Universidad de los Andes

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Dic 2011 07

Unos 600 mil trabajadores no tendrán que cotizar al Sistema General de Pensiones

 

Mediante el Decreto 4465 del Ministerio de Salud, aquellos colombianos, cuyos ingresos sean inferiores o iguales a un salario mínimo, solo tendrán que realizar sus aportes a salud.

Tras la solicitud hecha por elsenador Jorge Ballesteros Bernier (Partido de la U), el ministro de Salud y Protección Social expidió el decreto que amplía el plazo para que trabajadores independientes no tengan que cotizar a pensión, prorrogando así hasta el 30 de junio el beneficio que les otorga la Ley 1250 de 2008, la cual únicamente los obliga a cotizar a salud. 

La buena noticia para los trabajadores independientes quedó consignada en el Decreto 4465 de 2011, firmado por el ministro Mauricio Santamaría, luego de que así se lo solicitara el senador Jorge Ballesteros desde elCongreso de la República.

La norma establece que aquellos colombianos, cuyos ingresos sean inferiores o iguales a un salario mínimo, no estarán obligados a cotizar al Sistema General de Pensiones. Este beneficio se extiende hasta el 30 de junio de 2012. Dichos trabajadores sólo deberán aportar al sistema de Seguridad Social en Salud a través de la llamada Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA.

No obstante, en su artículo 2o, dicho decreto establece que vencido el plazo previsto, estos trabajadores podrán optar por tres caminos: uno, mantener su afiliación en el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud; dos, afiliarse al Régimen Subsidiado, caso en el cual tendrán que afiliarse y pagar la cotización al Sistema General de Pensiones; o tres, ingresar al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.

Así mismo, según este decreto, las EPS estarán obligadas a suministrar al Ministerio de Salud y Protección Social el listado de los trabajadores inscritos en el Registro de Independientes de Bajos Ingresos.

Las cifras oficiales indican que, en promedio, mensualmente 600 mil personas, que cotizan como independientes, pagan aportes al régimen contributivo de salud, por valor cercano a los 42 mil millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos anuales.

Para el senador Ballesteros el nuevo decreto constituye el mejor regalo de Navidad para miles de trabajadores que corrían el riesgo de ver menguados sus ingresos al obligárseles a cotizar a pensión.

Prensa senador Jorge Ballesteros



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Ago 2011 17

Proyecto de ley pone fin al poder de las EPS

La iniciativa radicada esta semana por el senador Jorge Ballesteros crea el Fondo Central de Salud y redefine funciones de las EPS, que se llamarán Entidades Especializadas en Gestión de la Salud.

Si prospera este proyecto de ley, radicado en el Senado de la República por el congresista los días de las EPS están contados y nacerían las Entidades Especializadas en Gestión de la Salud, las cuales tendrían labores más de tipo administrativo. Entretanto, el control de los recursos quedará en manos del Gobierno.

 

La propuesta del senador Ballesteros (Partido de la U) consiste en limitar el poder que las Empresas Promotoras de Salud han tenido desde cuando fueron creadas por la Ley 100 de 1993, pues a su juicio “éstas han jugado un papel importante en la crisis que hoy enfrenta el sistema de salud colombiano por cuenta de la posición dominante de la que han gozado en sus casi 20 años de existencia”.

 

Según el congresista, esta crisis se acentuó aún más tras hacerse públicas las millonarias deudas que las EPS sostienen con la red pública hospitalaria, situación que amenaza con llevar a la quiebra a muchos hospitales del país.


Ballesteros propone una figura denominada Administración Regulada, mediante la creación de un fondo especializado en el manejo de los recursos (Fondo Central de Salud), que se encargará del recaudo y administración de los recursos, así como de efectuar los pagos a la red de prestadores (IPS) y de la gestión del riesgo financiero. Dicho fondo funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, sin personería jurídica ni planta de personal propia, como sucede en la actualidad con el Fosyga.

 

“El nuevo fondo tendrá a su cargo el manejo financiero de los recursos del sistema y del Régimen Contributivo como subsidiado, eliminando intermediarios innecesarios, con el objetivo de lograr un flujo de recursos eficiente, lo cual fortalecerá al sistema y generará mayor confianza entre los actores del mismo”, explicó el senador.

