El alto precio de los medicamentos

"Poco se hace al respecto por parte de la comisión encargada de regular los precios de los medicamentos": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

La semana anterior, el día 13 de febrero de 2012, en el diario El Tiempo, el reconocido periodista y escritor Juan Gossain, escribió un artículo que tituló "En Colombia es más barato un ataúd que un remedio". Dio a conocer datos impresionantes del costo de los medicamentos en Colombia que, hacen pensar que son los más caros del mundo.

Don Juan, entre otros datos, nos informó que una caja de 30 tabletas de 10 miligramos del medicamento Norvas, para prevenir la presión arterial cuesta en Colombia $238.000, mientras que en Venezuela, hecha la conversión, tiene un valor de $26.000; una pastilla de Singulair, fármaco inglés contra alergias, asma y rinitis, vale en nuestro país $6.972, cuando en Quito su costo es de $3.960; Una caja de 14 pastillas de 75 miligramos del medicamento Plavix, que se utiliza para prevenir los infartos, según el reporte de Don Juan, cuesta en Colombia $170.300, pero en Venezuela vale $55.300.

Vale la pena anotar aquí, que los dos países vecinos, entre otros suramericanos, por mandato de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, son referentes obligatorios que se deben tener en cuenta para controlar los precios de los medicamentos en Colombia.
Sin embargo, poco se hace al respecto por parte de la comisión encargada de regular los precios de los medicamentos.

Según un estudio realizado por Health Action Internacional, en el año 2009, se afirma, entre otras cosas: "después de recoger datos de 93 países para comparar el precio del Ciprofloxacino, un antibiótico de uso común, se encontró que este oscila entre una media de US$31 en China hasta US$131 en Colombia, y continua el estudio en referencia: "Norepinefrina, cuyo precio al salir del laboratorio es de $41.134, pero ante el Fosyga se han presentado recobros por $195.571, por su parte, la Amicacina, cuyo precio en el mercado es de $1.029, pero al Fosyga se lo cobran a casi $20.000".

Los costos que paga el Fosyga por los recobros de medicamentos, cuyo precio es excesivo, lo pagamos todos los colombianos, no habiendo presupuesto que alcance para tal fin.

El impacto en la salud de la población, de los altísimos precios de los medicamentos es devastador, son costos inalcanzables, para el común de la gente, lo que a la postre produce el deterioro irremediable del paciente y no pocas veces la muerte prematura.

Ante esta situación calamitosa para todos los compatriotas, ¿por qué el Gobierno nacional no toma medidas radicales que contarán con el respaldo popular y, acaba con los excesos en los precios de los medicamentos?

Por ejemplo ¿Por qué no incluye en el régimen de libertad regulada una lista más amplia de medicamentos que cubran la mayoría de las enfermedades que causan estragos a la población colombiana? O ¿Por qué no se hace una investigación exhaustiva para llevar al régimen de control directo, los medicamentos que hayan ingresado al régimen de libertad regulada y su precio unitario se encuentre por encima de su precio de referencia?

Y si hay necesidad de cambiar las condiciones de ingreso de los medicamentos a estos regímenes, con el fin de tener un control mayor sobre sus precios ¿por qué no se hace? Estas medidas la Comisión Nacional de precios de medicamentos las ha tomado a través de circulares, como por ejemplo las consignadas en las circulares 04 de 2006, 01 de 2009 y 001 de 2011.

La Comisión Nacional de precios de medicamentos la integran, el ministro de Protección Social, el ministro de Industria y Comercio y un delegado del Señor Presidente de la República, son ellos responsables de la regulación y control de los precios de los medicamentos en Colombia.

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Tasa de intervención, equilibrio complejo

Como siempre sucede, cuando el Banco de la República toma decisiones para fijar la tasa de interés, se genera una cascada de opiniones, unas a favor y otras en contra de la medida, pues una decisión que afecta el ritmo económico no puede pasar inadvertida, sobre todo porque en los últimos años hemos logrado estabilidad económica, control de la inflación y un crecimiento sostenido. Afortunadamente quedaron atrás días amargos para la economía, como cuando en abril de 1995, la tasa de intervención fijada por el Banco de la República fue de 45%, en marzo de 1996 se fijó en 35% y en noviembre de 1998 en 30%. Estos días y estas medidas producto de la crisis política quedaron atrás.

Sin embargo hace aproximadamente dos años, en mayo de 2010, la tasa de intervención de la política monetaria estaba en 3% y hace un año en 3,25%.

Los efectos de esas tasas bajas se hicieron sentir, abundo el crédito y por supuesto la inversión, se dinamizo la economía, se disparó la actividad de la construcción y aumento el consumo en todos los órdenes, la gente se endeudo más de lo corriente, se crearon nuevos puestos de trabajo, bajó el desempleo y el dólar que iba en picada repunto de nuevo.

También hubo efectos contrarios, creció la inflación y se dispararon los precios de los activos, especialmente de los inmuebles, como las viviendas y los locales comerciales. Sin duda estos últimos aspectos incidieron de manera decisiva en la determinación del Banco de la República de elevar a 5% la tasa de interés, buscando asegurar un crecimiento sostenido y reducir la inflación.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por parte de los empresarios e industriales quienes aducen que elevar la tasa de interés produce gran revaluación del peso lo que afecta las exportaciones colombianas porque las encárese y las saca de la competencia. Argumentan también que un dólar barato como es lógico, se traduce en menos pesos para los exportadores cuyos gastos de producción aumentan porque las cargas laborales se elevan cada año. A raíz de este fenómeno, los floricultores aseguran que han tenido que despedir aproximadamente 20.000 empleados y en la misma dirección se expresan los bananeros y los caficultores.

Los industriales, se oponen al alza de la tasa de interés porque dicen que esto abarata el dólar, por la entrada de importantes capitales que ven atractiva la rentabilidad en pesos. Aducen también que un dólar barato se presta para inundar al mercado de importaciones  que, vienen a competir con productos hechos por la industria colombiana, lo que destruye puestos de trabajo.

Los propios comerciantes a quienes en principio les favorece un dólar barato han dicho a través de su presidente, Guillermo Botero, que la revaluación, al destruir puestos de trabajo afecta la capacidad de consumo, lo que disminuye sus ventas.

Como podemos ver, el tema de la tasa de intervención monetaria que maneja el Banco de la República es un asunto complejo que, incide en muchos aspectos como: el control de la inflación que es la prioridad del Banco de la República por mandato constitucional; la revaluación, el dinamismo de la economía, el empleo, entre otros.

Lo que es real, es que muchos de los efectos negativos serian menores, si Colombia modernizara su infraestructura en vías, ferrocarriles y aeropuertos porque, sería más competitiva en los costos de producción y de exportación, habría menos importaciones, tendríamos más seguridad alimentaria y más empleo, la inflación sería menor, el país tendría más polos de desarrollo, habría más equidad. Unido a estos propósitos, si el estado logra derrotar la subversión y la corrupción, se habrá despejado aún más el horizonte.

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Enormes Desafíos

"La cantidad de exportaciones de materias primas producto de la minería suben por el ascensor, mientras que las de las manufacturas van por la escalera": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Problema mayúsculo sigue siendo el desempleo en Colombia, así durante los últimos tres trimestres del año 2011 la tasa se haya reducido y mantenido en un digito (9,8%).

Estos datos incluyen la informalidad de miles de personas independientes y de otras dependientes que no reciben un salario mínimo con todas las prestaciones laborales que exige la ley, componentes esenciales que al no existir hacen más difícil la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

De acuerdo a un último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el Panorama Laboral 2011 de América Latina y el Caribe, nuestro país tiene índices superiores de desempleo urbano a casi todos los demás países de América Latina.

El informe que comprende el periodo de Enero a Octubre del 2011, consagra estos porcentajes de desempleo urbano: México 6,1%, Jamaica 12,6%, República Dominicana 5,6%, Costa Rica 7,7%, Panamá 5,4%, Venezuela 8,6%, Colombia 11,8%, Ecuador 6,3%, Perú 8,0%, Brasil 6,2%, Chile 7,3%, Paraguay 7,5%, Argentina7,3% y Uruguay 6,4%.

También destaca el informe que Colombia tiene la tasa de desempleo juvenil más alta, 21,8% frente al promedio regional de 14,9%, al igual que una tasa de desocupación mayor en mujeres, 14%, frente a 8% en los hombres. En este último dato, dice el informe, incide mucho el empleo generado por las actividades de la construcción que emplea mayormente mano de obra masculina.

Ante este panorama, es más preocupante la situación económica de crisis que golpea a Estados Unidos y a los países de Europa, agobiados por sus déficits fiscales. Estos, nuestros mayores compradores tendrán un crecimiento muy leve en 2012, lo que incidiría en el ritmo de las compras a sus socios comerciales, y por supuesto, en la generación de empleo de estos.

De ahí la importancia para Colombia de abrir nuevos nichos de mercados en los países del Asia como China, India, Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y otros, cuyas economías crecen a tasas económicas superiores que las de los socios industrializados, e inclusive, que las de los llamados países emergentes como el nuestro.

Bajar los costos de producción en Colombia es indispensable para que nuestras exportaciones, especialmente, las manufacturas sean más competitivas siendo unos de los requisitos para lograr este cometido la modernización rápida de la infraestructura vial, la construcción de dobles calzadas para reducir los tiempos de transporte terrestre y la modernización de los puertos para hacer más eficientes el cargue y descargue de las mercancías.

La modernización y la construcción de nuevas redes férreas es absolutamente necesario para ganar en volumen de carga y disminuir el costo del transporte de la misma. Disminuir el costo de producción de las manufacturas es indispensable para competir y hacer frente a la revaluación del peso, producto de la avalancha creciente de dólares que están ingresando al país, no por las exportaciones de manufacturas, como por ejemplo, los textiles, sino por concepto de las exportación de materias primas mineras como el petróleo, el níquel, el carbón y el oro.

El ingreso creciente de dólares, producto de la concentración de exportaciones de hidrocarburos y metales, revalúa al peso. Este último fenómeno reduce la cantidad de pesos que reciben los exportadores de alimentos y manufacturas, al cambiar las divisas, viendo sus ingresos en pesos disminuidos a la hora de pagar salarios y prestaciones sociales, los que crecen año a año.

Y esto es lo que viene sucediendo porque, la cantidad de exportaciones de materias primas producto de la minería, suben por el ascensor, mientras que las de las manufacturas van por la escalera.

Un dólar barato, estimula también las importaciones de todo tipo de manufacturas que compiten con las producidas en Colombia, máxime si provienen de países que tradicionalmente, como China, tienen mano de obra más barata, una infraestructura modernísima en vías y puertos, altos niveles de tecnología y producen y exportan a gran escala.

Este panorama es parte de lo que enfrentamos sin contar otros factores que golpean, especialmente, al campo, como la inseguridad y la violencia. Hemos mejorado en muchos aspectos. Sin embargo, el reto sigue siendo mayúsculo.

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Adquirir vivienda, cada vez más lejano

El alza en el costo de la vivienda nueva viene superando porcentajes que hace tiempo no se daban y alertando una burbuja en los precios de la vivienda que, en nada convienen a la economía del país.

Varias son las causas de este fenómeno: la demanda por vivienda ha venido superando la oferta de la misma, así se desprende del crecimiento del crédito hipotecario que asciende a 20% real anual según comentario económico de ANIF, del 24 de Noviembre del presente año, el alza en las tasas de interés del Banco de la República que se transmiten a la banca comercial, y la insuficiencia de subsidios para la adquisición de vivienda hasta 170 millones de pesos, son factores que influyen en el incremento de los costos.

Según el comentario económico de ANIF, “la actividad edificadora ha continuado expandiéndose dinámicamente: despachos de cemento (+13% anual); metraje de licencias aprobadas (+58% anual) y crédito hipotecario (+13% real anual)”. Una señal de que la demanda por vivienda ha estado superando la oferta disponible, se refleja efectivamente, en tendencias alcistas en los precios, donde, por ejemplo, el indicador de vivienda nueva (del DANE)  se ubica por encima de su media histórica.

Es bueno tener en cuenta también que los diferentes incrementos en los precios de la vivienda nueva difieren de acuerdo al área urbana ­y a los estratos socioeconómicos que se analizan pues, en algunas ciudades del país el incremento ha sido mayor que en otras, tal como se desprende de una investigación del DANE, publicada el 16 de septiembre del 2011.

Analizados los últimos cuatro trimestres, el índice de precios de vivienda nueva para cada uno de los municipios que cubre la investigación es el  siguiente: En Barranquilla, en ese lapso que comprende un año, para el estrato bajo, el incremento fue negativo -0,92%, en cambio la vivienda nueva para el estrato medio aumentó en un 20,07% y, el precio de la vivienda nueva para el estrato alto aumentó en 13,42%.

En Bogotá, el precio para la vivienda nueva del estrato socioeconómico bajo aumento en 12,47%, para el estrato socioeconómico medio aumento 10,25% y, para el alto 11,06%.

En Armenia, el precio de la vivienda nueva aumento para el estrato bajo 3,42%, para el medio 21,52% y para el alto 10,43%.

