Las redes sociales y su uso político: una reflexión a propósito del caso egipcio.

Desde el pasado 25 de enero de 2010, Egipto ha sido centro de atención mundial a raíz de las protestas adelantadas por decenas de miles de ciudadanos que se oponen al gobierno de Hosni Mubarak. Las fotos que circulan en internet son simplemente impactantes. Sin embargo, tanto como las imágenes, ha llamado la atención la movilización de personas a través de las denominadas redes sociales virtuales, es decir, páginas web que permiten a cualquier persona con acceso a internet inscribirse, comentar y publicar todo tipo de archivos e información de manera inmediata.  No solo los egipcios han comentado o divulgado detalles de la histórica protesta que ya supera los quince días. A través de sus muros de Facebook, estados de Blackberry, cadenas de correo electrónico, videos de YouTube y perfiles de Twitter, personas de todo el mundo han replicado fotos, videos, testimonios, columnas de opinión y titulares de medios de diversos países. Por tanto, el caso egipcio es una muestra de como el acceso a internet se ha convertido en una herramienta política importante, al punto que el presidente egipcio decidió restringirlo para detener a sus opositores.

De hecho, ya es común que en algunos regímenes no democráticos se decida limitar el uso de las redes sociales en internet para evitar que se organicen grupos de oposición y se divulgue información en su contra. Luego de censurar Facebook y Twitter, el gobierno de Mubarak fue un paso más allá bloqueando completamente el acceso a internet en Egipto; ello después de que un directivo de Google creara el perfil de El Shaheeed en Facebook incitando las protestas en honor a un blogger asesinado por la policía.

Sin duda, las nuevas tecnologías permiten no solo comunicarse con familiares que viven lejos, enviar fotos a amigos, conocer resultados de encuentros deportivos al otro lado del mundo o enterarse de los últimos acontecimientos de la farándula internacional. Las redes sociales y el internet son hoy un factor importante en la política a escala local, nacional e internacional. Ello no porque existan revoluciones en internet o porque un régimen pueda llegar a caer por un tweet, sino porque la posibilidad de difusión de información y opinión de manera inmediata es sencillamente poderosa.

En Colombia tenemos numerosos ejemplos de los usos políticos del internet y sus redes sociales. La campaña presidencial adelantada por el Partido Verde en Facebook, la marcha del 4 de febrero de 2008 convocada en la misma red, y el uso reciente de twitter, blogs, YouTube, Facebook, entre otros por parte de medios de comunicación, periodistas, congresistas, políticos y figuras nacionales ha servido no solo para divulgar noticias de interés nacional sino para dar a conocer sus posiciones políticas frente a eventos coyunturales. Del mismo modo, la estrategia de los medios de comunicación en internet es considerable. Periódicos como El Espectador y El Tiempo, cadenas radiales y de televisión como CityTv, y Caracol, caricaturistas y periodistas reconocidos utilizan todo tipo de redes como estrategia de difusión de noticias, fotos, sátiras políticas, videos, e incluso convocan a la ciudadanía para que envíen información de primera mano. Este resulta ser uno de los principales atractivos de internet en la política: la inmediatez y el testimonio de los protagonistas y testigos.

Sin embargo, no pocas voces se han escuchado cuestionando el impacto y la efectividad real de estas redes en los procesos políticos de sus países. Si bien, existen muchos ejemplos de “revoluciones virtuales” fracasadas (Irán y Tailandia recientemente) considero la crítica injusta y carente de norte. La discusión debe orientarse más hacia qué hace que las personas se movilicen. En el caso egipcio, la pregunta debe apuntar hacia los motivos por los cuales la ciudadanía se cansó del régimen de Mubarak. En ultimas, el tema no es si internet y las redes tienen la capacidad y el poder de trascender la arena virtual y generar cambios tangibles. La pregunta es si las personas son capaces de asumir los costos de movilizarse y hacerse partícipes de los cambios. En sí mismas, las redes sociales no son una herramienta democratizante, de hecho, así como son herramientas de la oposición, pueden ser instrumentos de seguimiento, acoso, represión y persecución. Como sostiene César Rodríguez de DeJusticia, lo fundamental aquí es “por qué las masas se movilizan, no cómo lo hacen.”[1]

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¿Cuáles son los temas que preocupan a los congresistas indígenas y afro?

por Marcela Escandón Vega

Seis semanas luego de la instalación del Congreso de la República, vale la pena preguntarse por lo que hasta el momento han hecho los congresistas. Más allá de los sonados proyectos del legislativo, me ocuparé de presentar en este espacio algunas de las iniciativas promovidas por los senadores y representantes indígenas y afro[1].  