 

Cambio de rol a las EPS

 

De acuerdo con el proyecto de ley, las EPS pasarían a convertirse en Entidades Especializadas en Gestión de la Salud, cuya tarea primordial será la de evaluar los resultados de los Programas de Promoción y Prevención y adelantar la estrategia de Atención Primaria en Salud.

 

En consecuencia, estas nuevas EPS tendrán a su cargo tareas específicas, como promover la afiliación de la población a los regímenes contributivo y subsidiado, remitir al Fondo Central de Salud la información relativa a la afiliación y sus novedades, organizar las Redes Integradas de Atención, que faciliten a los afiliados el acceso a los servicios de salud en todo el territorio nacional y definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

 

También deberán efectuar la auditoría médica y de cuentas, y formular las respectivas glosas a las IPS, con el fin de garantizar la procedencia y correcta facturación de los mismos, autorizar los pagos a las IPS por los servicios prestados y a las entidades territoriales por las acciones de Promoción y Prevención de acuerdo con metas específicas de los Planes de Salud y evaluaciones de cumplimiento.

 

Asimismo, en esta redefinición de roles, a las nuevas EPS les corresponde efectuar los estudios epidemiológicos y de resultados en salud de su población afiliada, velar porque la Red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud apliquen efectivamente la referencia y la contrarreferencia, facilitar la movilidad de un régimen a otro cuando el afiliado lo requiera, efectuar seguimiento a los afiliados y usuarios de los servicios de salud para que cumplan con sus deberes de autocuidado, cuidado de la salud de su familia y establecer procedimientos para controlar que los servicios prestados por parte de las IPS, se brinden en forma integral, eficiente, oportuna y con calidad.

 

Deben igualmente evaluar los resultados en salud, de acuerdo con la prestación de los servicios y el contenido del Plan de Beneficios, evaluar los resultados de los Programas de Prevención y Promoción actualizar, custodiar, y tener a disposición del afiliado su historia clínica, para facilitar su atención en todo el territorio nacional.

 

Finalmente, el senador Jorge Ballesteros destacó que, con la puesta en funcionamiento del Esquema de Administración Regulada y con las EPS (ahora convertidas en entidades que gestionen la salud), no se requerirá la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, pues esto se hará con los mismos recursos que financian el Sistema, con lo cual se lograría además disminuir los costos de administración, mejorar la prestación de los servicios en salud y así garantizarles a los colombianos de manera eficaz el derecho fundamental a la salud.

 

 

Prensa senador Jorge Ballesteros

 

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May 2011 04

El país, ¿con o sin parteras?

 

Entre el universo de revelaciones de la Encuesta Nacional de Salud 2010 (Ends) hay una que sorprende: que la labor de las parteras ha disminuido en casi un 50% entre el 2005 y el 2010, dado que el número de partos asistidos por estas personas pasó de 5,7% a 2,9%.

Esta cifra permite concluir que la llamada cobertura universal (número de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud) se incrementó en 19 puntos: pasó de 69% en el 2005 al 88% en el 2010, de lo que se podría inferir que más mujeres pudieron gozar del derecho a traer bebés al mundo asistidas por un profesional de la medicina.

Sin embargo, ese 12% de población no cubierta por el sistema explicaría el hecho de que para muchas mujeres sea difícil la atención de sus embarazos en los centros de salud.

Y, a lo mejor, esa población estaría formando parte del grupo que todavía debe acudir a los servicios de una partera. A su vez, la existencia de estas matronas o comadronas, como también se les conoce, puede obedecer a otro hecho concreto: las dificultades de acceso a la salud por vivir en zonas apartadas.

De hecho, los indicadores de la misma Ends 2010 muestran que en los departamentos de Chocó, Cauca y Amazonas, la proporción de parteras durante el parto es de 19,1%, 15,2% y 12,7% respectivamente .

Según la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, se denomina partera a una mujer que sin tener estudios ni formación en instituciones técnicas o universitarias, atiende a mujeres en embarazo y neonatos de acuerdo con conocimientos que corresponden al saber ancestral transmitido de generación en generación.

En respuesta a esa realidad, el Congreso quiere dotar a estas mujeres de herramientas y preparación para desempeñar su labor idónea y eficientemente, reconocida dentro del Sistema Nacional de Salud. Este propósito está consignado en el proyecto de ley 019 de 2009.