En Medellín el aumento de costos de la vivienda nueva para el estrato bajo fue de 11,90%, para el medio 3,76% y para el alto 11,33%.

En Bucaramanga, aumento el costo de la vivienda nueva para el estrato socioeconómico bajo en 2,76%, el aumento para el estrato medio fue de 9,65% y para el estrato alto fue de 5,80%.

En Cali, el comportamiento de los costos de vivienda nueva fue durante el periodo anual analizado de, un alza del 11,25% en los precios de vivienda para estrato bajo, -3,31% para estrato medio  y 5,58% para el estrato alto.

En Pereira, durante el periodo anual  analizado, el precio de la vivienda para estrato bajo aumento 5,88%, para estrato medio 2,93% y para estrato alto 0,22%.

De los datos observados, se puede deducir que el incremento anual en el costo de la vivienda nueva difiere de una ciudad a otra y de un estrato a otro, presentándose alzas en casi todos los estratos socioeconómicos de las ciudades analizadas que, se ubican en las diferentes regiones del país.

Se puede concluir entre otros efectos que, a raíz de  incrementos de la vivienda nueva, para los colombianos cada vez será  más difícil adquirir vivienda propia, lo que ratifica el análisis hecho por  ANIF que expresa: “ a septiembre de 2011, los hogares de menos ingresos (con subsidio), registraron una caída anual del -9,3% anual en su Índice de Asequibilidad de Vivienda (IAAV), algo similar ocurre en el estrato medio cuyo índice de asequibilidad anual cayó en -12,8% anual y en el alto -10,8% anual.

Colombia se desbarranca

"La ausencia de estructuración de proyectos viales es otra de las causas de los desastres que hoy padece el país": senador José Darío Salazar (Partido Conservador).

Con ocasión del fenómeno de la niña que como azote ha caído sobre la tierra de Colombia, quedan desnudadas las dimensiones de muchas falencias institucionales que, se han sumado a través del tiempo, por omisión o por acción, para que los daños causados por la ola invernal sean mayores.

La ausencia de trabajos de dragados en el lecho de los ríos ha producido inundaciones por doquier y desastres humanos y materiales a cientos de miles de compatriotas a lo ancho y largo de la geografía colombiana. De las inundaciones no se han salvado las grandes ciudades en las que hemos visto barrios enteros víctimas de este fenómeno, impactados por los correspondientes estragos.

La acción de deforestación de los bosques ha sido indiscriminada acabando las barreras naturales, protectoras de climas severos, fríos o ardientes, protectoras de deslizamientos y avalanchas de tierra que, si no son contenidas, impulsadas por la acción de las lluvias intensas y prolongadas, producen verdaderas catástrofes humanas y materiales.

Los bosques absorben el agua en una acción de esponjas, la retienen y la liberan periódicamente a la atmosfera a través de las hojas, evitando que el agua corra e inunde. De la misma forma los bosques conservan las fuentes de agua que, desaparecen en tierras expuestas a los rayos solares, áridos, convertidos en desiertos por acción de la deforestación. Colombia que se encontraba en segundo lugar a nivel mundial en cuanto a reservas de agua dulce, descendió al puesto 24 por efectos de la deforestación extensiva en los últimos 30 años. Frente a este fenómeno de la deforestación sistemática ocurrida en el país, la acción de las corporaciones ambientales y del ministerio de medio ambiente deja mucho que desear pues, los desastres así lo demuestran.

La ausencia de estructuración de proyectos viales es otra de las causas de los desastres que hoy padece el país. La ausencia de estudios geológicos y la defectuosa cimentación de muchos terrenos por donde se construyeron las vías y los puentes han producido el deslizamiento de las mismas y el consecuente aislamiento de regiones, con pérdidas económicas irreparables.

Es momento de reflexionar y actuar, el país está viviendo una bonanza minera sin precedentes, que hay que aprovecharla entre otras cosas para modernizar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, la construcción de oleoductos y gasoductos. Sería imperdonable que estos recursos orientados entre otros instrumentos por una nueva legislación que surge de la reforma a la distribución de los recursos que ingresan por regalías no fueran aprovechados.

La herramienta de las concesiones entregadas a privados, con la capacidad financiera suficiente para ayudarnos a modernizar el país sigue siendo una opción viable, siempre y cuando el estado haga las cosas bien hechas, con la intención irrevocable de no dejarse robar más.

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Buen resultado fiscal

Mejores noticias se tienen por el lado fiscal. Según señaló el Ministerio de Hacienda, al cierre del primer trimestre de 2011 el Sector Público Consolidado -que es “la definición más amplia del Sector Público en las cuentas fiscales” e incluye el Sector público no Financiero y  el Sector Financiero- registró un superávit de 15,4 billones de pesos, balance superior en 2,7% del PIB al observado durante el mismo periodo de 2010. Ahora, este superávit del Sector Público Consolidado representa el 2.6% del PIB, en comparación con el déficit obtenido, en el mismo período de 2010, del 0.1% del PIB.

Este buen resultado fue el fruto del mayor superávit del Sector Público No Financiero – que incluye el Gobierno Nacional Central y el Sector Descentralizado-, el cual pasó de prácticamente 1 billón de pesos, entre enero y junio de 2010, a 15,3 billones de pesos en el mismo período de este año. Es decir que éste pasó del  0,2% al 2.5%del PIB. Esto se explica por el buen comportamiento tanto del Gobierno Nacional Central como del Sector Descentralizado. La noticia todavía es mejor cuando refiere a la incidencia del un mayor recaudo tributario. 

No obstante, vale la pena mencionar, como el mismo Ministerio lo enuncia, que los gastos se ejecutan menos durante este período y por estacionalidad tiende a ejecutarse en mayor proporción en el segundo semestre y especialmente hacia finales del año. Mientras en el primer semestre suele ejecutarse en promedio menos del 50% del gasto previsto para el año, en el segundo semestre este porcentaje sube al 70%, según el promedio de los últimos diez años.   

También la noticia procede del superávit reportado por el Sector Descentralizado a primer semestre de 2011, que fue mayor en más de 2 billones de pesos, frente al período anterior, subiendo del 1 al 1.2 como porcentaje del PIB. El mejor desempeño de las entidades descentralizadas lo generan el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera – FAEP- , por el traslado de un 10% del ahorro acumulado por la Nación- y la Asociación Nacional de Hidrocarburos – ANH -, por cuenta de los menores dividendos trasladados al Gobierno Nacional Central - GNC en lo corrido de la presente vigencia. Dicho superávit perdió unos puntos por un menor superávit del sector Regionales y Locales.  

En efecto, los mayores gastos de inversión que tiene programado el Gobierno para el último trimestre del año suman 12.6 billones de pesos, entre los que se incluyen, en primer lugar Protección Social con 4.2 billones de pesos repartidos para: la Unificación y Universalización del régimen subsidiado ($1.2 billones) y políticas de mercado de trabajo ($1.2 billones), además de la Atención Integral Primera Infancia, Protección de los Derechos de la Niñez y la Familia, Alimentación Escolar y Fortalecimiento de las Capacidades para Ciencia y Tecnología, entre otros. En segundo lugar le sigue el sector Transporte con 2.4 billones de pesos para:   concesiones viales a cargo del INCO ($1.2 billones) y Corredores Viales ($1 billón). También se destinarán recursos para el fortalecimiento institucional y buen gobierno y para infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo.

Las cuentas fiscales van bien y se espera todavía un mejor control con la implementación de la regla y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, es importante realizar un seguimiento a los porcentajes de ejecución del gasto para no quedarse conformes con un nivel estacional del 50% en el primer semestre y un nivel del 72% al finalizar el año. Los gastos presupuestados, en términos ideales, deberían ser ejecutados en un ciento por ciento.

Alerta frente a la crisis externa

Gobierno, inversionistas y empresarios coincidieron en las últimas semanas en manifestar un estado de alerta frente a la incidencia de los factores externos sobre la rentabilidad de los portafolios y el dinamismo económico.

En efecto, el 60% de quienes se especializan en la inversión en títulos denominados en pesos respondieron en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de la Bolsa de Valores y Fedesarrollo, realizada en la primera mitad del mes de septiembre, que la incidencia de la crisis global externa es la mayor de sus preocupaciones en este momento.

A su vez, el Presidente Santos en reunión con representantes de los gremios resolvió mantener una evaluación conjunta permanente para poner la lupa sobre los efectos que sobre la economía colombiana pueda causar la crisis internacional, para vigilar que no se caigan los indicadores de empleo y pobreza especialmente.

Dadas las buenas condiciones de crecimiento de la economía colombiana y que el nivel de reservas internacionales, en palabras del Presidente, está casi un 50% por encima del nivel del año 2008, cuando la mayor parte del resto del mundo sufrió una fuerte recesión, se insiste sobretodo en buscar alternativas que mantengan el dinamismo de la demanda interna.

En esta perspectiva comienza a mirarse con cuidado el aumento que presenta la cartera del sector financiero, que suma cerca 186 billones de pesos y presenta en julio un crecimiento anual del 26%, la tasa más alta desde noviembre de 2007. El microcrédito es la modalidad con mayor crecimiento con el 36%, le sigue el crédito de consumo con el 28%, el comercial con el 24% y de vivienda con el 19%. La mayor inquietud está en la necesidad del sistema financiero, ante este crecimiento de la cartera, incluyendo el leasing, de recurrir a la liquidación de portafolio o a tomar fuentes de fondeo más costosas, ya que, por cuatro meses consecutivos, la demanda de crédito ha superado sus  depósitos y exigibilidades. Situación ésta que ha hecho pensar a la Superintendencia en la posibilidad de evaluar con las entidades financieras la alternativa de exigir un mayor nivel de liquidez y fondeo, aunque esto no desvirtúa que el sistema está sólido y los ahorros se encuentren garantizados.

Asimismo, ante el incremento de la cartera y las presiones externas, la Junta del Banco de la República analiza la posibilidad de aumentar en algunos puntos la tasa de interés, por encima del 4.5%, aunque bajo una tasa de inflación contenida, que se mantiene en el medio del rango impuesto como meta (entre el 2% y el 4%), es posible que no sea necesario, al menos en el muy corto plazo.

En realidad, ambas medidas deben estar sincronizadas de manera que un exceso de liquidez no deje en riesgo el control inflacionario o que mayores tasas de interés frenen el dinamismo de la demanda. Esto en la medida que la tendencia de crecimiento de la economía colombiana, que alcanza una tasa anual del 5.2% en el segundo trimestre, está impulsada principalmente por un crecimiento del 9% en la demanda interna y el consumo de los hogares crece satisfactoriamente en el 6.5%. Colombia suele caracterizarse por la ortodoxia económica y hoy debe mantener esta posición más cuando los vientos fuertes de la economía global pueden llegar a tocarnos.  

JOSE DARIO SALAZAR

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Dinamismo exportador y ortodoxia

Hacia el desarrollo regional

Chile, un ejemplo a seguir

En visita oficial a Chile la semana anterior, el Presidente de la República Juan Manuel Santos, acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía, y el titular de Comercio, Industria y Turismo, además de los presidentes de los partidos políticos que respaldan la Unidad Nacional, empresarios y otros altos funcionarios del gobierno; fuimos testigos de los avances en la relaciones bilaterales de Colombia con el país austral, y donde se suscribieron sendos memorandos de cooperación y entendimiento con el Presidente chileno Sebastián Piñera.

Esto es muy significativo si tenemos en cuenta que cifras oficiales muestran que Colombia se ha convertido en el segundo país destino de las inversiones chilenas con un capital de US$ 8.400 millones de dólares, donde se destaca la inversión en cadenas comerciales, infraestructura y servicios. El mercado colombiano es uno de los más atractivos para los inversionistas chilenos, y muestra de ello son las más de 70 empresas chilenas que vienen incursionado en el país. A cadenas comerciales como Fallabella, Homecenter y el Grupo Polar, se le suma ahora la entrada de Ripley, así como a las EPS Colmedica , Golden Group esperan la llegada de Auntentia y el sector gasífero la empresa Abastible venir a competir con sus compatriotas Lipigas y Gasco.

Colombia podría incrementar sus exportaciones a Chile en productos como azúcar, medicamentos, confitería, automóviles, aceites de petróleo, aceites de palma, grasas o aceites vegetales y animales.

Antes de 2007, la balanza comercial con Chile era deficitaria y una vez  que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile esta relación se invirtió, como se ha ido registrando en los últimos años, hoy la balanza es positiva, es así como en Junio de 2011 se registró un superávit mayor a 251,2 millones de dólares y con un nivel de exportaciones hacia Chile por valor de 907 millones de dólares siendo el petróleo y sus derivados los productos de mayor exportación e importaciones por un valor de 608 millones de dólares, según informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el año 2010 la economía de chilena creció 5.2% con incrementos en inversión y consumo privado y se prevé que para este año, su PIB crezca 6.2% soportado en el alto precio internacional del cobre.

