Debate sobre reforma a la Ley 30 de 1992: discusión sobre un nuevo modelo de educación superior| Ágora

May 2011 17

Debate sobre reforma a la Ley 30 de 1992: discusión sobre un nuevo modelo de educación superior

Desde el pasado 10 de marzo, cuando el presidente Santos presentó el proyecto de reforma a la educación superior, la propuesta ha recibido críticas por parte de rectores de las universidades públicas, y ha provocado la movilización de los estudiantes, entre otros sectores de la sociedad.

El Congreso no es ajeno a esta controversia, una muestra de ello ha sido la realización de diversos eventos para la socialización y análisis de la reforma presentada por el presente Gobierno. Este martes 17 de mayo, una vez más, se presentó un espacio para su discusión. En la Comisión Sexta de Senado, la ministra de Educación María Fernanda Campo acudió al llamado de Alexánder López (Polo Democrático Alternativo, PDA) para responder a todo tipo de cuestionamientos al proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992.

Además, el debate contó con la participación de representantes estudiantiles, rectores de universidades, miembros de algunos gremios y sindicatos asociados con la educación.

La sesión inició con la intervención del representante a la Cámara Wilson Arias (PDA), quien participaba por invitación de su compañero de bancada. De entrada, Arias anunció que éste no sería el último de los debates que se convocarían.

“Esta reforma se trata de una provocación neoliberal a la existencia de la Universidad pública”, expresó. En consecuencia, rechazó la educación con ánimo de lucro, contemplada en la propuesta gubernamental, por considerarla de baja calidad y costosa; porque el Gobierno se basa en “ejemplos erróneos” de otros países como Brasil o Estados Unidos, para construir en el país un nuevo modelo de educación superior, muestra de que “asistimos a la ‘financialización’ de la economía”. “Es un barbarismo entregar la educación al capitalismo”, sentenció.

Además, el representante de la oposición, planteó que con la reforma, el presidente Santos pretende anticiparse al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio con EEUU, en el que se permite la prestación de un servicio a toda empresa, sin limitación de personería jurídica.

A su turno, Alexánder López, planteó que lo que se pretende reformar en realidad es la naturaleza misma de la educación que en la Constitución es considerada “un patrimonio del Estado, la familia y la sociedad”, no de unos particulares.

Aunque reconoció que existe un problema de financiación de las universidades públicas, se preguntó a qué costo éste se resuelve con la llegada del capital privado. A su vez, cuestionó el hecho de que la educación no sea una de las prioridades de un gobierno que “privilegia la inversión en guerra”.

Al respecto, destacó cifras que señalan que Colombia es el país de América Latina que destina un mayor porcentaje del PBI en Defensa (20,363%), frente a un (2,235%) en Educación. Por otro lado, llamó la atención sobre las exenciones tributarias, las ganancias del sector financiero, el costo fiscal de la corrupción, rubros que podrían disminuirse para obtener los recursos que hacen falta. “Ahí están las salidas”, afirmó.

“¿Se justifica la inversión en las Instituciones de Educación Superior públicas IES?”, preguntó. Su respuesta fue que la financiación es clave para el desarrollo del país. A su vez, destacó que a pesar de que el Estado no ha financiado plenamente la educación pública, ésta ha demostrado ser de mejor calidad que la educación privada y ha logrado aumentar la cobertura entre 2002-2010.

En resumen, según López, la reforma a la Ley 30 deroga 28 artículos e incluye 32 nuevos que son “nocivos” para la educación, entre los que destacó el que permite que las Instituciones de Educación Superior establezcan contratos de asociación con particulares (10º). “Si se permite introducir esa figura de ‘sociedades anónimas’, se acaba la autonomía universitaria”, expresó, es decir, la capacidad de las universidades de autoregularse. “Quienes definen los estatutos son los socios”, refiriéndose a lo estipulado en el Código de Comercio.

También, señaló que “es responsabilidad del Estado garantizar la educación…la reforma es la aplicación del modelo adoptado a través de los TLC entre EEUU, Canadá y México, donde las transnacionales se han adueñado del mercado”.

Por último, instó a la ministra Campo y al Gobierno a desmontar el proyecto, con el fin de que “se abra la discusión sin ningún tipo de presiones”.

Posteriormente, Danilo Vivas, Rector de la Universidad del Cauca y Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), expresó su preocupación por un modelo que financia la demanda y no la oferta educativa.