No obstante, y luego de un sesudo análisis a esta propuesta, en mi doble condición de médico y legislador, considero que debería preverse la posibilidad de que las parteras tengan acceso a educación no formal y se les otorgue, posteriormente, una certificación oficial para el desempeño de su labor.

Además, de una remuneración económica por la tarea prestada, de acuerdo con los criterios que fije el Ministerio de la Protección Social.

Sería la manera eficaz de prevenir y mitigar el alto índice de mortalidad de madres, quienes no reciben ni una atención primaria en salud, por residir en lugares francamente remotos.

Los cursos básicos sobre esta área pueden ser llevados a cabo por cuenta de las mismas entidades que así lo requieran, llámense EPS, IPS o ESEs; las cuales dentro de sus catálogos de servicios podrán promover ese servicio tradicional.

Pero la ley debe dejar claras dos obligaciones: que la partera tradicional remita a la madre embarazada para evaluación médica, cuando considere que el embarazo o el parto son de alto riesgo, y que ninguna esté facultada para prescribir o formular medicamentos farmacéuticos, toda vez que esta potestad la ejercen los médicos.

 

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Abr 2011 28

Senador Ballesteros propuso fórmula para garantizar fase II del Proyecto Ranchería

 

 

  • El Senador Jorge Ballesteros Bernier le pidió anoche  al Congreso, de manera pública, asignar por ley, el 5% de las utilidades que genera el complejo Cerrejón Zona Norte para culminar la construcción del Proyecto Multipropósito del Rio Ranchería. “Hay voluntad política para que ésta  sea eventualmente una de las fuentes para financiar la obra”, afirma el congresista.

 

La solicitud del senador Jorge Ballesteros fue entregada anoche  a la mesa directiva del Senado mediante una proposición, para que sea incluida en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2011.

Con esta propuesta se garantizará que el 5% de las utilidades operacionales por la explotación de carbón Cerrejón Zona Norte entre  2011 y 2016 tenga como destino la culminación y puesta en marcha del Proyecto Multipropósito del Río Ranchería.

Recordó Ballesteros que en 1999, durante la Presidencia de Andrés Pastrana Arango, se firmó la prórroga de dicho contrato por 25 años más, hasta 2024, y en contraprestación el operador debe reintegrar a la Nación el 5% de sus Utilidades Operacionales Anuales.

Para la culminación del proyecto se requiere adelantar la denominada Fase II, que consiste en la construcción de los Distritos de Riego de Ranchería y de San Juan del Cesar, con  una inversión calculada en  $450.000.000.000. Con la propuesta del Senador, se recogerían al menos 97 mil millones de pesos anuales, cálculo que surge a partir de las utilidades reportadas por Cerrejón Zona Norte en años anteriores.

Por otra parte, se ha pretendido que la segunda Fase se adelante con recursos de los propietarios de los predios beneficiados  con el proyecto. Sin embargo, para el Senador esto conllevaría a la pérdida de sus parcelas, “al no tener la capacidad económica suficiente para atender las obligaciones derivadas de un esquema de financiación de tal naturaleza”.

            Finalizó su intervención ante la Plenaria del Senado enumerando algunas bondades de la obra. “La región, el departamento y el país tendrían un volumen de productos agrícolas cercanos al millón de toneladas de alimentos para fortalecer la seguridad alimentaria del país, con un nivel de exportación del 70%, además de la generación de al menos 11 mil puestos de trabajo, de los cuales se beneficiará la población indígena”, dijo.



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Abr 2011 14

Congreso respalda proyecto de ley que favorece construcción de la via Uribia – Puerto Bolívar

La iniciativa, cuyo autor es el senador Jorge Ballesteros, Bernier garantizaría recursos por 2 millones de dólares anuales, los cuales  se utilizarán además para el mantenimiento de la vía de acceso al puerto. 
 
Esta semana la Comisión Segunda del Senado le dio total respaldo al proyecto de ley del senador Jorge Ballesteros mediante el cual se propone  incluir la vía de acceso a Puerto Bolívar, en La Guajira, como una de las beneficiarias de las contraprestaciones que la Nación recibe por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público de Puerto Bolívar y la Infraestructura instalada.

Se trata del Proyecto de ley número 140 de 2010 Senado, por la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 856 de 2003.           