En el índice de competitividad global, Chile está ubicado en el puesto 30 mientras que Colombia se encuentra en el 68 en un escalafón de 133 países, sin embargo, en la calificación del Doing Bussiness 2011 Colombia se encuentra en el puesto 39 frente al 43 de Chile entre 183 países.

Se hace evidente que nuestras deficiencias se encuentran en competitividad, por esta razón es necesario considerar el planteamiento del Presidente Santos cuando habla de la necesidad de copiar el modelo chileno, que ha demostrado ser el más exitoso de toda América Latina.

Para alcanzar este objetivo de lograr mayor competitividad y generar mayor dinámica comercial no solo con Chile, sino con otros países, es necesario hacer grandes esfuerzos en materia de seguridad, mejoramiento de la infraestructura del país, seguir negociando los  acuerdos comerciales como son los de Corea del Sur, Japón y Singapur, avanzar decididamente en la conformación de la Alianza del Pacífico, junto a Perú y México, así como impulsar mejoras en cuanto a nuestra productividad, formación de capital humano y como lo propone el gobierno nacional, hacer un esfuerzo por reducir trámites y condiciones para que el empresario se sienta cada vez más protegido para realizar su actividad económica. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con otros mercados y en especial con el país austral, conociendo nuestro potencial, debemos reconocer que Colombia puede igualar las tasas de crecimiento de países como China, India y Chile logrando así un desarrollo sostenido.

JOSE DARIO SALAZAR

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Medio Ambiente y desarrollo

Buenas cifras de crecimiento

En medio de una semana marcada por nuevos efectos de la crisis de la deuda en Europa y su consecuente tsunami bursátil, con la caída de las bolsas mundiales tras la reprogramación de la deuda griega y la degradación de la deuda francesa y estadounidense, los resultados de la economía colombiana muestran, por el contrario, signos de crecimiento sostenido. Distintos pronósticos indican que Colombia podrá crecer este año entre el 5% y el 6%.

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) presentada por la Asociación Nacional de Industriales -ANDI- indica un crecimiento económico superior al 5% durante el primer trimestre del año. En especial resalta el crecimiento superior al 6% en la producción y ventas de la actividad manufacturera, con indicadores muy buenos en el uso de la capacidad instalada, tendencia de pedidos, nivel de inventarios, cumplimiento de presupuestos y clima de negocios.

No sólo se evidencia esta tendencia de crecimiento en la industria sino también en el comercio al por menor, con un crecimiento del 15% en cinco meses corridos del año; en las licencias de construcción con un incremento del 75%; un aumento del 39% en las exportaciones y un crecimiento de la producción del petróleo en un 16%. De otra parte, el Ministro Juan Camilo Restrepo, anunció hace unos meses, que después de tres años negativos o de cero crecimiento del sector agropecuario, a pesar de los efectos de la ola invernal, es posible que éste crezca entre un 2% y 4% este año.

Como lo indica el gremio industrial: “Es evidente, entonces, que estamos en un muy buen momento, tanto para la economía en general, como para el sector productivo. Al finalizar el 2011 posiblemente tengamos un PIB de US$340,000 millones; un comercio exterior superior a US$100.000 millones, una inversión extranjera directa cercana a US$15.000 millones y la inversión como porcentaje del PIB superará el 26%”.

Con razón Colombia tiene el reconocimiento de grado de inversión por parte de las calificadoras, como indicador del esfuerzo del pasado y de las proyecciones que muestran una economía con senda de crecimiento estable, que genera cada vez más un ambiente favorable de inversión. Los principales determinantes son la fortaleza del país a los efectos externos de la crisis financiera mundial, el desempeño fiscal, el control anti-cíclico y la perspectiva de crecimiento sostenido. Esto unido a una política económica dirigida hacia la estabilidad jurídica, la templanza fiscal, incluyendo la defensa de la regla fiscal como control de la deuda y el orden constitucional asignado a la sostenibilidad fiscal.

No obstante, no deben perderse de vista los obstáculos que aún perciben los empresarios para el mejor desarrollo de sus negocios, en su orden: tipo de cambio, costo y suministro de materias primas, competencia en el mercado, bajos márgenes de rentabilidad, dificultades de logística y costos de transporte terrestre, contrabando, baja rotación de la cartera y falta de capital de trabajo.

JOSE DARIO SALAZAR

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Ley de Suelo y Vivienda

El estatuto del consumidor

Tasas de interés e inflación

Logros Legislativos

Políticas contra la revaluación

Demandas contra el Estado

La locomotora de la construcción

Sorprende el incremento en las licencias de construcción a nivel nacional, recientemente publicado por el DANE. Hablar de casi un millón más de metros cuadrados licenciados en el mes de marzo frente al mismo mes del año anterior es contundente. Representa un incremento del  78.9% para dicho período, que es muy significativo, en especial en los casos de Bogotá, Antioquia y el Valle. Estos resultados en la construcción son, sin duda, un reflejo de la confianza de los inversionistas en el país y de la movilidad de la locomotora de la construcción de vivienda, entre otros destinos.

Al analizar, a nivel nacional, el área aprobada bajo licencias y sus destinos, se puede argumentar que su impulso está cimentado en la confianza inversionista. En efecto, el mayor aumento en área lo reportan las licencias de construcción de hoteles, al pasar de casi diecinueve mil a más de ciento cuarenta y nueve mil metros cuadros, en marzo de este año frente al mismo mes del año anterior; le siguen las licencias para bodega, que aumentaron en más del doble, al pasar de doce mil a casi treinta mil metros cuadrados y continúan, en similar porcentaje, las licencias para hospitales. Asimismo, las licencias para vivienda muestran similar tendencia y confirma el optimismo inversionista  , dado un incremento de más del cien por ciento en el área aprobada para vivienda “diferente a la Vivienda de Interés Social – VIS”, que pasó de los casi seiscientos cuarenta mil metros cuadrados a más de millón trescientos en área, es decir a más del doble del mismo mes de marzo del 2010. Más bien, las licencias para VIS mantienen su ritmo al aumentar el área aprobada en 18.8% y el número de viviendas en un 7.7%.

Para ser más cautelosos y evitar el análisis puntual de la aprobación de las licencias de construcción en la variación anual del mes de marzo, que es ante todo una señal de las buenas expectativas, es importante cerciorarse de este dinamismo en la evolución de las aprobaciones, comparando también año a año (abril 2009 a marzo de 2010 con abril 2010 a marzo de 2011). Y en efecto, se corrobora en el momento un mayor dinamismo y una construcción con similar enfoque. Así, por destinos, se mantienen, en la variación comparativa de doce meses, porcentajes de aumento relevantes, en: la administración pública (153%), hotel (150%) y vivienda (53%). Y se resalta, de todas maneras, un dinamismo más fuerte en el actual momento (comparativo de los meses de marzo) frente al crecimiento anual del área total aprobada (78.9% frente al 45%).   Una diferencia puede verse en el comparativo del mes de marzo por un mayor incremento de la vivienda distinta a la VIS, lo cual puede indicar mayor confianza hoy día en la estabilidad de la economía que incentiva la construcción de proyectos de vivienda de estratos más altos.

En medio del crecimiento de los ingresos de exportación de hidrocarburos y  minería, es imprescindible observar de manera permanente la evolución de la construcción -como industria de bienes no exportables- para controlar el riesgo de enfermedad holandesa. Así, el dinamismo actual de la construcción se resalta en especial porque está orientado hacia sectores de confianza inversionista y de producción de bienes exportables, como es el caso de las bodegas para la industria o de sectores que impulsan otros negocios como los hoteles, que incentivan el resto de la actividad económica, incluida la locomotora de vivienda pero como un elemento de superación de la pobreza y no de concentración de riqueza.

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Impuestos a Gasolina, para fines sociales

Fructífera resultó la citación a los ministros de Minas y Hacienda, y la invitación al gerente del Banco de la República, ante la Plenaria del Senado para analizar el impacto del precio de combustibles en el país y responder sobre la conveniencia de su fórmula tarifaria, del Fondo de Estabilización, así como de la proyección nacional de la producción de gas. El dilema se vuelve complicado, más aún cuando se trata de medir el impacto “social” de mantener el desmonte de subsidios implícitos a la gasolina corriente y el diesel, y su influencia sobre el costo del transporte y por ende sobre los productos de la canasta familiar que paga el consumidor final.

En el 2010 Ecopetrol aportó al Presupuesto de la Nación un gran total de 13.5 billones de pesos, un monto igual al presupuesto total de inversión de este año, de los cuales 5.3 billones corresponden a dividendos, 4 billones a impuestos nacionales (de estos 200 mil millones son impuestos directos que llegan a las regiones) y 4.3 billones en regalías. En este sentido, una política que disminuya los aportes de Ecopetrol a la Nación resulta en una baja de los impuestos y dividendos que paga la empresa a la nación, y que se irriga a toda la sociedad traducida en programas sociales. Por ello es procedente analizar qué beneficia a más colombianos, si este ingreso o la disminución en el precio de la gasolina.

De otra parte, una disminución de los impuestos a los combustibles impacta negativamente las finanzas de los entes territoriales, en cuanto las regiones reciben las sobretasas, como también las regalías que paga la Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH.  Ésta compra a los municipios y departamentos productores de petróleo lo que les corresponde por regalías, y después se lo vende a Ecopetrol a un precio atado al internacional, por lo tanto, no sería viable que Ecopetrol pagara a los entes territoriales petróleo al precio internacional para luego venderlo a un precio menor; o peor aún, instaurar una política de comprarle a las regiones el petróleo que les corresponde por regalías a un precio menor al que podrían venderlo en el exterior, ello representaría para departamentos y municipios una disminución en los presupuestos para inversión en sus programas sociales.

Mientras en las ciudades sólo un 2 por ciento -del 20 por ciento más pobre de la sociedad-, y el 47 por ciento -del 20 por ciento más rico- tienen vehículo, la gasolina a un precio subsidiado la pagan todos los colombianos porque los mayores o menores ingresos del petróleo que se transfieran a la nación se invierten en programas de salud, educación, defensa y saneamiento básico.  Es de anotar  que en el año corrido los precios de la gasolina y del diesel subieron a nivel internacional un 33 y 28 por ciento, mientras en Colombia lo hicieron respectivamente el 5.8 y 5.2 por ciento.  Como quien dice: hay que poner todos los pesos sobre la balanza y cuidar los mayores beneficios de desarrollo social. 

La inflación es un fenómeno que depende de muchos factores, para ejemplo Venezuela, país donde la gasolina tiene un precio bajísimo y, sin embargo, este país padece la mayor inflación en el continente, superior al 30% anual.

Ecopetrol deberá invertir en los próximos años más de 8.000 millones de dólares para modernizar y ampliar las plantas de refinación en Cartagena y Barrancabermeja para obtener combustibles limpios.

Con los mayores ingresos por exportación de hidrocarburos, la nación, entre otras obras sociales, debe modernizar sus sistemas de transporte público, metro, transmilenios y mallas viales, para lograr en un futuro usar menos los vehículos particulares, consumir menos combustibles, usar más el transporte público, explorar nuevos yacimientos, exportar más hidrocarburos, obtener más divisas, modernizar y hacer más competitivo al país y elevar el nivel de vida de nuestros compatriotas.

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Café aguado

Una combinación de factores acompaña la economía cafetera y los buenos vientos del exterior se frenan al interior del país. Desde hace más de tres décadas, la libra de café colombiano en el mercado externo no alcanzaba una cotización tan alta, equivalente a tres dólares en la Bolsa de Nueva York, cuando además se aprecia una buena tendencia en el aumento en del consumo mundial. De manera que si fuera por precios externos estaríamos diciendo que las buenas perspectivas de Colombia no sólo se centran en el petróleo y la economía minera.

Desafortunadamente, las ganancias por el aumento del precio no pueden aprovecharse en su integridad porque hay una escasez de café suave a nivel mundial, de una magnitud nunca vista en los últimos quince años. En Colombia el faltante de producción es aún más agudo, por la emergencia invernal, que se acentúa por enfermedades como la Roya y la Broca, que no obstante los esfuerzos todavía afectan a los cultivos. Incluso, increíblemente el país debió suplir, con café importado de Perú y Ecuador, la demanda interna.

Por demás, la revaluación del peso frente al dólar descompensa las ganancias que por el alza del precio se hubieran podido obtener.  Brasil y Perú, por ejemplo, pudieron aprovechar la escasez de oferta del suave café colombiano e incrementaron sus millones de sacos exportados en 8,8% y 25,9% respectivamente.  Así, se puede decir que no sólo los cultivos están pasando por agua sino también los buenos precios internacionales del café, en parte por una revaluación que aguó el efecto de precio.

Esto es preocupante si realmente Colombia desea promocionar y no perder las ventajas comparativas de sus productos exportables, como el café y las flores, distintos a la producción minero energética y si con verdadero empeño quiere evitar la denominada enfermedad holandesa. Como el gobierno señalaba en la exposición de motivos de la reforma constitucional al sistema de regalías, esta enfermedad se produce cuando “los flujos en moneda extranjera a un país con mercados financieros pequeños y poco profundos traen consecuencias a la actividad económica no perteneciente al sector en auge”.  Las cifras del DANE indican que el 71 por ciento del valor de las exportaciones totales en el 2010 correspondieron a petróleo y sus derivados. Situación que impulsa a poner la máxime atención en el resto de las exportaciones.     

