La oposición seguirá existiendo y la autonomía debe seguir existiendo

Las democracias modernas, han contemplado el balance de poderes como una condición necesaria para la estabilidad política, pues este principio no solo se destaca por su oportuna presencia para controlar los excesos que en cualquiera de las ramas del poder público pueden presentarse, sino que además, es una clara muestra de lo importante que puede llegar a ser la división y la especialización del trabajo en espacios políticos. En Colombia, constitucionalmente se reconoce este principio[1] y se establecen las funciones que de manera autónoma cada una de las instancias está en capacidad de desempeñar legitimamente.

Este comentario inicial pretende fundamentalmente dos cosas; en primer lugar considerar desde otro punto de vista la adhesión de Congresistas Conservadores, Liberales y otros Representantes como los del partido Cambio Radical a la campaña de Juan Manuel Santos, pues se ha mencionado en reiteradas ocasiones que en caso de que el candidato del Partido de la U llegara a la presidencia el próximo domingo 20 de Junio el heredero del uribismo tendría un Congreso que no ejercería mayores trabas a las iniciativas provenientes del ejecutivo, lo cual no es completamente cierto. En segundo lugar, plantear una breve reflexión sobre la propuesta que sugiere el eventual manejo de algunas funciones judiciales por parte de la rama ejecutiva.

En cuanto al primer punto, es necesario dimensionar el poder de convocatoria de la propuesta de un gobierno de unidad nacional en época electoral, más aun cuando se celebrará una segunda vuelta que tiene como precedente inmediato una victoria por amplio margen del candidato Santos sobre el candidato del Partido Verde Antanas Mockus. Y es preciso dimensionar este acuerdo político, porque no necesariamente el Congreso que sesionará durante los siguientes cuatro años va a tener una expresión evidente de lealtad y apoyo como la que hasta ahora han demostrado diversos sectores de algunos Partidos Políticos.

Este llamado que muchos han aceptado, no es suficiente para comprometer la independencia del legislativo, eliminar completamente del repertorio conductual de los representantes la oposición y mucho menos considerar que los ejercicios de control político serán incipientes frente a la maquinaria santista. Dos son las razones que intuitivamente me permiten sugerir este punto de vista. En primer lugar porque a partir de la información proveniente del proceso de campaña a la presidencia se han intensificado, como nunca en los anteriores ocho años, las críticas al actual gobierno, en segundo lugar porque se han mediatizado situaciones que comprometen seriamente frente a la opinión pública algunos de los resultados de la política de seguridad democrática, principalmente en temas relacionados con los derechos humanos y el desempeño económico del país. 

Con respecto al segundo punto del blog, vale la pena insistir en la idea de la independencia entre las tres ramas del poder público, pues esta característica del sistema político colombiano incentiva a los diferentes actores políticos a presentar argumentos que profundizan los debates. Un claro ejemplo, lo representa el reciente fallo de la Corte, pues abrió las puertas a una contienda electoral que permitió contemplar el esfuerzo de las diferentes propuestas programáticas de los Partidos  y generar un ambiente de expectativa ciudadana frente al desarrollo de las campañas y el resultado de estos comicios.

Si bien hacen falta elementos para analizar con más detalle la relación entre las ramas del poder público en Colombia, la propuesta es que no hay que alarmarse cuando los medios anuncien en sus principales columnas y canales que hay un enfrentamiento entre el presidente y las altas Cortes o entre el presidente y las bancadas, eso de alguna manera es una clara expresión del funcionamiento del balance de fuerza que requiere una democracia con pretensión de estabilidad y no un molesto obstáculo para poner en entredicho la eficiencia del actual gobierno.

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