En primer lugar vale la pena aclarar que para la circunscripción especial afro en Cámara de Representantes, fueron elegidos Heriberto Arrechea y Yahir Fernando Acuña Cardales, del Movimiento Popular Unido y Afrovides, respectivamente. En el caso indígena, para Senado tenemos a Marco Aníbal Avirama Avirama, por parte de la Alianza Social Indígena, y a Germán Bernardo Carlosama López, de las Autoridades Indígenas de Colombia AICO. En Cámara, Hernando Hernández Tapasco ocupa la curul especial, también en nombre de la Alianza Social Indígena.

Con respecto a los proyectos de ley, Germán Carlosama y Marco Avirama son autores -junto con parte de la bancada Verde- de los proyectos de acto legislativo Nº 76/10 de Cámara, relativo al Consejo Nacional Electoral; y el 09/10, que busca establecer un sistema mixto de representación en Cámara y  Senado. Sumado a esto, Carlosama presentó el proyecto de ley 126/10, concerniente a la preservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, del cual también es autor Heriberto Arrechea. Este último ha impulsado además la creación del Fondo de Compensación y Equidad Regional (FCER) en Colombia, a través del proyecto de ley 84/10 de Senado.

Con respecto a las citaciones de control político, cabe resaltar la citación del día 1 de septiembre a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores para responder un cuestionario y debatir sobre el reconocimiento, nacional e internacional, de los derechos de los pueblos indígenas colombianos. Uno de los citantes es el senador Avirama, y algunas de las preguntas planteadas fueron:

¿Cuál es la política del actual gobierno en materia de diseño y desarrollo de los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas de Colombia?

¿Cómo tiene contemplado el actual gobierno adelantar el proceso de consulta previa [a los Pueblos Indígenas] en el proceso de elaboración, concertación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014?

¿Qué documentos CONPES ha producido el DNP, o tiene programado producir que contribuyan al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia?

Hasta el momento, estas son las iniciativas promovidas por los congresistas indígenas y afros; sin embargo, este artículo no busca ser un balance exhaustivo de su trabajo, mucho menos se propone juzgar el desempeño de estos representantes. De hecho, puede que al momento de publicación se estén tramitando algunas iniciativas de las cuales no tenemos conocimiento. Además, el número de proyectos de ley, por ejemplo, no es un indicador de buena o mal rendimiento como congresista. Por el contrario, el único objetivo aquí es presentar a los usuarios de Congreso Visible un panorama de los temas que preocupan a los representantes de las minorías étnicas en nuestro país y resaltar su labor. Seguiremos entonces haciendo seguimiento a estos congresistas.

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La participación política étnica antes de 1991

En el territorio colombiano habitan aproximadamente 80 grupos étnicos, y pese a que poseen un largo proceso organizativo, estos grupos minoritarios han estado tradicionalmente al margen de la arena política en nuestro país. Cabe destacar la materialización de estos esfuerzos de organización durante la década de 1980 con grupos como el movimiento armado Quintín Lame, el Movimiento Nacional CIMARRON, el Consejo Regional Indígena CRIC y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Sin embargo, antes de la constitución de 1991, la presencia en política de personas provenientes de comunidades indígenas o afro estaba mediada por el filtro de los partidos políticos, principalmente los tradicionales Liberal y Conservador, lo cual se traducía en muy poca presencia, así como en la imposibilidad de representar intereses étnicos. A modo de ejemplo tenemos el caso del indígena José Gonzalo Sánchez, quien participó en la creación del Partido Comunista Colombiano, pero dicha participación no se tradujo en posturas claras del partido frente a temas de interés para la población indígena[1].

De igual forma, en Chocó y Cauca surgieron algunos líderes políticos afro desde los partidos liberal y conservador que lograron alguna visibilidad como fueron Diego Luis Córdoba y Nathanael Díaz, los cuales utilizaban el discurso étnico y reclamaban atención del Estado pero nunca consiguieron consolidar un proyecto propio de participación autónoma por visibilidad política en el país[2]. 

De este modo, antes del cambio constitucional de 1991 fueron escasas las incursiones en política y con muy poco éxito. En resumen, las comunidades indígenas y afro eran grupos utilizados por los partidos políticos tradicionales principalmente para obtener votos.