El Gobierno no puede bajar la guardia en el control a la revaluación del peso frente al dólar, que ya asciende en año completo al 11%, en cuanto la tasa representativa del mercado pasó de 1.988,47 a 1.763,45 pesos por dólar. El anuncio de la  medida que propende por la creación de un depósito o fondo en el exterior .por valor cercano a mil doscientos millones de dólares con el fin de prepagar deuda externa a comienzos del año entrante se torna urgente. De la igual manera otras medidas como continuar con las  compras en el mercado interno no dan espera. Nuestras exportaciones tradicionales no pueden perder las ventajas que le ofrece la demanda mundial.

Como dijera Mario Calderón Rivera, en el año de 1997, en su artículo sobre los Efectos perversos de la revaluación: “No podemos olvidar que, en el caso colombiano, la dependencia del café nos hizo ansiar y temer, al mismo tiempo, las épocas de bonanza… Empero, habría que reconocer que, en la mayoría de los casos, fueron los cafeteros quienes renunciaron a una porción mayor de su excedente económico para contribuir a generar nuevos impulsos en muy diversos sectores de la economía nacional.”       

JOSE DARIO SALAZAR 

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Perspectivas e inquietudes

La Junta Directiva del Banco de la República presentó al Congreso el Informe de de resultados macroeconómicos del año 2010 y de lo corrido de 2011 y la proyección financiera del Banco.  El Banco aprecia el crecimiento de la economía colombiana del 4.3% en el 2010 a pesar de la debilidad de la economía mundial y la caída del comercio con Venezuela, como también el rango de inflación alcanzado, por que se logró, en su concepto, mantener en el punto medio del denominado rango meta (3.17%).

No obstante los buenos argumentos señalados por el Banco, éste no responde a la pregunta de ¿por qué Colombia no puede crecer al mismo ritmo de las economías emergentes o aún más al promedio de América Latina? Si bien el crecimiento de nuestra economía durante el 2010 fue superior al de las economías avanzadas -que alcanzaron un crecimiento del 3%-, las economías emergentes, crecieron en promedio en el 7.1%, luego Colombia se situó casi tres puntos por debajo de éstas. Mientras América Latina tiene el record histórico de los últimos diez años, con un crecimiento del 6%, el país se sitúa, en casi dos puntos por debajo. Y pero aún cuando la aburrida comparación la hacemos frente a Brasil, Perú y Argentina, con crecimientos del 7.5% y 8.6% respectivamente.

El Informe es claro en afirmar que el magnífico desempeño de esas tres economías latinoamericanas, “es el reflejo de la fortaleza de la demanda interna…, de la creciente demanda mundial por materias primas, de las políticas expansivas en el mundo, y del resurgimiento de la afluencia de capitales”. Cuestiones que endurecen aún más reflexión por cuanto ninguno de esos acápites niegan la capacidad de Colombia para convertirse en una economía tan atractiva como éstas. Tal vez podrían establecerse indicadores de resultados sobre estas cuatro señales, dentro de la política de expansión locomotora, para revisar nuestro desempeño.  Es cierto, por fortuna, cómo señala el Banco, que este año dichas economías pueden moderar su crecimiento por la disminución de los efectos expansivos de la política fiscal y monetaria, pero para nosotros eso es apenas un consuelo. Lo importante está en generar las condiciones para crecer a tasas superiores al histórico crecimiento promedio.

Para el 2011 la Junta espera que la economía crezca entre el 3.5% y 5.5%. Rango demasiado amplio y poco comprometedor. Sin embargo, su  visión nos indica en  el promedio un crecimiento algo superior al año anterior.

Es de resaltar la claridad de la Junta al advertir varias señales de alerta y riesgos existentes. Entre ellos, se hace hincapié en la necesidad de estar vigilantes ante abruptas entradas de flujos de capital para evitar crisis financieras originadas en incrementos significativos en la oferta de crédito y en burbujas en los precios de los activos. Aunque para la tranquilidad la información reciente no muestra, a pesar de la tendencia creciente de flujo de capital y de crédito anticipada, señales de alerta temprana (Tenjo y López, 2010).   

Se trata de concentrar los esfuerzos, incluso con riesgo, hacia sectores específicamente seleccionados. Taiwán por ejemplo ha demostrado que el “focus” en los sectores de ventaja comparativa es la clave de la planeación. La infraestructura y la industria basada en la innovación y el conocimiento son la obsesión, por así decirlo, de esta economía asiática.  Nosotros también debemos “obsesionarnos” hacia unos sectores de crecimiento con ventaja competitiva. El énfasis en las locomotoras puede ser un comienzo. 

JOSE DARIO SALAZAR CRUZ

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La Planta de Tratamiento del Norte

El pasado 15 de marzo fue inaugurada la Planta de Tratamiento  del norte, obra esta ejecutada por la administración del Alcalde Ramiro Navia a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán (AAPSA), gerenciada por el Ingeniero Mauricio Chaparro, con una inversión del orden de los 4.800 millones de pesos.

En el año de 1983, el Gerente de la AAPSA, el Ing. José Gabriel Silva Riviere, ante la situación del desastre ocasionada por el terremoto y la carencia de suministro de agua potable para los barrios del norte, planteó la necesidad de solucionar el problema y con  el equipo técnico de la empresa inició los estudios y diseños de redes del acueducto para el norte. Terminados estos, se inició la etapa de financiación del proyecto la cual se logró a través de créditos externos e internos. El servicio del agua se suplía por bombeo desde la planta de El Tablazo hasta los barrios del norte de la ciudad lo cual implicaba costos altos y además no permitía suplir la demanda de nuevas zonas a desarrollarse. Fue así como se planteó la necesidad de diseñar un sistema de suministro por gravedad y además de dotar a la ciudad de una nueva fuente de agua que sirviera para atender el suministro de agua a toda la ciudad en caso de nuevas emergencias.

En el año de 1996 siendo alcalde de la ciudad el Ing. Silva Riviere, presidió la Junta  Directiva de la Empresa AAPSA en donde se autorizó a su  Gerente  para contratar los estudios de factibilidad para la nueva fuente de agua proveniente  de la cuenca del Río Palacé. En el año de 1999 el proyecto entra en receso por falta de recursos. En el año  2000 el Ingeniero José Gabriel Silva visita al Dr. Cesar Negret Mosquera entonces Gobernador del  Cauca, a quien le plantea el proyecto y obtiene  de él apoyo financiero. Negret Mosquera ordena destinar recursos importantes provenientes de EPSA, 8.400 millones de pesos para la construcción de obras complementarias de la planta de tratamiento y 12.000 millones de pesos para la descontaminación de las aguas que surten los barrios de ese mismo sector.

El proyecto entra nuevamente en receso hasta el año de 2008, cuando en la administración del alcalde Ramiro Navia se retoma y es así como en cabeza del Gerente de la Empresa AAPSA el Doctor Guillermo Ospina  se reformuló el proyecto, se actualizaron los costos y se presentó  al Viceministerio de Agua Potable para su aprobación. Aprobado y financiado se inició el proceso licitatorio y en el 2009 se adjudicó el contrato de obras, el cual terminó exitosamente en el presente mes. Esta planta produce 250 litros por segundo y ya se encuentra financiada la ampliación hasta 500 litros por segundo lo que garantiza agua potable para 50 años, garantiza disponibilidad de servicio para nuevos planes de vivienda y mejora la presión en zonas altas del sur de la ciudad. Además asegura el suministro de agua al acueducto veredal el cual atenderá a 34 veredas del nor-occidente y sur-occidente, proyecto que tiene un costo de 11.500 millones de pesos y cuya licitación se iniciará en el próximo mes de mayo.

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TLC con la Unión Europea

Sin lugar a dudas siguen corriendo buenos vientos, desde otras latitudes,  para la economía colombiana. El resto del mundo nos mira con distinción como país latinoamericano. Estamos entrando en la verdadera apertura. Hace un mes, la Standard&Poors reconocía la economía en grado de inversión –calificación que no se obtenía desde hace doce años-, que con justa razón mostró al Ministro de Hacienda muy contento. Esto quiere decir que las perspectivas señalan una economía con senda de crecimiento estable y con ambiente favorable de inversión.

Por demás, la visita del presidente Santos al presidente Obama la semana pasada abrió las puertas a la ratificación del TLC con Estados Unidos -el cual fue negociado hace más de cuatro años- con la esperanza de que llegue a ser aprobado por el Congreso norteamericano a finales de este año.

Igualmente, la reciente gira a España y Alemania del Presidente Santos y su Ministro de Comercio, culmina con la satisfactoria firma del texto comercial del TLC de Colombia y Perú con la Unión Europea (UE). Se espera que éste entre en vigor dentro de un año, una vez lo apruebe el Parlamento Europeo y se pongan de acuerdo los 27 países de la UE.

Es muy claro, como bien lo dice el ABC del Acuerdo Comercial con la UE, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que el país busca negociar estos Acuerdos para “lograr un mayor crecimiento económico mediante una relación comercial preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, que le permita acrecentar el comercio de bienes y servicios mediante la eliminación de las barreras, así como fomentar las inversiones reciprocas”. La noticia es muy importante y oportuna además porque el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP PLUS) negociado actualmente con la UE, tiene una vigencia temporal hasta el 2015, y no queremos quedar “en las mismas” en las que estamos actualmente con Estados Unidos, que dejó  vencer  los términos de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga, por lo cual, hasta por un tiempo incierto, los exportadores colombianos no pueden acceder a las preferencias arancelarias del ATPDEA, con consecuencias lamentables para muchos, como los textileros y floricultores. Así, la ratificación a tiempo del TLC con la UE permitirá respetar las condiciones comerciales por un término indefinido e incluir un mayor número de bienes y servicios, generando una estabilidad al desarrollo de los negocios.

Emprender el TLC con la UE significa penetrar en el mercado con el volumen más alto de importaciones de bienes y servicios del mundo,  equivalente a más de 2.9 billones de dólares, siendo nuestro segundo socio comercial con casi 5.000 millones de dolares en exportaciones y 5.600 millones en importaciones cifras del 2010 según el DANE, lo cual puede compensar nuestras pérdidas de mercado con Venezuela o Estados Unidos.  Sin embargo, es de vital importancia prepararse con la debida anticipación a la firma de cualquiera de los TLC y precisamente ahora incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una política pública que incentive la inversión en desarrollo tecnológico y científico pero debidamente orientado hacia productos industriales que aporten mayor valor agregado a nuestra economía por sus ventajas competitivas, de lo contrario el esfuerzo de penetración perdería eficacia.

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Nuevo seguro agropecuario

La ola invernal puso en evidencia la necesidad de sostener una política de control y mitigación de los riesgos a los que está expuesta la actividad productiva agropecuaria. Hace 18 años, en el año de 1993, Colombia creó el seguro agrícola con subsidio estatal mediante la Ley 69 y la Ley 101 de 1993, para amparar a los productores en sus costos de inversión contra eventos climáticos, como exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, deslizamientos y granizo. A raíz de la emergencia, hoy se reconoce la importancia que éste tiene. Por este motivo en un estudio conjunto donde convergen las apreciaciones de los gremios de Fasecolda, la Sociedad de Agricultores de Colombia, y varias aseguradoras, se hace necesario insistir, como legisladores, en incluir en el actual debate del Plan Nacional de Desarrollo: la ampliación de la cobertura del seguro agropecuario hacia otras actividades aún no incluidas como la pecuaria, forestal, acuícola y avícola y amparar no solamente los perjuicios causados por riesgos naturales sino también por riesgos biológicos o fitosanitarios.

De hecho las afectaciones en el sector agropecuario por la ola invernal fueron grandes. Según el censo, a comienzos del año, 760 mil hectáreas se inundaron, cerca de 300 mil se concentran en 20 municipios, 152 mil en la zona sur y 608 mil en el resto del país. Además, entre los animales muertos se reportaron: en la avicultura cerca de 300 mil, en bovinos alrededor de 70 mil (un millón y medio de desplazados) y en piscicultura más de 740 toneladas de carne y de 6 millones de alevinos perdidos, lo cual confirma que es necesario ampliar el acceso al seguro de otros sectores.

Sin embargo no basta con ofrecer la cobertura e incluso el subsidio de la prima si esta oportunidad del mercado no se conoce ni se accede a ella. Es posible que muchas de las calamidades de la emergencia hubieran sido cubiertas y no se hubieran padecido si existiera una cultura de toma de seguros de protección al proceso productivo. De hecho, durante 2010, se lograron asegurar cerca de 45 mil hectáreas y se suscribieron algo más de 10 mil pólizas. Pero esto sumó sólo el 1% de la proyección de hectáreas sembradas y 47% de los 20 mil millones asignados al Fondo Nacional para Riesgos Agropecuarios en subsidios a las primas, con cargo al Presupuesto de la Nación, del programa previsto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Por ello si no se involucra una campaña agresiva de información y educación al campesino y a las asociaciones de productores, que cambie la cultura, se pierde el instrumento. La locomotora agropecuaria no debe contar, dentro del Plan de Desarrollo, con una mayor cobertura de seguro sino también con mecanismos de formación al productor en este sentido.

