesta del Gobierno Nacional, ha sido privilegiar a través de los Macroproyectos en curso la oferta de vivienda no VIS, mayor a $93.730.000[4].

 

Con los debates de la presente iniciativa en las Comisiones Séptimas Conjuntas se ha querido precisamente subsanar las debilidades de la propuesta inicial de Macroproyectos de Interés Social Nacional teniendo en cuenta las sugerencias tanto de la Corte Constitucional como de distintos sectores sociales y la academia. Principalmente, queremos señalar las proposiciones de la Senadora Gloria Inés Ramírez en respuesta de algunas de las sugerencias presentadas sobre el tema.

 

En primer lugar, se dio aprobó la aclaración de que los Macroproyectos deben ser orientados exclusivamente para usos residenciales y/o complementarios a la vivienda lo que incluye evidentemente la correspondiente infraestructura de soporte para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. Especialmente para vivienda de interés social y prioritario cuyo valor se estima en $37.492.000[5].

 

Sin embargo, el Gobierno Nacional sigue pretendiendo introducir la expresión habilitación del suelo para “otros usos” diferentes a la vivienda posibilitando la entrada de negocios de inversión privada como zonas francas, comerciales u otros, tergiversando el espíritu que debería tener la Ley.

 

En segundo lugar, con el fin de que las familias y personas sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito hipotecario puedan acceder a una vivienda digna, se propuso la opción de contrato de arrendamiento con opción de compra, mediante el cual, las familias podrán ir adquiriendo la vivienda a través del pago de un arriendo establecido por los lineamientos de la Ley 820 de 2003.

 

Sumado a lo anterior, se sugirió la propuesta de articular el subsidio familiar de vivienda con dicho contrato, con el fin de garantizar el cierre financiero. Así mismo, se defendió la idea de entregar de subsidios sin requisito de ahorro previo y a familias que deseen adquirir lotes o predios para la autoconstrucción de su residencia.  De igual manera, se introdujo el tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia, las y los trabajadores informales, las madres comunitarias y los desempleados cuando la situación lo requiera.

 

En cuarto lugar, se realizaron una serie de aportes conceptuales sobre la perspectiva del derecho a la vivienda digna y adecuada consagrado en la Carta Política y del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), especialmente, las observaciones 4 y 7 de su  Comité que hacen alusión al derecho a una vivienda digna y adecuada, y a una serie de prerrogativas que debe garantizar el Estado como la seguridad en la tenencia, la calidad física, la accesibilidad y asequibilidad  económica y la adecuación cultural de la vivienda, aspectos que sólo tuvieron una acogida parcial.

 

Finalmente queremos resaltar, nuestro desacuerdo con la posibilidad que plantea el Proyecto al establecer la posibilidad que los Macroproyectos puedan ubicarse en los suelos de uso prioritario para el sector agropecuario, forestal y de explotación sostenible, teniendo en consideración uno de los Autos de advertencia de la Contraloría General de la República[6] que indica que en ningún caso debe permitirse esto, debido a los posibles impactos negativos en la seguridad alimentaria de la población.  

 

Estas, entre otras proposiciones fueron puestas en consideración de la Comisión, quiero dejar claro a la ciudadanía mi compromiso por seguir respondiendo a las inquietudes entorno a este trabajo, así como, invitarla a pronunciarse sobre aspectos de la propuesta que aún son preocupantes, entre los que se destacan: la especulación de los precios de la tierra, las tarifas a los servicios públicos domiciliarios, las exigencias de la Corte Constitucional sobre la necesidad de implementar una política diferencial para la población desplazada,[7] y la necesidad de reforzar los controles ambientales. Todo esto con la finalidad de alertarlos sobre un posible engaño disfrazado de benevolencia, y el gran negocio que se esconde a partir de un problema tan grave como el déficit de vivienda.