“Con esta propuesta garantizaríamos al municipio de Uribia recursos para destinarlo a la construcción y mantenimiento de la vía Uribia – Puerto Bolívar por valor de 2 millones de dólares anuales”, dijo hoy el congresista, quien afirmó que este primer paso que dio la iniciativa fue producto del apoyo recibido por el colega Juan Lozano, quien actuó como ponente, y lo será también en el segundo debate en Plenaria.
           

 “No hacerles mantenimiento a las vías de acceso a los puertos puede ocasionar accidentes, encallamientos, restricciones de acceso y como consecuencia sobrecostos y desvíos de tarifas de tráfico a puertos de la región, afectando la economía nacional y la competitividad de los puertos colombianos”, fue uno de los principales argumentos del ponente en defensa del proyecto de ley del senador Ballesteros.  Agregó que de nada sirve contar con puertos eficientes si las vías de acceso a ellos no son adecuadas, lo que sin duda causa sobrecostos en los fletes generando un incremento en la operación de transporte de las cargas.


El senador Ballesteros recordó que Puerto Bolívar recibe barcos hasta de 180.000 toneladas de peso muerto, con 300 metros de eslora y 45 metros de manga. Su canal navegable tiene 19 metros de profundidad, 225 metros de ancho y cuatro kilómetros de largo. Las instalaciones principales del puerto son: la estación de descargue del tren, tres apiladores-reclamadores y el cargador lineal de barcos que deposita el carbón en las bodegas de los buques. La rata anual promedio de cargue actual es de 5.900 toneladas por hora con picos hasta de 9.000 toneladas por hora. El puerto cuenta, además, con un muelle de suministros para recibir barcos hasta de 30.000 toneladas, con maquinaria, repuestos, combustibles y otros materiales para la operación minera.

Tags: Ballesteros La Guajira Puertos Vías



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Abr 2011 08

La Guajira se raja en Nutrición

La Guajira sigue presentando diferencias marcadas con relación a los promedios nacionales en indicadores de salud. Uno de los más preocupantes es precisamente el de mortalidad infantil, en 2005 la tasa de mortalidad para los niños menores de 5 años en Colombia era de 26 niños por cada mil, en 2010 el promedio nacional bajó a 22 niños por cada mil. En La Guajira, las cifras distan alarmantemente, en 2005 por cada mil niños morían 43, para 2010 en lugar de disminuir, la tasa aumentó a 50 niños por cada mil. Esto es una cifra temible sobre la cual hay que tomar acciones inmediatas y sostenibles que permitan mejorar la situación de salud de los niños menores de 5 años y garantizar su derecho a la vida.

En materia de nutrición, es verdaderamente vergonzoso tener que portar el título del departamento con más alto nivel de desnutrición global en el país y uno de los más altos en América Latina. Mientras a nivel nacional ese índice en 2010 es del 3.4%, en La Guajira es de 11.2%, llevándole casi el doble al segundo departamento que es Magdalena con el 6.8% y Chocó con 6.3%. Alarmante: La Guajira es el departamento donde hay más niños con peso inferior a la edad.

En desnutrición crónica los resultados también son bochornosos, l27.9%, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, es decir “nos ganaron” sólo Vaupés y Amazonas. Sumado a esto encontramos que el índice de desnutrición crónica para 2005 fue de 24.7%, lo que es inconcebible si se tiene en cuenta toda la plata que dice el gobierno departamental haber invertido en su programa bandera La Guajira sin jamushiri: más de 16 mil millones de pesos en el 2010, sin contar la inversión reportada en años anteriores.

No hay derecho, no es justo que en La Guajira 28 de cada 100 niños presenten desnutrición crónica, cuando según reporta el ICBF en 2010 se invirtieron alrededor de 49 mil millones de pesos en programas para superar esa condición.

Revisando estas cifras, nos surgen otras preguntas: ¿Cómo es posible que con toda la inversión que se reportó para 2010, más de 56 mil millones de pesos, los resultados sigan siendo los mismos y hasta peores?, ¿A quiénes les llegan los recursos, porque la realidad mostrada por la última Encuesta Nacional de Salud, lo que indica es que la gente en La Guajira se muere de hambre y que los niños más desnutridos de Colombia se encuentran en este departamento?.