Igualmente, debe impulsarse el mantenimiento de una política de mediano y largo plazo en materia de riesgos, la revisión de los criterios y recomendaciones técnicas, que pueda aportar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al sector privado, a través de la creación de una Dirección de Riesgos Agropecuarios.

La caída de la declaratoria de la denominada segunda emergencia, nos ha obligado a legislar al respecto. De hecho el Plan de Desarrollo incluirá los mecanismos creados en dicho momento. Una política de control de riesgos de la actividad productiva, como la promovida por varios senadores conservadores, evitarán la cesación de la actividad y las pérdidas en la generación de ingresos, impulsando realmente la locomotora agropecuaria.

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SOS legislativo

No cabe duda que el fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible el Decreto 20 de 2011 no se debe propiamente a una negación de la gravedad de las calamidades generadas por la ola invernal y la necesidad de atender con prontitud sus consecuencias sino a razones de orden jurídico que lamentablemente cortan el objetivo de rápida reacción y ejecución que se pretende con una declaración de emergencia económica. 

Si bien hasta el momento sólo se conoce el pronunciamiento de la Corte,  es posible que sus consideraciones tengan el mismo sentido del concepto del Procurador, según el cual: “Si el fenómeno climático se prolonga, si la temporada de lluvias y sus perniciosas consecuencias se prolongan en el tiempo, podría tener sentido que el estado de emergencia también se prolongue por medio de una prórroga. Lo que no tiene sentido es que la vigencia del estado de emergencia se agote a la media noche del 5 de enero de 2011, y que el Gobierno declare un nuevo estado de emergencia el 7 de enero de 2011”.  En términos generales aquellos argumentos que el Gobierno sustentó como motivos para declarar con dos días de diferencia una nueva emergencia por la prolongación del Fenómeno de La Niña, podía haberse argumentado como una prórroga de una misma emergencia, donde los términos no podían dejarse vencer pero lo importante ahora es superar esas razones jurídicas, dado que el concepto respetable de la Corte sobre el decreto madre, deja las normas previstas en los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno, que de él se desprenden, sin posibilidad de ejecutarse. 

Las materias de los decretos ley amparados en la declaratoria de la segunda emergencia son de suma importancia ante la incapacidad de los damnificados para cumplir con el pago de ciertas obligaciones y parafacilitar la reconstrucción. El primero de ellos es la adición al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011, en la suma de cinco billones seiscientos noventa y cuatro mil millones de pesos; medidas de control fiscal oportunas; Programa Especial de Reforestación; seguro, coberturas y  crédito agropecuario; mecanismos de inversión de recursos para construcción y rehabilitación del servicio educativo (aún respecto de bienes que no sean de propiedad del Estado); disposiciones especiales en materia de pagos tributarios y cambiarios y de servicios públicos domiciliarios; acceso al empleo de emergencia  (contratación de mano de obra); los cambios de estructura administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales (cierre y fusión de las CAR); adición de disposiciones para el Fondo de Calamidades (en términos de contratos de concesión y transferencia de recursos), expropiación por vía administrativa de bienes por proyectos de protección de fuentes hídricas y el cauce de los ríos y la actuación de las autoridades departamentales y municipales para licencias de construcción.

Ahora recae en la labor propia del Congreso, legislar de manera eficaz y rápida en estas materias y buscar los mecanismos más expeditos, tales como: tramitar proyectos de ley con mensaje de urgencia del gobierno -que exige el trabajo de comisiones conjuntas y un término corto definido para su aprobación-; incluir  algunas materias en el Proyecto del Ley del Plan Nacional de Desarrollo o en otros por aprobar, siempre y cuando, en aras de cumplir con la consecutividad, estos asuntos hayan sido tratados en el Primer Debate del Plan para presentarlos en el Segundo Debate o en última instancia presentar nuevos Proyectos de Ley y empeñarse en darles un ágil trámite.

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Bondades del Plan

Las expectativas de Colombia se han concentrado en la posibilidad de combinar los signos de recuperación con la necesidad de atender las consecuencias de la ola invernal, sin bajar la guardia en los propósitos inicialmente trazados en el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatros años. Es esta la primera de las bondades del Plan.  En la ruta se incluye la reconstrucción y atención humanitaria de la emergencia, con la proyección de una Colombia más competitiva, vía el impulso a las cinco locomotoras: los nuevos sectores basados en la innovación;  la agricultura y el desarrollo rural; la expansión energética y el desarrollo minero; la infraestructura de transporte y la construcción de vivienda y ciudades amables.

Se ha dicho que el resultado final es una colcha de retazos porque el Plan reúne toda clase de temas cuando debía concentrarse en los objetivos, metas, estrategias y mecanismos de financiación propuestos. En realidad es importante recalcar que por primera vez se encuentran como parte integrante de la Ley: las Bases del Plan; la Regionalización y los principales proyectos de inversión en cada región, financiables en el Plan Plurianual de Inversiones y el mejoramiento de las Vías Terciarias, que podrán financiarse extraordinariamente con recursos de la liquidación del Fondo Nacional de Regalías y con mecanismos de cofinanciación, incluso privada, además de las apropiaciones presupuestales que correspondan.

Un eje central es la Convergencia Regional que se fundamenta en un mecanismo nuevo denominado “Convenio Plan” a través del cual se busca que se articulen los planes de desarrollo locales con el Plan Nacional, al unir voluntades y compromisos entre la Nación y las entidades territoriales. 

Se imprime un énfasis a la educación, en especial al programa PAIPI (Programa de Atención Integral a la Primera Infancia) que promueve el desarrollo integral de los niños, desde la gestación hasta los 6 años, en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo. Para la Rama Judicial se estima un billón de pesos de inversión para infraestructura de cárceles y personal adicional en procesos de descongestión.

Ante el interés por promover el desarrollo científico y tecnológico se estable una deducción de la renta del 125% valor invertido en proyectos de este tipo. No se quedan atrás los programas agresivos por construir el millón de viviendas de interés social y el apoyo del Gobierno Nacional a los Sistemas de Transporte Integrado Público y Masivo, incluyendo Planes de Movilidad para Municipios con población menor a los 250.000 habitantes.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, se clasifican con más claridad ya que contarán con recursos presupuestales dirigidos a un Fondo de Modernización o cuenta específica en Bancoldex, derechos propiedad intelectual y condiciones preferenciales en la contratación pública.  En el sector agropecuario, se mantiene, ya para los cuatro años, el subsidio vigente de energía para distritos de riego menores a 50 hectáreas.  En el sector minero se reafirma el control a la explotación ilícita tal como el uso indebido de dragas en actividades sin título minero y se ratifica la prohibición de realizar actividades mineras y agrícolas en los ecosistemas de páramo.

Se dice que el Plan de Desarrollo se usa para reformar toda clase de leyes. Y sí resulta cierto que el articulado del Plan corrige vacíos de las leyes vigentes porque se trata de destrabar o facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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Triunfo en grado de inversión

El reconocimiento de grado de inversión que la calificadora Standard&Poors le acaba de asignar a Colombia es motivo de orgullo y motivación para continuar en la senda de crecimiento propuesta. Muy sonriente se vieron el Presidente y el Ministro de Hacienda y con razón. Es esta una calificación que no recibíamos desde hace doce años.  Cuando una calificadora mide el riesgo de una economía tiene una alta rigurosidad y la exposición de motivos que fundamenta el gobierno es fundamental. Esto quiere decir que tanto el esfuerzo del pasado como las perspectivas señalan una economía con senda de crecimiento estable y ambiente favorable de inversión. Dentro del contexto latinoamericano, la calificación (BBB-) sitúa la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Colombia similar a la del Brasil, Perú y Panamá.

Los principales determinantes son la fortaleza del país a los efectos externos de la crisis financiera mundial, el desempeño fiscal, las fortalezas anti-cíclicas y la perspectiva de crecimiento sostenido. El primero se consiguió porque el país debió sufragar, en tiempos de Juan Camilo Restrepo, una crisis financiera originada, entre otros, por problemas crediticios de consumo y vivienda, a partir de la cual se aprendieron importantes lecciones como exigir mayores niveles de provisiones sobre la cartera vencida y fijar parámetros altos en el análisis para el otorgamiento del crédito. Hoy en día, por ejemplo, los constructores de edificios suelen vender los proyectos sobre planos para garantizar la parte financiera y operacional. Esto se unió a una política económica dirigida hacia la estabilidad jurídica y la confianza inversionista.

Adicionalmente, entra en juego el desempeño de las finanzas del sector público. Por esto sostenemos que la templanza fiscal es uno de los actuales inamovibles. Esto se demuestra con la forma de enfrentar la ola invernal que se acerca a una inversión mayor a 12 billones de pesos. El punto está en programar el cubrimiento de la emergencia con fuentes de financiación distintas a aumentar la deuda del Sector Público No Financiero, vía  ingresos tributarios, redistribución del presupuesto y la venta del 10% de las acciones de Ecopetrol.

Ha sido precisamente un interés programático del Partido Conservador defender los lineamientos de la política fiscal de la Unidad Nacional. Esto incluye la defensa de la  regla fiscal, como instrumento de control anti-cíclico, que tiene por objeto reducir en forma gradual la relación de la deuda del Gobierno Central con respecto al PIB, del 39.5% al 28% en el largo plazo, a fin de generar capacidad de endeudamiento para los malos tiempos, reducir los ajustes fiscales basados en la reducción del  gasto de inversión y asegurar niveles adecuados de deuda, entre otros. Esto unido, a la controvertida defensa de incluir en el orden constitucional la sostenibilidad fiscal, que imprime un espíritu de moderación del gasto a los representantes de las Ramas del Poder Público para que se busquen los objetivos del Estado Social de Derecho de manera progresiva y programática con la conciencia de la limitación de los recursos. Debemos un sentido de gratitud al Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri por su empeño en elaborar un programa de crecimiento económico de austeridad fiscal, que eleva el rango de Colombia ante el mundo.

Esta calificación señala a los inversionistas que la economía colombiana es estable y que por tanto puede esperar un buen rendimiento sobre sus depósitos y colocaciones y acudir a una Bolsa de Valores integrada por Colombia, Chile y Perú y a TES elevados a índices internacionales. Es la hora de mantenerse firme en los propósitos y de convertir en hechos, como éste, el impulso de las locomotoras.

JOSE DARIO SALAZAR CRUZ 

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TICs y prosperidad

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conocidas como TICs, constituyen un eje transversal para el desarrollo de Colombia en los próximos años. El ministro, aprovechando las herramientas digitales hace un despliegue de alta gama del Plan “Vive Digital”, que debe socializarse para comprender su envergadura hacia la disminución de brechas y el progreso.

En el Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos”, 2010-2014, se identifican las TICs como un elemento esencial para el impulso de las cinco locomotoras: agropecuaria, minero-energética,  infraestructura de transporte, vivienda y de la innovación, dentro del objetivo trascendental de alcanzar una mayor competitividad y productividad. Como ha insistido el Departamento de Planeación, las TICs, en este sentido, juegan un papel crucial en la innovación y la generación de conocimiento y nuevos negocios. Adicionalmente, son el instrumento que garantizan la transparencia del objetivo de Buen Gobierno, en cuanto fortalece la conexión entre las instituciones del Estado y especialmente, de éstas con los ciudadanos, a través del Gobierno en Línea.

Bien dice el ministro de las TICs que ojalá el interés por las autopistas  “digitales” llegare a asimilarse al interés que se ha puesto de manifiesto en las vías terciarias y los megaproyectos de infraestructura terrestre durante los debates y el estudio del Proyecto de Plan de Desarrollo en diferentes ciudades del país. En efecto, en el artículo 42 del Plan, se propone crear un ente de alta jerarquía que coordine los sectores involucrados en el desarrollo de proyectos de infraestructura y el Ministerio de las TICs, con el fin de  determinar en cuáles de estas iniciativas es necesario incluir el tendido de fibra óptica a fin de aprovechar obras de  infraestructuras públicas de transporte terrestre para TICs y así ampliar la red nacional de fibra óptica para brindar la conectividad a los municipios, de manera que haya una sinergia entre el uso de las infraestructuras de otros sectores para el despliegue de fibra óptica. Igualmente se determina que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expida normas necesarias para permitir el acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones al interior de las zonas comunes de las copropiedades o de la propiedad horizontal.