 

 

26 de Mayo de 2011

 

Tags: Vivienda

A PROPÓSITO DEL FORO “LEGISLAR PARA LA PAZ”

En el día de ayer se llevó a cabo el Foro “Legislar para la Paz”, convocado por la Comisión de Paz del Senado de la República, con la participación de las embajadas de Francia, Suiza y España, la OEA y una nutrida asistencia de representantes del gobierno, de las altas cortes, congresistas, académicos, ONG y personalidades invitadas por los organizadores.

 

El evento fue instalado por el Presidente de la República, quien volvió a hablar de su interés en la consecución de la paz, “pero no a cualquier precio”, destacó la importancia de contar con una estructura jurídica que nos pueda permitir una paz definitiva y se reservó el derecho de abrir los canales de contacto con la guerrilla cuando lo considere oportuno.

 

El objetivo del Foro fue debatir opiniones acerca de la posibilidad de construir una legislación, incluida una reforma constitucional, que sea el nuevo marco jurídico para la paz.

 

En el curso de las deliberaciones se escucharon las más diversas opiniones sobre los resultados de la llamada Ley de “Justicia y Paz”, la ley de víctimas y restitución de tierras y otras normas de lo que ha dado en denominarse la “Justicia transicional”.

 

Entre los numerosos temas tratados se planteó por algunos de los participantes la necesidad de legislar con una concepción moderna sobre el delito político, distinguir el tratamiento legal para guerrilleros, paramilitares e integrantes de la Fuerzas Pública, incluyendo amnistías e indultos condicionados para los primeros, sometimiento a la justicia para los segundos y principio de oportunidad para los últimos, excluyendo los delitos de lesa humanidad, que serían objeto de penas alternativas.

 

Se abordó igualmente, la discusión sobre las relaciones entre la justicia interna y la internacional, esto es, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, y sobre la importancia de que entre las dos no haya contradicciones insalvables, lo mismo que de la actuación armónica que debe haber entre los distintos poderes del Estado, con el fin de darles seguridad jurídica a quienes se comprometan en un eventual proceso de paz.

 

La importancia del Foro y de los temas tratados es evidente. Sin embargo, quedan sobre la mesa algunos interrogantes trascendentales, como el de la salida negociada al conflicto interno que vive el país. En palabras del Presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, de lo que se trata es de construir un marco jurídico para que “los violentos se sometan a la justicia”, pero sin considerar la posibilidad de una negociación. En otras palabras, insistir en la vieja idea de derrotar primero a la guerrilla y luego imponerle las condiciones de desmovilización.

 

Por eso, como lo anotaron algunos de los asistentes, hay que rectificar la visión que lo reduce todo el marco jurídico y comprender que lo que se necesita es una política integral de paz, es decir, no hay que contemplar sólo los aspectos legales sino también los políticos y trabajar con un sentido de inclusión, dándole participación efectiva en el proceso a los organizaciones de derechos humanos, las víctimas y la oposición política.

 

Como integrante de la Comisión de Paz del Senado y Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, reivindico la política de nuestro Ideario de Unidad en el sentido de que el conflicto interno colombiano debe tener una solución negociada, que el país requiere de una política de paz y que no es por la vía de desconocimiento de las víctimas, del movimiento de derechos humanos y de la sociedad, ni mediante la imposición unilateral de los criterios gubernamentales como podremos encontrar caminos para alcanzar la paz.

 

 

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

 

 

Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2011

Tags: Paz

Información VII Encuentro del Foro de Sao Paulo

 

Compañeras y Compañeros

Nos permitimos informarles sobre la participación de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos en representación del Polo Democrático Alternativo, en el XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo, llevado a cabo del 17 al 21 de mayo en la ciudad de Managua (Nicaragua), con ocasión  del 50 Aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y 116 años del natalicio del General Augusto C. Sandino. En este importante Encuentro, se debatieron asuntos trascendentales, como la necesidad de democratización de la información, la comunicación y la cultura;  la lucha por ampliar los derechos y la participación de las mujeres, los jóvenes, las etnias y pueblos originarios; la defensa de los derechos de los trabajadores  migrantes y sus familias; los desafíos de los movimientos sociales; la temática de la defensa y de la seguridad, entre otros aspectos.