Por su parte, para Pedro Hernández, Presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la reforma “no contempla que todos tenemos derecho a la educación superior”, tal como lo exige la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia en esa materia. No obstante, no se opone totalmente a la propuesta del gobierno sino que se conserve lo positivo y se apunte a dar mayor financiación.

A continuación, Gonzálo Arango, Presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios (FENALPRO), destacó que desde el 2009 las universidades públicas plantearon la necesidad de abrir el debate en torno a la crisis que vienen atravesando, en términos de financiación, de “sacrificio de la calidad” y de “una democracia y autonomía que cada vez son más escasas”.

Como respuesta a estos problemas, Arango invitó a la movilización social con el fin de “rescatar el derecho a la educación”.

A su turno, en representación del movimiento estudiantil, Nataly Ramírez y Jairo Rivera, expresaron su preocupación por lo que se pretende con la educación, al dejar en manos de actores privados su financiación. “El Estado social de derecho ha sido desmontado… con la educación no ocurre nada diferente a lo que pasa con otros derechos”, expresó Ramírez. Por su parte, Rivera explicó que los jóvenes están “defendiendo el saber… elemento que no se vende” y que se han organizado en una gran mesa estudiantil para construir una educación de calidad para todos. “Necesitamos recomponer el sentido de lo público”, concluyó.

El vocero del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios SINTRAUNICOL, fue enfático al exponer que la reforma “tiene como objetivo acabar con la educación pública”, la que sin embargo, ha rendido al máximo a pesar de la poca financiación, no obstante, “en detrimento de los trabajadores”.

Asimismo, anunció el respaldo de su colectividad a la movilización promovida en defensa de la educación pública. Por último, instó al Gobierno a devolverle a las universidades públicas un déficit de 700 mil millones de pesos.

Al término de las intervenciones de miembros de la sociedad civil, algunos senadores de la Comisión Sexta donde se llevaba a cabo el debate, expusieron sus posiciones.

Tal fue el caso de John Sudarsky (Verde) para quien el modelo educativo “tiene que conllevar igualdad de oportunidades”. Además, el financiamiento no debe estar solo en manos del Estado sino que la universidad con ánimo de lucro “podría jugar un papel”. No obstante, las alianzas público-privadas “debe ser controladas de una manera estricta”.

“Esto no es el cataclismo”, afirmó refiriéndose al eventual proyecto de ley.

En seguida, César Tulio Delgado, coincidió con las posiciones de quienes expresaron su preocupación por la llegada de multinacionales de la educación al país. “Hay instituciones que en la cobertura han encontrado solo un negocio”, expresó. Para el senador conservador, desde el Congreso, se debe buscar la salida a un mejor financiamiento de la educación superior, cuya respuesta no son los agentes privados.

En consecuencia, Delgado invitó a los estudiantes y a demás estamentos de la sociedad a presentar una contrapropuesta a la reforma presentada por el Gobierno.

Entre tanto, para Eugenio Prieto (Liberal), se debate un proyecto “que no se ha radicado todavía”. La discusión debe tener en cuenta dos aspectos centrales: el fortalecimiento de la educación pública y el incremento de la cobertura, temas que “deben ir de la mano”. Además, planteó una reflexión frente a la concepción de lo que es una universidad privada, para que haya mayo claridad.

Acto seguido, el senador Jorge Guevara (PDA) señaló que el Estado tiene una “deuda histórica” con la universidad pública: “debilitarla no es bueno para el desarrollo del país”, afirmó.

Posteriormente, Carlos Baena (MIRA) expresó su inquietud por la llegada de capital privado al sistema educativo, lo que según el senador impediría “fortalecer los valores pedagógicos, culturales y sociales de los individuos”.

Finalmente, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, argumentó que en las circunstancias actuales, en las que 620 mil jóvenes se gradúan cada año, los recursos que el Estado se reserva para proveer una educación de calidad son insuficientes. Por esa razón, es indispensable la llegada de capital privado.

El tiempo de duración del debate de control político, a la propuesta de reforma a la educación superior, fue limitado para la complejidad del tema tratado. Por lo anterior, se anunció que la discusión continuará el próximo martes 24 de mayo en el mismo recinto de la Comisión Sexta. La ministra Campo confirmó su asistencia.

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