El objetivo último es la masificación de internet, es la inclusión, la igualdad de oportunidades. Internet para todos, como hay teléfono celular para todos. Sólo así podremos decir que estamos en la era del conocimiento, la información y las tecnologías limpias, como lo indica el director de apropiación de TICs. Según el Banco Mundial (2010), un incremento de diez puntos porcentuales en la penetración de banda ancha acelera el crecimiento económico en 1.4%.Esto implica superar barreras como reconocer la utilidad de internet, especialmente en los estratos bajos, independizar su acceso del poder adquisitivo y desplegar la infraestructura, para lo cual se requieren recursos. Es casi increíble pensar que no ha penetrado el internet en el 89% de los hogares de estratos 1, 2 y 3 ni en una gran mayoría de las microempresas y de los municipios en el país.  Tenemos, no obstante, dos ventajas comparativas importantes en TICs: costos más bajos que la industria global de tecnologías de internet y ser el primer país en Latinoamérica con gobierno en línea (puesto 31 en el mundo).  Queda por materializar la inversión en TICs como un programa permanente que evite el rezago y garantice nuestra competitividad.

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Vías Terciarias

Colombia requiere un programa más agresivo para la recuperación de las vías terciarias. Estas son las arterias que permiten conectar el sector productivo y rural con las principales ciudades y éstas con el mundo. Sin el desarrollo de la red de carreteras veredales e intermunicipales no se puede hablar realmente de globalización y descentralización. Un sistema adecuado de vías terciarias es la garantía de la Convergencia Regional, eje principal del actual Plan Nacional de Desarrollo. No hay locomotora agropecuaria o minera que arranque sin la conexión terciaria.

Ahora, lo estamos viendo. Los efectos de la ola invernal han producido un colapso de cuarenta y ocho vías, según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, han perjudicado a 150 mil hectáreas de cultivos y han generado un aumento en el costo de transporte por las dificultades en la movilización de cerca a dos y medio millones de toneladas de alimentos. Asimismo, el presidente de la SAC -Sociedad de Agricultores de Colombia–, Rafael Mejía, ha afirmado que esta situación puede generar un incremento del 3,8 por ciento en el precio de los alimentos, sumada a las consecuencias del  paro camionero. Para tomar sólo el caso de los avicultores de Santander, el presidente de Fenavi, Jorge Enrique Bedoya,  estima que por el mal estado de las vías, las pérdidas ascienden a 30 mil millones de pesos, hecho que puede presionar al alza el precio del huevo y el pollo durante el primer semestre del año.

Pero el problema no sólo está en la ola invernal sino también en la prioridad de largo plazo y el programa de financiamiento para los proyectos y el mantenimiento de la Red de Vías Terciarias. El dilema está en buscar un flujo eficaz y eficiente de recursos y obviamente vigilado y auditado.  Se está pensando más en la agrupación regional, por así decirlo, que en girar un porcentaje proporcional a cada municipio o ente territorial.  En palabras del Ministro de Transporte, la propuesta es buscar la asociación de vecinos con el fin de que puedan obtener más recursos y priorizar sus obras, de manera que los gobernadores se encarguen de  unir a los alcaldes y que aporten recursos a una bolsa a la que también se  pueden sumar los gremios para hacer las obras terciarias.

El Ministro ha recordado que en departamentos como Santander y Cesar, los alcaldes, gobernadores y representantes de gremios, como los cafeteros y ganaderos, tienen la voluntad de aportar recursos a esa bolsa que sería administrada por una entidad que se encargaría de priorizar los proyectos, dentro de un listado regional, para coordinarlo con la limitación de recursos. Es un buen ejemplo a seguir por parte de otros entes territoriales.

Actualmente, se han apropiado recursos del Fondo de Calamidades por 300 mil millones de pesos para la recuperación de las vías afectadas por el invierno y parte de los 900 mil millones del Fondo de regalías. Sin embargo es importante que las propuestas de los municipios y departamentos se presenten con prontitud y adecuada técnica para evitar el rezago y la demora en la reconstrucción. Vale la pena insistir en la urgente determinación de una política pública y un programa diferente para el mantenimiento y los proyectos de nuevas vías terciarias. Es de recordar que estas son los vasos comunicantes del desarrollo regional en Colombia. Convenios entre municipios y mecanismos de cofinanciación entre distintos entes territoriales con el apoyo sustantivo de la nación debe ser una de las primeras opciones.

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Justas preferencias

Estados Unidos dejó  vencer  los términos de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga, por lo cual, hasta por un tiempo incierto, los exportadores colombianos no pueden acceder a las preferencias arancelarias del ATPDEA.  Esto en el límite con la fiesta de San  Valentín justo apenas cuando se darían las ganancias estacionales del momento a los floricultores. Esto se suma lamentablemente a menores recursos aprobados para el Plan Colombia y al poco impulso que está teniendo el TLC, lo cual no parece ser justo si se tiene en cuenta que Colombia se ha mantenido firme en la lucha contra el narcotráfico, que es el principio de corresponsabilidad “compartida” que han inspirado estos programas.     

 El programa nació como ATPA o Ley de Preferencias Andinas en el año de 1991, fue renovado en el 2002 y en el 2006 y se mantiene como un tire y afloje como un sistema inestable de renegociación permanente. Un estudio de Planeación Nacional del 2003 indica que sólo el 20 por ciento de las exportaciones realizadas entre 1998 y 2002 correspondían a productos bajo el ATPDEA, que se concentran en catorce productos. Según la SAC sólo 39 de seis mil subpartidas arancelarias gozan de los beneficios del programa. Pero, vale la pena recalcar que su injerencia no radica en el número de productos beneficiados sino en la importancia que éstos tienen en la vocación exportadora de la economía colombiana, que por demás superan un costoso  escenario de revaluación y una amenaza de enfermedad holandesa.

 Es claro que Colombia desea y necesita promocionar y no perder ventaja comparativa de productos exportables distintos a la producción minero energética, si se tienen en cuenta las cifras del DANE que indican que el 71 por ciento del valor de las exportaciones totales en el 2010 correspondieron a petróleo y sus derivados. Y menos aún, en las circunstancias de desempleo que vive el país, se puede desestimar el valor agregado de los sectores altamente intensivos en mano de obra, como es el caso de la floricultura, cuyas exportaciones se concentran en un 70 por ciento en Estados Unidos.

 El punto álgido está en el tiempo que se tome restablecer ATPDEA, por cuanto por cada mes de ausencia de preferencias se puede generar, en el caso de los floricultores, unas pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares, equivalente a un 1% de las exportaciones anuales, como lo estima Germán Torres Lozano, pionero de las flores en Colombia. Actualmente se encuentra en receso el Congreso estadounidense, por lo cual no es posible que antes de tres semanas éste sea restablecido. No es justo ni conveniente que un sector que diversifica las exportaciones y emplea formalmente a miles de personas, tenga que resistir la falta de preferencia o urgencia por Colombia por parte de Estados Unidos.

 Tal vez la locomotora de la agricultura deba tener el mayor impulso y apoyo,  como sector altamente intensivo en mano de obra,  que diversifica la economía exportadora en sectores distintos al minero energético y que erradica verdaderamente la cultura del narcocultivo, cuestiones que sumadas a un esfuerzo por mantener el Plan Colombia y abrir el TLC pondrían de manifiesto la correspondencia de Estados Unidos con nuestro país. 

 Como definió recientemente la Comisión de Relaciones Internacionales no hay razones para que el Congreso de los Estados Unidos  no ratifique el TLC con Colombia, el cual fue negociado hace más de cuatro años con el gobierno de G. Bush. Si se trata del cumplimiento de metas en derechos humanos y de orden laboral, basta con mirar los esfuerzos de Colombia en esta materia. Todo es cuestión de voluntad.

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Presidente del Directorio Conservador reitera compromiso de su Partido con la Unidad Nacional

El siguiente es el discurso del Senador José Darío Salazar, Presidente del Directorio del Partido Conservador, al término del Foro Ideológico de esa colectividad, cumplido durante el miércoles y jueves en la Ciudad de Villa de Leyva, Boyacá.

"Para el Partido Conservador constituye un honor que Usted, Señor Presidente Santos nos acompañe en este encuentro ideológico, que busca finalmente repasar y actualizar el pensamiento de los conservadores para poder enfrentar los problemas y dificultades actuales y futuros y contribuir con otras fuerzas políticas a encausar las energías nacionales con el objetivo de asegurar el orden, alcanzar la paz, la justica, el fortalecimiento institucional, la equidad y la prosperidad. Le damos la más cálida bienvenida. 

La política contemporánea suele olvidar las bases ideológicas y a veces doctrinarias en las que se fundó la actividad pública a partir del Siglo XVIII, para enfrascarse en la competencia por el poder, como si detentar éste fuera suficiente para resolver las dificultades que hoy presenta nuestra sociedad. La política, una de las actividades más nobles y complejas, se está convirtiendo en todo el mundo, en una profesión técnica, cortoplacista y desprovista de principios. Usted entendió el problema y hace años planteó al país la posibilidad de encontrar lo que en Europa se ha denominado “la tercera vía”, una versión moderna y centrista de la social democracia. Además, constituyó la fundación Buen Gobierno en el entendido de que no bastan ideas brillantes y buena voluntad, sino que estas se deben acompañar de excelente y honesta gestión de lo público. 

Para el logro de esos objetivos Usted planteó entre otros medios, la implementación de un código moral para el buen gobierno; la seguridad en campos y calles, acompañada de una justicia accesible y eficaz que cuide vidas y propiedades, y castigue a los delincuentes; cerrar la brecha educativa entre los colombianos y posibilitarles una vivienda digna que a la vez será generador de empleo; hacer posible la creación de 2.4 millones de nuevos empleos formales y formalizar 600 mil más, a través de las locomotoras de desarrollo en infraestructura, agro, vivienda y minería; la consolidación de una clase media pujante para que el ascenso social y los mayores ingresos creen demanda de más y mejores servicios; la equidad de oportunidades para la mujer; la derrota de la miseria, la pobreza y el hambre en un país con campo abundante, donde avancemos todos juntos en alianzas productivas para prosperar; hacer de Colombia un destino turístico, cultural y ecológico, reforestar sus campos, aumentar las expectativas de vida de los colombianos para lo cual necesitamos, entre otras medidas, la disminución en el costo de los medicamentos que debe terminar con los abusos; la construcción de una moderna infraestructura para la verdadera integración nacional; la búsqueda de nuestros recursos naturales y una energía limpia y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. 

Estamos dispuestos a ayudarle a construir su sueño, que es también el nuestro: “llegar al final de su gobierno al frente de un país seguro, con una población educada y trabajando, con una infraestructura que nos permita competir mundialmente para llevar el ingenio y la laboriosidad de los colombianos a todos los rincones del mundo”. 

Los conservadores tenemos forma propia de pensar y concebir la sociedad y el cosmos. La seguridad es uno de ellos, y así lo defenderemos en la Mesa de Unidad Nacional. Compartimos una serie de principios e ideas con el liberalismo clásico desde el Siglo XIX, especialmente en el campo económico. En otros puntos, en ciertos valores, fruto de un modo de pensar, sentir y actuar tenemos concepción propia. Entendemos que a partir del fracaso del comunismo internacional se viene produciendo un reacomodamiento de las ideologías y muchos partidos y movimientos se disputan ahora el centro del espectro ideológico.

El Partido Conservador es artífice de las más importantes páginas de la historia nacional e institucional, y así continuaremos al servicio de la patria. Como la sociedad y la política cambian a un ritmo a veces frenético, el pensamiento conservador evoluciona con los nuevos requerimientos, respetuoso de nuestros más caros principios y valores, del orden, la tradición y las instituciones.

Además, afortunadamente la inmensa mayoría de los compatriotas han llegado a entenderse en lo que Álvaro Gómez llamó el “acuerdo sobre lo fundamental”, en temas como los derechos humanos, las garantías constitucionales, la búsqueda de la equidad, el crecimiento económico, la independencia y balance de los poderes, la ética pública y la incorporación de los valores democráticos. Este acuerdo tácito va limitando el núcleo de las diferencias partidistas, inclusive con sectores tradicionales de izquierda, confundiendo a los electores, desmotivando a los jóvenes y relegando el mundo de los ideales.

Nuestro partido es consciente de su importancia y papel protagónico en la “Unidad Nacional”. Y actúa dentro de ésta con lealtad y responsabilidad, así como actuó en el anterior Gobierno de la “Seguridad Democrática”. Cuando tengamos observaciones, diferencias conceptuales, prácticas o de orden ideológico, lo expresaremos de manera franca y constructiva porque entendemos que el buen amigo del mandatario es el que le dice la verdad. Los conservadores estamos firmemente comprometidos con sus planteamientos expresados en torno a la Unidad Nacional. Consideramos que el país tiene un panorama promisorio por delante, pero a la vez aceptamos que subsisten grandes problemas por resolver. Cuente usted con nuestro apoyo patriótico.

Agradecemos su presencia que nos honra sobremanera, la consideramos no sólo amistosa sino estimulante".

Estragos y gestión ambiental

La emergencia invernal nos ha llevado a repensar las políticas de conservación del medio ambiente y a ser conscientes de la vulnerabilidad de un país, como el nuestro, rico ante el mundo en biodiversidad y abundancia hídrica, de los estragos que puede causar tanto el cambio climático como la ausencia de prevención y cuidado. En los diagnósticos nos vemos obligados a ser más concretos y a sincerar nuestras buenas intenciones hacia lo verde. Hoy  lamentablemente ya se habla de degradación ambiental.