 

 

 

UTL H.S. GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

Tags: Foro

SALUDO AL MAGISTERIO

Con motivo de celebrarse el 15 de mayo el Día del Educador, les hago llegar a todas y todos mis compañeros de profesión mi más efusivo abrazo y mis felicitaciones por la encomiable labor que cumplen en el desarrollo del saber y en la formación de las nuevas generaciones de colombianos, dos pilares de la educación que hoy están en serio peligro por la nueva oleada de reformas neoliberales que se apresta a imponer el gobierno de Juan Manuel Santos.

 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, sobre educación superior, se orientan a “Una formación de capital humano soportada en la pertinencia, que apunte al desarrollo continuo de las competencias y que articule al sector educativo con el sector productivo”, para que la población sea más competente y competitiva. En otras palabras, lo que pretenden los neoliberales en reducir la educación a un instrumento de preparación de mano de obra calificada y barata para los empresarios, con gravísimas consecuencias para nuestro desarrollo económico, científico, tecnológico, cultural y humano.

 

De imponerse esta política, la educación no será más que una mercancía, los alumnos serán simples “clientes” y, como cualquier otro negocio, será manejada por empresarios. Así se explican las medidas privatizadoras que están en marcha y que amenazan especialmente a la educación superior.

 

El régimen imperante en Colombia no quiere hombres y mujeres integrales, críticos, dispuestos a luchar por sus derechos, sino seres sumisos convertidos en máquinas eficientes, productivas y competitivas que les multipliquen al máximo las ganancias a los capitalistas.

 

Lo que viene sucediendo con la salud, cuyas finanzas están siendo asaltadas por delincuentes al servicio de los grandes negociantes, es un indicio clamoroso de lo que también le puede ocurrir a la educación. Por eso, hoy más que nunca es necesario levantar con la mayor fuerza posible la bandera de la defensa dela educación pública y de calidad, administrada directamente por el Estado, como lo demanda la Federación Colombiana de Educadores FECODE en el pliego de peticiones que negocia actualmente con el gobierno nacional y que contiene, además, temas tan importantes como el Estatuto Único Docente, mejores condiciones profesionales, salariales y prestacionales para el magisterio, condiciones dignas para los estudiantes, respeto al derecho a la vida y garantías para el ejercicio de la actividad sindical.

 

El magisterio colombiano ha sido uno de los principales bastiones del movimiento sindical, tiene una brillante historia de luchas y comprende muy bien la importancia de la unidad como arma insustituible para enfrentar los más difíciles desafíos. Invito, entonces, a los educadores, los estudiantes, los padres de familia y a todos los colombianos incorporarse al Comité Nacional por la Defensa de la Educación como Derecho, a comprometerse con el Plan de Acción y a sumar fuerzas con otros sectores del movimiento sindical y popular para enfrentar unidos la nueva arremetida de los neoliberales, impedir que sigan hundiendo a nuestro país en el desastre social y abrirle perspectivas ciertas a una sociedad en la que todos podamos vivir en paz, con dignidad, con justicia y con verdadera democracia.

 

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el

Polo Democrático Alternativo

 

Tags: Educación pública

EXIGIMOS RESPETO A LA TERNA DEL POLO PARA LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

 

El 9 de mayo del año en curso, el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático alternativo eligió la terna que establece la ley para que el presidente de la República escoja de ella a quien ha de reemplazar temporalmente al Alcalde Mayor de Bogotá, suspendido por el término de tres meses por el Procurador General de la Nación.

 

Como resultado de una decisión democrática, fueron elegidos los militantes del Polo, Mariela Barragán, actual Secretaria de Desarrollo de Bogotá, Jaime Moreno García, Ex magistrado del Consejo de Estado, y Tarcisio Mora Godoy, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT.

 

Sin embargo, el Senador del Polo, Luís Carlos Avellaneda, en declaraciones a la cadena de radio Caracol, dijo que “Creo que la terna es ilegal e inconstitucional, por lo que vamos a demandarla ante el Consejo Nacional Electoral”. La Presidenta del Polo, Clara López Obregón, lo refutó afirmando que “El sector que él representa ha asistido a las sesiones del Comité Ejecutivo, por lo que me parece que es una demanda temeraria e irresponsable con el Partido y la ciudad”.

