Demandas contra el Estado| Ágora

May 2011 30

Demandas contra el Estado

Con inquietud y preocupación se recibió el informe de la Contadora General de la Nación al Congreso de la República, por el anuncio de la cuantiosa cifra de 849 billones de pesos, que representan, al cierre del 2010, las demandas presentadas contra el Estado. De nada sacamos promoviendo las políticas de la regla y la sostenibilidad fiscal si casos fortuitos, no provisionados, de gran magnitud terminan por desequilibrar las finanzas del Estado. Es por ello de suma importancia tomar atenta nota a esta voz de alerta y crear los mecanismos de prevención e información periódica que sean necesarios.

Por cualquier lado por el cual se mira el volumen de las demandas contra el Estado, resulta ser una suma muy alta y de cuidado. Es superior en 1.5 veces al valor del Producto Interno Bruto nominal, estimado para el 2011 por el viceministerio técnico de Hacienda (569 billones de pesos). Cubre el Presupuesto General de la Nación de más cinco años y medio (147 billones de pesos anuales) y es casi treinta veces el Presupuesto de Inversión de la Nación para el 2011 (26 billones de pesos). Es también 1.5 veces más que el valor del Plan Nacional de Inversiones Públicas, de la Prosperidad para Todos, 2011-2014 (564 billones de pesos). El año pasado, las demandas falladas contra el Estado representaron desembolsos por más de 12 mil millones de pesos.

Si bien se trata de un “pasivo contingente, entendido como aquellos gastos que eventualmente podrían causarse (en este caso, dependiendo del resultado adverso al Estado dentro de los litigios en los que se encuentra demandado) … hay que tener en cuenta que el mandato constitucional permite a toda persona que siente que las actuaciones de las instituciones estatales generan una afectación a sus derechos ya sea mediante acción u omisión, la posibilidad de dirigirse ante los jueces de la República para pedir el pago de los perjuicios causados, en las que las sentencias condenatorias son de obligatorio cumplimiento, por ende el Estado una vez declarado como responsable debe cancelar el pago de los perjuicios generados” (Poveda, Ramírez, Costo de las demandas contra el Estado, Diario La República, 2010).

El problema radica en el crecimiento de estas demandas, en el grado de provisión de las mismas y en la recuperación de las sanciones o cuentas por cobrar de los condenados. Según informó la Contadora General de la Nación, Margarita Roldán: las demandas contra el Estado Colombiano han crecido en un 17%, en los últimos 3 años y sólo se tienen provisionadas por un valor de 9 billones de pesos (escasamente el 1% del total de las pretensiones).

Sería útil mantener una información periódica sobre la evolución de las demandas y empezar -como se le exige, por ejemplo, al sector financiero- a crear porcentajes de provisión según la modalidad y el riesgo de la demanda. Si bien este es el ideal, se entiende que la situación aún puede ser más crónica, si se tiene en cuenta que el patrimonio neto de la Nación es negativo (es mayor el valor del pasivo que del activo).

Es hora de empezar a establecer de manera gradual este tipo de parámetros, como mayores provisiones, entre otras porque coadyuvan al principio de sostenibilidad fiscal. Igualmente, como lo ha anunciado el Ministro del Interior, es imperante, dentro de la reforma del Estado, crear dentro del nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en su función de defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos contra la Nación.

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José Darío Salazar Cruz

Segundo secretario Embajada Paraguay, Cónsul Embajada Paraguay, Jefe escalafón y carreras docentes

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