Libertad v.s Disciplina

La ley 974 de 2005, mejor conocida como la Ley de Bancadas, fue el resultado político de una demanda por el fortalecimiento de los partidos en cada una de las instancias o corporaciones públicas  en las que desempeñan su labor de representación. Desde su inicio, han sido pocos los espacios de discusión que se han generado para hacer un balance de sus efectos sobre las estrategias empleadas por los políticos, sobre la organización del sistema de partidos y principalmente sobre la eficiencia en el trabajo legislativo. Sumado a ello, algunas encuestas recientes sobre cultura política de la democracia, sugieren que la confianza en los partidos políticos no es muy alta y que esto puede ser explicado gracias a la desprestigiada pauta de dependencia de estas organizaciones en el sistema político colombiano. Estos dos elementos, sin duda, hacen que el contexto partidista del país se constituya un escenario ideal para el análisis profundo y riguroso o para reflexiones breves como esta.   

No se puede desconocer que gradualmente empieza a crecer el interés en los diversos sectores sobre los cuales la ley tiene incidencia directa, a tal punto que se han logrado condensar debates muy especializados, aunque no de carácter público, sobre los elementos constitutivos más controversiales que ha producido este arreglo institucional. Desde mi punto de vista, la Ley de Bancadas ha generado principalmente que se intensifiquen las discusiones intrapartidistas sobre la utilidad que representa llevar a cabo una estrategia de coordinación entre sus miembros, pues de alguna manera la cohesión se percibe como una característica que podría afectar la capacidad de negociación con otros partidos y con el ejecutivo en diferentes escenarios.

Sin embargo, existe un elemento inherente a la reforma que paradójicamente se ha constituido en uno de sus principales obstáculos para resolver los dilemas propios de la acción colectiva emprendida por los partidos. La objeción de conciencia ha dificultado la unidad partidista, no sólo porque con frecuencia escapa incluso a las sanciones que cada organización política establece a nivel interno, sino porque en cierto sentido es una figura que está respaldada por el principio constitucional de la libre expresión, el cual genera grandes dilemas individuales sobre si siempre es políticamente correcto comportarse disciplinadamente al unísono de la posición que adopte la bancada.

En ese sentido, esta figura no es simplemente el callejón de salida a los muros que cimienta la consigna de disciplina de un partido. Es también de alguna manera la garantía para que no todo en política sea predecible y no se restrinjan los ejercicios de exposición de argumentos internamente en los partidos o la posibilidad que alguien en el futuro sienta que ya las propuestas programáticas o incluso los procedimientos que una organización política implemente no son compatibles con su posición y su interpretación de la realidad política.

Que quede claro que aquí no se hace una propuesta que busque fomentar  el relativismo ideológico en los partidos, se trata de presentar una posición que contempla los constantes, inesperados y sorpresivos cambios que ocurren en el ejercicio político y que no necesariamente obedecen a cálculos oportunistas, sino a dilemas de comportamiento individual que enfrentan los políticos incluso en su dimensión moral. Pero no solo eso, se trata también de rescatar el impacto que hasta ahora empieza a generar la ley sobre el comportamiento de los miembros de las bancadas, pues lo cierto es que de 2006 a 2009 se ha incrementado en alrededor de tres puntos el porcentaje de proyectos de ley presentados por las bancadas en el congreso, lo que insinúa que es posible que el proceso de adaptación a las nuevas reglas del juego hasta ahora puede estar empezando a ocurrir.

                           Tabla 1. Fuente Congreso Visible. Elaboración propia

Para cerrar, solo quisiera mencionar algunos de los temas que pueden constituir líneas de trabajo y de discusión. En primer lugar, pensar en el fenómeno de las bancadas uninominales, pues resulta  curioso que existan en el Congreso bancadas conformadas por una sola persona que cuenta con todas las garantías que solo otorga la ley al partido pero en calidad de grupo. 

En segundo lugar, llamar la atención sobre el papel del vocero de estas organizaciones, pues la vocería implica un mecanismo que puede facilitar la comunicación no solo interna sino entre los partidos y un electorado que demanda señales claras de sus partidos para decidir si las respalda tanto programática como electoralmente.

Por último, proponer un tema que por su naturaleza genera recelo pero también un profundo interés en la opinión pública y en la academia; el tema de la financiación de campañas encierra toda una discusión sobre los incentivos económicos que pueden ofrecer estas organizaciones para generar fidelidad y comportamiento que en efecto produzcan en los políticos la necesidad de entrar en una relación no dependiente, pero si más sincronizada con los cuadros directivos y otros miembros del partido.

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