 

La deplorable actitud del Senador Avellaneda es una nueva demostración de que los propósitos liquidacionistas de algunos sectores del petrismo y la derecha contra el Polo no ha sido abandonados y que sus promotores no desaprovechan ninguna oportunidad para avanzar hacía ese repudiable objetivo.

 

La terna no es ilegal ni inconstitucional, como lo sostiene el Senador Avellaneda. En efecto, el Artículo 12 de los Estatutos del Polo establece que los candidatos a cargos uninominales de la Rama Ejecutiva requieren “la aprobación de por lo menos las cuatro quintas partes de los asistentes a una reunión con quórum”, pero en este caso de lo que se trata es de elegir un reemplazo temporal para un cargo que ya estaba provisto, por lo que debe aplicarse es el Artículo 16, que dice que “En todas las decisiones el Partido buscará el consenso o en su defecto, la mayoría de votos entre los afiliados y afiliadas del respectivo organismo”.

 

Por eso, aunque se apoya en rebuscadas argucias legales, el verdadero fondo del problema es político. Lo que algunos no le perdonan al Polo es que haya decidido ser oposición y que haya rechazado la propuesta del petrismo de buscar acuerdos con el gobierno de Santos.

 

Una prueba de ello es que recientemente en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT los seguidores políticos del Senador Avellaneda estuvieron a favor de que la Central avalara el acuerdo Obama – Santos sobre el movimiento sindical, que no es más que una maniobra para conseguir la aprobación del antinacional Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, pretensión que, por fortuna, fue ampliamente derrotada.

 

Lo que ahora buscan Avellaneda y sus amigos es cuestionar la validez de la terna para facilitarle al gobierno de Santos el nombramiento de una de sus fichas políticas a la Alcaldía de Bogotá, precisamente cuando se acerca la campaña electoral y desconociendo que el Polo ganó la Alcaldía en más de 900 mil votos y que tiene el derecho legítimo de culminar el período con uno de sus militantes.

 

En consecuencia, como Senadora de la República e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, manifiesto mi respaldo a la terna elegida y le solicito al Presidente de la República acoger la decisión del Partido y nombrar en el menor término posible a quien, de acuerdo a la ley, debe ejercer temporalmente el cargo de Alcalde Mayor de la capital del país.

 

 

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Senadora de la República por el PDA

 

Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2011

Tags: Polo Democrático

AUDIENCIA PUBLICA EDUCACIÓN

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

JUEVES 12 DE MAYO DE 2011
9A.M. A 2 P.M.
AUDITORIO PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

CONVOCAN:
COMISIONES III, VI Y VII DE SENADO
PARLAMENTARIA CITANTE: GLORIA INES RAMIREZ

INVITAN:
CNTEC:  (COORDINACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA)
ASPU ( ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
FECODE (FEDERACIÓN  COLOMBIANA DE EDUCADORES)
ACEU,ANDES,CONCIENCIA CRITICA

 

Tags: Educación superior Colombia

Estamos con la lucha del magisterio, los estudiantes y el movimiento sindical

 

Bogotá D.C., 7 de abril de 2011 

 

“Respeto al derecho fundamental, a la vida y garantías para el ejercicio de la labor docente y la actividad sindical”: Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático).

El día 7 de abril de 2011, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) radicará en el Ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento de miles de educadores, un pliego de peticiones que contiene temas tan importantes como la defensa de la educación pública y de calidad administrada directamente por el Estado, condiciones dignas de estudio para los alumnos, un nuevo Estatuto que dignifique y profesionalice la docencia, un incremento salarial que honre la profesión y el pago de las deudas.

Así mismo, respeto al derecho fundamental a la vida y garantías para el ejercicio de la labor docente y la actividad sindical, mejoramiento de los servicios de salud para el magisterio, respeto al régimen de prestaciones sociales y refinanciación del Fondo Nacional de Prestaciones y atención inmediata a las escuelas y colegios afectados por la ola invernal. 

