EL PETRÓLEO Y SAN ANDRÉS
“Si el Gobierno Nacional tiene la verdadera intención de convertir a la minería en una de las locomotoras que impulsarán el desarrollo del país, es imperioso que no descuide los lineamientos previstos en materia de sostenibilidad ambiental, pues el perjuicio ecológico ocasionado por el ejercicio indiscriminado de dicha actividad no tiene reversa, tal como ocurre con las locomotoras”.
Hace apenas dos meses todas las miradas de la opinión pública colombiana se volcaban sobre los trámites adelantados por la multinacional canadiense Greystar para obtener una licencia que, de haberse otorgado, le hubiera permitido concretar su proyecto de explotación aurífera en pleno páramo de Santurbán, esto es, en una zona excluible de minería de conformidad con el Código de Minas. Hoy, por cuenta de una sutil modificación sugerida por el Ministerio de Minas al texto del Plan de Desarrollo, se pretende excluir, pero de protección, a una extensa zona de reserva coralina del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el objeto de promover la extracción de crudo. Y es que el área donde el Gobierno Nacional permitiría la exploración de petróleo fue declarada por la UNESCO en el año 2000 como reserva de la biosfera marina.
En esa misma línea, el Ministerio del Medio Ambiente resolvió declarar como Área Marina Protegida (AMP) una zona dentro del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la Resolución No. 107 de 2005, pero lamentablemente los argumentos utilizados para motivar dicho administrativo y que aluden a “la conservación de muestras representativas de la biodiversidad marina y costera, de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta ambiental del archipiélago y de los valores sociales y culturales de su población, y promover en el interior de la Reserva de la Biosfera Seaflower la integración de los niveles nacional y regional”, no aparecen por ninguna parte al momento de considerar una eventual explotación petrolera en aquella zona dentro del Plan de Desarrollo puesto a consideración del legislativo.
Pero ¿Qué son las Áreas de Reserva Marina o Áreas Marinas Protegidas?. El de Área Marina Protegida (AMP) es un término cada vez más común en el contexto de la conservación de la biodiversidad, la protección de hábitats y la gestión pesquera. El término cubre un amplio rango de medidas de protección, con una variación, igual de amplia, de los beneficios otorgados por esta figura. Las AMP pueden ser creadas para cumplir muchos propósitos, que abarcan desde la protección de una especie, hasta un hábitat o ecosistema completo, o la protección de ciertos intereses, como la pesca a menor escala o recreativa. Las reservas marinas son un tipo de AMP que, en términos de medio ambiente marino, ofrecen el mayor nivel de protección.
Las reservas marinas son porciones de mar que están totalmente protegidas contra los daños de las actividades humanas, como si fueran parques nacionales en el mar. La del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Seaflower, es un Área Marina Protegida que abarca un total de 6.5 millones de hectáreas, lo que la convierte en la más extensa del Caribe y permite contarla entre las 10 más grandes del mundo. Allí las barreras coralinas hacen las veces de diques o jarillones naturales, por cuanto impiden que la fuerza de las olas arrase con las islas; de modo que nos encontramos ante una situación que no sólo tiene implicaciones de carácter ecológico, lo cual bastaría para considerarla sumamente grave, sino que se trata de un asunto de riesgo latente para la vida de miles de raizales de ese maravilloso ecosistema insular.
Léase lo anterior a manera de advertencia frente al ecocidio que podría derivarse de un evento desafortunado como el ocurrido hace un año en el Golfo de México debido a la conflagración de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, y el consecuente derrame de alrededor de 5 millones de barriles de crudo, apenas un mes después de que la administración Obama anunciara la exploración y explotación de petróleo en las costas estadounidenses.
Ese no es el escenario que imaginamos para Colombia quienes desde el Congreso de la República nos hemos opuesto y nos opondremos siempre, con argumentos, a decisiones o actuaciones que amenacen nuestra estabilidad ecológica. Ahora bien: si el Gobierno Nacional tiene la verdadera intención de convertir a la minería en una de las locomotoras que impulsarán el desarrollo del país, es imperioso que no descuide los lineamientos previstos en materia de sostenibilidad ambiental, pues el perjuicio ecológico ocasionado por el ejercicio indiscriminado de dicha actividad no tiene reversa, tal como ocurre con las locomotoras.
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