 

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Tags: Guajira Alimentación Derechos humanos Desnutrición Indicadores Mortalidad infantil Niños Nutrición Salud



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Mar 2011 10

Perdemos con las regalías

 

"Es irónico que, mientras el Congreso de la República aún no ha aprobado la reforma del sistema de regalías, el gobierno esté anunciando ya, con bombos y platillos, los megaproyectos que se financiarán con esos recursos".

A tiempo que el país parece celebrar el llamado boom minero-energético (recordemos que las reservas de carbón de La Guajira se estiman en 100 años), seguimos expectantes  del destino final de los  dineros que la nación recibe  por explotación de sus recursos.

Es irónico que, mientras el Congreso de la República aún no ha aprobado la reforma del sistema de regalías, el gobierno esté anunciando ya, con bombos y platillos, los megaproyectos que se financiarán con esos recursos.

De hecho, el pasado 9 de febrero, la Región Pacífico se convirtió oficialmente en la primera en Colombia que tendrá estructurados los proyectos a financiar con el nuevo sistema de regalías, según anunció del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri ante los gobernadores del Valle, Cauca, Nariño y Chocó.

Hasta el cansancio, defenderemos el derecho de los guajiros y cesarenses a recibir el beneficio directo de las regalías del carbón, porque esos recursos benefician cuatro sectores claves para su desarrollo: educación, salud, infraestructura y nutrición.

El primer afectado es el sector educativo que, en el caso de La Guajira,  dejará de recibir cerca de 18 mil millones de pesos si se aprueba el acto legislativo 013 que cursa en el Congreso, lo que significa que miles de nuestros niños y jóvenes no disfrutarán ya más de la gratuidad y, por si fuera poco,  el mejoramiento de la educación entrará en lamentable estancamiento.

Suena contradictorio si nos atenemos a un documento del propio Departamento Nacional de Planeación, que proyectó  la agenda interna para la productividad y la competitividad: “La Guajira, en los próximos 15 años, será un centro minero, industrial, agropecuario y comercial del Caribe colombiano, posicionado internacionalmente como una oferta nacional exportable, articulado al resto del país. Compuesto por una sociedad productiva y competitiva con liderazgo internacional y habitada por ciudadanos que gozarán mejor calidad de vida”.

Se pregunta uno si tanta belleza podrá ser realidad, en medio de la crítica situación social de La Guajira, particularmente la situación de pobreza y pobreza extrema que afecta al mayor porcentaje de la población, sin contar que los indicadores sociales lo tienen, lamentablemente, liderando las tablas de Necesidades Básicas Insatisfechas.

El presidente Santos, en plena campaña presidencial, el 29 de abril, en el centro de convenciones Anais Mai fue claro al señalar que si llegaba a la Casa de Nariño destinaría  el diez por ciento de las regalías al sector de la educación.

Hay que reseñar aquí los cuestionamientos que hace en su último número la revista Supuestos de la Universidad de los Andes por el aporte social que ha venido cumpliendo El Cerrejón en el tiempo de operaciones en territorio guajiro. “…se ha criticado al Cerrejón por generar insuficiente participación nativa en la fuerza laboral…. a pesar de que casi la mitad de la población del departamento es indígena, se calcula que sólo el 1% de los trabajadores lo son… sólo el 10% de las compras y contratos que ejecuta el proyecto anualmente tienen lugar en el país, y sólo el 1% en La Guajira”.

Adicionalmente, cabe recordar  los requerimientos hechos por la Universidad de La Guajira contra Cerrejón Zona Norte y Carbones Colombianos del Cerrejón por incumplimiento de la Ordenanza número 065 del 2.002 (Estatuto de Rentas Departamental), que obliga a dichas empresas a pagarle a ésta  el 2% de los contratos suscritos, actitud que afecta directamente la calidad de la  educación superior que se imparte en el alma máter.

¿Qué hacer entonces? Es  necesario que gobierno y autoridades locales, y por qué no, la misma academia, tracen la ruta que debiera seguir nuestra región para garantizar que las reservas de carbón, traigan no sólo progreso para la empresa privada que tiene el privilegio de explotarlo, sino condiciones sociales en niveles decorosos para los habitantes.

 

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Tags: Departamento Nacional de Planeación Juan Manuel Santos Región Pacífico Boom minero Educación Infraestructura Megaproyectos Regalías Salud



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