Es de anotar que estas peticiones se hacen con fundamento en las necesidades y aspiraciones de la educación y de los educadores y en el marco de las normas de la OIT sobre el derecho a la negociación colectiva para los servidores públicos, por lo que le pedimos al gobierno adoptar las medidas conducentes a que haya un proceso de negociación que posibilite encontrar soluciones a las justas demandas del magisterio. 

De otra parte, en la misma fecha se llevarán a cabo movilizaciones masivas de los estudiantes y el movimiento sindical para rechazar la política educativa y laboral del gobierno de Juan Manuel Santos contenida en al Plan de Desarrollo y en otros proyectos legislativos que pretenden profundizar la política de privatización de la educación, que atentan gravemente contra la calidad y que buscan flexibilizar aún más el régimen laboral colombiano para beneficiar a los empresarios mediante la sobreexplotación de los trabajadores. 

Dada la justeza de las motivaciones que inspiran la jornada de lucha del 7 de abril, le expresamos nuestro más decidido respaldo, exigimos del gobierno las garantías necesarias para que pueda llevarse a cabo sin contratiempos y convocamos a la opinión pública a incorporarse masivamente a las movilizaciones que se llevarán a cabo en todo el país.

 

Consulte original

 

Tags: Ministerio de Educación Ola Invernal Actividad sindical Derechos fundamentales Educación Educación pública Magisterio Protestas

Las grandes potencias pisotean la soberanía nacional de Libia

"Si el argumento para atacar a Libia es la defensa de la democracia y los derechos humanos ¿por qué son tan complacientes con Israel?":

 Desde hace alrededor de dos meses se desataron levantamientos populares en varios países del norte de África y el Medio Oriente que, no obstante las particularidades de cada uno, tienen el común denominador de expresar el rechazo de las masas a regímenes antidemocrático empotrados en el poder por largos años y protestar por la situación de desempleo, alto costo de vida y pobreza que golpea a amplio sectores de la población. 

Como ha ocurrido en otras ocasiones, los conflictos han sido objeto de la aplicación de un doble rasero por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales: cuando se trata de regímenes reaccionarios aliados de occidente, se hacen los de la vista gorda o realizan maniobras para producir algunos recambios que les permitan mantener su dominio sobre los países, es decir, se limitan a “cambiar algo para que todo siga igual”. Pero cuando los conflictos afectan a países cuyos gobiernos tienen posiciones contrarias a los intereses de los imperialistas, optan por las más desproporcionadas medidas de fuerza, siempre en nombre de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. 

Tal es el caso de Libia, que está siendo brutalmente bombardeada y destruida ahora bajo el mando de la OTAN, con saldo de numerosas víctimas civiles, infortunadamente con el visto bueno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde, fiel a su tradición servil a Estados Unidos, el gobierno de Colombia votó a favor de la agresión. 

Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para presentarse como defensor de la democracia y los derechos humanos, si registra un largo historial de respaldo a regímenes sanguinarios, de invasión a numerosos países, como ocurre actualmente en Irak y Afganistan, de violaciones a los derechos humanos, como en los casos de las prisiones del Abu Grhaib y Guantánamo, y de múltiples atentados contra el derecho internacional? 

Si el argumento para atacar a Libia es la defensa de la democracia y los derechos humanos ¿por qué son tan complacientes con Israel, censurado en múltiples ocasiones por las Naciones Unidas por sus incontables crímenes contra el pueblo palestino, o con gobiernos de países árabes y de otras latitudes, en donde domina regímenes reconocidamente despóticos? 
  
La respuesta es muy sencilla: en estos casos aplican la lógica del ex presidente norteamericano Franklyn Delano Roosevelt, quien refiriéndose al dictador nicaragüense Anastasio Somoza decía cínicamente: “es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra”. 

