¿Universidad al servicio de la sociedad o solo del mercado?| Ágora

Abr 2011 11

¿Universidad al servicio de la sociedad o solo del mercado?

“La educación no solo es un servicio público, sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado en términos de igualdad”

Nuestro Estado social y democrático de derecho atraviesa por un trance difícil del cual probablemente sobrevivan solo sus jirones. Prueba de ello es la llamada sostenibilidad fiscal y el proyecto de ley modificatorio de la Ley 30 de 1992 que da un giro radical hacia la mercantilización de la educación superior en Colombia.

Este último no es un propósito aislado, puesto que países como Italia e Inglaterra han incrementado los costos educativos, al igual que en Norteamérica, México, Chile y Brasil en donde grupos financieros están adquiriendo universidades y después aplican ajustes e importan su propio método.

La Ley 30 fue expedida hace 18 años. Era necesaria una reforma porque, como lo dijo el presidente Santos, el mundo de hoy es otro, con nuevos retos y desafíos. Se debe mejorar la calidad para competir a nivel mundial y garantizarles a nuestros bachilleres más acceso al disfrute del derecho a la educación. Sin embargo, como afirmó Moisés Wasserman: la respuesta es imperfecta. En palabras de Hernando Gómez Buendía, la educación no es un factor de equidad, sino un mecanismo principal de transmisión y ampliación de las desigualdades existentes.

El Gobierno busca modernizar la educación en Colombia. Se ha empeñado en una reforma de la Ley 30 de 1992 que por sus contenidos ha generado preocupación en el medio universitario por el riesgo de que este servicio público termine mercantilizado, excluyendo a más colombianos. Se convertiría así en un completo privilegio de los más pudientes, máxime cuando no se fortalece la educación pública que terminará perdiendo competitividad.

Omitido en el proyecto de ley el tema presupuestal, en relación con la inversión y funcionamiento, está claro que la modernización de la educación se hará muy seguramente con capitales privados nacionales e internacionales. Por ello, la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y entidades mixtas fundadas o adquiridas por grupos financieros que, tal como ha sucedido ya en varios países de Latinoamérica, relevarán de su obligación constitucional a nuestro Estado para delegársela al capital privado.

Todo esto ocurre mientras los rectores de universidades públicas, en múltiples cartas, denuncian el desfinanciamiento a que los sometió la Ley 30 de 1992, el incumplimiento de recursos en el año 2009 y los variados compromisos que adicionalmente adquirieron, como aumento de la cobertura, nuevas sedes, grupos nuevos de investigación y pensiones, entre otros.

Por otra parte, es necesario reflexionar si nos hemos preparado lo suficiente para entrar en un TLC con el que llegarán multinacionales de la educación superior que dominarán el mercado terminando por imponer el sentido y contenido de la educación en Colombia.
Hay cambios que nos resultan francamente antipáticos, como por ejemplo tratar de eliminar instancias universitarias tan necesarias como los consejos académicos, transfiriéndole funciones a una figura conocida con nuevos contenidos, que pasa de rector a gerente preocupado, indudablemente, por la eficiencia.

Qué decir de la investigación al servicio del sector productivo, la desaparición del 2 por ciento destinado al bienestar universitario, y el impuesto para las becas. Universidades sin campos ni escenarios deportivos, exenciones tributarias para las empresas educativas para que supuestamente ayuden a financiar la educación de los más pobres, probable tercerización para los docentes catedráticos y ocasionales.

Tal como lo ordena la Constitución Política, la educación no solo es un servicio público sino un derecho que debe ser garantizado por el Estado en términos de igualdad y cuyo cumplimiento debe ser estrictamente vigilado.

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Blog del Senador Félix José Valera

por

Félix José Valera Ibáñez

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