Es un buen negocio apoyar a la Universidad Pública
Analizando el panorama económico y social colombiano, marcado por la exclusión de la mayoría de personas y la concentración de las oportunidades en una minoría histórica, el gobierno acierta en modificar su proyecto de reforma a la educación superior, renunciando a su pretensión de permitir en Colombia instituciones educativas con ánimo de lucro . Sobre todo si se atiende el número considerable de estudiantes de bachillerato que no lograron ingresar a la universidad pública por falta de cupos, muchos de ellos sin ninguna capacitación pasaron forzosamente a engrosar la predominante economía informal , percibiendo ingresos muy inferiores a sus similares universitarios y sin ninguna protección social.
Esto afecta profundamente la economía en términos de productividad, las relaciones sociales, la promoción social, el acceso al conocimiento y la participación en general, razones de peso para posibilitar el acceso a la universidad pública a la mayoría y no como un privilegio. Radicando la deficiente cobertura y la escandalosa deserción universitaria (45.3%) en problemas de financiamiento, mal podríamos pensar que las IES con ánimo de lucro servirían más, que las actuales IES públicas, relativamente cómodas en las matrículas y las IES sin ánimo de lucro que a pesar de ser privadas reinvierten sus dividendos en mejorar la calidad educativa.
Ante los grandes cambios del milenio y situaciones enteramente nuevas, en contravía del pragmatismo y las necesidades de la sociedad, más de la mitad de los universitarios colombianos están matriculados en Administración, Contaduría, Economía, Derecho y Ciencias sociales mientras el 1.8 por ciento está en las Ciencias naturales, Ciencias básicas y Matemáticas. En el mismo sentido, en Latinoamérica el 57 por ciento de los universitarios están estudiando humanidades mientras un 16 por ciento tecnologías. Esa relación oportunamente pretende ser modificada por la Política educativa colombiana (reforma), con una meta de pasar de los 170 mil actuales a 362 mil estudiantes (66.7%) de T y T, claro está, si se garantiza su financiamiento y si se logra articular “sanamente” la llamada educación formal, con la tecnológica sin implantar una odiosa y discriminante división entre los que tienen posibilidades económicas y los que no; dejando las humanidades para unos cuantos con posibilidad económica y la formación técnica para el resto La educación superior pública en Colombia alberga el 55.4 por ciento de estudiantes , realiza el 70% de las investigaciones, concentra la mayoría del doctorado.
Junto con estas medidas gubernamentales, como se ha hecho en otros países traídos como ejemplo por el gobierno, se deben tomar acciones urgentes para fortalecer nuestras 32 maltrechas universidades publicas golpeadas por la asimetría de los ingresos (antes de los 90 eran el 95% de los ingresos) atados con el IPC y los crecientes gastos suficientemente explicados en nuestra prensa por los rectores encabezados por Moisés Wasserman.
En efecto, dichas universidades perciben un aporte con un aumento del 3 por ciento anual por encima de la inflación con lo que tienen que atender unas tareas como incremento de salarios, pensiones, cotizaciones en salud, cambios en la vinculación de docentes, impuestos prediales , valorización servicios públicos y cambios en la sismoresistencia de los edificios y las que trae la reforma, aumento de cobertura, mejora de calidad, mejoramiento de planta profesoral, soporte a universidades regionales, que las sume en un desfinanciamiento crónico y que nuestro gobierno tiene que entrar a solucionar si se respeta la coherencia entre los fines y los medios.
En suma, el gobierno dentro del proyecto de ley debe resolver el problema de financiamiento de la educación pública por lo menos en el déficit que subsiste después del esfuerzo realizado y el cubrimiento de las nuevas tareas impuestas en la reforma. La reforma de la educación superior dentro de sus objetivos declarados busca mejorar su calidad, habida cuenta de que en nuestro país, por motivos económicos, la calidad de la educación superior no es la mejor. Esto es evidente en que solo el 4.5 por ciento de los profesores universitarios del país tienen estudios de doctorado , solo el 13 por ciento de los programas de pregrado del país están acreditados, solo 21 de las 283 IES públicas y privadas gozan de acreditación institucional, de los 110.488 docentes vinculados a la educación pública y privada en el 2009 el 30 por ciento estaban de tiempo completo, el 13.6 por ciento de medio tiempo y la gran mayoría(56.2%) eran catedráticos, en contravía de las exigencias de acreditación de calidad que implica tener un equilibrio entre docentes de tiempo completo y hora-cátedra fortaleciendo con ello la investigación. En el ranking de las mejores universidades del mundo la mejor universidad colombiana aparece después del puesto 550 y no aparecemos entre las primeras 15 de Latinoamérica.
El gobierno decidió inyectarle unos billones de pesos que en parte se destinarán para la formación doctoral y la investigación y sacar del proyecto las universidades con ánimo de lucro que en su afán de la ganancia, disminuirían costos de funcionamiento que poco ayudarían a la pretensión de calidad en las universidades. Además no es cierto que el manejo privado garantice la calidad como es patente en que, a pesar de la disparidad de 5 veces entre los costos de matrícula de las universidades privadas y los costos por estudiante de las públicas, en los exámenes ECAES no existen diferencias considerables.
Este ánimo de reforma, como ha sucedido en otros países, debe aprovecharse para fortalecer las universidades públicas, en varios aspectos especialmente el financiero, teniendo en cuenta que estas universidades han cumplido con la tarea de captar recursos propios que en promedio actualmente alcanzan el 50% de los presupuestos. Así mismo se debe promocionar, con recursos a la vista, la Educación técnica y tecnológica para todos, sin asignaciones clasistas respondiéndoles a procesos correlativos en la economía y el mercado laboral. El mejoramiento de la calidad debe ser el primer objetivo de la reforma para lo cual se debe hacer las inversiones necesarias en el profesorado y la investigación. Esperemos para ver cómo se reorienta la reforma después de la sabia y oportuna exclusión, realizada por el gobierno atendiendo el clamor estamental y ciudadano.
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