De otra parte, resulta cada vez más preocupante el papel de la ONU, que fue creada, entre otras cosas, para preservar la paz mundial y el entendimiento entre las naciones, y que se ha ido convirtiendo en un instrumento de la política imperial de las grandes potencias, que cuando conviene a sus intereses la utilizan para validar sus agresiones y cuando no, pasan impunemente por encima de ella. 

Por todas estas razones, en mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, dejo constancia de mi condena enfática a la desproporcionada y criminal agresión externa de que está siendo objeto la República de Libia y de mi exigencia de que cesen inmediatamente los bombardeos y demás formas de injerencia en sus asuntos internos, se respete su soberanía nacional y se permita que el pueblo libio pueda decidir libremente su destino.

 

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Saludo de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos a las Mujeres Colombianas “8 de Marzo”: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Es la hora de los DERECHOS HUMANOS de las Mujeres

 

  

Este “8 de Marzo”, cuando miles de mujeres de todo el mundo, ataviadas de múltiples colores y con el alma abigarrada de esperanzas, concurren enjundiosas a participar de la CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES DE BASE, a realizarse en el hermano país de Venezuela, con la decisión inclaudicable de tomar el futuro de la humanidad en el cobijo de sus corazones, en la tenacidad de sus manos y en la tozudez de sus sueños libertarios; la tarea que se impone, es la reivindicación de los DERECHOS HUMANOS DE LAS HUMANAS, que cobran irrefutable vigencia ante los efectos devastadores de la crisis del capitalismo, la globalización de la pobreza, la destrucción del planeta, los anuncios de guerras y la degradación de la dignidad de la vida humana. 

Como lo proclama la convocatoria de esta conferencia, desde siempre las mujeres hemos tenido que pelear permanentemente por nuestros derechos, de tal forma que en estos momentos, la humanidad necesita del compromiso de las mujeres en todo el mundo, para avanzar con pasos firmes hacia la reivindicación de un futuro de solidaridad, justicia, equidad, democracia y felicidad para toda la humanidad, porque somos las mujeres las que sufrimos con particular intensidad los efectos de pobreza, de la violencia, de la explotación y de la guerra.

Como todas conocemos, en esta época se han agudizado las contradicciones y conflictos propios del capitalismo. La expansión de los grandes monopolios hacia todos los confines del planeta, la acción nefasta de las potencias imperialistas que se disputan entre sí los mercados, la hegemonía del poder político, económico y militar, han dado lugar también a la aplicación de políticas y mecanismos de explotación de las clases trabajadoras que buscan someter sin piedad a la inmensa mayoría de países y pueblos, que corajudamente se han levantado en portentosas huelgas que han hecho retroceder la perversidad de tan reaccionarias medidas.

En esta época es más evidente cómo los países imperialistas se apropian de los recursos naturales y de las áreas estratégicas de la economía y, para ello, no dudan en generar conflictos, en invadir naciones y promover guerras entre los pueblos. Son los causantes de los graves daños ecológicos que están destruyendo el medio ambiente y los espacios para la vida, lo que ratifica el carácter rapaz y depredador del imperialismo.

En el marco de esta crisis, millones de mujeres en todos los continentes vivimos en carne propia la pobreza, el desempleo, los trabajos precarios, mal remunerados y sin ningún derecho a la protección social; sufrimos los efectos de la guerra como el desplazamiento, el despojo de nuestras tierras y nuestros territorios y nuestros cuerpos son utilizados como botín de guerra de los actores armados. Nos hace falta agua potable, aire sano, atención integral de nuestra salud, la prevención de la muerte materna y del aborto inseguro y las garantías de acceso a la educación, a una vivienda digna y adecuada, a la recreación y a la cultura.  

La inmensa mayoría de mujeres en el mundo somos doblemente explotadas y oprimidas por el capitalismo, como parte de la clase trabajadora, al mismo tiempo que se nos oprime por nuestra condición de ser mujeres mestizas, negras, pobres, feas o lesbianas; en tanto que el capitalismo, prevalido de la cultura patriarcal, nos sojuzga bajo formas aberrantes de violencia como el tráfico de personas, la pornografía y el comercio de órganos; con lo cual se demuestra el menosprecio de los explotadores capitalistas por la vida humana. Aparte de esto, las mujeres no tenemos decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y la violencia de género, las leyes y costumbres patriarcales, así como las modas y estereotipos difundidos por la cultura dominante afectan directamente nuestras vidas.