El Plan de Desarrollo no puede estar ausente de esta circunstancia y bien determina como eje transversal la Sostenibilidad Ambiental. Crecer sin afectar poblaciones es la disyuntiva. Las  Bases del Plan lo establecen con claridad: “procesos acelerados de crecimiento económico en escenarios cambiantes de riesgo, de degradación del ambiente y cambio climático global requieren una gestión ambiental y del riesgo de desastres integrada como estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de las comunidades en el desarrollo del país”.

Esto además se profundiza por la razón de tener más de un 45 por ciento de la población con índices de pobreza y por estar consolidándonos como país minero-energético, no obstante los esfuerzos por vigorizar otras locomotoras como el sector agropecuario y de ciencia y tecnología. Metas del Plan contemplan la generación de recursos por regalías de 100 billones de pesos en diez años, alcanzar una producción en petróleo de 1.4 millones de barriles diarios (hoy en 800 mil), subir de 73 millones a 124 millones la producción de toneladas de carbón y aumentar de 5.5 a 6 millones el número de hogares con gas domiciliario.

El Director de Planeación, de hecho ha anticipado la necesidad de reforzar en el Plan, los capítulos de política y gestión ambiental y los elementos de adaptación al cambio climático, frente a las bases iniciales. El total de recursos de inversión del Plan de Desarrollo se estima, para los cuatro años, en 565 billones de pesos, a precios constantes de 2010 (preliminar). De éstos, 33.7 billones de pesos, es decir un 6% corresponden al eje de sostenibilidad ambiental. 

Es difícil dar un diagnóstico en la materia en pocas palabras. Pero se pueden extractar algunas características del diagnóstico presentado por el Departamento de Planeación: la deforestación promedio anual estimada del  2.000 al 2.007 es de 337 mil hectáreas por año; los páramos, bosques y humedales son altamente afectados por macroproyectos productivos; se han declarado amenazadas 406 especies de fauna y 662 de flora;  el 85% de los sistemas productivos están en áreas tendientes a desertificación y el 48% del país es susceptible de erosión; el costo estimado de la contaminación hídrica, para la salud, el tratamiento de agua para consumo doméstico e industrial, la productividad y el turismo asciende a un billón de pesos del año 2005, lo que equivale a 0,3% del PIB nacional. Factores como éstos sustentan, en palabras del gobierno, que si bien los recursos naturales han sido nuestra base de crecimiento económico, éste ha estado acompañado de una marcada degradación ambiental.

Debemos mirar con detalle la estrategia. Volver compatibles crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y recursos fiscales es complejo. Se está haciendo el esfuerzo, pero de vernos cortos, podría pensarse en algunos recursos de deuda, que el gobierno no ha tocado, sin afectar tampoco la sostenibilidad fiscal, lo cual no es fácil pero tampoco imposible.

Hacia la prosperidad

Seis meses después de posesionado el Presidente, de acuerdo a la ley, se presenta a consideración del Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo. Este se convertirá en el distintivo, como lo fuera la “Política de Seguridad Democrática” del gobierno Uribe, del actual gobierno. Es el proyecto que traduce las propuestas de campaña, hacia una visión del país, en claras políticas públicas.

El Consejo Nacional de Planeación, creado en la Constitución de 1991,  que reúne a gobernadores, representantes de los gremios y de organizaciones sociales, ya emitió su concepto sobre las Bases del Plan.  Una vez la sociedad civil pueda conocer su contenido en audiencias públicas y surta el debate y la aprobación del Plan por parte del Legislativo,  la “Prosperidad para todos: más empleo, menos pobreza y más seguridad” será el derrotero que defina la visión, metas, estrategias y objetivos del gobierno del Presidente Santos.    

El Plan se concibe bajo unos principios, que se mencionan en su contenido. Una es la visión sobre el Estado: el éxito de las estrategias depende de la efectividad de la ejecución de las entidades del Estado, pero también del papel crucial que juega el sector privado y la sociedad civil. Y en este sentido se rescata el principio fundamental de la Tercera Vía, según la cual se admite “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.  De manera que “el Estado es quien despeja el camino -fija las reglas de juego y dirime los conflictos-, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre”.

Otro es el concepto de política de cohesión social, impulsado por el anterior gobierno, pero robustecido en el Plan como objetivo fundamental, con énfasis en la generación de empleo y la educación, que incluye además la concepción de una política hacia la igualdad de oportunidades y la promoción a la participación ciudadana y la responsabilidad social, dentro de la misma noción.

Si bien el Plan se plasma en ocho ejes primordiales, hay uno que se puede interpretar como base fundamental, como es la denominada Convergencia Regional, indispensable para que la prosperidad llegue a todos porque fija la prioridad de reducir las brechas de oportunidades entre las regiones, para lo cual divide el país en seis zonas, según su desarrollo endógeno, hacia donde se guiarán las estrategias. Estas son: la Central, el Sur del Macizo colombiano, la Costa Pacífica y Caribe, la Amazorinoquia y la Nororiental (Orinoquia alta y colindantes).  

De los otros siete ejes, cuatro son de carácter transversal: la Innovación en las actividades productivas; el Buen Gobierno, principio rector de un Estado efectivo y no corrupto; el mayor y mejor Posicionamiento Internacional y la Sostenibilidad Ambiental. Tres son pilares: la Igualdad de Oportunidades como política de protección social; la  Paz como consolidación de la seguridad y el Crecimiento Sostenido hacia la Competitividad. Colombia, camino a la Prosperidad para todos, pretende ser más competitiva, con el impulso a cinco locomotoras que son: los nuevos sectores basados en la innovación;  la agricultura y el desarrollo rural; la expansión energética y el desarrollo minero; la infraestructura de transporte y la construcción de vivienda y ciudades amables.

Como efecto de la emergencia se replantearán algunas inversiones pero los principios rectores de la Prosperidad para Todos son los mismos y las locomotoras se sumarán a la reconstrucción nacional.

Seguro de cosecha

Los estragos del invierno ponen en evidencia que el colombiano no posee una  cultura para suscribir pólizas de seguros que restituyan su inversión, el rendimiento medio esperado o ajusten el daño causado, a cambio del pago de una prima que lo cubra de un siniestro definido de manera preventiva. De hecho, en el 2008 las primas de seguros generales, pagadas en el país, representaron el 2,3% del Producto Interno Bruto nacional, dos puntos por debajo del promedio de Latinoamérica.

Mediante las Leyes 69 y 101 de 1993, Colombia creó el seguro agropecuario con subsidio estatal, para amparar a los productores en sus costos de inversión contra eventos climáticos, como exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, deslizamientos y granizo. Existe el producto y el incentivo pero no se compra. Las primas pagadas por seguro agrícola en el 2007 apenas alcanzaron en el país una relación de 2 dólares por cada cien mil del PIB nacional.  Respectivamente, el mundo en promedio invirtió 15 dólares, es decir cerca de ocho veces más (Swiss Re Research & Consulting, Fasecolda).

Para el 2010, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario asignó 20 mil millones de pesos al Fondo Nacional para Riesgos Agropecuarios -que cubre los subsidios a las primas, con cargo al Presupuesto de la Nación-, bajo el Plan Anual de Seguros establecido por riesgo climático, tipo de cultivo, valor máximo a asegurar por hectárea y total de área cubierta, que fija el Ministerio según información de las compañías aseguradoras, garantes del proceso productivo responsable. En la actualidad el Gobierno Nacional establece un subsidio sobre la prima neta de la póliza suscrita por el productor para la adquisición de un seguro agrícola.

El subsidio base de la prima es del 30% y aumenta hasta 60% si la contratación del seguro se efectúa de manera colectiva. Cubre cultivos de ciclo corto, mediano y tardío rendimiento, forestales, otros con costos superiores a 40 millones de pesos o catastróficos. Es de resaltar que el programa se ha dinamizado desde el 2007, año en el cual se aseguraron 28.598 hectáreas con un subsidio de 5.348 millones de pesos. Durante 2010, se lograron asegurar cerca de 45 mil hectáreas y se suscribieron algo más de 10 mil pólizas.  Si bien el resultado es satisfactorio, no es suficiente, toda vez que sólo el 1% de la proyección de hectáreas sembradas se aseguró y el 47% de los recursos disponibles en el programa fueron utilizados.

Argentina vivió la Ley de Emergencia Agropecuaria por el fenómeno de “El Niño” e impulsó la mayor incorporación de insumos, tecnología y capital,  lo cual incentivó el pago de primas de seguros agro hasta de 50 dólares por cada cien mil del PIB (2007). México, Chile, Perú, India y países de Centro América también han podido desarrollar la penetración del seguro en el sector.

Colombia proyecta impulsar el desarrollo vía la locomotora agropecuaria, bajo una dura experiencia por la ola invernal, que puede motivar un cambio de cultura. El gobierno, en su plan expansivo, aumentó para el 2011 a 34 mil millones de pesos el aporte presupuestal para subsidios a las primas, pero es necesaria una agresiva campaña regional para generar realmente el hábito hacia el seguro de cosecha. Una propuesta es ampliar por ley las pólizas de seguros hacia el área ganadera y pesquera y crear el microseguro como política social hacia el pequeño productor. Como dice el proverbio chino: “abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis".

El desastre invernal

El tema ecológico que en Europa concita enormes corrientes de opinión,  hasta tal punto que en muchos países del viejo continente se han organizado los denominados Partidos Verdes, con el propósito fundamental de preservar los ecosistemas, tomó fuerza en Colombia, a raíz  de la Constitución de 1991,  en la que, el ex presidente Misael Pastrana Borrero, abanderado de este tema, hizo posible la consagración de normas para preservar el medio ambiente.

Sin embargo han tenido que ocurrir desastres de magnitudes, para despertar la conciencia colectiva sobre la trascendencia de este tema, vital para el mundo actual y las nuevas generaciones;  desastres como las inundaciones causadas en New Orleans a raíz del Katrina, los tsunamis que barrieron pueblos de Asia, terremotos devastadores como el de Haití.

El calentamiento global causado entre otras por los gases industriales y la tala indiscriminada de bosques, han traído como consecuencias el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel de las aguas de los océanos, las inundaciones  y en otras partes,  la desaparición de fuentes de agua, el calentamiento de los pisos térmicos, la aridez de las tierras, la desaparición de especies y el cambio de los ecosistemas.

Colombia no es ajena a estos males, causados en su gran mayoría por la intervención del hombre que aquí, ha deforestados miles de hectáreas de bosques húmedos y secos para dedicarlas al cultivo de la coca y de la amapola.  La desaparición de los cauces de los ríos y la deforestación causan desastres naturales como las inundaciones y  movimientos de tierra.

La laxitud en la aplicación de las normas ambientales por parte de instituciones competentes es factor que impide la preservación del medio ambiente.

Los daños causados por el invierno en nuestro país constituyen una catástrofe, decenas de muertos, más de quinientas mil viviendas destruidas y más de dos millones quinientos mil personas sin techo, aproximadamente quinientas mil hectáreas dedicadas a la agricultura afectadas y un millón dedicadas a la ganadería, cien mil reses muertas y un millón quinientos mil desplazadas de las tierras donde pastaban.

A raíz de lo sucedido, el gobierno nacional decretó la emergencia económica para poder dictar decretos con fuerza de ley, crear impuestos y transferir recursos.

Como sucede en estos casos la prioridad es socorrer las víctimas del desastre, proporcionándoles comida, albergue y techo; aun muchos damnificados habitan en cambuches improvisados a los orillas de las vías como sucede en el Valle del Cauca.

La reconstrucción de las vías terciarias es fundamental, muchas de ellas han desaparecido, produciendo el aislamiento de los campesinos y la pérdida de sus productos.

Por cuenta del desastre invernal, el año 2010 terminó con una inflación superior al 3 %, mayor a la registrada en el 2009, previsible para muchos, menos para expertos del gobierno y del Banco de la República quienes hasta última hora dijeron que esto no sucedería.  El alza de los alimentos fue lo que más influyó en el aumento de precios.

El gobierno tendrá que poner el acelerador a la reconstrucción de las vías terciarias, vitales para que los campesinos y agricultores abastezcan los mercados en las regiones del país.

A propósito de las medidas tomadas por el gobierno nacional, debemos celebrar, la decisión del ministro de Agricultura de condonar a los agricultores y ganaderos del sur del Atlántico, cuyas tierras están inundadas, sus deudas con el Banco Agrario.  Sin embargo, esta medida debe extenderse a aquellos agricultores y ganaderos de otras zonas del país que, han perdido de manera temporal la función productiva de sus tierras por cuenta del desastre invernal.  De la misma forma celebramos el anuncio de la reestructuración de los créditos y las obligaciones contraídos por los agricultores y ganaderos con la banca pública, pero el gobierno debe instar a la privada a hacer lo propio, por ejemplo en las deudas contraídas para reconstrucción o compre de vivienda rural.

