CONTROL DE LA VORACIDAD MINERA Y RESPETO POR LAS COMUNIDADES
“En su actividad las empresas mineras instrumentalizan personas y territorios, sin respetar nada, ni siquiera el agua; es hora de poner límites a este abuso. Por eso todos debemos rechazar la pretensión de desviar el curso del rio ranchería y obligar a las multinacionales mineras a reconocer como limites la vida y los derechos de las comunidades”. En nuestra actividad pública y congresual hemos estado exigiendo a las empresas mineras, que operan en nuestro país, respeto por la autodeterminación de las subnaciones que ocupan los territorios y por los derechos sociales y ambientales de las comunidades afectadas.
Con su característica de enclave, sin integrarse con el resto de la economía, estas explotaciones extraen la materia prima con mano de obra barata y grandes gabelas tributarias obteniendo una gran rentabilidad. Todo ello sin considerar la miseria y carencias de las comunidades locales a las cuales se les imponen los costos sociales y ambientales de estos proyectos bajo una lógica netamente comercial, generando en su entorno bajos salarios, inflación, desempleo, depresión para el resto de los sectores económicos, entre los cuales buen ejemplo es la agricultura, desplazada totalmente en estos territorios. Estas empresas en su búsqueda de mineral no se detienen ante nada, ni siquiera los ríos, fuente de la vida, son respetados. Pese a nuestras protestas uno a uno han sido sacrificados en el Cesar, atentando contra la vida y sus soportes.
El turno le llegó a la Guajira: para extraer carbón, el río Ranchería, fuente principal de agua del departamento con una extensión de 220 kilómetros, pretende ser desviado en 26 kilómetros sin pensar en las consecuencias que dicha operación acarrearía para el medio ambiente y la población que habita dicho territorio. Como ocurrió con Santurbán, tenemos que ponerle límites a la voracidad minera. Ciertos mínimos deben ser respetados si queremos preservar la vida y sus presupuestos, dentro de ellos deben estar los ríos a los que debe brindarse una protección reforzada, rechazando categóricamente el cambio del agua por mineral por no resultar rentable ni conveniente para el país.
Tenemos que restringir la actividad minera -y las visiones desarrollistas en general- a un marco que respete la vida y el medio ambiente. En ello debe participar la sociedad en general articulándose, o mejor, organizándose alrededor de la defensa de los derechos individuales y colectivos puestos en riesgo; pero en especial el Estado realizando su actividad de control de las multinacionales en especial cuando se encuentren en riesgo bienes públicos como los ríos, tan importantes e insustituibles.
Desde ya rechazamos la desviación del río Ranchería, por ser un atentado grave contra la comunidad guajira y su medio ambiente; llamamos a las fuerzas políticas y sociales a sumarse en el propósito patriótico de impedir tamaño disparate. Recordamos también que la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento con relación al Código minero ha reiterado su jurisprudencia: todo lo que afecta a las minorías étnicas es necesario someterlo a la consulta previa; razón por la cual cualquier consideración y acción sobre el río ranchería debe consultarse previamente con las comunidades.
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