No obstante, está creciendo entre nosotras, la conciencia de que la igualdad de las mujeres no es posible por la vía de la igualdad formal o igualdad ante la ley, razón por la cual hemos avanzado en el convencimiento de que debemos luchar por una igualdad real y efectiva de nuestros derechos, desde la perspectiva de losDERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, razón por la cual se ha impuesto la necesidad de un intercambio mundial de experiencias, de cooperación e impulso de acciones de solidaridad, affidamiento y reconocimiento de las luchas que día a día, mujeres sin nombre y sin historia, nos ayudan a luchar por nuestra propia emancipación y por la emancipación de nuestros pueblos, para que un día no muy lejano, alcancemos la realización plena de las necesidades materiales y espirituales de hombres y mujeres, para una convivencia que garantice el trabajo digno, la salud, la educación y el bienestar para todas y todos, puesto que las inmensas riquezas creadas con el trabajo y el esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, hoy solo sirven para satisfacer el insaciable afán de lucro de las multinacionales y del capital financiero especulativo.

Por eso, esta apoteósica conferencia ha proclamado que es el TIEMPO DE LAS MUJERES, que es la HORA DE LOS DERECHOS DE LAS HUMANAS para avanzar en los caminos de la emancipación real y definitiva; porque es el momento de juntar nuestras voces y rebeldías, de tomarnos de las manos para unirnos en la perspectiva de construir una sociedad nueva, sin explotadores ni explotados, en donde los hombres y las mujeres de todos los continentes disfrutemos de nuestro esfuerzo creador en un mundo mejor y posible.

De ahí que este encuentro de mujeres del planeta, reivindicará la herencia revolucionaria de aquellas mujeres que en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague, lideradas por la maestra CLARA ZETKIN, sabiamente proclamaron la celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, en homenaje a las operarias rusas que en 1917 habían iniciado una huelga general contra el hambre, la guerra y el zarismo, que por las exacerbadas condiciones de explotación y opresión, se lanzaron a las calles de Petrogrado sin que la dirigencia varonil hubiese autorizado esta portentosa movilización contra el régimen zarista, inaugurando así la Revolución Socialista de Octubre e imprimiendo el carácter pionero de nuestra lucha política, que en el año de 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró como el DIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ INTERNACIONAL, en reconocimiento al papel que hemos jugado en la conquista de la paz, del desarrollo y en la perentoria necesidad de acabar con la discriminación de género y de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como también garantizar su participación paritaria en los procesos de transformación política y social del mundo.

 

Invito a todas ustedes: Amigas y Compañeras, a que unamos la fuerza de nuestra palabra y el poderío de la sororidad, para interpelar a los poderes instituidos, en el reconocimiento de nuestros DERECHOS HUMANOS que tienen que ver con la búsqueda de la VERDAD, la realización de la JUSTICIA, la profundización de la DEMOCRACIA POLÍTICA y SOCIAL y, especialmente con la búsqueda de la PAZ que ponga fin a la guerra.

 

 

 

Con mi más afectuoso abrazo,

 

 

GLORIA INÉS RAMIREZ RÍOS

Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo

 

 

Bogotá, D.C., marzo de 2011

 

 

Senadora Gloria Inés Ramírez condenó el asesinato de docente de Risaralda

La congresista repudió el crimen de Humberto De Jesús Espinoza Díaz, directivo del Instituto Agrícola de Mistrató desde 1994 y miembro activo del Sindicato de Educadores de Risaralda.

De acuerdo con la legisladora del Polo Democrático Alternativo, el pasado 30 de enero, en la vía que conduce del occidente de Risaralda a Pereira, fue asesinado Humberto De Jesús Espinoza Díaz, por sujetos armados.