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La Comisión para los pueblos indígenas y afrocolombianos: proyecto para analizar con lupa.

El pasado martes 27 de abril de 2010, se agendó el segundo debate del proyecto 32/08 en Plenaria de Senado, por iniciativa del senador Jesús Piñacué Achicué. Este proyecto busca crear una “Comisión Nacional de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes” a la vez que busca fomentar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio en lo relativo a estas poblaciones[1].

Sus objetivos apuntan a analizar la problemática que aqueja a los pueblos indígenas y afrodescendientes; constituir una comisión estatal que evalúe periódicamente el cumplimiento a los acuerdos que se lleven a cabo con estos; elaborar y concertar programas que mejoren sus condiciones; y finalmente, proponer e impulsar política pública pertinente enfocada a estas poblaciones. El texto puede consultarse en las gacetas 469/08,  640/08 y 794/08[2].

Como ciudadana, y como profesional, celebro este tipo de iniciativas y propongo hacerles un seguimiento y análisis crítico y reflexivo. Un primer aspecto a examinar es la conformación de dicho comité. Compuesto por el DNP, el Incoder, Acción Social, el Bienestar Familiar, el ICANH y el Instituto Agustín Codazzi y  una larga lista de ministerios[3]. A ellos se suman algunas instituciones adscritas al Ministerio del Interior, como Etnias y la Corporación Nasa Kiwe y en último lugar “delegados de cada una de las organizaciones indígenas y afrodescendientes legalmente reconocidas”. Vale la pena demandar una mayor claridad frente a esta última frase; en términos de quién o qué le da el carácter legal de reconocimiento a un líder indígena  o afro, qué ventajas y desventajas tiene este requisito y  a través de qué canales se divulgará la discusión del proyecto, por solo mencionar algunos ejemplos. Lejos de querer desmeritar la pertinencia de la iniciativa, la invitación es a examinar y proponer, en especial si tenemos en cuenta las opiniones de líderes como Juan de Dios Mosquera[4], del movimiento Cimarrón, quien manifiesta una gran preocupación con respecto a la conformación de grupos con identidad étnica y los criterios de reconocimiento de estos y sus candidatos por parte del Ministerio del Interior. Vale la pena seguir reflexionando en torno a ello.

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Analizando la representación étnica

¡Hola! Mi nombre es Marcela Escandón Vega. Soy historiadora, politóloga y estudiante de Maestría en Ciencia Política. Siempre me ha interesado la relación entre el sistema político y los procesos organizativos de las comunidades indígenas y afro en Colombia. Por ello, este blog apuntará en esta dirección.

Preguntarse por la representación étnica resulta interesante en una perspectiva comparada, pues las curules en el Congreso reservadas para ciertos grupos (con criterios étnicos o de género) no son exclusivas de Colombia.

En países como Australia, India, Sri Lanka e Irlanda se ha descrito cómo la competencia democrática se hace más compleja debido a la polarización, la politización de las demandas étnicas y los incentivos a competir en función de la identificación racial y cultural. Sin embargo, en Colombia el conflicto es de otra naturaleza y por tanto son pocas las reflexiones acerca de los efectos de la ingeniería institucional (en ultimas, las reglas de juego) en la representación política de las minorías étnicas.

En este orden de ideas, resulta interesante abrir esta discusión, en especial si tenemos cuenta la presente coyuntura electoral. Podemos comenzar resaltando la fragmentación[1] en los casos de las circunscripciones especiales afro e indígena. En el caso afro, por ejemplo, para dos curules en la Cámara de Representantes, se presentaron 22 listas en 2002, 27 en 2006 y 67 en 2010; por tanto la tendencia no es solo marcada sino creciente. De acuerdo con el último boletín de la Registraduría Nacional (No 42[2]) en total para Cámara especial afro hubo 391.180 votos, de los cuales solo entre 16.000 y 17.000 son efectivos, es decir, eligen congresista. Pero, ¿Por qué es este un efecto negativo del sistema político? Porque mas listas no son igual a más participación. Esta multiplicidad de candidaturas, y por lo tanto los votos que obtienen, se “desperdician” en tanto que el resultado siempre será el mismo: dos sillas en la Cámara. Si se articulara tal cantidad de movimientos y organizaciones, en un número más reducido, en la circunscripción ordinaria, se multiplicarían las posibilidades de representación de los intereses afro en el Congreso. El debate está abierto.

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