La solidaridad debe ser de todos, especialmente de los más pudientes.

Tags: Emergencia invernal

Salud sin privilegios

La protección de los derechos como la vida, la salud, la reparación a víctimas de la violencia o de desastres naturales, toma cada día en Colombia la mayor atención y conciencia. Sin embargo, el ideal de llegar a todos, en igualdad de oportunidades, depende de la riqueza y de la orientación óptima de unos recursos limitados. Entra en juego, entonces, la habilidad para combinar  factores y políticas tanto de mayor eficiencia -mejores beneficios con menores costos- con mayor eficacia para obtener de manera más rápida los objetivos propuestos.

Esta optimización de recursos es la línea básica de las reformas propuestas como son: la sostenibilidad fiscal y la reforma a la salud. Es poder armonizar los recursos disponibles hacia unos mayores logros. 

En este sentido, la reforma a la salud es clara en sus objetivos específicos: unificación del Plan de Beneficios, universalidad del aseguramiento y garantía de la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. La universalidad se refiere a todos los residentes en el país, en todas las etapas de la vida.

El Plan pretende unificar los beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado hacia el 2015. Si bien, no se menciona expresamente, se comienza a hablar de “desestratificación” como un nuevo concepto, alineado con el principio de la igualdad sin privilegios mencionado. 

Así, la  equidad se define como la garantía del acceso de todos a la salud, independientemente de la capacidad de pago, sin prestaciones individuales, con criterios técnicos y científicos, que no pongan en riesgo los recursos del sistema. Entra el control a los recobros por eventos NO POS, que este año corresponden a gastos cercanos a los 2 billones trescientos mil pesos. Para evitar estas contingencias, se actualizará el Plan de Beneficios cada dos años atendiendo a cambios en el perfil de las enfermedades de la población y se crea la Junta Técnica Científica de Pares, especializada en dar conceptos sobre la pertinencia médica.  

A su vez, el recaudo y giro de los recursos del régimen subsidiado se realizará a través de cuentas individuales por municipio que girarán directamente a las EPS, sin represar pagos entre varios eslabones de la cadena.

La salud pública ahora estará enmarcada por el Plan Decenal, que entrará en vigencia en el año 2012, que debe mantener indicadores de seguimiento del estado de salud de la población, incluyendo la salud mental. Para este monitoreo, tanto nacional como territorial, se deberá contar con la participación social y se crean: el Consejo Especial de coordinación intersectorial y el Observatorio Nacional de la Salud.

Además de una permanente evaluación, es de recalcar que la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, especialmente en niños y adolescentes,  son pilar de la estrategia de atención primaria, bajo un concepto de “atención integral, integrada y continua”. Para llevar a cabo este objetivo se conforman los nuevos Equipos Básicos de Salud, que se concentrarán en reunir la información de diagnóstico y afiliación centrada en la familia. Se espera que ahora en cualquier lugar del país se comience a atender al usuario y su familia sin importar de dónde es su origen ni su carnet de salud.

La reforma ajusta la búsqueda del ideal de la salud para todos, con la obligación de preservar el sistema, corregir sus factores desestabilizadores y alinear su operación hacia los óptimos de equidad, calidad y cobertura.

Sostenibilidad Fiscal

Nuevos conceptos se imprimen hoy en el mundo al manejo de la política fiscal. La ola de la recesión mundial, de origen financiero y especialmente hipotecario de los tres últimos años, se ha hecho sentir en muchos países ahora con dificultades en el orden fiscal.

Los países del G-7 enfrentan déficits fiscales con tasas superiores al 3% del PIB y han recibido apoyos a través de la ampliación de los cupos de endeudamiento y préstamos hasta por 600 mil millones de euros, en el interés de la Unión Europea por salvaguardar su integridad. Estos esfuerzos, de todas maneras, terminarán por aumentar los costos para los ciudadanos de estos países, como por ejemplo sus impuestos.

Colombia no se encuentra en esta situación, pero sí desea evitar llegar a estos puntos críticos y es éste precisamente el sentido de vincular el manejo económico a un marco obligatorio de sostenibilidad fiscal, con el fin de tener una política que actúe como amortiguador del ciclo económico.

El proyecto que avanza en el Congreso pretende así elevar a jerarquía constitucional, dentro del artículo 334 de nuestra Carta Política – que otorga al Estado la responsabilidad de la dirección general de la economía–  un principio de sostenibilidad fiscal.

El debate ha generado una serie de controversias por temor a poner al Estado una camisa de fuerza, para otros una teoría, que llegue a reducir el gasto en momentos de crisis y afecte los derechos de mejoramiento de la calidad de vida de todos, especialmente de las personas de menores ingresos.

Originalmente, el ministro de hacienda del anterior gobierno, quien presentó la iniciativa, propuso incluir este concepto de sostenibilidad como un derecho. En el primer debate en el Senado, después de pasar por la Cámara, se incluyen de manera más concreta tres definiciones básicas de sostenibilidad fiscal: una, como “marco” de la dirección económica –mencionado inicialmente- que deberá reflejarse en los planes de inversiones públicas, en los presupuestos plurianuales y en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones; dos, como “principio” de acción, que cubre, dentro de sus competencias, a todos los Órganos y Ramas del Poder Público, incluidos los jueces, en colaboración armónica; y  tres, como “instrumento” para alcanzar de manera “progresiva y programática” los objetivos del Estado Social de Derecho.

Esto bajo la conciencia de que sus beneficios o derechos no se obtienenipso facto, dada la limitación de los recursos, sino que se adquieren de manera “progresiva y programática”, en la medida que alcanzamos un más alto nivel de desarrollo, que permita el acceso de todos al conjunto de bienes y servicios básicos, subrayando que la intervención del Estado también buscará de manera gradual promover la productividad, competitividad y desarrollo de las regiones.

De esta manera se define ya con mayor claridad el deseo por imprimir un rango constitucional al propósito de tener una política fiscal que pueda sostenerse en el tiempo, tal como queda en el nuevo título del proyecto, en primera vuelta, “por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal”. Dejarla como principio, instrumento y marco de la política económica, es una tendencia en el mundo, ya implementada en países como Chile, con excelentes resultados.

Debe comprenderse que es deber del Estado alcanzar esos derechos, pero también que este actúa dentro de las limitaciones fiscales o la escasez para financiar el gasto público social. Lo contrario es actuar irresponsablemente para agravar los problemas o actuar con populismo que es aún peor.

La reforma de la salud

Una reforma a la salud, en cualquier país, suscita toda clase de temores e implica la necesidad de tener claridad sobre la misma.  Sin lugar a dudas el diagnóstico financiero y el estado de la cartera de la red hospitalaria pública obligan a actuar con prontitud para salvaguardar la sostenibilidad del sistema pero además para corregir con firmeza los factores desestabilizadores y alinear su operación, como la Corte Constitucional ha insistido, hacia los óptimos de equidad y plena cobertura, con el ánimo de crear las condiciones de mejor calidad posible.  

Es de esperar que la reforma rompa la enorme tendencia a recibir el servicio de salud por cuenta de una tutela -si se tiene en cuenta que en el año cerca de ochenta mil tutelas se presentan por este concepto- sino que el engranaje del sistema: sus trámites, coberturas y procedimientos, fluyan sin obstáculo y bajo condiciones claras. Incluso la reforma prevé un mecanismo adicional para acceder a reclamo, distinta de los jueces, como es la instancia ante juntas médicas.  

Varias estrategias se tejen en la reforma: la actualización del plan de beneficios del Plan Obligatorio de Salud –POS- y  la inclusión del plan hacia la prevención y promoción como eje central. Dentro de la optimización del POS enunciada se estima, por ejemplo: el perfil epidemiológico y demográfico propio de la población colombiana; la actualización, cada dos años, del plan de beneficios con la inclusión de medicamentos no explícitos y la experiencia de un Instituto de Evaluación Tecnológica.

Dentro del diagnóstico financiero, presentado por el ministro, en este año el gasto por recobros NO POS recoge solicitudes en promedio de 3.4 millones de pesos por persona en el año, mientras las unidades de pago por capitación de los sistemas contributivo y subsidiado incluyen 500 mil pesos y 270 mil pesos anuales en promedio por persona respectivamente. Como se observa, los recobros NO POS superan en siete veces al régimen contributivo y en trece veces al subsidiado. En efecto, el monto total de recobros por eventos NO POS creció en un 80% entre el 2002 y el 2010 y equivale hoy en día a 2.3 billones de pesos. Esta cifra es el doble de los recursos destinados a agua potable y saneamiento básico y 1.5 veces más que los recursos destinados a la reforma judicial.

Es importante observar que la reforma combina esfuerzos para evitar problemas de orden financiero en la red hospitalaria pública, que representan 3.5 billones de pesos adicionales permanentes para el sistema. Estos proceden entre otros de: un incremento del 3% del Sistema General de Pensiones, un cuarto de punto de recursos de las cajas de compensación, mayores rentas cedidas y un billón adicional de aporte de la Nación a partir del 2012. También, se fija una reingeniería al flujo de recursos del régimen subsidiado para dar un giro más directo a los prestadores finales y evitar el represamiento entre varios eslabones de la cadena de pagos actual.  Por demás se perfecciona el Fondo de Garantías de la red pública y se busca que el usuario pueda acceder a servicios integrados en un mismo lugar.   

En realidad el quid de la reforma está en cómo optimizar los recursos y al mismo tiempo en dar acceso y calidad del servicio, que no es otra cosa distinta a imprimir eficiencia y eficacia al sistema para suplir unas necesidades con recursos limitados. Eficiencia, en el sentido de obtener los mayores beneficios con los mínimos costos y eficacia en el logro de los objetivos con medidas de calidad.

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La ola invernal

Los reportes sobre el clima en el país indican que desde hace 30 años no se presentaba un invierno tan intenso en Colombia y según los mismos, este, se prolongara por unos meses más. Todas las regiones de la patria soportan intensas lluvias y varias de ellas graves estragos  que se traducen en pérdidas de vidas humanas, inundaciones y derrumbes que impiden la movilidad en muchas vías de la patria y causan cuantiosos daños materiales a la infraestructura física en zonas urbanas y rurales. Como siempre sucede, los barrios subnormales y las zonas rurales, incluyendo las vías terciarias son, las más afectadas por los estragos que causa el invierno y, sus habitantes, los que más sufren.

De acuerdo a los reportes periódicos que ofrecen los medios de comunicación, la cifra de muertos por la ola invernal asciende a 136, y los heridos a 205, mientras que hay más de 20 personas desaparecidas, 205 mil viviendas averiadas y 1700 totalmente destruidas, el numero de damnificados en el país supera 1´500.000 personas, siendo las regiones más afectadas por los daños sufridos, las costas Caribe y Pacífica. Sin embargo el cierre continuo de vías principales, secundarias y terciarias se ha presentado en casi todas las regiones  de la geografía nacional. La actividad económica se ha visto afectada por la pérdida de cosechas y el servicio de transporte de carga y de pasajeros ha tenido que ser interrumpido o suspendido  en muchas ocasiones ante el deterioro de las vías.

Para aliviar los estragos  de la emergencia vial, el gobierno nacional ha tenido que destinar, a través de la cartera del interior más de 100 mil millones de pesos para los habitantes y zonas damnificadas, y el Invias ha destinado otros 100 mil millones de pesos para el arreglo de las vías averiadas. La ayuda de nuestros compatriotas también se ha hecho sentir pues se han donado por parte de los particulares más de 500 millones de pesos y 270 toneladas de ayuda humanitaria, para solidarizarse con las familias afectadas por los efectos causados por los desastres naturales.

La situación en el sistema vial en el país es crítica pues los recursos para atender las necesidades del sector son insuficientes. Para el año próximo se estima que se requiere, además de lo presupuestado, un billón de pesos adicionales, de los cuales 600 mil millones de pesos se necesitaran para el mantenimiento de las vías y 400 mil millones para terminar carreteras que ya se están construyendo. De las llamados corredores de la competitividad  que suman aproximadamente 1500 kilómetros, 700 de los cuales están desfinanciados.

Esto nos obliga a pensar que es absolutamente necesaria la participación  del sector privado en la construcción  de nuevas vías que requiere el país, para poder así empatar los 1000 Kms. construidos actualmente de dobles calzadas, conectarlos y extenderlos a otras regiones del país. Desde hace varios años los administradores y propietarios de grandes capitales privados, como son los fondos de pensiones y el sector financiero vienen expresando su interés en participar con millonarios recursos en la construcción de las dobles calzadas. Esto liberaría recursos del presupuesto nacional para atender otras vías principales y terciarias. ¿Qué falta entonces para aceptar la propuesta de los Fondos de pensiones y del sector financiero? Una muy buena estructuración en diseño y costos de estas obras, que garantice a estas entidades que trabajan con dineros del público que, habrá retorno de capitales y utilidad. Solo así será posible, atraer la inversión privada para que participe en la construcción de la infraestructura vial que Colombia requiere para ser más competitivos, integrar el desarrollo del país y generar empleos productivos.

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