“El compañero Espinoza había recibido amenazas en varias ocasiones y de ello se informó a las autoridades, pero los estudios de riesgos que le hicieron arrojaron resultados calificados como ordinarios, por lo que nunca se le brindó la protección que requería”, explicó.

Ramírez anotó que “en días pasados fue víctima de un hecho similar, el educador Manuel Tejada, miembro de la Asociación de Educadores de Córdoba ADEMACOR, lo que demuestra, una vez más, que los supuestos avances en materia de seguridad de los sindicalistas están más en los discursos de los voceros del Gobierno que en la realidad”.

“Al tiempo que condenamos este execrable crimen, les hacemos llegar a los familiares del compañero Espinoza Díaz, a sus allegados y al Sindicato de Educadores de Risaralda nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad”, subrayó.

La senadora dijo: “Demandamos de las autoridades judiciales el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables y exigimos del gobierno medidas eficaces y oportunas para preservar la vida e integridad de los sindicalistas y garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical”.

 

 

Los delitos del DAS, en camino hacia la impunidad

 

La salida del país de la Ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y su posterior asilo en la República de Panamá ha provocado la indignación de los distintos sectores democráticos del país. Prácticamente todos censuraron al gobierno panameño por la decisión de otorgarle asilo, algunos culpan a la Fiscalía General de la Nación por su lentitud y no faltan los que aseguran que detrás de todo está el Ex presidente Uribe, quien repite una y otra vez en sus mensajes por twitter que nunca ordenó interceptaciones y seguimientos ilegales.

En medio de la proliferación de puntos de vista sobre este execrable suceso, resulta conveniente recordar algunos hechos que ponen de presente el afán del gobierno anterior de entorpecer las investigaciones y amparar con la impunidad a los acusados de diversos delitos, utilizando para ello el servicio diplomático o las extradiciones.

Salvador Arana, sindicado de paramilitarismo y condenado por el asesinato del Alcalde de El Roble (Sucre), estuvo como Embajador en Chile; Jorge Noguera, Ex director del DAS, quien actualmente se encuentra encarcelado, fue Cónsul de Colombia en Milán (Italia); el Ex ministro Sabas Pretelt, sancionado por la Procuraduría por la “Yidispolítica” y procesado penalmente por la Fiscalía, estuvo como Embajador  en Italia; Juan José Chaux, Ex gobernador del Cauca, encarcelado por paramilitarismo, fue nombrado Embajador en República Dominicana, a donde no pudo viajar por sus problemas con la justicia; el General Mario Montoya, actual Embajador en República Dominicana, está señalado por los paramilitares de ser uno de sus colaboradores, y, como una demostración de la continuidad de la política del anterior gobierno, el Presidente Santos nombró como Embajador de Colombia en Italia a César Mauricio Velásquez, implicado en las interceptaciones ilegales hechas por el DAS.

Además, hay que tener en cuenta que el gobierno de Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares y, como consecuencia, hasta ahora se ha imposibilitado que confiesen la verdad sobre sus crímenes y, en especial, sobre sus relaciones con los financiadores y patrocinadores del paramilitarismo.

En tales condiciones, resulta altamente sospechoso que una persona que por el cargo que desempeñó debe saber muchas cosas y que está acusada de graves delitos, termine en el exilio, como una manera de ponerse fuera del alcance de la justicia y frustrar cualquier posibilidad de que se conozca la verdad. A propósito, sería muy conveniente que las autoridades investigaran qué relación puede haber entreeste hecho y los repetidos viajes del Ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, precisamente a Panamá, según información publicada por Noticias Uno en su edición del 21 de noviembre del año en curso.

En nuestra opinión, el asilo de la Ex directora del DAS no obedece simplemente a una decisión aislada e individual, sino a un plan para evadir la responsabilidad y asegurar la impunidad para los más altos autores intelectuales de las actuaciones criminales cometidas por el DAS.

En consecuencia, esperamos que el gobierno y la justicia actúen con la debida diligencia para impedir que continúe la impunidad y para que los responsables intelectuales y materiales de tantos y tan graves delitos no se sigan burlando del país.

 

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